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JURISPRUDENCIAEstafa. Asociación ilícita. Agravante. Jefe u organizador. Internos. Establecimiento carcelario. Auto de procesamiento
Se confirman -en lo principal- los autos de procesamiento de los imputados en orden a los delitos previstos en los artículos 210 -primer y segundo párrafo- y 172 del Código Penal, en grado de coautoría, al acreditarse prima facie que desde el establecimiento carcelario indujeron al denunciante a realizar distintos depósitos en una cuenta bancaria, haciéndose pasar por un empleado de la ANSeS.
Mendoza, 10 octubre de 2019.
Y VISTOS:
Los presentes autos Nº 683/2018/11/CA2, caratulados: “LEGAJO DE APELACIÓN en autos B., M. E. Y OTROS POR ESTAFA”, venidos del Juzgado Federal de San Luis, a esta Sala “A”, a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Pública Oficial, a fs. sub 86/88 vta., en defensa de los encartados C A C; W E C; C M C y J L M, contra la resolución de fs. sub 30/72;
Y CONSIDERANDO:
1º) Que, la presente causa reconoce su génesis en la denuncia efectuada por B. M. E., ante la Subdelegación Villa Mercedes de la Policía Federal Argentina, dando cuenta que el día 20/01/2018 recibió un llamado telefónico desde el número …, de parte de un masculino quien manifestó ser personal de ANSES, de nombre Marcelo, sin recordar el denunciante el apellido, quien le dijo que «tenía que realizar mediante ANSES, un depósito para una Reparación Histórica” a favor de B. M. A.; y que para obtener su acreditación debía inmediatamente presentarse en un cajero automático y realizar las acciones que telefónicamente se le iban a indicar.
El denunciante explicó que su padre falleció en marzo de 2016, a lo que el supuesto personal de ANSES indicó que podía hacer la transferencia de todas formas a su cuenta. Que, apremiado por lo informado, el denunciante efectivamente se presentó 15 minutos después del primer llamado en el cajero del Banco Nación de calle Pedernera, en la Ciudad de Villa Mercedes, de esta Provincia de San Luis, y mediante nueva comunicación telefónica, fue inducido por el presunto Marcelo de Anses para efectuar dos traspasos de $6.000 y de $474,44 (pesos) al CBU … desde su cuenta N°… del BNA. Que, en las próximas horas se le reintegrarían tales fondos más el remanente en concepto de Reparación Histórica.
Que, finalizada la transacción el supuesto Marcelo de Anses le preguntó al denunciante si tenía otra cuenta, a lo que respondió que sí, que era la de su madre, caja de ahorro en banco Supervielle. Por lo que se dirigió hasta un cajero de ese banco y siguiendo las indicaciones telefónicas del supuesto Marcelo depositó en el mismo CBU … la suma de $16.000 desde la cuenta de su madre, O. M. R Que, posteriormente, el supuesto Marcelo se comunicó telefónicamente con su madre y con su hermana, G. P. B., quien finalmente fue la persona que advirtió la maniobra y quien cortara la comunicación telefónica con el denunciado.
2º) Que, en oportunidad de resolver la situación procesal de los sospechados el Sr. Juez “a-quo” dispuso decretar los procesamientos y la prisión preventiva de C A C y de W E C, por hallarlos prima facie incursos en concurso real (art. 55 del CP), en orden a la presunta comisión de los ilícitos previstos en el art. 210 1º y 2º párrafo del C.P. y art. 172 del C.P., en grado de coautoría. Además, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de C M C, por hallarlo prima facie incurso en concurso real (art. 55 del CP), en orden a la presunta comisión de los ilícitos previstos en el art. 210 1º y 2º párrafo del C.P. y art. 172 del C.P., en grado de partícipe necesario. Respecto del encartado J L M dictó su procesamiento con prisión preventiva por hallarlo prima facie penalmente responsable del delito previsto y reprimido en el art. 210, 1º párrafo del C.P..
3º) Que, contra dicho interlocutorio, la Defensa Pública Oficial, en representación de los nombrados, interpuso recurso de apelación a fs. sub 86/88 vta..
En tal oportunidad, manifestó que en el caso no se han reunido pruebas suficientes para tener por acreditado que C A C y W E C hubieran cometido el delito que se les imputa.
Expresó que la prueba en la que se basa su imputación es insuficiente, solo cuentan con el Informe del Complejo Carcelario de la Provincia de Córdoba, que informó el uso de un teléfono celular, desde la celda donde se encontraban C y C y, eventualmente, M. Aclaró que el teléfono celular era usado por todo el pabellón.
En relación con su defenso C M C, señaló que éste no conoce a los coimputados C y C, por lo que no podría haber conformado con estos una asociación ilícita fiscal. En el caso, no hay prueba alguna que los vincule. Lo único probado es que C es un ladrón de celulares, pero de ninguna manera se encuentra acreditado que es parte de una asociación ilícita.
En cuanto a J L M, dijo que se le imputa la participación en la asociación ilícita, achacándole la realización de delitos consistentes en múltiples y reiteradas estafas telefónicas, cuando no existen ni escuchas telefónicas ni cuentas bancarias relacionadas con su pupilo.
Por último, sostuvo que todo lo dicho es ratificado por la inexistencia de identificación de voces en las escuchas telefónicas, con referencia a sus defendidos, toda vez que cualquiera de los integrantes del pabellón podría haber realizado las llamadas.
4º) Que, elevado el expediente a esta Alzada, el día y hora fijados, concurrieron a la audiencia oral que prevé el art. 454 del CPPN, la Sra. Defensora Pública Coadyuvante, Dra. Corina Felhman, en representación de los imputados C A C; W E C; C M C y J L M; desde el Ministerio Público Fiscal compareció la Sra. Fiscal “ad hoc, Dra. Patricia Santoni., acompañada por la Dra. Gabriela Joos. En dicho acto los funcionarios mencionados procedieron a informar el recurso oportunamente interpuesto, lo que se encuentra registrado en soporte de audio que fuera grabado por este Tribunal y se tienen por reproducidos en honor a la brevedad.
5º) Que, concluida la Audiencia, previo cuarto intermedio, en relación con las presentes actuaciones, por unanimidad SE RESOLVIÓ: “1º)-a) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los encartados C A C, W E C, C M C y J L M en los autos Nº FMZ 683/2018/11/CA2 y, en consecuencia, CONFIRMAR el procesamiento de los coimputados C A C y W E C, como así también la prisión preventiva dispuesta en su contra por el señor Juez Federal “A-quo” por el delito previsto y reprimido en el art. 210 1º y 2º párrafo del CP y 172 del CP, en grado de coautoría por ocho hechos, en concurso real (art. 55 del C.P.); b) CONFIRMAR el procesamiento de C M C por el delito previsto y reprimido en el art. 172 del C.P., en grado de partícipe necesario por dos hechos, en concurso real (art. 55 del C.P.); AJUSTANDO su grado de participación a la de miembro en el delito de Asociación Ilícita (art. 210, primer párrafo, C.P.); y REVOCAR su prisión preventiva, concediendo en el Incidente respectivo su EXCARCELACION, tal cual se dispone seguidamente; c) REVOCAR el procesamiento de J L M, DICTANDO SU FALTA DE MÉRITO en relación a la presunta comisión del ilícito previsto en el art. 210, primer párrafo del C.P., en los términos del art. 309 del C.P.P.N y, consecuentemente, ORDENAR SU INMEDIATA LIBERTAD, en este proceso exclusivamente; 2º)- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa del encartado C M C, en el Incidente de Excarcelación Nº FMZ 683/2018/5/CA3 y, en consecuencia, ORDENAR LA LIBERTAD PROVISIONAL del mismo, previa caución real o personal que deberá prestar ante el Juez Instructor, por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), como así también las pautas del art. 310 del C.P.P.N. que deberá observar, no pudiendo alejarse de su domicilio ni de la provincia de Córdoba sin autorización expresa del señor Juez Federal, como así también las otras pautas de sujeción al proceso que disponga el “A-quo”, todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ordenar su inmediata detención. 3º)- DIFERIR los fundamentos del presente veredicto, los que se darán por escrito dentro de 5 (cinco) días, en los términos del Art. 455, 3º párrafo del C.P.P.N. 4º)- Sin perjuicio de cumplirse con las medidas dispuestas en el presente decisorio, por Secretaría, constátese los lugares de detención de los coimputados y si los mismos se encuentran a disposición de otro Magistrado. 5°)- Comuníquese por Secretaría al Juzgado de origen lo aquí resuelto. 6°)- Protocolícese, notifíquese y publíquese.
Corresponde aclarar que en la Audiencia referida se analizó y resolvió, además del presente incidente, los autos: Nº 683/2018/5/CA3, caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE C, C M POR ESTAFA”, cuyos fundamentos también se expondrán en la presente resolución, a los fines meramente ordenatorios.
6º) Ahora bien, luego de analizadas las constancias de autos y los argumentos esgrimidos tanto por la defensa de los imputados como por el representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde exponer los fundamentos que sustentan el decisorio que antecede.
En relación a C A C y W E C, éste Tribunal entiende que el Sr. Juez “a-quo” realizó un minucioso y acertado análisis de la supuesta maniobra delictiva que habrían llevado a cabo, ponderando todos los elementos de cargo colectados por la instrucción, llegando a la conclusión de que existen elementos de convicción suficientes para ordenar el procesamiento de ambos, por hallarlos “prima facie” penalmente responsables de los ilícitos previstos en el art. 210, 1º y 2º párrafo del C.P., por ser parte de una asociación o banda de más de tres personas, en calidad de jefes u organizadores y en el art. 172 del C.P., en grado de coautoría, por haber defraudado a otro con nombre supuesto y calidad simulada, en concurso real (art. 55 del C.P.).
Por lo que corresponde, respecto de C A C y de W E C, confirmar la resolución venida en crisis, de conformidad a los fundamentos expuestos por el Sr. Juez de Primera Instancia, a los que se remite, tal como lo habilita el Código de Rito.
Que, de la lectura del art. 455 del CPPN surge que la fundamentación se exige por escrito sólo en aquellos casos en donde las decisiones son revocadas u homologadas por un criterio no considerado por el magistrado instructor y, por último, cuando no hay unanimidad en el tema. Entonces, la norma garantiza así la autosuficiencia de la resolución sólo en aquellos casos en donde el acto jurisdiccional habrá de variar o diferir en el temperamento de mérito elegido por el juez de la causa pues allí, efectivamente, se está dictando un nuevo pronunciamiento, ya sea al revocar su alcance o al compartir sus efectos en razón de otro criterio o, también, al no conmover éste a un tribunal colegiado (en este sentido, C.N.C.yC., Sala V, c. 35.573 “Rodríguez Pagano”, 27/10/08, C 10/74).
En el caso traído a estudio, esta Sala estima que corresponde confirmar la resolución impugnada, por lo que arribando a una decisión por “unanimidad” y sin advertir que existan para valorar otros criterios o argumentos no considerados por el juez en primera instancia, corresponde remitir a los argumentos expresados, los que se comparten en su totalidad (art. 455 in fine y a contrario sensu, CPPN).
7º) Que, cuestión distinta ocurre respecto de la situación procesal del encartado C M C, toda vez que esta Sala, luego de un análisis exhaustivo de las constancias incorporadas a la causa y de las conductas penales atribuidas al nombrado, entiende que respecto del delito de defraudación, previsto y reprimido en el art. 172 del C.P., corresponde confirmar su procesamiento, en grado de partícipe necesario por dos hechos, en concurso real (art. 55 del C.P.), de conformidad a los fundamentos dados por el Juez de Grado (art. 455 in fine y a contrario sensu, CPPN) y a los argumentos expresados por el Ministerio Público Fiscal, a los que se remite.
Ahora bien, en relación con el delito de Asociación Ilícita, se ajusta su grado de participación a la de miembro en el delito (art. 210, primer párrafo, C.P.), quitando la calidad de “jefe u organizador” (art. 210, segundo párrafo, C.P.). Ello toda vez que, si bien, se encuentra suficientemente probado que Correa habría formado parte de una asociación criminal, junto con los coimputados Castaño; M y C, no así un posible rol de “jefe u organizador” .
La agravante de la figura, prevista en el segundo párrafo del art. 210 del C.P, exige que el miembro de la asociación cumpla un rol de mando de ésta a partir del ejercicio de acciones como disposición; organización; supervisión y distribución del trabajo. Si “una persona tiene un papel preponderante en la comisión de la mayoría de (las) tareas (del grupo), le cabe sin dificultad la condición de organizador, asimilable a funciones gerenciales en la órbita empresaria”.
En el caso, advierte este Cuerpo, contrariamente a lo que sostiene el Juez de Grado, que los elementos de prueba incorporados a la causa no alcanzan para tener por acreditada la agravante bajo análisis. En otros términos, el resultado del allanamiento en el domicilio de Correa y la utilización de su cuenta bancaria, constituyen elementos suficientes para presumir que habría formado parte de la asociación criminal pero no reflejan un rol de mando.
8º) Con relación a la situación procesal de J L M, esta Alzada entiende que corresponde dictar su falta de mérito, en relación a la presunta comisión del ilícito previsto en el art. 210, primer párrafo del C.P., en los términos del art. 309 del C.P.P.N, en tanto no surgen elementos de cargo que permitan afirmar, con el grado de convicción necesario para esta etapa procesal, la participación del imputado en el hecho delictivo que aquí se investiga.
El tipo objetivo requiere la acción de formar parte o conformar una asociación criminal, b) un número mínimo de autores, y c) un fin delictivo. “La materialidad del delito consiste en «tomar parte» (ser miembro o constituir) una asociación destinada a cometer delitos…”.
La figura exige el concurso de un número no menor de tres personas, que en forma organizada y permanente, se pongan de acuerdo para cometer delitos, siempre y cuando dicha organización tenga un carácter estable que dé lugar a la existencia de un vínculo de comunidad y pertenencia entre sus miembros.
De ahí, que dos de sus características principales, sean la organización y permanencia.
Se exige así, en primera instancia un pacto o acuerdo previo, lo cual se da cuando los miembros manifiestan, de forma expresa o implícita, su voluntad de obrar concertadamente para cometer delitos, prestándose cooperación a tal fin.
En cuanto al tipo subjetivo coincide unánimemente la doctrina en que “se trata de un delito doloso”. El autor debe conocer que participa en una asociación de las características antes indicadas y debe tener voluntad de pertenecer a ella, con todas las reglas y normas que la asociación o banda tiene como estructura interna.
El tipo subjetivo requiere así, sólo el conocimiento de estar integrado al grupo formado por al menos, otras dos personas, así como el objetivo delictivo de la asociación y la voluntad de contribuir, como ya he referido. Por el contrario, no se necesita conocer la identidad de los otros integrantes, ni tampoco cuáles son exactamente los delitos planeados. De esto resulta otra de sus características, cual es la de pluralidad de planes delictivos indeterminados, y no meramente pluralidad de delitos (en este sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia en autos “Stancanelli, Néstor E. y Otro s/inc. de apelación de Yoma Emir F.”, 324:3952, de fecha 20 de noviembre de 2001”). En este sentido se debe destacar que lo manifestado por el Dr. Carlos Julio Lascano en el voto en la causa Nº A5/09 – Tribunal Oral Federal Nº 2 en autos caratulados: “ALTAMIRA, Jorge Guillermo y Otros p.ss.aa infracción Ley 23.737…”; en el cual explica lo siguiente: “…La cuestión de la indeterminación, ha generado debate tanto en la doctrina como jurisprudencia de nuestro país, arribando a la conclusión que lo indeterminado no son los delitos per se, sino que la indeterminación hace referencia a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la actividad propuesta. No se trata de pluralidad de figuras delictuales. En palabras de Soler “Lo importante es que se trate de una pluralidad de planes y que pueda de hecho afirmarse la existencia de aquel elemento de permanencia que caracteriza a una asociación verdadera, diferenciándola de un acuerdo criminal, tendiente a varios delitos, pero transitorio” (Soler, Sebastián, “Derecho Penal argentino”, t.IV.p.608).
Esa característica de permanencia que señala Soler, debe estar presente en toda asociación para ser considerada como tal, fundamental para en definitiva distinguir a la asociación ilícita de otros delitos en los que intervengan una pluralidad de personas, como es el caso de la participación criminal. Permanencia entendida como una convergencia no transitoria de voluntades, la cual no se alcanza con el mero transcurso del tiempo, sino con la pluralidad de actividades con fines delictivos y de carácter continuado, realizadas por un grupo. De este modo, se relaciona con el acuerdo mismo, al que ya habíamos hecho referencia, que nace a través de una cooperación entre los miembros, con la finalidad de cometer actos calificados por la ley como delitos de Derecho Penal.
Otra nota característica de este delito, es la organización que se manifiesta a través de la distribución de roles entre sus integrantes, de la que se valdrá el grupo para la consecución de sus fines ilícitos.
El delito se consuma con el solo hecho de formar parte de la asociación, y habida cuenta del carácter permanente de la asociación, el delito existe hasta el momento en que el sujeto deja de pertenecer a la asociación.
“La hipótesis prevista en el artículo 210 del C.P. es la participación de varios sujetos como miembros, jefes y organizadores de una asociación ilícita: por el solo hecho de pertenecer a ella sabiéndolo y queriéndolo, sin considerar si esa asociación alcanzó a cometer algún ilícito penal”.
Concurre en forma real con los delitos que efectivamente se cometen, es un tipo per se activado por la mera pertenencia al grupo societario criminal. Esta autonomía también se manifiesta cuando uno de los autores no participa en la comisión de los delitos acordados y no responderá por éstos, pero sí como integrante de la asociación ilícita.”
En el caso del imputado M, solo se cuenta con el resultado del allanamiento practicado en el Complejo Carcelario Nº1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en fecha 3 de agosto de 2018, concretamente en la celda que ocupaba, en la que se encontró entre las prendas del detenido un papel que contenía anotaciones que remitían al modo en que los investigadores efectuaban las estafas telefónicas.
Asimismo, se valora -especialmente que no se ha podido comprobar, a partir de los elementos incorporados a la causa, que M -al momento de las operaciones defraudatorias haya estado alojado en la celda en cuestión. Tal como lo señalara en Ministerio Público Fiscal, en la Audiencia Oral, de los Informes remitidos por la Penitenciaria surge que habría ingresado al Penal en diciembre de 2017, siendo alojado en el Pabellón C2; en enero de 2018 se informa un acto de infracción del encartado en el Pabellón C3 (lugar donde se encuentra la celda desde donde se habían efectuado las llamadas); en abril de 2018 según Acta de Penitenciaria se encontraba alojado en el Pabellón D2, todo lo cual evidencia una clara imposibilidad de determinación del lugar específico donde se encontraba alojado el interno.
Por lo que, se evidencia que hasta el momento solo existen dudas respecto de la participación de éste en la comisión del delito que se investiga, lo que lleva a esta Cámara considere que corresponde se profundice en la investigación.
Es que entiende este Cuerpo que, para dictar el auto de procesamiento, si bien no se requiere tener absoluta certeza sobre la configuración del delito, sí se exige la presencia de elementos de convicción suficientes como para estimar que el hecho que se investiga constituye delito y que el encartado es autor del mismo.
En este sentido, cabe destacar que la ley procesal, para el dictado del auto de procesamiento, exige cierta entidad objetiva, es decir que existan en contra de los imputados elementos objetivos que permitan seriamente tener como probable la existencia de un delito y la responsabilidad penal de estos en el hecho atribuido, lo que en el caso no se presenta.
La mera posibilidad o sospecha es suficiente para convocar a una persona a prestar declaración indagatoria, pero para poder procesar será necesario que, conforme a la investigación se hayan obtenido elementos que lleven a superar aquella inicial sospecha hasta el grado de probabilidad. Ello implica mucho más que la mera posibilidad.
Esta Sala entiende que no hasta el momento, no hay material probatorio de donde surja la presunta participación de M en la asociación ilícita, ya que no se ve la presencia de los elementos configurativos del tipo penal, por lo que no es posible ordenar el procesamiento del encartado. Tampoco existe certeza de que la conducta sea atípica por lo que no resulta factible sobreseerlo, quedando como única solución la prevista en el art. 309 del C.P.P.N..
9º) Habida cuenta del cambio de situación procesal del imputado J L M, es decir de la falta de mérito dispuesta a su favor; dado que se encuentra privado de su libertad, entiende esta Alzada que debe ordenarse su inmediata libertad, previa constitución de domicilio, de conformidad a lo establecido en la artículo 309 in fine.
Al respecto se ha dicho que: “La soltura por falta de mérito se trata de una libertad que ya no se hace depender de los motivos previstos para la excarcelación sino que se concede en defecto de ellos o sin tenerlos en cuenta; no obstante lo cual exige (indefectiblemente, al contrario de la eximición de prisión) la presencia del imputado en la causa, incluso que ya hubiese prestado declaración indagatoria. Esta libertad se enrola dentro de las clases de “libertad provisional”, como una forma de cautela. Ello así, porque el imputado sigue bajo la jurisdicción del Tribunal que, en el acto de soltura, le hace constituir un domicilio para su citación, con la advertencia de obligación de concurrir al allanado. Ello se cumple sin caucionar.”
“En tanto la falta de mérito importa la ausencia de elementos de prueba suficientes como para imputar un delito (de cualquier clase) a un individuo; aquí no entra en juego los parámetros de la libertad provisoria del orden ritual, sino la imposibilidad de atribución del ilícito por carencia de pruebas. Por lo tanto, no significa un mérito incriminador inicial por un delito que da paso a la prisión preventiva, de forma tal que no es una libertad caucionada sino meramente provisional.” (“Código Procesal Penal de la Nación Comentado y Anotado”, Director Miguel Ángel Almeyra; Coordinador Julio César Báez, Ed. La Ley; 2010; Bs.As.; pags. 621/622).
10º) Sin perjuicio de lo dicho, será, eventualmente, el Juicio Oral el lugar propicio para desplegar plenamente los argumentos defensivos concretos respecto de todas y cada una de las pruebas existentes. La inmediación propia de esa etapa permite un conocimiento acabado de los hechos investigados. De allí surgirá efectivamente la culpabilidad o inocencia de los encartados. Circunstancia que resulta a todas luces lógica ya que la amplitud probatoria propia de dicha instancia como así también el análisis de los casos en forma integral y conjunta, permiten una evaluación minuciosa del mismo. Ello no hace más que perfeccionar en la práctica el derecho de defensa y agudizar las garantías constitucionales.
11º) Por último, tal como lo anticipáramos en el considerando 5to de la presente resolución, se han de dar lo fundamentos por los que esta Sala considera que corresponde otorgar la excarcelación a favor de C M C, tramitada en los autos: Nº 683/2018/5/CA3, caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE C, C M POR ESTAFA”, los que fueron tratados y analizados conjuntamente con estos autos.
Que, en materia de libertades personales, prima el derecho a la libertad física y ambulatoria, como atributo fundamental de todos los hombres, así como el deber de respetar el principio de inocencia del que goza toda persona hasta que un juicio respetuoso del debido proceso demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (art. 14 y 18 CN), no obstante lo cual estas libertades no son absolutas y pueden verse relativizadas, si se comprueba la existencia de causas objetivas que hicieren presumir al juez que la persona sometida a proceso criminal intentará eludir la acción de la justicia o entorpecerá el curso de la investigación judicial.
Que, bajo estos parámetros, debe tenerse en cuenta en relación al instituto de la excarcelación que concurren a regularlo normas de diversa jerarquía que demarcan y conducen el poder estatal por el cual se le aplica a una persona cierta medida de coerción personal. El plexo normativo existente se ha visto ampliado, como es sabido, a partir de la reforma de la Constitución Nacional experimentada en 1994, la cual incorpora numerosos instrumentos internacionales a los cuales se les otorga jerarquía constitucional, es decir ‘supralegal’, que conceden a los ciudadanos mayores garantías frente al poder coercitivo del Estado.
Esta ampliación en el ámbito normativo se ve reflejada consecuentemente en el ámbito jurisdiccional, toda vez que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se manifiesta expresamente poniendo de resalto que la jurisprudencia de la Corte Interamericana «debe servir de guía para la interpretación y aplicación de los preceptos de la Convención» pues el Estado argentino le reconoció competencia para ello (conf. fallos: «Giroldi, Horacio D.» (Fallos 318:514) «Miguel Á. Espósito» (Fallos 327:5668), «Bramajo, Hernán J.» (Fallos 319:1840) y «Fontevecchia y D’amico c. Argentina», entre otros).
Como correlato de lo expuesto, en el ámbito interno el legislador también ha reglamentando en el Código Procesal Penal los casos y el modo en que el derecho a la libertad puede ser restringido precautoriamente contemplando pautas interpretativas (arts. 1 y 2), e imponiendo como regla general que «la libertad personal sólo podrá ser restringida de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley…» (art. 280 CPPN), es decir, el principio general solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causales ciertas, concretas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia
Éstas causales son las constitutivas del «periculum in mora» como presupuesto habilitante de la medida cautelar, siempre que se haya configurado la verosimilitud del derecho «fumus bonis iure». Es decir, que el órgano jurisdiccional debe valorar necesariamente las pruebas que le permitan presumir la existencia de «peligro en la demora». De ahí que entre los caracteres de las medidas privativas de la libertad, se encuentren la necesidad de un mínimo de prueba, la interpretación restrictiva, la subsidiaridad de la medida y el favor libertatis, con fundamento en las previsiones constitucionales citadas.
Que efectuado un análisis de los aspectos objetivos y subjetivos que surgen de la causa principal, este Cuerpo considera que resulta procedente la excarcelación solicitada a favor del imputado C M C.
Respecto del elemento objetivo, si bien no puede dejar de tenerse en cuenta la índole y gravedad del delito que se investiga en su real magnitud, cierto es que “prima facie” se le imputó el delito de asociación ilícita en calidad de “jefe u organizador”, pero esta Sala dispuso la quita del agravante, por entender que la conducta desplegada por el imputado-en virtud de la etapa procesal por la que transita la causa y la prueba incorporada en autos- encuadrada solo en la primera parte del art. 210 del C.P, esto es solo como miembro de la misma. Por lo que se puede presumir que -en concreto la conducta de Correa no conlleva un peligro de tal magnitud como para considerarla una amenaza social que justifique la privación de su libertad.
En consecuencia, las circunstancias objetivas de los hechos no son suficientes a los efectos de imponer una prisión preventiva, salvo que se demostrara eficientemente que a pesar de ello existiera la probabilidad que el encartado intentará eludir el accionar de la justicia u obstaculizar el proceso.
Por otro lado, de la valoración de las condiciones personales de Correa surge que existen elementos comprobables que justifican la aceptación de que éste no va a intentar entorpecer las investigaciones o eludir la acción de la justicia en caso de recuperar su libertad.
Al respecto, esta Sala tiene en cuenta que el encartado tiene arraigo familiar y laboral suficiente. En efecto, se ha podido comprobar a partir de la encuesta ambiental realizada en su domicilio que vive con su madre y abuela y que, hasta el momento de los hechos trabajaba como albañil, según constancia de haberes incorporada al expediente.
Así, a partir de un análisis integral de las condiciones personales y familiares del imputado y, de conformidad con los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal, estima este Tribunal acertado concederle a éste el beneficio excarcelatorio solicitado.
En definitiva se trata de un justo equilibrio entre el derecho a la libertad que garantiza la Constitución Nacional y los derechos de la sociedad. En relación al respeto debido a la libertad, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el mismo “…no puede excluir el legítimo derecho a la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por incomparecencia del reo. Se trata de conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente. La idea de justicia -(CSJN: Fallos 272:188)- impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro (Fallos 280:297)”.
Con todo lo referido precedentemente, normas, doctrina y jurisprudencia citada dejamos sentados los fundamentos en el decisorio del presente legajo de apelación, traído a conocimiento de este Tribunal de Alzada, todo lo que aquí SE RESUELVE.
PROTOCOLÍCESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.
Manuel Alberto Pizarro, Juez de Cámara.
Juan Ignacio Pérez Curci, Juez de Cámara.
Olga Pura Arrabal, Juez de Cámara.
Pablo O. Quirós Secretario de Cámara. ANTE MÍ.
F., G. A. y G., J. M. s/estafa – Juzg. Nac. Crim. y Correc. Fed. – N° 4- 29/10/2014 CITA DIGITAL IUSJU221734D
044714E
