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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Incumplimiento contractual. Valor probatorio de fotografías. Deber de no agravar el daño
Se confirma el fallo que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, pues surge probado que la mala calidad de las semillas vendidas a la actora por la demandada determinó que el rinde fuera menor al esperado, con la consecuente merma en la cantidad de alimento disponible para engorde de los animales de la reclamante.
En la Ciudad de Azul, a los 19 días del mes de Septiembre de 2017 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, encontrándose vacante la restante vocalía, para dictar sentencia en los autos caratulados: «FAL MARIA CRISTINA C/ RINDES Y CULTIVOS DAS SA S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)», (Causa Nº 1-62119-2017), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores LOUGE EMILIOZZI-COMPARATO.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-CUESTIONES-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs. 212/220?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-VOTACION-
A LA PRIMERA CUESTION: el señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI dijo:
I) El presente proceso es iniciado por la Sra. María Cristina Fal, quien acciona contra “Rindes y Cultivos Das S.A.” reclamándole diversos daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Alega que el día 30.10.2014 adquirió a la demandada 10 bolsas de sorgo híbrido forrajero para ser sembrado, cosechado y luego destinado a alimento para hacienda vacuna de propiedad de la misma actora, pero la mala calidad de las semillas vendidas determinó que el rinde fuera menor al esperado con la consecuente merma en la cantidad de alimento disponible para engorde de los animales (fs. 32/46).
A su turno, la accionada contestó la demanda solicitando su rechazo, y también dedujo reconvención por cobro de facturas impagas, entre las cuales se encuentra la que instrumentó la compra de semillas por la que reclama la actora y otras distintas (fs. 85/96).
II) Al dictar la sentencia definitiva obrante a fs. 212/220 la Sra. Juez de grado resolvió: “1) HACER LUGAR a la demanda incoada por la Sra. María Cristina FAL, condenando a la demandada RINDES Y CULTIVOS DAS S.A. para que en el plazo de diez días de quedar firme la presente, abone a la actora la suma en dinero necesaria para adquirir 127,5 tn. de Materia Seca de Sorgo para el mes de Junio de 2015, con 2,1 mcal/kg. O, en su defecto, el precio de las toneladas necesarias de otra semilla que el Ing. Olagaray estime como mejor sustituto del sorgo para el alimento bobino, tomando como referencia para su comparación la energía metabolizable de las mismas. Dicha suma, con más los intereses moratorios que se calcularán desde el 30 de mayo de 2015 (fecha estimada para proyectar la alimentación bobina para el inminente invierno) hasta el momento del efectivo pago de conformidad con lo dispuesto en el Considerando IX). (art. 163, 165, 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.C.; arts. 207, 450, ssgtes. y ccdtes. del Código de Comercio; arts. 511, 901 a 906, 1137, 1198, 1323, ssgtes y ccdtes. del Código Civil). COSTAS a la demandada vencida. (art. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.); 2) HACER LUGAR a la reconvención deducida por la firma RINDES Y CULTIVOS DAS S.A. en relación con la pretensión de cobro del saldo impago de la Factura n° … (…). En consecuencia, condénase a la Sra. María Cristina FAL a abonarle a la firma reconviniente, dentro del término de DIEZ días de quedar firme la presente, la suma de u$d 765,93 (u$d 633,00 de semillas e IVA por u$d 132,93), con más los intereses que se liquidarán, desde la fecha de mora -29/11/2014- y hasta el momento del efectivo pago, de conformidad con la tasa pactada, con un límite del 6 % anual. (CCivCom. Azul, Sala I, causa nº 50.667, «Bobbio», del 08/06/2007; causa nº 50.880, «Nieves, Eduardo Jesús c/D’Annunzio, María Edith s/Cobro ejecutivo» del 22/06/2007; Sala II, causas nº 49.266 y 49.197). COSTAS a la actora reconvenida. (art. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.). 3) RECHAZAR la reconvención deducida en relación con la pretensión de cobro del saldo parcial impago de la Factura n° … en relación con el producto DICAMBA HELM. COSTAS a la demandada reconviniente. (art. 68 y ccdtes. del C.P.C.C.). 4) HÁGASE SABER a las partes que, en su caso, previo a instar la pertinente ejecución de sentencia para efectivizar las distintas disposiciones de la presente, deberán arbitrar las diligencias necesarias y el compromiso suficiente, para compensar los valores que resulten de las distintas liquidaciones, acudiendo, si así lo consideraran pertinente, a requerir la asistencia del Perito Ingeniero Olagaray. 5) Difiérase la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes para su oportunidad.”
III) Dicho decisorio fue apelado por ambas partes, concediéndose los recursos libremente (fs. 221 a 226). Recibidos los autos en esta instancia, la actora expresó agravios a fs. 240/244, sin obtener respuesta de la contraria (conf. informe de Secretaría de fs. 265) mientras que la demandada expresó agravios a fs. 253/254, obteniendo respuesta de la parte actora a fs. 262/263.
Al contenido de los agravios lo iré mencionando infra, a medida que los vaya abordando, para ganar en claridad expositiva y evitar reiteraciones. De todas maneras, creo oportuno anticipar que los agravios de ambas partes están referidos a diversos aspectos de lo decidido en torno a la demanda -que prosperó parcialmente- y no a la reconvención -que también prosperó parcialmente-.
III) A fs. 265 se llamó autos para sentencia y a fs. 267 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
IV.a) Por evidentes razones lógicas se impone tratar en primer término los agravios vertidos por la accionada (fs. 253/254), ya que están referidos a la procedencia misma de la demanda.
Dichas críticas versan exclusivamente sobre “cuestiones de hecho” (conf. art. 266 del C.P.C.C.). En efecto, a lo largo de su pieza recursiva la accionada alega que no se acreditó que la semilla vendida hubiese perdido su poder germinativo, que las semillas implantadas por la actora fueran las vendidas por su parte, que las fotografías obrantes en autos se correspondan con el estado del cultivo de la actora y, finalmente, que el rinde obtenido por la actora fuera menor al esperado ya que no se acredita cuánto fue lo realmente cosechado.
i. En primer lugar, y aún cuando no constituya cuestión esencial (Excma. S.C.B.A., C 121.472, “Ricardo”, del 14.06.2017), creo conveniente dar respuesta expresa al planteo de deserción que introduce la actora en oportunidad de contestar los agravios de la contraria (fs. 262/263).
Al respecto, cabe señalar que este Tribunal ha venido aplicando un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, y aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894, “Ane”, del 20.02.2002; nº 49665, “Adami”, del 16.03.2006; nº 51438 “Bonnat”, del 29.11.2007; nº 51278, “Valerio”, del 06.12.2007.; n° 53.567, “Bruni”, del 28.10.2009; n° 58.450, “Enrique”, del 10.04.2014). En esa senda, hemos señalado que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida, bajo riesgo de caer en rigorismo excesivo por apego a las formas, no querido por el ordenamiento legal (conf. causa n° 44262 “Banca Nazionale del Lavoro S.A.” del 17.05.2002, entre otras).
Aplicando estos principios al caso de autos, hecho el necesario análisis del contenido de los agravios, encuentro que si bien -como se verá en el desarrollo del voto- existen aspectos que no contienen la necesaria crítica enfrentando la fundamentación de primera instancia, no aprecio que deba caer la totalidad de la queja como lo pretende la actora.
ii. En cuanto al primero de los agravios antes mencionados -es decir, que no se encuentra acreditado en autos que la semilla vendida hubiese perdido su poder germinativo-, la recurrente nada dice acerca del análisis efectuado por la Sra. Juez de grado respecto a los tres informes de laboratorio de las semillas en cuestión, y que -en orden cronológico- son los siguientes: a) informe del Laboratorio Canargo, encomendado por “Agronomía Olavarría” previo a vender las semillas a la demandada -quien luego las revendió a la actora-, realizado sobre muestras recibidas el 08.08.2014, obrante a fs. 82; b) informe del Laboratorio L.A.I.S.S., encomendado por la actora, realizado sobre muestras recibidas el 28.11.2014, obrante a fs. 30; c) informe del Laboratorio Canargo, encomendado por la actora, realizado sobre muestras recibidas el 12.02.2015, obrante a fs. 28.
En efecto, la Sra. Jueza “a quo” advirtió desde un comienzo que las conclusiones que arrojan esos tres informes de laboratorio sobre el poder germinativo de las semillas difieren entre sí (fs. 214vta., último párrafo). Sin embargo, unos párrafos más adelante la anterior sentenciante asignó importancia a una advertencia formulada por el Perito Ingeniero Agrónomo Gustavo Olagaray, primero en su pericia de fs. 184/185 y luego en la audiencia de fs. 203, respecto a que el primer informe del Laboratorio Canagro -que daba cuenta de un poder germinativo del 81%- podía adolecer de un error material, ya que no se explicaba una diferencia del 20% respecto al “Test de Tetrazolio” consignado en el mismo informe. De este modo -concluyó la Sra. Juez de grado-, suprimiendo mentalmente ese error material, el primer informe del Laboratorio Canargo sería mucho más cercano al segundo análisis del mismo Laboratorio, arrojando ambos como resultado un Poder Germinativo por debajo del 80% establecido por el Instituto Nacional de Semillas de la República Argentina (ver sentencia, fs. 215vta. último párrafo y 216 tres primeros párrafos, en concordancia con la respuesta del Perito al punto “a” del cuestionario de la actora a fs. 184 y vta. y manifestaciones del mismo perito en la audiencia de fs. 203).
Como antes decía, la accionada nada dijo sobre estas conclusiones de hecho a las que arribó la “a quo” tras interpretar dichos resultados de laboratorio con el auxilio del perito, limitándose a afirmar, dogmáticamente, que en autos no se encuentra probada la pérdida del Poder Germinativo de las semillas.
Tal como lo tiene reiteradamente dicho esta Sala, «la expresión de agravios constituye para el apelante una verdadera carga procesal trascendente. Que la crítica concreta está referida a lo preciso, indicado, determinado. Lo razonado, indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones. Deben precisarse punto por punto los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del «a quo», a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general, los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación» (Morello, Augusto Mario – Sosa Gualberto Lucas – Berizonce, Roberto O. «Códigos Procesales…», tomo III, pág. 351; esta Sala, causas nº 33.534 “Patronelli” del 29.10.92; nº 34.602, “Santomauro» del 23.02.94; nº 49.772, “Bussetti”, del 20.09.06.; nº 53.074, “Tutelar Fiduciaria” del 31.03.09.; nº 54.904, “Basualdo” del 17.05.11., entre muchas otras).
Con especial referencia a la prueba, se ha dicho que «…el recurrente deberá puntualizar qué medio pertinente y atendible fue desechado; cuál de los invocados resulta inexistente, impertinente o inatendible; o las probanzas cuyas fuentes hayan sido desinterpretadas, suministrando los argumentos de prueba que patenticen el error y su relevancia para la suerte final de la pretensión u oposición.” (Azpelicueta, Juan José – Tessone, Alberto «La Alzada. Poderes y Deberes», pág. 25; esta Sala, causa n° 52489 del 19.02.09., “Heim” entre muchas otras).
En el mismo sentido claramente Carlos Camps en su obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires-anotado, comentado, concordado”, expone: “La parte frente a un fallo adverso tiene la posibilidad de exigir su revisión. Esta revisión se basa en que la sentencia es considerada injusta por contener transgresiones normativas que pueden ser de variado rango (procesal, de fondo o constitucional). Muchas veces esa violación legal se manifiesta por el quiebre de las reglas de valoración de la prueba, más allá de que en esos casos el defecto del sentenciante se muestre predominantemente referido al mundo fáctico. La carga impuesta por el art. 260, 1ª parte, CPCC requiere especial esmero cuando se cuestiona la valoración de las pruebas colectadas en el proceso, porque en ese cometido los jueces deben formar su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Es, pues, indispensable desplegar un claro discurso impugnativo, capaz de individualizar los posibles yerros del juez en orden a la selección e interpretación de las probanzas escogidas, y de patentizar, en su caso, como ha soslayado o infringido dichas reglas del raciocinio. Pues bien, toda esta anomalía debe ser expuesta clara y detalladamente al juzgador de segunda instancia. Deben ser juicios concretos respecto de los pasajes de la sentencia considerados defectuosos, no meras elucubraciones teóricas o desconectadas de lo concretamente ocurrido en el fallo. Y tales asertos tienen que ser razonados. Así como se exige un adecuado razonamiento al juez para exponer sus ideas y que se pueda percibir el camino lógico seguido desde la ponderación fáctica hasta la solución de fallo pasando por la subsunción normativa, así también el litigante si quiere conmover una norma individual dictada por un órgano del Estado deberá argumentar de manera adecuada, con solidez y objetividad. Ha dicho nuestra Corte que el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260, CPCC, supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho” (ob. cit. pág. 475; esta Sala, causas 55995, “Lovecchio” del 10.05.12., voto Dra. Comparato; n° 55504, “Trovato”, del 29.05.12., voto Dr. Bagú; n° 56.192, “Cenoz”, del 28.06.12., entre muchas otras).
Por lo expuesto, y tal como lo anticipara al dar respuesta al planteo de deserción incoado por la actora, concluyo que este primer agravio sí es técnicamente insuficiente para conmover la parcela del decisorio que se pretende atacar (doctr. arts. 260 y 261 del C.P.C.C.).
iii. Como vimos, la accionada también se agravia de que se haya hecho mérito de las fotografías obrantes en autos -a fs. 16/18- para concluir que las plantas no germinaron con la misma densidad, dado que no se probó la autenticidad de dichas fotografías.
Como punto de partida, cierto es que tanto el Perito como la anterior Magistrada se valieron de las muestras fotográficas para afirmar que las plantas no germinaron en la misma densidad, pudiéndose observar manchones en donde no existían plantas (conf. acta de audiencia obrante a fs. 203 y sentencia, fs. 216, último párrafo).
Ahora bien, este Tribunal tiene reiteradamente dicho que “al no ser instrumentos públicos o privados las fotografías al no ser escritos y carecer de firmas, no es apropiado hablar de “autenticidad” en los términos previstos para aquellos. Son simples pruebas materiales, documentales en un sentido amplio (ver Palacio, “Manual de Derecho Procesal”, T. 1, pág. 499, num. 245), brindadas por la técnica fotográfica, de cuyas ilustraciones es dable extraer presunciones y enriquecer la convicción del juez con reproducciones de personas físicas, lugares o cosas. Para persuadir de la fidelidad de la toma fotográfica con la realidad que representa, es decir, para aventar la sospecha de que se trata de una fotografía fraguada, no se necesita un reconocimiento expreso o formal, por el demandado o por testigos. Las disposiciones pertinentes deben ser aplicadas solo por analogía o la prueba diligenciada por los medios que disponga el juez …Basta que mediante declaraciones testimoniales u otros elementos de convicción que obren en el proceso, se pueda concluir de acuerdo con las reglas de la sana crítica en que las fotos no son trucadas, sino el resultado de una normal impresión de la imagen a través del lente, en la película sensible…” voto del Dr. Durañona y Vedia, en CNCiv., Sala C, set. 29-989, “Lara”, L.L. 1990-B-99, citado por Morello y otros, “Códigos…”, T. V-A-431 y por Jorge L. Kielmanovich, “Medios de Prueba”, pág. 247; mencionando en igual sentido CNCiv., Sala F, 08/10/90, L.L. 1990-E- 473” (esta Sala causas nº 47.204, “Sosa”, 06.10.04., nº 52.365, “Rivera” del 11.12.08.; n° 52.373, “Gabarrot”, del 11.03.09.; entre otras). En un precedente de la Sala L de la Cámara Nacional Civil se han reafirmado estos conceptos, diciéndose que “…no alcanza con negarles autenticidad para privarlas de valor probatorio. Bastan otros elementos de convicción allegados para concluir, según las reglas de la sana crítica, que las fotos no son trucadas. Sería excesivo requerir una pericia para cerciorarse de la autenticidad de una fotografía (ver CNCiv., Sala C, 29-9-89, “Lara c/ Rodríguez”, L.L., 1990- B, 99). Además, por derivación del principio de normalidad aplicado al proceso, ya que no es más que un corolario del de buena fe con que se supone se actúa en juicio, se debe presumir la autenticidad de las fotografías que se agregan a un expediente. En caso de negativa, es a cargo del impugnante la prueba de la falsedad o trucaje. (…) Se ha resuelto en sentido coincidente que quien desconoce las fotografías debe otorgar seriedad a su planteo ofreciendo una contraprueba pericial de suficiente entidad como para desbaratar las de su adversaria (CNCiv., Sala M, 24-10-97, “Grimaldi Garuti c/ Massey”, R. 220.007).” (Trib. cit., “Suárez, Norma C. c/ Cons. de Prop. de Calle Ceballos 385”, del 09.03.2010, La Ley On Line, AR/JUR/26641/2010)”, citado por esta Sala, en causas nº 54339, “El 34899…” del 21.12.10; n° 59348, “Piriz” del 10.02.15.; n° 60.274, “Jano”, del 12.11.15., entre otras).
A lo dicho cabe sumar que, en el caso de autos, la actora afirmó en la demanda que tomó las fotografías en oportunidad de concurrir al campo junto a dos ingenieros agrónomos de la firma demandada (fs. 33vta.). Estos profesionales declararon como testigos (fs. 167/168 y fs. 169/170) y quien lo hizo en segundo término -Ing. Ricardo Silvestro- mencionó que al recibir el reclamo fueron al campo junto con el cónyuge de la actora (también Ingeniero Agrónomo) y el Ing. Lacoste, lo recorrieron, y sacaron algunas fotos (fs. 169vta., respuesta a la 4ta. pregunta). Así las cosas, si por hipótesis las fotografías obrantes a fs. 16/18 hubieran sido falsas, la demandada se habría encontrado en inmejorables condiciones para alegarlo y probarlo, recurriendo -verbigracia- a la mera declaración de esos dos testigos, que aseveraran tal extremo y dieran las explicaciones del caso.
Por lo expuesto, este agravio ha de ser desestimado.
iv. Tal como fuera anticipado, la accionada también se agravia por el hecho de haberse dado por sentado que la semilla sembrada por la actora fue la vendida por su parte pese a que, su entender, no existen elementos de prueba que permitan tener por acreditado tal extremo.
Como punto de partida, es dable señalar que la Sra. Juez de grado puso de resalto esta circunstancia en distintos pasajes de la sentencia, en estos términos: “(u)na breve aclaración merece ser efectuada. Más allá de la identificación a un número de lote que pudieran contener, es dable destacar que no existe manera fehaciente de acreditar que los análisis se hicieron sobre las semillas en cuestión. De hecho, no puede saberse a ciencia cierta si el primer resultado que realizó el Laboratorio “CANAGRO” el 08 de agosto de 2014 encomendado por AGRONOMÍA OLAVARRÍA fue realizado sobre las semillas que días más tarde le vendió a RINDES Y CULTIVOS DAS S.A. ni tampoco que el primer análisis encomendado por la actora en el mes de noviembre de 2014 lo haya sido sobre las semillas vendidas. Por último, y pese a los dichos de la actora y a la participación de un notario en la extracción de las muestras para el último análisis (realizado en el Laboratorio “CANAGRO” en febrero de 2015) tampoco puede acreditarse que el contenido de dichas bolsas resulte coincidente con las semillas vendidas. Y ello así porque para proceder al tratamiento de las semillas con el curasemillas CONCEPT – circunstancia reconocida, aunque discutan dónde se llevó a cabo ese proceso y quién lo realizó-, las bolsas deben ser abiertas y ya se pierde necesariamente la certeza pretendida. Ello no obsta a que no pueda hacerse mención a dichos Análisis, pero lo destaco para hacer notar que la misma incertidumbre pesa sobre los tres estudios de laboratorio.” (textual de fs. 214vta./215; ver también fs. 215, considerando V, primer párrafo).
Esta advertencia que contiene el fallo permite arribar a una primera conclusión: si bien esa falta de certeza es real, la misma afectaría por igual a la actora y a la demandada, ya que -como lo señala la Sra. Juez de grado- tampoco podría aseverarse que el primer informe de laboratorio, que la accionada trae en sustento de su defensa, se hubiera realizado sobre las semillas que luego la demandada vendió a la actora.
Ahora bien, al margen de lo anterior, es dable suponer que si la actora adquirió a la demandada la cantidad de semillas necesarias para sembrar 15 has. de sorgo (hecho no controvertido), y luego sembró esas 15 has. de sorgo (hecho que tampoco está controvertido), lo hizo con las semillas que había adquirido a la actora. Caso contrario, deberíamos pensar que la actora sustituyó fraudulentamente esas semillas por otras con menor poder germinativo para autoprovocarse un daño y luego iniciar un reclamo patrimonial contra la demandada, hipótesis que por cierto es muy poco probable y daría cuenta de una conducta altamente reprochable.
Tal como lo explica Isidoro Eisner, los hechos normales no deben ser objeto de prueba. Dentro de ese universo queda abarcada la buena fe, que es presumida por la ley, de modo que quien alega que alguien actuó o se condujo de mala fe debe probarlo. Se trata de un standard jurídico, es decir de un nivel medio de conducta, de comportamiento, de reacciones, que la ley permite a los jueces tener como medida de una conducta normal y, por lo tanto, admitir como cierto sin necesidad de prueba (autor citado, “La prueba en el proceso civil”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, pág. 46).
Nótese que lo dicho en el apartado anterior respecto al valor probatorio de las fotografías se inscribe en la misma línea de razonamiento que emplea Eisner. En efecto, en el precedente de la Cámara Nacional Civil antes citado se habla -para presumir la autenticidad de las fotografías- “… del principio de normalidad aplicado al proceso, ya que no es más que un corolario del de buena fe con que se supone se actúa en juicio …”. Ciertamente, sería anormal y demostrativo de una palmaria mala fe que alguien adjunte a un proceso fotografías que no representan los hechos sobre los cuales se apoya el reclamo, y otro tanto cabría decir de quien sustituye unas semillas aptas por otras defectuosas para así perjudicar al vendedor.
Por lo tanto, concluyo que esta crítica tampoco es de recibo.
v. Por último, la accionada también se agravia por la circunstancia de haberse tenido por cierto que el rinde de las 15 has. fue solo de 225 toneladas de materia seca, pese a que, a su entender, no hay elemento alguno que lo acredite.
En primer lugar es necesario aclarar un error material que contiene el agravio: la Sra. Juez de grado tuvo por acreditado que los actores cosecharon un total de 225 toneladas de materia verde, que luego se conviertieron en 90 toneladas de materia seca. Y, partiendo de la premisa de que el rinde esperable con buenas semillas era de 217,5 toneladas de materia seca, calculó que la diferencia entre el rinde esperable y el rinde efectivamente obtenido fue de 127,5 toneladas de materia seca (considerando VII a fs. 216vta./217). Por eso, es inexacto cuanto se afirma en el agravio respecto a que se tuvo por probada una cosecha de 225 toneladas de materia seca (fs. 254, 3er. párrafo), ya que -reitero- lo que se tuvo por probada fue una cosecha de 225 toneladas de materia verde.
Ahora bien, dado que el agravio puede considerarse subsistente pese a ese error material, ha de tenerse en cuenta que, según los cálculos efectuados por la anterior sentenciante, el rinde efectivo obtenido fue de aproximadamente el 41% del rinde esperable. Este porcentaje es por demás razonable si tenemos en cuenta que el testimonio de los dos ingenieros agrónomos dependientes de la demandada que concurrieron al campo dan cuenta de un rinde muy inferior al esperado, aunque, naturalmente, no lo atribuyen a una mala calidad de las semillas. Así, el Ing. Fabricio Lacoste, manifestó que la actora tuvo un logro “… terriblemente bajo, del 16% sobre las semillas viables.” (fs. 167vta., respuesta a la pregunta 4ta.). A su turno, el Ing. Silvestro afirmó que el accionado sólo logró 35.000 plantas por hectárea sobre 180.000 que eran esperables (fs. 179), lo que implica un porcentaje del 19,44%, es decir, muy inferior al que se tuvo por acreditado.
Por lo expuesto, esta crítica tampoco es de recibo.
b) Abordaré ahora los agravios de la actora.
i. En primer lugar, la Sra. Fal se agravia por el alcance de la condena, es decir, por haberse condenado a la accionada a abonarle a su parte la suma en dinero necesaria para adquirir 127,5 tn. de Materia Seca de Sorgo para el mes de Junio de 2015, o, en su defecto, el precio de las toneladas necesarias de otra semilla que el Ing. Olagaray estime como mejor sustituto del sorgo para el alimento bobino, tomando como referencia para su comparación la energía metabolizable de las mismas. Afirma que el perjuicio que su parte sufrió fue mayor al reconocido en la sentencia, ya que el hecho de no contar con mayor cantidad de alimento se tradujo en una merma en los kilos de carne de la hacienda que se proponía engordar, y fueron esos kilos de carne “en menos” lo que dan la medida del verdadero perjuicio. Agrega que no es exacto que su parte no haya probado ni la cantidad ni las características de los animales que, encontrándose en el establecimiento de su propiedad, fueran los destinatarios de las semillas en la fallida cosecha. También critica al fallo en cuanto a que la Sra. Juez de grado encontró razonable “que las semillas hayan sido reemplazadas por otras semillas del mismo tipo de sorgo o por otro alimento sustitutivo”, explicando que lo primero es imposible porque para cuando se advirtió el defecto de las semillas ya era imposible sembrar otras semillas, y lo segundo le resultaba antieconómico pues hubiera tenido que salir a adquirir a precio de mercado el alimento que, de no ser por la falla de las semillas, hubiera podido producir en su campo con costos mínimos.
Así reseñada la crítica, lo primero que cabe advertir es que la anterior magistrada, al abordar esta cuestión -es decir, la determinación de los daños efectivamente acreditados- empleó dos argumentos sucesivos. El primero, explicitado a fs. 217 y vta., fue del siguiente tenor: “Pero llegados a este punto, puede advertirse que si bien la actora acredita de algún modo que la explotación agropecuaria que realiza con su esposo esté destinada a la actividad ganadera (atento la Ficha ganadera n° 426 expedida por la Oficina de Guías de la Municipalidad de Olavarría, glosada a fs. 155), no se encuentra probada ni la cantidad ni las características de los animales que, encontrándose en el establecimiento de su propiedad, fueran los destinatarios de las semillas en la fallida cosecha. No existe un solo elemento probatorio en autos que permita siquiera inferir cuál era la existencia real de animales en el predio rural de la actora. La Ficha de fs. 155 a la que ya he hecho referencia no puede tenerse como acreditante en tal sentido ya que no especifica el detalle del plantel bobino a esa fecha determinada, ni menos aún el kilaje de los animales. / Adviértase incluso que al formular observaciones al Perito a fs. 187 (quien había señalado que no contaba con el peso de los animales), la actora señala que esa falta de precisión sobre el peso de los animales no era exacta ya que ella en el punto 2) de la demanda (“lucro cesante”) consignó que las raciones perdidas eran para terneros de 200 kg. Sin embargo, sus dichos no fueron -como dije- avalados por ningún elemento probatorio. / Por otra parte, y lo señalo porque el Perito lo indica como una de las variables a tener en cuenta, tampoco se acredita si la cría se realiza en confinamiento o pastando.”. El segundo argumento, vertido a continuación del anterior (fs. 217vta.), textualmente dice así: “Una última cuestión me impide receptar la solución indemnizatoria que propone la actora, cual es que no se acredita la pérdida del peso medida respecto a la expectativa objetiva, siendo razonable (art. 901 a 906 del Código Civil) que las semillas faltantes hayan sido reemplazadas por otras semillas del mismo tipo de sorgo o por otro alimento sustitutivo.”. Esta concatenación de argumentos condujo a la Sra. Juez de grado a afirmar -en el párrafo siguiente- que la justa solución del litigio consistía en condenar a la firma demandada a abonar a la actora la suma en dinero equivalente al precio de 127,5 tn. de Materia Seca de Sorgo para el mes de Junio de 2015, con 2,1 mcal/kg., o, en su defecto, el precio de las toneladas necesarias de otra semilla que el Ing. Olagaray estime como mejor sustituto del sorgo para el alimento bobino, tomando como referencia para su comparación la energía metabolizable de las mismas, con más los intereses moratorios.
Analizando el primero de dichos argumentos a la luz de los agravios, tiene dicho esta Sala (causa n° 55.655, “Vena”, del 08.05.2012, entre otras), que para que el daño sea resarcible se requiere que el mismo sea cierto; y la certidumbre del daño se refiere a su existencia y no a su actualidad o su monto (Acuña Anzorena, en Salvat-Acuña Anzorena, “Tratado, Fuente de las obligaciones”, tomo IV, n° 2729, pág.77, nota 24; Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, 3ª edición, pág.79; Bustamante Alsina, “Teoría general de la responsabilidad civil”, séptima edición, pág.156). Precisa este concepto Zannoni al afirmar que la certeza del daño equivale, pues, a su existencia. La doctrina y la jurisprudencia traducen este requisito como efectividad del daño: el daño debe ser real y efectivo, no meramente conjetural o hipotético (ob. cit. pág.80). En otras palabras, el daño es cierto cuando cualitativamente resulta constatable su existencia, aun cuando no pueda determinarse su cuantía con exactitud (Pizarro-Vallespinos, “Instituciones de derecho privado, obligaciones”, tomo 2, pág.649). De allí que la certidumbre del daño, en suma, constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta también al futuro, una consecuencia necesaria (Zannoni, ob. cit. pág.81).
También decíamos en ese precedente, siguiendo a Zavala de González, que en orden a la prueba del daño «la certeza o realidad del daño atañe no sólo a su existencia, sino también a su composición. Por tanto, no basta la prueba de que se han producido daños, si se ignora qué circunstancias, modalidades y gravedad revisten. Es decir, la carga probatoria sobre el daño debe satisfacerse en concreto, y no de un modo vago, genérico e impreciso». Y agrega esta autora más adelante: «En efecto, constituye una directiva esencial la de que el responsable debe resarcir todo y sólo el daño causado, de modo que interesa cuál y cómo es el daño, y no únicamente si es. En otros términos, el resarcimiento del daño supone que se conozca que éste existe, pero también cómo existe, ya que el ser no puede ser divorciado de su sustancia. Como lo dice Bustamante Alsina: La prueba de la existencia del daño consiste en la determinación ontológica del perjuicio o sea cuál es su esencia y cuál es su entidad» (“Resarcimiento de daños, El proceso de daños”, tomo 3, pág.181).
Aplicando dichos conceptos al caso de autos, entiendo que la primera conclusión a la que arribó la “a quo” es atinada.
En efecto, si bien ha sido acreditado en autos que la actora se dedica a la actividad agropecuaria, y en la demanda se señaló claramente que el alimento estaba destinado al engorde de terneros de 200 kg. (fs. 39), es lo cierto que se podría haber acudido a prueba más directa para acreditar la existencia del daño y así evitar que la misma resulte extremadamente conjetural. No paso por alto que la demanda fue promovida el día 06.07.2015 (fs. 46), por lo que es dable presumir que a esa fecha aún no podía terminar de apreciarse la totalidad del daño, ya que el ciclo productivo de los terneros aún estaba en curso. Sin embargo, perfectamente se podría haber acreditado la existencia misma del daño y su cuantificación con elementos de prueba más directos que los meramente presuncionales. A modo de mero ejemplo, se podría haber requerido al mismo Perito Ingeniero Agrónomo que, teniendo en cuenta lo observado en el campo (para el caso de que los animales aún estuvieran allí), o la documentación contable facilitada por la actora (para el caso de que los animales ya hubieran sido comercializados) informara sobre el daño concreto que implicó no contar con el alimento suficiente para su engorde.
Ahora bien, no profundizaré en este primer argumento ni en los agravios dirigidos contra el mismo pues, a mi modo de ver, el segundo argumento vertido por la anterior magistrada es dirimente, aunque para explicar ello se impone efectuar dos aclaraciones previas.
Veamos.
Como ya dijimos, la Sra. Juez de grado afirmó -como segundo argumento- que era razonable que las semillas faltantes hayan sido reemplazadas por otras semillas del mismo tipo de sorgo o por otro alimento sustitutivo (fs. 217vta., anteúltimo párrafo).
Así las cosas, la primera aclaración que cabe efectuar -y en este aspecto se da la razón a la actora- es que en principio podría pensarse que de nada servía reemplazar las semillas de sorgo por otras similares, ya que para cuando se advirtió que el primer sorgo no nacía con la densidad esperable ya era tarde para sembrar un segundo sorgo.
Sin embargo, sí es razonable pensar que la actora pudo haber reemplazado el alimento que pensaba obtener con ese sorgo por otro alimento sustitituvo.
Y aquí se impone la segunda aclaración: de la redacción del anteúltimo párrafo de fs. 217vta., que es el que contiene este segundo argumento, no surge con total claridad si la sentenciante afirma que la actora efectivamente reemplazó el alimento que no obtuvo por otro sustitutivo (lo que se basaría en una inferencia, ya que no hay prueba que lo acredite), o si afirma que la actora debería haber procedido de ese modo. Adviértase que la actora lo interpreta en este segundo sentido, ya que al expresar agravios explica que a su parte le resultaba antieconómico salir a adquirir a precio de mercado el alimento que hubiera podido adquirir en su propio establecimiento a costos mínimos (fs. 242vta.).
Ahora bien, al margen de la duda que plantea la redacción de ese párrafo, y aún cuando lo interpretemos tal como lo hizo la actora, asistiría razón a la anterior magistrada al sostener que la actora debió haber reemplazo el alimento faltante por otro sustitutivo.
En efecto, si bien puede ser cierto cuanto afirma la actora respecto a que a su parte le resultaba antieconómico salir a adquirir a precio de mercado el alimento que hubiera podido producir a menor costo en su propio establecimiento, no es menos cierto que, aún abonando el precio de mercado, el mismo era sensiblemente menor a la ganancia que dejaría de percibir (lucro cesante) por los kilos de carne perdidos. No paso por alto que esta ecuación “costo – beneficio”, en esta materia, no siempre es tan lineal, ya que en determinadas épocas, y en especial cuando el precio de la carne está muy bajo, el costo del alimento puede tornarse muy oneroso. Sin embargo, en general suele ser rentable comprar alimento para engordar los animales, y ello explica la gran cantidad de empresas existentes en nuestra zona que se dedican a la producción y comercialización de tales alimentos. Por lo demás, la propia formulación del agravio abona este razonamiento, ya que si la actora prefiere que se la indemnice en base a los kilos de carne perdidos, y no en base al valor del alimento, es porque lo primero es económicamente más significativo que lo segundo.
Así las cosas, asiste razón a la anterior magistrada al señalar -conforme la interpretación que hemos adoptado- que la actora debería haber adquirido alimento para sustituir el faltante, para de ese modo contribuir a la no agravación del daño.
En efecto, ya bajo la vigencia del Código Civil derogado se afirmaba que sobre la víctima pesa la carga, en aras de su propio interés, de desarrollar un comportamiento tendiente a evitar la continuidad o el incremento del daño que se le ha irrogado, siendo claros ejemplos de ello el de la víctima que se niega al tratamiento médico o que no repara el automotor dañado teniendo medios para hacerlo (Ricardo M. Castro Durán, “El hecho o culpa de la víctima como eximente. La agravación de los daños. La negativa al tratamiento médico. El no arreglo del automotor”, en “Derecho de Daños”, Rubinzal Culzoni, 2006-II, “Eximentes de responsabilidad-II”, pág. 205 y sig.; Jorge Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por Daños”, Rubinzal Culzoni, T. IV, “Las eximentes”, pág. 170, punto 3, “El hecho de la víctima que agrava el daño”).
El nuevo Código Civil y Comercial – que si bien no es directamente aplicable al caso puede ser tomado como doctrina interpretativa o argumento de autoridad, conforme lo señalara la anterior magistrada en el considerando I- dispone en el art. 1710, bajo el título de “Deber de prevención del daño”, que “Toda persona tiene el deber, en cuanto a ella dependa, de: (…) c) no agravar el daño, si ya se produjo.” Conforme lo han señalado distintos comentaristas de la flamante norma, el deber de no agravar el daño pesa tanto sobre el victimario como sobre la víctima, ya que ésta, por imperio del principio de buena fe, debe impedir el agravamiento del daño que ya comenzó a producir efectos nocivos (Jorge M. Galdós, comentario al art. 1710 en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, dirigido por Ricardo Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, T. VIII, pág. 300; Pascual E. Alferillo, “Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético”, dirigido por Jorge Alterini, La Ley, T. VIII, pág. 16).
Como vimos más arriba, uno de los supuestos de aplicación más corrientes de esta doctrina – y que traigo a colación pues mutatis mutandi es aplicable al caso- se verifica en materia de daños a los automotores, ya que se debate acerca de si la indemnización por la privación de uso debe comprender todo el tiempo en el que el vehículo estuvo inmovilizado o solo el estrictamente necesario para su reparación. El primer criterio, denominado “amplio”, entiende que no debe hacerse pesar sobre el damnificado la carga de soportar las erogaciones necesarias para la reparación, máxime que puede no contar con esas sumas; del mismo modo, sus sostenedores también ponderan otras circunstancias, tales como la falta de turnos en talleres, etc….. El segundo criterio, denominado “estricto”, entiende que debe dejarse de lado todo factor ajeno al victimario, tales como la falta de recursos de la víctima para afrontar los arreglos, las demoras de los talleres, la circunstancia de no encontrarse en plaza los repuestos necesarios, etc… Zavala de González proporciona su propio criterio, reconociendo inicialmente que el tema da lugar a reflexiones conflictivas, ya que, por un lado, admite que podría pensarse que el damnificado no tiene la carga de afrontar con sus recursos la refacción del vehículo, por lo que todo el eventual plus temporal de efectiva indisponibilidad debería ser afrontado por el deudor en el cumplimiento de su deber indemnizatorio; pero, por otro lado, también advierte que la operatividad del principio de buena fe robustecería la posición opuesta, ya que podría darse el caso -en esto sigue a Mosset Iturraspe- de víctimas que con su conducta omisiva se mantienen en el daño padecido, no salen de él, provocando su agravación. La valoración de todos estos argumentos llevan a la prestigiosa jurista a decir -en lo que puede afirmarse es su conclusión- que no sería aceptable “cualquier” tiempo de privación de uso, si el exceso guarda vinculación con la postergación en la promoción de demanda, o si el damnificado no arregla el bien dañado a pesar de contar con recursos para ello, o en su defecto, no hace saber a la otra parte que no tiene medios para solventar los gastos (“Resarcimiento de daños. Daños a los automotores”, Hammurabi, 3ra. Reimpresión, págs. 100/109, citado por esta Sala en causas n° 52.167, “Sánchez” del 15.04.09.; n° 60.114 “Moyano” y 60062, “Ferrari” -acumuladas-, del 08.10.15, entre otras).
En este caso, y conforme vimos, la actora no alegó que careciera de recursos suficientes para afrontar la compra de un alimento sustitutivo, limitándose a afirmar que ello le resultaba antieconómico. De ese modo, dejó de desplegar una conducta que podría haber evitado que se incrementara el daño.
Para más, cabe observar que la actora envió una carta documento a la demandada fechada el día 06 de marzo de 2015 (fs. 22), y en la misma directamente intimó a la demandada a abonarle la suma de $ 60.000 “… en concepto de lucro cesante o pérdida de ganancia como resultado de la cosecha a llevarse a cabo en forma inminente …”. De este modo, la actora obró apresuradamente al intimar a la accionada a indemnizar un lucro cesante que aún no se había producido, pues – conforme lo explica la misma actora en la demanda- el sorgo, una vez cosechado, sería picado y acopiado en “silo bolsa” para servir de alimento “durante el invierno 2015” (fs. 33). Queda en claro así que la actora no manifestó carecer de recursos para adquirir el alimento faltante ni solicitó colaboración a la demandada para evitar la agravación del daño.
Por lo expuesto, concluyo que el agravio no es de recibo.
ii. En segundo lugar, la actora se agravia por la omisión de tratamiento de los rubros “gastos causídicos, notariales y de movilidad” y “daño moral” (fs. 244 y vta.).
Siendo exacto que en la sentencia apelada nada se dijo acerca de estos dos rubros reclamados en la demanda, ya que sólo se abordó el rubro “lucro cesante”, corresponde en esta instancia suplir tal omisión (art. 273 del C.P.C.C.).
1. Bajo el título de “Gastos causídicos, notariales y de movilidad”, la actora afirma que ha sufrido innumerables gastos colaterales derivados de la comprobación del estado de las semillas, tales como gastos de movilidad a la fracción rural en varias oportunidades para constatar, gastos de acta notarial, gastos de mediación prejudicial, llamados telefónicos a diferentes productores, etc. Admite que no todos los gastos están documentados, pero afirma que su existencia puede ser inferida. Cuantifica prudencialmente este rubro en la suma de $ 10.000 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse (fs. 38).
Tal como surge del mismo título que la actora empleó para identificar este rubro (“Gastos causídicos, notariales y de movilidad”), en el mismo quedan comprendidos conceptos muy distintos entre sí, la mayoría de los cuales, en principio, integrarían la partida de las costas procesales, por lo que se distinguen nítidamente de los daños y perjuicios propiamente dichos.
En tal sentido, ya hemos tenido oportunidad de decir (causa n° 56.425, “López”, del 19.06.2012), que a partir de Chiovenda se ha demostrado cómo desde el derecho romano hasta las legislaciones modernas se ha venido afirmando lenta y fatigosamente “la naturaleza procesal de la institución de las costas y su autonomía e independencia frente a las reglas del derecho civil sobre el resarcimiento de los daños” (Raimundín, Ricardo; “La condena en costas”, p. 30). Es que “la condena en costas a la parte vencida, importa la aplicación de un principio de derecho procesal y está determinada por razones de idéntica índole: se debe impedir, en cuanto es posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o a defenderse en juicio para pedir justicia” (Chiovenda G. “Ensayos…”, T. II, p. 5, citado por Loutayf Ranea, Roberto; La condena en costas en el proceso civil”, p. 26).
Por tal, con ahínco se ha sostenido que “la condena en costas es un instituto de derecho procesal, sin vinculación alguna con lo civil ni con ninguna otra especialidad o figura jurídica de cualquier orden. Así como la posesión el dominio o la sucesión son figuras puras, peculiares y propias del derecho civil, así la condena en costas es una figura e institución propia y definida del derecho procesal, sujeta a tintes y coloración propias y con su propia esfera de acción, de vida, de aplicación, de fundamento, de naturaleza, de destino. No pertenece al derecho sustantivo, y no puede buscársele allí fundamentos ni analogías; es mezclar dos o más derechos, sacando la institución de su verdadero origen y desenvolvimiento…” (López del Carril, Julio; “La condena en costas”, p. 91 y ss.).
Asimismo, nuestro cimero Tribunal Nacional ha distinguido: “una cosa es el gasto que se ha realizado para dar consistencia al derecho que se reclama, y otra el gasto en sí mismo, basado en el daño que se dice ocasionado. Este sí debe ser reclamado al interponer la demanda, pero no los costos del juicio que sólo serán reembolsables en el caso de resultar ganador quien los efectuó” (CSJN, 11.12.90, LL; 1991-C-291; citado por Loyutay Ranea, Ob. cit, p. 30; esta Cámara, Sala II, causa n° 47.308, “Gauna…”, del 4.11.04).-
Por lo tanto, no cabe en este estado emitir opinión sobre la mayor parte de los conceptos concretos que la actora enuncia en tal capítulo, sino que, al momento de practicar liquidación, dicha parte deberá incluir todos los gastos que a su criterio integran el concepto de costas, con sus respectivos montos, sin perjuicio, claro está, de la facultad que asiste a la contraria de resistir la inclusión de algún/os concepto/s y/o su/s monto/s, en cuyo caso deberá resolverse sobre el particular (doctr. arts. 501, 508, 589 y conc. del C.P.C.C.; art. 51 ley 8904).
Ahora bien, lo antes dicho no es aplicable a los gastos “de movilidad” que se reclaman dentro de ese mismo rubro, ya que claramente no consisten en gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso o que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación (doctr. art. 77 del C.P.C.C.). En efecto, tal como lo afirma la actora, consistiría en un gasto “colateral”, originado por la necesidad de movilizarse hacia la fracción rural “en varias oportunidades” para constatar el estado del cereal, similar a los gastos de traslado en que debe incurrir una víctima de un accidente de tránsito para realizarse curaciones o controles en un determinado centro de salud.
Sin embargo, cabe reeditar aquí lo antes dicho en torno a la necesidad de acreditar la existencia del daño. En efecto, si bien la actora reclama por los gastos de movilidad originados por la necesidad de concurrir “en varias oportunidades” a constatar (se sobreentiende que el estado del sorgo), nada dice en la demanda sobre algunos aspectos que serían dirimentes para evaluar la procedencia de este rubro, como es, verbigracia, qué distancia hay entre el domicilio de los actores y el campo, cómo se trasladan hasta allí, etc.
Por lo demás, del propio relato de la demanda surge que lo plantado con sorgo fueron solamente 15 has. de un campo de mayor extensión en el que había hacienda vacuna, y es sabido que la existencia de hacienda exige un control casi diario, máxime durante los meses de verano, por el riesgo, por ejemplo, de que una bebida deje de funcionar correctamente.
Todo ello me lleva a concluir que este reclamo no se encuentra respaldado por una correcta explicación de los hechos en que se funda ni una suficiente prueba (arts. 330 inc. 4to. y 375 del C.P.C.C.), y que no es razonable suponer que el deficiente nacimiento del sorgo generó en la actora la necesidad de ir con mayor asiduidad al campo, ya que la mera existencia de la hacienda exigía asistir al mismo con regularidad. Por lo expuesto, propicio al acuerdo su desestimación.
2. Como ya fuera anticipado, el restante rubro omitido es el daño moral, que la actora reclamara a fs. 39vta./42.
Previo a adentrarme de lleno en la consideración de este rubro creo necesario efectuar una aclaración previa, que si bien podría haber sido introducida más arriba -ya que, conforme se verá, se refiere a la normativa aplicable al caso- he optado por dejarla para este momento ya que se trata de una cuestión que la actora trae a colación al denunciar la omisión de tratamiento del daño moral (fs. 244).
En efecto, en el lugar antedicho (fs. 244), la actora alega ser “consumidora”, planteo que ya había introducido en la demanda, donde había invocado la aplicación de la ley 24.240 (fs. 45vta., apartado IX, “Derecho”).
Así las cosas, lo primero que se observa es que dicha afirmación consiste en una expresión aislada, y por tanto no resultaría suficiente para conmover el fallo en tanto resolvió el caso aplicando los Códigos Civil y de Comercio hoy derogados y no así la ley 24.240 (doctr. arts. 260, 261 y conc. del C.P.C.C.).
Ahora bien, del cotejo de autos surge que la cuestión relativa a la normativa aplicable ya se encontraba resuelta, pues previa vista al Sr. Agente Fiscal (fs. 101), y en consonancia con lo por él dictaminado, la Sra. Juez de grado anticipó que al presente caso no era aplicable la Ley de Defensa del Consumidor (fs. 102). Así las cosas, claramente se observa que esta manifestación no es atendible en virtud del principio de preclusión procesal, ya que se intenta volver sobre resoluciones consentidas (art. 36 inc. 1 y cc. del C.P.C.C.; S.C.B.A., «Ac. y Sent.», 1967-II-556; 1958-II-811; Alsina, Tratado, 2ª ed., v. I, pág. 453, nº 17; Podetti, «Tratado de los actos procesales», p. 253, nº 75; Morello y otros, «Códigos Procesales», T. III, pág. 131; esta Sala, causa nº 51.192, “Micale”, entre muchas otras). Tal como lo expresara Couture, prestigioso procesalista tantas veces mencionado cuando debe abordarse el tema, “Transcurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo el regreso” (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág. 197, cit. por esta Sala en causas nº 54957 “Zaffora” del 29.09.2010, n° 56.442 “Seguro de Depósitos S.A.” del 27.03.2012.; n° 57.863, “Hansen”, del 22.10.2013, entre otras).
Por lo demás, y sin perjuicio de lo expuesto, no es ocioso aclarar que esta cuestión no es en modo alguno dirimente para decidir la procedencia del daño moral, ya que el mismo, y a diferencia de lo que ocurre con otros conceptos -como el daño punitivo- no es privativo de las relaciones de consumo.
Despejado lo anterior, sabido es que los arts. 1078 y 522 del Código Civil derogado – aplicable a este caso- se referían al daño moral, y que estas normas eran de aplicación a las órbitas de la responsabilidad extracontractual y contractual, respectivamente.
Ciñéndonos al ámbito contractual por ser el que en este caso nos ocupa, la Excma. Suprema Corte Provincial tiene sentada una pacífica doctrina legal según la cual “En materia contractual -donde resulta de aplicación el art. 522 del Código Civil- el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido. En tal sentido se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios (Ac. 39.185, sent. del 27-XII-1988 en «Acuerdos y Sentencias», 1988-IV-631; Ac. 40.197, sent. del 21-II-1989 en «Acuerdos y Sentencias», 1989-I-149; Ac. 46.042, sent. del 23-IV-1992 en «Acuerdos y Sentencias», 1992-I, 769; Ac. 57.527, sent. del 20-XI-1996; Ac. 58.441, sent. del 30-IX-1997; Ac. 73.965, sent. del 21-III-2001 en «D.J.B.A.», 160, 192)” (C. 89.068 “Flores” del 18.07.07., con sus citas; puede consultarse “in extenso” esta Sala en causas nº 53.580, “Carotti”, del 10.12.09. y n° 53789, “Vicente”, del 13.05.2010, entre muchas otras).
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala tiene reiteradamente dicho que las diferencias de régimen que a primera vista parecerían desprenderse de la distinta redacción de los arts. 522 y 1078 del Código Civil son más aparentes que reales, ya que la primera de esas normas no debe ser interpretada en el sentido de otorgar al Juez facultades arbitrarias para conceder o no la indemnización, de lo que se sigue que de comprobarse una lesión a un interés espiritual (ya sea por prueba directa o por presunciones) el Juez deberá conceder la reparación del daño moral (puede verse in extenso la causa de esta Sala n° 56681, “Armendano”, del 27.09.12., con sus citas, en especial de la S.C.B.A.; ídem Vázquez Ferreyra, “Los presupuestos del deber de reparar”, La Ley 2012-C, 671).
Haciendo aplicación de dicho criterio esta Sala ha considerado procedente el daño moral contractual en una innumerable cantidad de precedentes (vgr. causas n° 53.830, “Augelli”, del 24.02.11., en el que se reclamaba -entre otros conceptos- el daño moral por la privación de uso de un inmueble destinado a vivienda; n° 56003, “Lalli”, del 30.03.12., con ilustrado primer voto de mi estimada colega Dra. Lucrecia Comparato en el que se profundizan diversos aspectos del daño moral contractual; n° 59.268, “Zampieri”, del 22.12.14.).
En el caso de autos, y tal como lo señaláramos en un precedente que tiene algunas aristas similares al presente (causa n° 60.168, “Heim”, del 17.11.2015), entiendo que el menor rinde obtenido en la cosecha puede dar lugar a molestias y preocupaciones, pero no deja de ser una contingencia propia para quien se dedica a esta actividad.
Por lo demás, y a diferencia de cuanto postula la actora, no aprecio que la demandada haya actuado con notoria desaprensión hacia su cocontratante. En efecto, nótese que la demandada había adquirido las semillas a “Agronomía Olavarría” dos meses antes de vender diez bolsas a la actora, y además contaba con el respaldo que le otorgaba el informe de laboratorio obrante a fs. 82, más allá de que éste adolecía de las inconsistencias que luego hizo notar el Perito Ingeniero Agrónomo. Por lo demás, la misma actora admite que una vez puesto en conocimiento de la demandada el irregular nacimiento del sorgo, ésta encomendó a dos Ingenieros Agrónomos que se constituyeran en el campo de la actora para evaluar la situación. Todo ello da cuenta de una respuesta que no resulta desaprensiva, más allá de que una vez tramitado el proceso, y gracias a la intervención de un Perito Ingeniero Agrónomo, se haya podido dilucidar que el problema en la densidad del sorgo sí estuvo determinado por la mala calidad de las semillas.
En consecuencia, también propicio al acuerdo la desestimación de este rubro.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Comparato adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor ESTEBAN LOUGE EMILIOZZI, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo:
I) Confirmar la sentencia de fs. 212/220 en cuanto al progreso de la demanda y su alcance. Ello es consecuencia de haber desestimado los distintos agravios formulados por ambas partes (art. 266 del C.P.C.C.) y de no haber hecho lugar a los dos rubros reclamados en la demanda cuyo tratamiento fue omitido en la instancia de origen (art. 273 del Cód. cit.). Por lo demás, ninguna cuestión relativa a la reconvención fue traída a conocimiento de este tribunal.
II) En cuanto a las costas de Alzada, ha de estarse al resultado del recurso (S.C.B.A., C. 89.530, “Díaz…”, del 25.02.09., entre muchas otras; esta Sala, causa n° 53.223, “Orella”, del 21.10.09., entre muchas otras). En consecuencia, ponderando que medió un vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del C.P.C.C.), pero que quien reviste en mayor grado el carácter de gananciosa es la actora -ya que la demandada pretendía en esta instancia el rechazo total de la demanda-, considero prudente y equitativo distribuir las costas de alzada por la demanda en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora Comparato adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
SENTENCIA
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: I) Confirmar la sentencia de fs. 212/220 en cuanto al progreso de la demanda y su alcance; II) Con costas de alzada -por la demanda- en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada (arts. 68, 71, 273, 274 y conc. del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 8904/77. Notifíquese y devuélvase.
Lucrecia Inés Comparato
Juez
-Sala 1-
-Cám.Civ.Azul-
Esteban Louge Emiliozzi
Juez
-Sala 1-
-Cám.Civ.Azul-
Ante mi
Yamila Carrasco
Secretaria
-Sala 1-
-Cam.Civ.Azul-
Omar, Carlos Ismael c/ Clasificaciones Murphy SRL s/incumplimiento de contrato – Cám. Civ. y Com. Mar del Plata – 09/02/2015 – Cita digital IUSJU001502E
020410E
