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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires 27 de abril de 2020.-
AUTOS, VISTAS estas actuaciones caratuladas “PARADOT RENE ANIBAL Y OTROS c/ EN-DIE-DTO 1104/05751/09 s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG” (expte. Nº 34619/2009) y
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante la resolución suscripta el 13/4/2020 la Sra. Juez a quo, desestimó el pedido de habilitación de la feria extraordinaria solicitada a los efectos de que se ordene la transferencia de las sumas depositadas en autos a favor de los actores.
En sustento de la decisión adoptada, la Sra. Magistrada de grado señaló que “habiéndose cotejado, mediante el sistema informático, las circunstancias fácticas acaecidas en autos, entiende quien decide, que el caso en análisis no se encuentra subsumido en los supuestos que taxativamente el Máximo Tribunal ha tenido en cuenta en forma exclusiva a efectos de proceder a dar curso a lo aquí solicitado, razón suficiente que conlleva a rechazar lo peticionado por la parte actora y en consecuencia, desestimar el pedido de habilitación de feria judicial” ( confr. Consid. 2º ante último párrafo).
II.- Que contra esa resolución interpuso la parte actora el recurso de revocatoria con apelación en subsidio digitalizado el 14/4/2020.
Destacó el carácter alimentario del crédito salarial cuya percepción pretende, y resaltó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 21 Pacto de San José de Costa Rica) incorporada a nuestra Constitución Nacional, impide que se despoje a la persona de las remuneraciones, integrantes del derecho de propiedad, sin una indemnización justa (Art. 21) y a no ser discriminado en las remuneraciones como lo sería si no se otorga la feria y en cambio se le otorga a los ciudadanos que persigan créditos alimentarios (Art. 23).
Afirmó que una solución contraria a la expuesta vulneraría los siguientes artículos de la CONSTITUCIÓN NACIONAL: Art. 14; 14 bis; Art. 16; Art. 17; Art. 28; Art. 31, a lo que añadió que se encuentra en juego las garantías consagradas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Expresó que en el caso se encuentran involucrados derechos humanos a la luz de los Arts. 21 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 inc. a, y, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a lo que añadió que el caso debe resolverse en concordancia con lo dispuesto por el Art. 1 del Convenio nº 95 de la Organización Internación del Trabajo de la Organización de las Naciones.
Sostuvo que la resolución en crisis ha ignorado la normativa que reseñó y desconoció el carácter alimentario del crédito que se pretende percibir, por ello, peticiona que se revoque la resolución cuestionada y se habilite la feria a fin que el actor pueda percibir su retroactivo, permitiendo al Estado Argentino cumplir sus obligaciones.
Por otro lado, señaló que, en la especie, las sumas no fueron dadas en pago pues luego de que el crédito estuvo incluido en dos partidas presupuestarias y ante la falta de cancelación, se procedió a embargar y llevar adelante la ejecución, medidas que no fueron recurridas por el Estado, por manera que, según sostiene, se configura una situación muy similar al pago, y cuyos efectos son los mismos (ver punto 2-f escrito digitalizado el 14/4/2020).
Como corolario expresó: “…[m]i parte, ante la Acordada 9/20 de la Corte Suprema, solicitó la habilitación de la feria judicial, a fin de cumplir con la transferencia ordenada de los retroactivos de créditos laborales. Ello por cuanto el retroactivo es de naturaleza eminentemente alimentaria, y al consentir la sentencia mandando llevar adelante la ejecución y no apelar la misma la demandada, considero que nos encontramos en una causa análoga a la de pago” (punto 3 escrito referido).
III.- Que mediante la decisión del 14/4/2020 la Sra. Juez a quo desestimó la revocatoria y concedió la apelación interpuesta en subsidio.
En ese estado se elevaron los autos a esta Sala para resolver la apelación referida, de conformidad con lo establecido por la Acordada 9/2020.
IV.- Que en primer lugar debe precisarse que mediante el escrito presentado el día 8/4/2020, la apoderada de los actores peticionó la habilitación de la feria extraordinaria que ha sido dispuesta mediante la Acordada nº 6 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocando el carácter alimentario de las sumas que se encuentran depositadas en autos y a efectos de que se ordene la transferencia a las cuentas de los actores.
Asimismo cuadra advertir que de la compulsa de las actuaciones surge que con fecha 3/3/2020 la Sra. Jueza a quo había ordenado líbrar oficio: “al Banco Nación – Sucursal Tribunales- a fin de que se sirva transferir de la cuenta de autos Nº…, en concepto de capital e intereses provenientes de un crédito de origen laboral, según el siguiente detalle: 1) La suma de $155.818,62 a la caja de ahorro en pesos Nº… CBU … que el Sr. Juan José Martinez DNI … (cuil …) posee en el Banco Macro S.A. 2) La suma de $184.746,12 a la caja de ahorro en pesos Nº… CBU … que la Sra. Luisa Graciela DNI … (cuil…) posee en el Banco Macro S.A”.
Luego y a pedido de la parte actora, dispuso rectificar la providencia ut supra transcripta porque había incurrido en un error en los nombres de los actores. En efecto, mediante auto de fecha 17/3/2020 la Sra. Magistrada de grado dispuso: “Asistiendo razón al presentante corríjase la providencia de fs. 394 y donde dice: “Juan José Martinez”, deberá leerse “Juan José Ramirez” y donde dice “Luisa Graciela” deberá leerse “Luisa Graciela Gualini”.
Se sigue de lo expuesto que, en rigor, las transferencias peticionadas por la parte actora ya habían sido ordenadas en la causa y que por haberse dispuesto la feria judicial extraordinaria, no pudieron llevarse a cabo.
Resulta entonces que no cabe examinar en esta instancia si resulta o no procedente acceder a las transferencias pedidas, puesto que, como se ha dicho, ya se encuentran ordenadas en autos, sino únicamente, revisar si la decisión que desestimó el pedido de habilitación de la feria judicial extraordinaria se ajusta a derecho.
V.- Que siendo ello así, debe señalarse que, de la reseña que antecede surge que la Sra. Magistrada a quo considera que el caso no se subsume en los supuestos contenidos en la Acordada Nº 9/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la cual decide que no corresponde admitir el pedido de habilitación formulado para que se ordene la transferencia de la sumas antes referidas.
Al respecto, se impone advertir que este Tribunal se ha pronunciado con anterioridad acerca de la correcta hermenéutica de las disposiciones contenidas en la referida Acordada Nº 9/2020, desechando una interpretación literal y señalando que se trata de una norma que se inscribe en un contexto fáctico y normativo mucho más complejo, cuyo examen exige a sus intérpretes la consideración de factores y circunstancias, tanto de la causa -relacionada con los derechos involucrados, la postura asumida por la demandada, etc.- como de la coyuntura actual -que tienen que ver con la pandemia y la prolongación de la feria judicial extraordinaria- que resulta incompatible con la interpretación literal y aislada de la normativa en cuestión (confrontar resolución de esta Sala II, Expte 6313/09 “Linares Rudecindo Segundo y otro c/GCBA s/ daños y perjuicios” del 14/4/2020).
En ese sentido, se ha dicho en el referido pronunciamiento que, la afirmación que antecede se ve robustecida y confirmada por lo dispuesto por el más Alto Tribunal mediante la Acordada 10/2020 que resolvió: “[e]ncomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que tengan a su cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos que no admitan demora, de acuerdo con los lineamientos expuestos las acordadas 6 y 9 del corriente año”.
A lo que se añadió que, por imperativo legal, debe estarse a la pauta hermenéutica plasmada en el artículo 2º del CCyC, por el cual se establece que: “La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.
El dispositivo legal citado reafirma el lineamento que surge del artículo primero del referido código que establece: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.
El llamado diálogo de fuentes, consagrado en los preceptos referidos, se asienta sobre el enfoque de los derechos humanos que debe priorizarse en todos los casos, y que resulta de particular relevancia en el sub examine, pues como se ha señalado, en el caso se persigue el cobro de un crédito de naturaleza alimentaria, que ha sido reconocido a los actores mediante sentencia definitiva dictada por esta Sala el 7/8/2012 con liquidación aprobada desde el 24/6/2015 y a la fecha se encuentra pendiente de cancelación.
La situación descripta admite sin lugar a dudas considerar el caso subsumido en los supuestos que justifican habilitar la feria judicial extraordinaria, habida cuenta el tiempo transcurrido desde que se reconoció el derecho de los actores y el carácter alimentario del crédito que pretenden percibir.
A esta altura cabe recordar que se encuentra fuera de discusión que el salario reviste en todos los casos carácter alimentario (Fallos: 325:3538, 327:2955; 329:5741 entre muchos otros) por manera que, las sumas involucradas en autos deben considerarse embestidas de esa condición.
Asimismo no puede dejar de hacerse notar que, como se ha dicho, en el caso la transferencia en cuestión ya ha sido ordenada, y lógico es deducir que se hubiera llevado a cabo si no fuera por el error en que incurrió el juzgado en el auto que dispuso el modo de efectuarla (ver proveído del 3/3/2020 rectificado el 17/3/2020) que además debió ser advertido por la parte actora mediante la presentación de un escrito, todo lo que demoró el perfeccionamiento de la orden emitida con anterioridad a que se dispusiera la feria judicial extraordinaria.
Se sigue de todo lo expuesto que, las circunstancias específicas de esta causa, relacionadas tanto con la naturaleza del crédito reconocido a los actores y el tiempo transcurrido sin que se proceda a su cancelación (aprox. 8 años), justifican con ajuste a lo dispuesto por el mas Alto Tribunal en las Acordadas 9 y 10 de este año, pero también por aplicación de las garantías consagradas en los tratados internacionales con jerarquía constitucional que fueron mencionados, y de los principios que rigen la interpretación de la ley, la habilitación de la feria judicial extraordinaria para disponer la transferencia de los fondos peticionada por la actora.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: a) revocar la decisión de grado en cuanto rechaza la habilitación de la feria judicial extraordinaria; b) disponer la habilitación de la feria en las presentes actuaciones, en los términos de las Acordadas 6, 9 y 10/2020; c) disponer que la Sra. Jueza de grado proceda a proveer la petición formulada por la parte actora mediante el escrito presentado el 8/4/2020 cuya suma reza “SOLICITA HABILITACION DE FERIA PARA TRANSFERIR LOS FONDOS DEPOSITADOS Y CONSENTIDOS A LAS CUENTAS DE LOS ACTORES”.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
Acordada 9/2020 – Corte Suprema de Justicia de la Nación
001441F
