Se mantiene el rechazo de la cautelar que perseguía obtener un mandato jurisdiccional que dispusiera la suspensión de la actividad de disposición final de residuos en el predio de propiedad del actor, pues no se encuentra acreditada la necesaria proporción entre la medida cuyo despacho cautelar se requiere y la utilidad que se conseguiría con relación al pretendido reclamo individual por daños y perjuicios.
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