Tiempo estimado de lectura 28 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIADefectos de fabricación del automóvil. Fallecimiento de conductor
Se confirma la sentencia que rechazó la demanda promovida por los accionantes con motivo del fallecimiento de su hija y hermana en un accidente de tránsito que, según alegan, se debió a la ruptura de la sujeción de la butaca de la conductora, que rompió el cinturón de seguridad y la arrojó contra el parabrisas.
En Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “TEMPORELLI CARLOS ANTONIO Y OTROS C/GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL S/ORDINARIO”, Expediente N° COM 64851/2007, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden de Vocalías: N° 18, 17 y 16.
Intervienen en este Acuerdo solo los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía N° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1257/1285? El Sr. Juez de Cámara Dr. Rafael F. Barreiro dice:
I. Los hechos
1. CARLOS ANTONIO TEMPORELLI, MIRIAM MARIA OLIVERO y DAVID ANTONIO TEMPORELLI promovieron demanda contra GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL por la suma de $ 420.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse con más sus intereses y costas, en virtud de las previsiones de la Ley 24.240.
Explicaron que el Sr. David A. Temporelli -hijo de los restantes accionantes- adquirió el día 30/07/2004 un automóvil Chevrolet Corsa II GL 0km, que colisionó contra un automóvil Renault 12 dominio … el día 16/01/2005 mientras era conducido por la hermana e hija de los actores, la Srta. Sofía Miriam Temporelli, de 20 años de edad, quien falleció en el acto junto con dos de los ocupantes del otro automotor.
Relataron que al momento del accidente -cuyas causas manifestaron desconocer- la conductora se encontraba en la Ruta Nacional n° 34 entre los kilómetros 269 y 270 en la localidad de Tacural, Provincia de Santa Fe, rumbo a la ciudad de Sunchales, y acompañada por las Srtas. Laura Natalia Bolatti, Liliana Buzzi, Verónica Dagatti y Mariana Dagatti.
Afirmaron que el fallecimiento no tuvo causa directa en el impacto, sino que se debió a la ruptura de la sujeción de la butaca de la conductora que rompió el cinturón de seguridad y la arrojó contra el parabrisas, golpe que le ocasionó la muerte.
Sostuvieron que existía un defecto en los componentes de seguridad del automóvil que deberían haber tolerado un impacto similar al sufrido o aún mayor sin deteriorarse; lo que hacía responsable al fabricante por incumplimiento de los deberes a su cargo.
Aclararon que, al momento del accidente, el automóvil se desplazaba a una velocidad de 80/90 km/h.
Destacaron que el día 04/03/2005 el titular del automóvil remitió CD a la fabricante informándole que el día 18/03/2005 se procedería a realizar una verificación del automotor siniestrado en presencia de un notario y un perito mecánico.
Dicha misiva fue contestada por el apoderado de General Motors, que negó sus términos y solicitó la remisión de los antecedentes previo a la realización de constatación alguna.
Indicaron que el día 18 de marzo se procedió a realizar la peritación, de la cual se labró la pertinente acta notarial, y transcribieron algunas de las manifestaciones hechas por el experto.
Remitieron a las previsiones de los artículos 1°, 3° y 5° LDC relativos a la existencia de la relación de consumo y los principios que consideraron aplicables. Solicitaron la imputación de responsabilidad al fabricante en los términos del art. 40 del mismo plexo normativo. Realizaron una breve consideración en cuanto al plazo de prescripción de la acción.
Solicitaron la indemnización del daño psicológico -por un total de $ 50.000 a razón de $ 20.000 para cada uno de los padres y $ 10.000 para el hermano- y del daño moral -por un total de $ 370.000 siendo $ 180.000 para cada uno de los padres y $ 10.000 para el hermano-.
Ofrecieron prueba.
2. A fs. 44 y 53 ampliaron demanda y acompañaron las fotografías tomadas y el acta notarial de fecha 28/03/2005.
3. GMA contestó demanda a fs. 194/208 y solicitó su íntegro rechazo con costas.
En cumplimiento del imperativo procesal, negó la totalidad de los hechos expuestos en el escrito de inicio, en particular: la existencia de defecto de fabricación alguno y la responsabilidad adjudicada a su parte.
Criticó a los actores en cuanto expusieron, a su entender, una versión falsa e incompleta de los hechos. Dijo que omitieron describir cómo se produjo el accidente y la posible responsabilidad imputable a la Srta. Temporelli y a las ocupantes del asiento trasero del vehículo.
Sostuvo que el choque frontal hacía presumir la culpa de la embistente y que la demanda actual constituía un intento de enriquecimiento ilícito de los accionantes.
Afirmó que el desprendimiento del tornillo de sujeción del asiento delantero habría respondido a la acción de carga recibida de las pasajeras del asiento trasero que, por inercia, impactaron con el asiento de la difunta.
Destacó la función de contención del cinturón de seguridad y el hecho de que las ocupantes del vehículo no lo llevaban puesto -obrar que contraría las advertencias dadas en el manual de propietario del auto-.
Apuntó que, de la constatación hecha por su parte y de la causa penal surgía: a) la existencia y plena funcionalidad de los cinturones de seguridad traseros, así como la falta de uso de los mismos al momento del siniestro; b) el corte del cinto de seguridad delantero no parecía ser por el impacto, sino por un elemento cortante -igual que el de la acompañante-; c) una importante deformación del asiento del conductor por la acción de las personas que viajaban detrás; d) el asiento del acompañante delantero no sufrió tanta deformación y sus fijaciones se mantuvieron intactas; y e) el impacto había sido frontal y sesgado hacia la izquierda.
Postuló que en el accidente no estaban dadas las condiciones mínimas para que los elementos de seguridad del vehículo fueran suficientes, en tanto se trató de un choque frontal a alta velocidad y sin el uso de los cinturones de seguridad.
Adujo que no existía responsabilidad de su parte en tanto no existía un riesgo o vicio de la cosa, sino que además se encontraba acreditada en la causa penal la culpa de la víctima -la maniobra riesgosa de la Srta. Temporelli- y la culpa de un tercero por el que no debe responder -el no uso de los cinturones de seguridad por las pasajeras del asiento trasero-.
Refirió a los resultados arrojados por los test de fábrica que darían cuenta del cumplimiento de las normas para anclaje de asientos y cinturones de seguridad.
Aclaró a continuación que GMA jamás dispuso el recambio de los elementos de fijación de las butacas de ese modelo.
Subsidiariamente planteó la improcedencia del reclamo indemnizatorio.
En punto al daño psicológico criticó a los actores por no haber acompañado diagnóstico médico ni prueba de realización de tratamiento alguno. Asimismo solicitó se lo incluya en el rubro daño moral por resultar una duplicación de indemnización por un único daño.
Pidió que se rechace la indemnización pedida por daño moral por incumplimiento de los requisitos mínimos para su procedencia: prueba de la existencia del daño y comprobantes que permitan cuantificar el daño padecido, hecho que los tornaba inciertos e improcedentes.
Particularmente, respecto del hermano de la difunta, postuló su falta de legitimación activa.
A continuación, requirió que se informe la existencia de seguro sobre el auto a fin de deducir los importes allí percibidos de la indemnización que se disponga.
Solicitó, por último, la citación en garantía de ACE Seguros SA.
4. A fs. 233/237 se presentó la citada en garantía quien reconoció la cobertura contratada por la demandada y solicitó el rechazo de la demanda con costas.
Atento a su falta de participación directa en los hechos que motivaron la demanda, se limitó a realizar una negativa de los mismos y a desconocer el reclamo indemnizatorio intentado. En líneas generales adhirió e hizo suyas las manifestaciones de GMA en el escrito de conteste.
II. La sentencia de primera instancia
A fs. 1257/1285 dictó sentencia el juez de grado quien resolvió rechazar la demanda promovida con costas a los actores.
Liminarmente aclaró que resultaba aplicable al caso la legislación vigente a la fecha del accidente, esto es, el Código Civil de la Nación.
A continuación consideró que la acción se sustentaba en la ley 24.240 y el CCiv. 1078. Indicó que los demandantes no habían demostrado poseer legitimación en los términos del artículo citado; sin perjuicio de ello, en tanto no existía impugnación de la demandada, admitió la capacidad de los padres para demandar por daño moral, rechazando el reclamo incoado por el hermano en este concepto.
Distinguió el daño moral y el psicológico, aclaró que se trataba de dos rubros distintos, pero rechazó la indemnización pretendida por el segundo en tanto no se había acreditado su existencia.
Desestimó el agravio moral pretendido por los progenitores de la Srta. Temporelli por no haber acreditado el vicio de fabricación alegado. Fundó su decisión en los testimonios rendidos en la causa penal y en las conclusiones de la pericia mecánica de fs. 659/712, que -a su entender- no habían sido refutadas.
Finalmente destacó que el fabricante había cumplido con la carga impuesta por el art. 40 LDC para exonerarse de la responsabilidad objetiva, en cuanto probó que la causa del daño le fue ajena y era sólo imputable al obrar de la propia víctima y de los pasajeros transportados.
III. Las quejas
El recurso de apelación interpuesto por los Sres. Temporelli a fs. 1288, fundado mediante el memorial de fs. 1306/1319, fue contestado únicamente por Ace Seguros SA a fs. 1321/1322.
En primer término se quejaron de la valoración de la prueba y de los hechos hecha por el a quo. Consideraron que omitió la aplicación de los arts. 40 y 53 LDC y se limitó a aplicar el derecho de daños.
Aclararon que no se discutía la mecánica del accidente sino la existencia de un vicio en el producto fabricado por la accionada.
Afirmaron que la difunta conducía a plena luz del día a unos 70 kms/h con el cinturón de seguridad debidamente colocado y que el tornillo de sujeción de la butaca del conductor no resistió un accidente a velocidad moderada.
Adujeron que la ruptura del tornillo importó el corte del cinturón de seguridad y que por ello la conductora fue arrojada contra el parabrisas del automotor, golpeó su cabeza contra el mismo y salió expulsada del vehículo, lo que finalmente le ocasionó la muerte.
Insistieron en la existencia de un grave incumplimiento al deber de seguridad por parte del fabricante en el marco de los arts. 40 y 5 LDC.
Sostuvieron que era la demandada la que debía probar, en contra de las presunciones impuestas por la Ley 24.240, la idoneidad de las piezas del rodado siniestrado, su constitución y características.
Transcribieron distintos pasajes del informe glosado al escrito de inicio.
Postularon que del informe del perito podía colegirse que las características del tornillo colocado en el vehículo siniestrado no cumplió con los requerimientos técnicos especificados en la normativa vigente. En el párrafo siguiente aclararon que no quedo acreditada la deficiencia del elemento ni su idoneidad en cuanto a sus características constitutivas y plantearon que era la demandada quien debía demostrar la idoneidad de los tornillos.
Consideraron demostrativas de su posición las convocatorias hechas en los distintos diarios por defectos en otros modelos.
Insistieron en la aplicación del art. 53 LDC y criticaron la remisión hecha por el a quo al art. 377 CPR, al tiempo que solicitaron la aplicación de la presunción del art. 3 de la Ley.
IV. La Solución
1. Las quejas de los accionantes tienden a la revocación íntegra de la sentencia que rechazó su pretensión.
En primer término debo aclarar que nada se dijo en cuanto a la legitimación pasiva del hermano de la difunta, ni del rechazo hecho por el a quo del daño psicológico, por lo que nada se dirá al respecto.
En atención a la íntima relación guardada entre los distintos agravios vertidos, procederé a su evaluación en forma conjunta.
2. El recurso interpuesto por los Sres. Temporelli encuentra su eje en la tutela establecida por la Ley 24.240 a favor del consumidor, en particular: las presunciones probatorias en su favor y las cargas impuestas a los fabricantes y comerciantes en materia de prueba, obligación de seguridad y deber de indemnidad.
En estas condiciones habré de evaluar la existencia o no de incumplimiento adjudicable a la demandada.
3. Es preciso remarcar que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: 1) incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber genérico de no dañar; 2) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza subjetiva u objetiva- para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor; 3) el daño que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y 4) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa fuente de tal daño (CNCom., Sala B, 31.5.2005, “Hildenberg, Olga Sofía y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario”, esta Sala, 27.04.2010, “Lucchini Hernan Ricardo c/ Banco de la Nación Argentina y otro, s/ ordinario”).
Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable, debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que hubo tales eventos, debe estudiarse si media un factor de atribución. Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad (Alterini, Ameal y López Cabana, Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales, páginas 158/59; CNCom., Sala E, 04.05.06, “Balmaceda, Brenda c/ Banco Francés SA s/ ordinario”; íd., Sala F, 20.5.2010, “Rubio, Hugo Roberto c/ Banco Río de La Plata SA, s/ ordinario”).
La acción, conducta o comportamiento, genera responsabilidad civil, sin perjuicio de los restantes elementos o presupuestos, cuando es antijurídica, es decir, contraria a derecho.
La existencia de un obrar antijurídico atribuible al sujeto demandado es el primer extremo que debe constatarse a la hora de juzgar sobre la responsabilidad. Es que su inexistencia hace caer todo el resto de los elementos.
La mera existencia de un daño sin un incumplimiento o acción antijurídica que le de origen lo saca de la órbita del daño resarcible.
El onus probandi corresponde al actor en la demanda resarcitoria. Debe demostrar que el hecho pertenece al accionado, es suyo (mismidad) e igualmente su contradicción con el ordenamiento jurídico. El demandado mejorará su posición en el proceso si aporta una contraprueba: falta de mismidad, causa de justificación, etc (Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A., Responsabilidad por daños, T. I, p. 549, Rubinzal – Culzoni Editores, Sta. Fe., 2016).
4. Adelanto desde ya que disiento con las quejas plasmadas por el accionante en punto a la comprobación del incumplimiento imputado a la demandada.
Recuérdese que la acción se promovió por los daños y perjuicios derivados de un supuesto defecto de fabricación que llevó a la muerte de la Srta. Temporelli.
Considero que las demandantes pretenden, injustificadamente, la aplicación de presunciones probatorias en abierta contradicción con las probanzas efectivamente producidas en la causa.
Una detenida lectura de la prueba pericial aquí producida permite desechar las afirmaciones de la actora en punto a: la existencia de un vicio en el producto; la falta de resistencia del tornillo de las consecuencias típicas de un accidente a velocidad moderada; la ruptura del cinturón de seguridad por la acción del asiento; y la incompatibilidad del tornillo con la legislación vigente.
Véase que, tal como apunto el a quo, la pericial en ingeniería mecánica obrante a fs. 659/712 resulta clara y contundente respecto a la inexistencia de la infracción imputada, en tanto se dijo que:
– Era posible afirmar que los tornillos de sujeción de los asientos delanteros satisfacían los requerimientos de resistencia a los que se encuentran sometidos en el servicio en un automóvil Chevrolet Corsa (v. fs. 672).
– No era posible aseverar que el tornillo se haya roto por un defecto de fabricación, y que había que tener en cuenta que el asiento recibió una carga adicional como consecuencia de soportar las fuerzas inerciales de las pasajeras del asiento trasero (v. fs. 673).
– Partiendo de las declaraciones testimoniales puede presumirse que el automóvil circulaba a una velocidad aproximada de 100km/h y que disminuyó su velocidad antes de chocar pudiendo haber rondado su velocidad en los 70km/h al momento del impacto (v. fs. 674/678).
– “…el automóvil y sus ocupantes fueron sometidos a una desaceleración media equivalente a 22 veces la aceleración de la gravedad. En término de fuerzas inerciales significa 22 veces el peso propio de los cuerpos afectados” (v. fs. 679).
– “En el asiento trasero ninguno de los cinturones fueron utilizados, ello se corrobora porque los mismos no evidencian rastros de estiramiento o fricción y por la declaración de Verónica Dagatti que expresamente manifiesta que ella no se colocó el cinturón” (v. fs. 685).
– “Las pasajeras que ocupaban el asiento trasero, al no tener colocados los cinturones de seguridad respectivos, impactaron contra los respaldos de los asientos delanteros y en el caso de la ocupante del asiento central, también fue proyectada contra el parabrisas, golpeando al mismo con su cara”.
– El impacto de las pasajeras traseras se centró en el sector izquierdo del automóvil, quienes aplicaron una fuerza sobre el asiento delantero que debió ser soportado por los anclajes (v. fs. 681/682). Por lo que “el asiento delantero izquierdo debió soportar las fuerzas inerciales producidas por su propia masa y la conductora (lo cual habría sido lo correcto), adicionándosele una sobrecarga equivalente a una persona y media que comparativamente suman un peso superior al con la máxima desaceleración prevista por la ley” (v. fs. 686).
– El anclaje trasero izquierdo debió soportar un esfuerzo de tracción vertical superior a los 2000 Kgr lo cual originó su desprendimiento. “Una vez desprendida la parte posterior de la guía izquierda del asiento toda la fuerza se transmitió al tornillo delantero y al levantarse dicha quía por haberse soltado, se produjo una palanca sobre el tornillo delantero que lo dobló y partió” (v. fs. 689).
– “Basado en el aspecto del cinturón de seguridad no se puede asegurar que se trate de una rotura por tracción” (v. fs. 689), “Si Sofía fue despedida por el choque, necesariamente el cinturón debió romperse (…). Por lo tanto a criterio del suscripto, es altamente probable que Sofía Temporelli haya sido rescatada y que (…) el cinturón haya sido cortado por los bomberos” (v. fs. 690).
Cabe destacar en esta instancia que no existe una discordancia entre las opiniones del experto y las hechas en el informe acompañado a la demanda. El instrumento en cuestión afirma que fue de fundamental importancia en el desenlace fatal la defección de la fijación del asiento, y tal cuestión no estaría cuestionada o negada por el dictamen de fs. 659 y ss. El tema aquí consistía en determinar a quién resultaba imputable la ruptura de esa sujeción, que según el perito oficial ese no es el fabricante sino las pasajeras del asiento posterior que sobrecargaron dicho agarre más allá de su tolerancia.
Por último, debe aclararse que en nada aportan las publicaciones periodísticas para el recall de productos por problemas con una pieza de sujeción, en tanto resultan ser posteriores al accidente, por modelos de los años 2008/2009, y la dirección de defensa del consumidor que informó que no existieron recalls para los modelos corsa del año 2004 (v. fs. 326/327).
5. Ahora bien, es sabido que, como principio el cpr. 377 pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se coloque dentro del proceso (CNCom., Sala A, 14.6.07, “Delpech, Fernando Francisco c. Vitama SA”, entre otros). La consecuencia de esta regla es que quien no ajuste su conducta a esos postulados rituales debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCiv., Sala A, 1.10.81, “Alberto de Río, Gloria c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, íd., Sala D, 11.12.81, “Galizzi, Armando B. c. Omicron SA”; íd., 3.5.82, “Greco Jospe c. Coloiera Salvador y otro”; CNCom., Sala A, 12.11.99, “Citibank NA c. Otarola Jorge”; íd., “Filan SAIC c. Musante Esteban”, Sala B, 16.9.92, “Larocca Salvador c. Pesquera Salvador”; íd., 15.12.89, “Barbara Alfredo y otra c. Mariland SA y otros”; Sala E, 29.9.95, “Banco Roca Coop. Ltdo. c. Coop. De Tabacaleros Tucumán Ltda., esta Sala, 27.4.2010, “Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de La Nación Argentina y otro, s/ ordinario”, íd., 16.11.2010, “Pugliese Hnos. S.H. de J. L. Pugliese y Damiano Pugliese c/ Refinería Neuquina SA, s/ ordinario”; íd., 18.11.2010, “Belli y Compañía SA, c/ Seguettis SRL y otro, s/ ordinario”; íd., 28.06.2011,“Mazzei, Juan Carlos c/ Boix Vargas Carlos Alberto, s/ ordinario”).
La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.
Las reglas de interpretación hasta aquí referidas, han sufrido profundas modificaciones desde su elaboración.
En primer término las modernas tendencias probatorias han aceptado que ambas partes deben contribuir a conformar el plexo probatorio, y pone la carga de la acreditación sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo.
Superándose el sistema de las reglas clásicas absolutas -estáticas- en la materia, poniéndose en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla; sin preceptos rígidos en la búsqueda de la solución justa, según las circunstancias de cada causa (v. Peyrano, Jorge y Chiappini, Julio, Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas, ED. 107- 1005), doctrina que puede entenderse asumida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar la necesidad de “valorar la conducta asumida por las partes en el proceso” (Fallos 311:73) y “que las reglas atinentes a la carga de la prueba, deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal” (C.S.J.N., “Gallis de Mazzucci, Luisa c/Correa, Miguel y otro” del 06.06.2001, LL 2001-C, 959).
Así expuesta, esta teoría sencillamente significa que deben aportar las pruebas al juicio los sujetos que se encuentren en mejor posición para hacerlo, o en posesión de los elementos respectivos, y sin escudarse en el principio o la garantía constitucional de la defensa para negar los respectivos hechos y los elementos que los corroboran (en este sentido, Gerscovich, Carlos G., Consumidores bancarios. Derechos económicos de los bancos y sus clientes, pág. 498, Abeledo Perrot, Bs. As., 2011).
Ahora bien, como he dicho, la valoración y la carga de la prueba ha sido alterada nuevamente con la sanción de la Ley 24.240.
El carácter tuitivo de la norma vino a agravar la carga que pesa en cabeza del proveedor de bienes y servicios. En este punto dispone el art. 53, 3er párrafo que: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
Cabe aclarar aquí que el mentado precepto no importa eximir al consumidor de acreditar mínimamente los hechos alegados y delegar la prueba en el proveedor (mi voto en esta Sala, “Gaute Carlos Agustín c/Falabella SA y otro s/ordinario” del 01/09/2016).
En este orden de ideas, cuando como en el caso, existe prueba pericial que aporta a la solución del litigio, el tribunal debe favorecer la práctica de la misma y acordarle preeminencia sobre los restantes medios, con arreglo a los métodos más seguros que se conozcan al momento, y atenerse sobre tales premisas a sus resultados cuando ningún otro elemento conocido permita dudar seriamente de la solvencia de los estudios, sin perder de vista la prueba indiciaria en tal contexto (Jorge L. Kielmanovich, “Teoría de la prueba y medios probatorios”, Tercera edición ampliada y actualizada, ed. Rubinzal – Culzoni, pág. 82 y ss., Buenos Aires, 2004).
Es que, para efectuar un apartamiento del dictamen pericial contable, es necesaria la existencia de otros elementos en la causa que permitan concluir el error o el inadecuado uso de los conocimientos técnicos aplicados por el experto, circunstancias que no concurren en el caso (CNCom., Sala B, 25.06.87 “Urbano Raúl c/ García Omar”).
Agrego que, como pauta de interpretación general que rige esta materia, si los datos brindados por la perito no son compartidos por los litigantes, deben estos probar la inexactitud de lo informado, resultando insuficientes las meras objeciones, pues es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados (CCiv. y Com. Mar del Plata, sala II, 07/06/05, “Esso SAPA c/ Norpetrol SA”, LLBA 2005-1260). Y en este trámite, más allá de las inconducentes explicaciones pedidas por la actora, que no significaron ningún aporte relevante, nada se comprobó en punto a la exactitud de la conclusión a que llegó la perito.
Y aunque el experto desarrolle conclusiones personales, si sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que ha tenido en cuenta y se apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos, quedará satisfecha su labor como auxiliar de la justicia a la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia (CSJN, 01/12/92, “Pose, José Daniel c/Chubut, Provincia del y otra s/daños y perjuicios”, Fallos 315:2834, cons. 5°; esta Sala, 02/09/10, “Vecor Internacional SA c/Shell Compañía Argentina de Petróleo SA s/ordinario”). Por tal motivo, no corresponde desechar el asesoramiento pericial cuando éste carece de deficiencias, no siendo razonable descartar la idoneidad probatoria del informe. Para ser atendible, la impugnación de la pericia debe tener suficientes fundamentos para evidenciar la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen (CNCom., Sala B, 10/10/06, “Peñaflor S.A. c/Del Virrey SRL”, LL 2006-F-743).
Consecuentemente, las conclusiones expuestas por el experto en ingeniería mecánica no han sido desvirtuadas por los accionantes, quienes pretendieron el apartamiento de las mismas en base a meras presunciones legales y alegaciones subjetivas.
6. Así las cosas, en nada obsta a la solución propuesta las prescripciones tutelares de la Ley de Defensa al Consumidor.
Es que no cabe duda que el contrato que vinculó a las partes encajaría dentro la categoría de relación de consumo, sin embargo, en el caso no se logró acreditar incumplimiento alguno a las obligaciones contractual y legalmente asumidas por el proveedor (arts. 5 y 6 LDC); de hecho, se ha demostrado fehacientemente el correcto cumplimiento de las obligaciones mencionadas, y la ajenidad del daño sufrido (arts. 40 último párrafo y 53: 3er párrafo) (mi voto en esta Sala en “Orozco Sergio E c/General Motors Argentina SA y otros s/sumarísimo” del 01/09/2016).
Ergo, el agravio ha de ser desestimado.
7. Los accionantes no se agraviaron en forma expresa de la imposición de costas hecha en primera instancia, y simplemente se limitaron a considerar -dentro del relato de sus agravios- que la condena en costas importó un castigo a su parte con montos regulatorios exorbitantes.
En atención al modo en que ha sido resuelta la cuestión, las costas de ambas instancias serán soportadas por la parte actora. Es que, la condena en costa al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr. 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma no se trata de un “castigo injustificado”, sino que debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.
Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom., Sala B, 28/3/89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom., Sala B, 12/10/89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”; esta Sala, 11/10/11, “Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario”; íd., 10/07/12, “Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario”, íd., 25/10/12, “Massa José Luis y Otro c/Standard Bank Argentina SA s/Amparo”, íd., 14/03/2013, «Mielke Daniel Alberto c/Grove Felipe Rolando y otro s/ordinario»).
V. Conclusión
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguida colega, propongo al Acuerdo: a) rechazar las quejas vertidas por los Sres. Temporelli, b) confirmar la sentencia de grado; y c) imponer las costas de ambas instancias a los actores vencidos (arg. art. Cpr. 68).
Así voto.
Por análogas razones la Dra. Alejandra N. Tevez adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Alejandra N. Tevez
Rafael F. Barreiro
María Florencia Estevarena
Secretaria
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017.
Y Vistos:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: a) rechazar las quejas vertidas por los Sres. Temporelli, b) confirmar la sentencia de grado; y c) imponer las costas de ambas instancias a los actores vencidos (arg. art. Cpr. 68).
II. Honorarios.
1. En virtud de los recursos que han sido incoados en relación a los estipendios fijados en la instancia anterior, atento el mérito de la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, así como la naturaleza y monto del proceso -computándose los intereses como integrantes de la base regulatoria (conf. esta Sala «Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario», del 01/04/14)-, estando apelados solo por bajos se confirman en cien mil pesos ($ 100.000) los honorarios regulados a favor de los letrados apoderados de la tercera citada en garantía Dres. Fernando Artigas y Lucrecia Poma en forma conjunta. Asimismo, por la incidencia que fuera resuelta a fs. 1207, estando sólo apelada por altos, se confirman en diez mil pesos ($ 10.000) los estipendios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Abel Alejandro Cagnone y por la actuación de Alzada que motivó la resolución que antecede, se fijan en veinticinco mil pesos ($ 25.000) los honorarios del doctor Fernando Artigas (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 19, 14, 33, 37 y 38).
2. De acuerdo -en lo pertinente- con las pautas ut supra consideradas y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, estando sólo apelados por bajos, se confirman en ciento setenta mil pesos ($ 170.000) los estipendios del perito ingeniero Jorge E. Montiel Barbará (Dec. Ley 16.638/57: art. 3 y ccdtes./ Cpr.: 478, 1er. párr.; introducido por ley 24.432).
III. Verifíquese en la instancia anterior el cumplimiento del pago de la tasa de justicia que corresponde en estas actuaciones.
IV. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía N° 17 de esta Cámara (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Alejandra N. Tevez
Rafael F. Barreiro
María Florencia Estevarena
Secretaria
021904E
