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JURISPRUDENCIADespido. Falta de registración. Servicio doméstico. Personal de casas particulares. Régimen especial. Inaplicabilidad. Exclusiones
Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por la trabajadora, atento a que el juez interviniente tuvo por probado que ella cumplía tareas de limpieza en la casa de familia y en la gomería de los demandados durante cinco horas diarias. Sin embargo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 3, inciso f) de la ley 26844, el juez entendió que no correspondía aplicar el régimen especial de los empleados de casa particulares, y ordenó liquidar los rubros reclamados conforme a lo normado por la ley de Contrato de Trabajo y, en el caso concreto, por el CCT 130/75.
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «IBAÑEZ, María de los Ángeles C/ MUÑOZ, Oscar Jorge y otro S/ DESPIDO INDIRECTO» (expte. Nº 6185/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 de esta Circunscripción.-
El Dr. Horacio A. COSTANTINO, sorteado para emitir el primer voto, dijo:
1. María de los Ángeles Ibañez promovió demanda laboral contra Jorge Oscar Muñoz y su cónyuge Mónica Bazán por la suma de $ 422.772,65 o lo que en más o en menos surja de la prueba, con intereses y costas. Expresó que la fecha real de ingreso fue el 1/09/2010 y que realizaba tareas de limpieza en la gomería «Pico Neumáticos Multimarcas», tanto en la oficina como en el galpón de dicho local comercial, incluyendo el aseo de los baños. También desempeñó tareas de servicio doméstico en el domicilio conyugal de los accionados y en el quincho, además de estar encargada de las mascotas (perros) cuando ellos se iban de viaje. Trabajaba los días martes y jueves de 8 a 12 hs y de 15 a 20 hs en la gomería y los días lunes, miércoles, viernes y/o sábados de 7,30 hs a 12,30 hs en el domicilio conyugal. La remuneración normal y habitual fue de $ 4.500 cuando según la escala salarial vigente para la categoría Maestranza y Servicios «A» (Acuerdo 626, abril de 2014, CCT 130/75), debió haber sido de $ 8.640,31 con más los aportes no remunerativos y horas extras. Dicha remuneración era abonada indistintamente por los demandados en la gomería o en el domicilio conyugal. Como estaba fuera de toda registración no pudo gozar de los beneficios de la Seguridad Social. El reclamo iniciado ante la Dirección de Relaciones Laborales fracasó, por lo que se vio obligada a iniciar esta acción. Invocó el art. 3 inc. f) de la Ley 26.844 de Servicio Doméstico, según el cual «no se considerará personal de casas particulares y en consecuencia quedarán excluidas del régimen especial (…) las personas que además de realizar tareas de índole domésticas deban prestar otros servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar (…) supuesto en el cual se presume la existencia de una única relación laboral ajena al régimen…» que dicha ley regula (fs. 16/26).
Jorge Oscar Muñoz y Mónica Bazán solicitaron que oportunamente se rechace la demanda, con expresa imposición de costas. Negaron en general y en particular los hechos relatados en la demanda, pero reconocieron que la actora fue contratada por ellos para realizar «tareas generales propias del servicio de casas particulares» desde mediados de setiembre de 2010, aunque no lo hizo en forma ininterrumpida sino alternada con otros trabajos realizados para otros empleadores a partir del año 2013. Sin previo aviso, dejó de trabajar para ellos en el mes de junio de 2015. Explicaron que las tareas realizadas en la Gomería Pico Neumáticos Multimarcas fueron más esporádicas aún, sin continuidad ni permanencia. Durante el año 2014 no concurrió y en el 2015 fue una sola vez: el 17 de junio (fs. 34/39).
A fs. 49 se celebró la audiencia de conciliación fijada, pero fracasó por falta de avenimiento de las partes.-
A fs. 51 se abrió la causa a prueba, produciéndose la señalada en el certificado de fs. 67/68. Una vez clausurado el período probatorio alegaron la actora (fs. 268/278) y los accionados (fs. 279/282 v.).
El a quo hizo lugar a la demanda por la suma de $ 291.543,48, con más intereses y costas (sentencia de fs. 285/294 v. y aclaratoria de fs. 295).-
Apelaron los accionados (fs. 302), quienes expresaron agravios a fs. 306/308 v. La apelada contestó a fs. 311/315 v.
2. El a quo tuvo por probado que la actora cumplía tareas de limpieza en la casa de familia y en la gomería durante cinco horas diarias y en virtud de lo dispuesto por el art. 3 inc. f de la ley 26.844 entendió que correspondía liquidar los rubros reclamados conforme lo normado por la LCT y, en el caso concreto, por el CCT 130/75. Integró la condena con las indemnizaciones correspondientes al despido y las de los arts. 8 de la Ley 24.013, 80 LCT y la 2° de la ley 25.323, SAC, vacaciones y diferencias salariales no percibidas. Impuso las costas a la demandada.-
Los accionados se agravian por a) la jornada laboral reconocida por la jueza; b) la condena a pagar la indemnización agravada prevista por el art. 2° de la ley 25.323; c) los honorarios regulados a la perito contadora; y d) la imposición de costas.
2.1. La jornada laboral:
Los recurrentes se agravian porque la jueza consideró que la actora cumplía cinco horas diarias tanto los días que concurría a la casa de familia como los que cumplía tareas en la gomería, a pesar de que la propia actora manifestó que el horario que cumplía era de 8 a 12 hs. Realiza, en consecuencia, un nuevo cálculo de las indemnizaciones a partir del básico, antigüedad y presentismo que le correspondería por cuatro horas de labor ($ 5.738,13) y pide que se calculen nuevamente las diferencias salariales.
Tanto en las misivas que envió a su empleador realizando el reclamo como en la demanda, IBAÑEZ dijo claramente que laboraba en el domicilio conyugal los días lunes, miércoles, viernes y/o sábados de 7,30 hs a 12,30 hs, y los martes y jueves de 8 a 12 hs y de 15 a 20 hs en el local comercial (la gomería). Veamos qué surge de la prueba.-
Ni los accionados ni la actora aportaron prueba documental que acredite el horario de trabajo, por lo que debe examinarse la prueba testimonial.
Raquel Rotela, quien dijo haber trabajado para la familia Muñoz desde enero de 2010 a 2016 haciendo el mantenimiento de la pileta, declaró que IBAÑEZ, de la que es vecina, trabajaba los «martes y jueves (…) en la gomería y el resto de la semana en la casa particular, inclusive los sábados, algunos» (fs. 144). Añadió que «los sábados la solía ver temprano» en la propiedad de los demandados, «entre las 8 y las 9», inclusive en ocasiones ella le abría el portón y la vio «un miércoles después de las 10 de la mañana» (fs. 145).
Marianela Roldán, quien trabajaba en un comercio del barrio, dijo que IBAÑEZ trabajaba para los accionados todos los días en horario de comercio (respuesta a las preguntas 21 y 22, fs. 198) y los sábados a la mañana y a la tarde, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs en la casa de los demandados (respuesta a la cuarta ampliación, fs. 198), es decir, más horas que las denunciadas por la propia accionante. Con razón, la jueza sostuvo que su versión no era creíble (fs. 289), pues incluso afirmó que la actora estaba registrada y le mostraba los papeles cuando en realidad no lo estaba.
El testigo Hugo Javier Crego manifestó que IBAÑEZ trabajaba para los accionados de lunes a viernes, por la mañana y por hora, pues no estaba registrada, pero no dijo en qué horarios (fs. 199/201).
Dorali Pansa (fs. 236/238), ofrecida por la demandada y mamá de su nuera, dijo que vio a la actora trabajando en «… la casa de Mónica» y que iba dos veces por semana, por la mañana. El testigo Pellat, por su parte, expresó que creía que la actora trabajaba de 8 a 12 hs, o «una cosa así» (fs. 239/242). Pérez, mecánico de Sauma, dijo que a veces IBAÑEZ «por ahí sabía estar de mañana y por ahí sabía estar de tarde» (fs. 243/245).-
En conclusión, cuatro de los seis testigos declararon que vieron a la actora trabajando por la mañana, salvo la testigo Roldán, que por los motivos indicados no ha dicho la verdad, y el mecánico que trabajaba enfrente del local comercial que afirma haberla visto por la tarde. Es decir que -analizados todos los testimonios- no surge con precisión cuál era el horario que cumplía Ibañez.-
Al respecto, tiene dicho este tribunal, con reiteración, que la prueba testimonial es un medio «… poco apropiado (…) para definir con certeza cuándo comenzó una relación laboral o qué horarios cumplía el empleado, pues se trata de datos difíciles de recordar y precisar cuando no hay una razón suficiente para hacerlo» (exptes. N° 4021/08 y 4399/10, ambos r.C.A, entre otros).-
Para colmo, la propia actora, al absolver posiciones (fs. 232/233), afirmó «… que su horario de trabajo en el domicilio de los demandados era únicamente de mañana de 8 a 12 hs.» (cuarta posición). Aunque a continuación aclaró que había días que la hacían «… ir de tarde…» cuando no terminaban a la mañana, la suya fue una confesión expresa, que constituye plena prueba salvo en los supuestos de excepción contemplados por el art. 403 del Código Procesal, que en este caso no se advierten ni fueron invocados. Para que la confesión no tuviera el efecto previsto por la ley, tendría que haber razones concretas para afirmar que la respuesta de la actora ofrece dudas, o que pudo confundirse al responder, o que existen pruebas contundentes que contradicen lo que aparece como confesado (conf. exptes. Nº 2.335/02 y 4021/08, ambos r.C.A., entre otros).
Por todo ello debe acordarse importancia decisiva a la absolución de posiciones de la accionante, receptarse el agravio y reconocerse que la actora trabajó para los accionados cuatro horas diarias.
2.2. El incremento establecido por el art. 2 de la Ley 25323:
Se agravian los recurrentes por la aplicación del incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 y solicitan que se deje sin efecto o, en su defecto, se reduzca. Hacen hincapié en que la ley 26.844 fue promulgada en medio de la relación laboral y que durante ella entendieron abonar correctamente el salario. Destacan que según la reducción que solicitan en el primer agravio el monto de la condena sería aún menor al 50 % del reclamado.
Es verdad que parte de la doctrina entiende que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley 25.323 las relaciones de servicio doméstico, por no resultar comprendidas en la LCT. Pero en este caso, como la trabajadora prestó servicios simultáneamente en el local comercial, la jueza resolvió, en virtud de lo dispuesto por el art. 3° inc. f de la ley 26.844, que los rubros indemnizatorios deben calcularse de acuerdo a las normas de la LCT y el CCT 130/75 aplicable a los empleados de comercio (fs. 291 vta.).
Dicha conclusión quedó firme y consentida, de modo que el agravio no puede prosperar, pues se dan en el caso las condiciones para la procedencia del incremento establecido por el art. 2° de la ley 25.323: no pago de las indemnizaciones que prevé y la necesidad de iniciar acciones judiciales para percibirlas. –
Por consiguiente, el agravio debe rechazarse, sin perjuicio de la reducción del incremento que resulte de la merma de las indemnizaciones sobre las que se debe calcular.-
2.3. Los honorarios de la perito contadora: –
Los apelantes se agravian porque se reguló a la perito contadora el … %, a pesar de que la sentenciante reconoció que los puntos solicitados en la pericia no han incidido en el resultado ni la labor encomendada fue complicada. Piden, en consecuencia, que sus honorarios se reduzcan al mínimo de la escala fijada por la ley de aranceles de los Contadores Públicos, es decir, al …%.
En realidad, lo que la jueza dijo es que «el encuadre laboral pretendido por la actora (…) no es receptado» y que ello no era «imputable al perito» (fs. 294).
Es verdad que los puntos de pericia encomendados por la actora no ofrecieron mayor complejidad y que en casos similares esta Cámara ha retribuido la labor de los Contadores Públicos con el mínimo de la escala legal, pero, como se ha visto, la crítica no ha sido certera. –
Por ello, habida cuenta de que no existen otros motivos para desmerecer la labor de la Contadora, el agravio debe ser desestimado.
2.4. Las costas:
Los recurrentes se agravian porque la jueza le impuso las costas del proceso. Según dicen, si se efectuaran las correcciones que solicitan en el segundo y tercer agravio, el monto de la condena resultaría inferior al 50 % de lo reclamado. Entienden que deberían aplicarse los arts. 65, segundo párrafo, y 62, última parte, del Código Procesal.
Es indiscutible que en este caso pudo aplicarse el art. 65, segunda parte, del Código Procesal, pues las diferencias salariales prosperaron por menos del 50 % (se reclamó por este concepto $ 99.367,20 y la demanda prosperó por 45.780,14). No obstante, como se verá enseguida, la pretensión de los apelantes encuentra ahora un obstáculo formal. –
En efecto, a partir del principio general establecido por el art. 62 del Código Procesal y remarcando que los honorarios constituyen el principal componente de las costas, esta Cámara, invariablemente, ha evitado condenar en costas a la actora respecto a los rubros rechazados cuando los honorarios se regulan exclusivamente sobre el monto de la condena, juzgando que aquéllas deben aplicarse a la demandada en la medida en que resulta vencida (exptes. N° 2423/03, 2697/03, 2882/04, 5281/13, todos r.C.A., entre tantos otros). Si no fuera así, se incurriría en el contrasentido de condenar a la actora a pagar costas sobre rubros y/o importes por los que prospera la demanda y a cuyo respecto resulta vencedora.
Eso es lo que ocurre en este caso. Según la sentencia apelada -que ha sido consentida por los abogados legitimados para reclamar una retribución sobre los rubros de la demanda que no prosperaron o prosperan por menos del 50 %- los honorarios deben calcularse sobre el importe de la condena y no sobre los montos rechazados.
Como se aprecia, dado el curso de los acontecimientos procesales, no hay razones para condenar en costas a la actora. En consecuencia, el agravio debe ser desestimado.
3. Conclusiones: –
De acuerdo a lo expuesto, vueltos a primera instancia la perito contadora deberá calcular nuevamente los rubros admitidos por la jueza de grado considerando lo que le hubiese correspondido a la actora por haber cumplido 4 horas diarias de labor, conforme la categoría «maestranza» del CCT 130/75. Al resultado se le adicionarán los intereses fijados en primera instancia. –
4. Por las razones expuestas, debe hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por los accionados con el alcance indicado en los considerandos. Las costas de alzada correspondientes al monto por el que en definitiva se reduzca el monto de la sentencia deben aplicarse a la actora y las relativas a los agravios desestimados a los apelantes. Oportunamente deberán remitirse las actuaciones a la AFIP a los fines del art. 15 LCT. Los honorarios de Alzada deben regularse en relación a los intereses en juego. Es mi voto.
El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:
Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.
En consecuencia, la SALA A de la Cámara de Apelaciones:
RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 302 y, en consecuencia, reducir el monto de la condena impuesta en la sentencia de fs. 270/279 a la suma que resulte del nuevo cálculo que realizará la perito contadora -de acuerdo a las pautas indicadas en los considerandos- de los rubros admitidos para una jornada de 4 horas diarias de la categoría «maestranza» del CCT 130/75, con más los intereses fijados en primera instancia.-
II) Imponer a la actora las costas de alzada correspondientes al monto por el que en definitiva se reduzca el monto de la sentencia y, a la demandada, las relativas a los agravios desestimados (indem. agravada del art. 2° de la ley 25323, diferencia del …% respecto de la regulación de honorarios a la perito, costas de primera instancia).
III) Regular los honorarios de alzada de los Dres. Dina Deballi y Horacio Peña en el … % y los del Dr. Luis Emilio Martín en el … %, a calcularse sobre los montos de los rubros indicados en el punto anterior. Se adicionará el IVA si correspondiere. –
IV) Ordenar que, vueltos los autos a la primera instancia, se notifique a la AFIP, a los fines del art. 15, LCT.
Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen.
Dr. Horacio A. COSTANTINO
PÉREZ BALLESTER
Juez de Cámara
Presidente Subrogante
Dr. Alejandro FONTANILLO
Civil
Dra. Sonia Edith
Secretaria de Cámara
CONCUERDA con el Acuerdo protocolizado en el Protocolo de Sentencias de esta CÁMARA DE APELACIONES al folio 756/760 CONSTE.-
FONTANILLO
Civil
Dra. Sonia Edith
Secretaria de Cámara
Díaz, María Flora c/Sandoval, Viviana Inés s/despido indirecto por falta de registración o consignación errónea de datos en recibo de haberes – Cám. Civ. Com. Lab. y Min. – Neuquén – SALA II – 28/11/2017 – Cita digital: IUSJU023963E
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