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JURISPRUDENCIADifusión de información incorrecta. Retractación. Daños y perjuicios
Se confirma la sentencia que condena a la empresa del medio televisivo a abonar determinado monto en concepto de daño moral, pues no se obró con la real malicia, es decir, con conocimiento de la falsedad de la noticia o con una grosera despreocupación al respecto.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de junio del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Ruiz, Graciela Cristina c/ Telearte S.A. s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia corriente a fs. 321/332, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. CASTRO, GUISADO y UBIEDO.
Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:
I. La sentencia de fs. 321/332 admitió parcialmente la demanda y condenó a Telearte S.A. a pagar a Graciela Cristina Ruiz la suma de $30.000 en concepto de daño moral con más sus intereses calculados a la tasa de interés activa desde el hecho y le impuso las costas del juicio.
Ambas partes apelaron la sentencia. La demandante fundó su remedio a fs. 347/348, el que fue replicado a fs. 352/353. A fs. 344/345 lo sostuvo la demandada, el que fue respondido a fs. 350.
II. Relata la pretensora que el 6 de octubre de 2009 en el medio televisivo de la demandada se informó del fallecimiento de Norma Guzmán, odalisca conocida por su nombre artístico Salomé. Al brindar dicha información se ilustró la nota con un video que reproducía la imagen de la demandante. Ello – sostiene- motivó que sus allegados y personas de su ambiente de trabajo entendieran que el deceso se refería a ella. Afirma que las circunstancias aludidas afectaron a la demandante en lo emocional, profesional y artístico y condujeron a la frustración de su fuente de trabajo en el ámbito de las danzas árabes.
La demandada reconoció el hecho, el que atribuye a un error que califica como atendible y que habría sido inducido por la actitud de la demandante quien promocionaba su actividad en el portal de internet -www.bailasalome.es.tl-en el que se utiliza el nombre de “odalisca salomé” -ver copia certificada de la impresión de la página de internet de fs. 90-.
La magistrada sostuvo que el medio televisivo debió conducirse con mayor prudencia y cuidado en la verificación de las imágenes que se relacionaban con la noticia policial del deceso, sobre todo por tratarse de una difusión que llega a miles de espectadores. Por ello consideró que la buena fe no era suficiente para liberar de responsabilidad a la demandada.
En esa línea consideró que aunque la búsqueda en internet pudo conducir a la página de la demandante, puede verse que aunque se la llama Salomé, cuando se accede al sitio web bajo la foto puede leerse que la profesora a cargo era la demandante, lo que era suficiente para disipar cualquier confusión.
La magistrada tuvo en cuenta que el 28 de octubre del mismo año el canal de la accionada difundió la rectificación de la información en reiteradas oportunidades, lo que aunque no suprimiría el daño, seguramente disminuyó su impacto.
En cuanto a los daños, entendió que no se acreditaron los materiales reclamados ni la relación de causalidad entre el hecho y la falta de contrataciones de la demandante en el rubro de las danzas árabes. Empero admitió el daño extrapatrimonial por la aflicción espiritual que pudo causarle a la accionante la publicación masiva de la errónea noticia.
III. Apelaron ambas partes en recursos que sostuvieron a fs.344/345 y fs. 347/348, respectivamente. La demandada cuestionó la atribución de responsabilidad y la accionante el rechazo del rubro indemnizatorio, por lo que por una cuestión de orden metodológico trataré en primer lugar las quejas de la accionada.
a) Liminarmente se destaca que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, es aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada), lo que excluye claramente en estos aspectos la aplicación del nuevo Código.
b) No se encuentra discutido que se vinculó la noticia del fallecimiento de Norma Guzmán con las imágenes de la pretensora. Por otra parte, el daño alegado por la demandante habría tenido origen en la información referida. El diferendo radica en si se presenta el factor de atribución que permita responsabilizar a la demandada.
Se trata en el caso de una demanda por los daños ocasionados a la vida privada y a los sentimientos por la información inexacta que ha difundido un medio de prensa, lo que justificaría que se le trasladen los lineamientos que el Alto Tribunal ha trazado originariamente en los casos en que la tensión se presenta entre la libertad de expresión y el derecho al honor de las personas (Fallos 319:3428 “Melo c. Majul”).
Resulta relevante en la solución de la especie definir si para establecer la responsabilidad de la demandada se requiere acreditar que se obró con lo que la Corte Suprema ha denominado “real malicia”, es decir, con conocimiento de la falsedad de la noticia o una grosera despreocupación al respecto.
En efecto, en orden a articular la libertad de prensa y expresión con los derechos de las personas a su reputación y a su vida privada e intimidad el Alto Tribunal ha establecido que cuando se divulgan informaciones inexactas debe distinguirse en punto a si se refiere a un funcionario o figura pública, o bien a un ciudadano privado. Cuando se trata del primer supuesto entendió que sólo puede asegurarse un ejercicio fluido y vigoroso de la libertad de palabra, si se limitan los factores de imputación a a aquellos que puedan calificarse de “real malicia” (dolo grave e inexcusable negligencia) excluyendo otros factores de atribución como la responsabilidad objetiva, culpa presunta o incluso faltas leves del deber de cuidado. En cambio, cuando el sujeto afectado es un ciudadano privado, entonces la responsabilidad ha de establecerse de acuerdo con las reglas generales establecidas en la legislación civil (Fallos 319:3428 “Melo c. Majul” considerando 13).
Ahora bien, la demandada no ha alegado -ni lo advierte este colegiado- que la damnificada sea una personalidad pública o que tenga una calidad similar que la coloque entre quienes tiene una protección atenuada. De ahí que debe considerarse el caso asumiendo en la actora la vulnerabilidad característica de los simples ciudadanos que -como tales-, se encuentran excluidos de la “protección débil” que tendrían los funcionarios o personas públicas (CSJN “Barrantes c. Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. “ B.343.XLII del 1/8/2013).
No es funcionaria ni persona pública, ni, por lo demás tampoco puede decirse que como simple particular “ha(ya) adquirido notoriedad suficiente para encontrarse involucrada voluntariamente la cuestión pública de la que trata la información” (cfr. Fallos 314:1517 “Vago” y “Barrantes” citado supra).
De ahí que la responsabilidad del medio de prensa se evaluará de acuerdo a los parámetros generales de la responsabilidad en los casos de intromisión arbitraria en la vida privada de las personas. Para tales casos el art. 1071 bis del Código Civil dispone que “…el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad … será obligado a cesar en tales actividades si antes no hubieran cesado y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez de acuerdo con las circunstancias…”. En tales casos se requiere la verificación de la mera culpa o dolo del agente para generar en el órgano de prensa la obligación de responder (cfr. Bueres-Highton “Código civil y normas complementarias…” tº 3ª, 1º edición, 2ª reimpresión, ed. Hammurabi; Buenos Aires, 2007, comentario al art. 1071 bis; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni “Cód Civil… tº 5; com art. 1071 bis, Ed Astrea, Buenos Aires, 1984). La norma mencionada ha sido reiterada con adecuaciones por el art. 1770 del Código Civil y Comercial.
Desde esa perspectiva puede verse que estuvo al alcance del medio televisivo evitar el error y el consecuente daño. En efecto, aún cuando la mera búsqueda en internet del nombre de la odalisca fallecida -Salomé- pudo remitir al sitio web de la demandante porque ésta se denomina “bailasalomé” y la accionante se hacía llamar del mismo modo que la difunta, de la misma página -ver fs. 90- surgían los elementos que permitían despejar la confusión. Máxime cuando el tenor de la noticia no imponía una rapidez en darla a conocimiento que justificara la ausencia de las diligencias mínimas para poder chequear la correspondencia entre las imágenes y los datos que se pretendía ilustrar. Véase en ese sentido que bajo la foto figuraba en letras más grandes que el resto “Profesora Cristina Graciela Ruiz” y la ubicaba en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Incluso figura allí el número de teléfono que hubiera permitido chequear si se trataba de la misma persona. No hay elementos para sostener -como pretende la demandada- que fue la propia damnificada la que generó el error al nombrarse de la misma manera que otra persona, ni se ha acreditado que se hubiera tratado de generar confusión con el uso del mismo nombre que utilizaba demandada. Es que no puede soslayarse que se trata de un nombre de los que en general podrían remitir al mundo árabe en el que se pretendía insertar la actividad de la actora.
No se pierde de vista la reiterada jurisprudencia de la Corte Federal que recuerda que entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad (Fallos 331:1530 entre otros). Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el derecho a expresarse libremente no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de derechos de terceros. En tal sentido, no resulta ocioso recordar que tal como se sostiene en el Preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C. N.)- “[e]l cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social… Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad”.
En razón de lo expuesto, el recurso de la demandada que cuestiona la atribución de responsabilidad no ha de tener favorable recepción.
V. Las quejas relativas a los rubros reconocidos en carácter de daños no satisfacen la carga que al apelante le impone el art. 265 del Código Procesal. Es que la crítica se ha ocupado en afirmar la responsabilidad de la demandada – cuestión que había sido admitida en la instancia de grado-, y respecto del monto del rubro admitido y del daño material que se rechazó, sólo trasunta la discrepancia con el criterio de la magistrada respecto de la valoración de la prueba, y la apoya en afirmaciones dogmáticas al respecto, sin asumir las razones que condujeron a la magistrada en un sentido distinto.
Por estas consideraciones, voto para que se confirme la sentencia recurrida, con costas de la alzada en el orden causado (arts. 68 y 71 del Código Procesal).
Por razones análogas, las Dras. GUISADO y UBIEDO adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto.
Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.
MARÍA LAURA RAGONI
SECRETARIA
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: confirmar la sentencia apelada e imponer las costas de alzada en el orden causado.
Se difiere la regulación de honorarios para cuando se practique la de primera instancia.
Regístrese y notifíquese.
PAOLA M. GUISADO
PATRICIA E. CASTRO
CARMEN N. UBIEDO
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – LIBRO TERCERO – TÍTULO V – CAPÍTULO 1 – SECCIÓN 9ª – Supuestos especiales de responsabilidad (arts. 1763 a 1771)
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