Se revoca la sentencia que declaró mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por los particulares damnificados respecto del cómputo de la pena realizada a favor del imputado, y se dispone el reenvío de las actuaciones a los fines del dictado de nueva resolución, debiendo, además, avocarse al tratamiento de lo planteado en relación a los alcances de la ley 27362. Ello es así porque se concluye que, siendo el cómputo de la pena parte inescindible de la sentencia -sin hesitaciones-, el interés de los representantes debe ser atendido, contando en esta etapa con la posibilidad de rebatirlo. Es que el particular damnificado podía recurrir por los mismos medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio Público Fiscal.
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