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JURISPRUDENCIAJustificación de personería. Representación procesal
En el marco de un juicio por reajustes varios se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada y se confirma la ejecución de sentencia incoada por el actor en contra de la ANSES.
Córdoba, 18 de diciembre de dos mil dieciocho.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados: “Arias, Guillermo Martín c/ ANSES s/ reajustes varios” (Expte. N° 11010079/2010/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación articulado por la parte demandada en contra de la Sentencia de fecha 26 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que resolvió llevar adelante la presente ejecución de sentencia incoada por el actor en contra de la A.N.Se.S., con costas a la accionada.
Y CONSIDERANDO:
I. Que arribados los presentes obrados a esta Alzada, el Tribunal advierte que la letrada de la demandada, Dra. Eugenia Faustinelli, al interponer el recurso de apelación (fs. 99/99 vta.), no ha acompañado el respectivo poder que justifique su personería.
II. Dicho esto, es preciso resaltar que el tema de la representación procesal es un instituto que el ordenamiento ritual le ha prestado una especial atención, ya que la justificación de la personería es un requisito indispensable para la constitución de la relación jurídico procesal, para lo cual se tiene que cumplir con el deber de acreditar formalmente la personería invocada (conf. Art. 46 del CPCN). El art. 47 establece que los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Asimismo, dicho artículo establece que cuando se invoque un poder general o especial – como en este caso – se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado.
Ahora bien el artículo 47 citado resulta ser por demás claro y no admite otra interpretación que la que emana de sus propios términos: por expresa disposición legal, el letrado que interviene en una determinada causa en nombre y representación de su mandante debe, necesariamente y sin excepción, acreditar el título justificativo de su actuación desde la primera gestión que realicen, es decir, acompañando el pertinente documento que habilite su actuación en nombre del titular del interés jurídicamente relevante y que se encuentra en debate. Al respecto, calificada doctrina tiene dicho que “Es requisito indispensable para la constitución de la relación jurídica procesal la justificación de la personería o de la capacidad procesal de quienes actúan en representación de los sujetos legitimados, para lo cual tienen que cumplir con el deber de acreditar formalmente la personería invocada, adjuntando en su primera presentación los documentos que demuestren el carácter que invisten…” (GOZAINI, Osvaldo Alfredo “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado”, t. I., pág. 176, Ed. La Ley, 1ª edición).-
III. Cabe recordar también que el principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación del principio general de «igualdad ante la ley» consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional. Se ha dicho que, «las partes en cuanto piden justicia, deben ser puestas en el proceso en absoluta paridad de condiciones» (CALAMANDREI, Piero: «Instituciones de Derecho Procesal Civil», traducción de Santiago Sentís Melendo, Bs. As., EJEA, volumen I, 1973, pag. 418). Guasp a su vez, entiende que la posición igual de las partes o principio de la igualdad de partes, significa que la condición de cada una de ellas debe tener un contenido equivalente, es decir, que no pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra (GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, tomo I, pág. 171-172. 14). Asimismo, el principio de igualdad de las partes significa que dentro de una sustancial similitud de condiciones o de circunstancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones, ninguna de ellas puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra (PALACIO: «Derecho Procesal Civil», Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo III, 1976, pág. 14).
Por las razones expuestas, tolerar la falta de acreditación de la personería del letrado de la parte demandada implicaría otorgar a favor de una de las partes un irritante privilegio sin justificativo alguno.
Por ello,
SE RESUELVE:
1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, firme la sentencia apelada dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba.
2) No imponer costas atento la naturaleza de la cuestión y falta de contradictorio ante esta Alzada (art. 68 segunda parte del CPCCN).
3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido publíquese y bajen.
ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
LUIS ROBERTO RUEDA
LILIANA NAVARRO
MARÍA ELENA ROMERO Secretaria
036377E
