En el marco de una causa donde se imponen sanciones de multa a entidades financieras por encontrarlas incursas en infracción a los arts. 2, 4, 8 bis, 10 bis y 19 de la Ley 24.240, se dispone anular el procedimiento y ordenar la citación de los consumidores damnificados -que asumieron el doble rol de denunciante y parte-, y que resultaron acreedores del resarcimiento en concepto de daño directo fijado en el acto administrativo, pues no se los puede privar de la posibilidad de tomar intervención en el marco del proceso anulatorio de los actos que les reconocen un derecho personal, toda vez que estos pueden verse amenazados por una demanda en contra de la ejecución del acto que los favorece.
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