Se resuelve que los casos graves de corrupción contra el Estado constituyen delitos de carácter constitucional y, por ende, resultan imprescriptibles en virtud de lo normado por el art. 36 de la Constitución Nacional. Por ello, por mayoría, se revocó la resolución que había declarado extinta por prescripción la acción penal en un emblemático caso de corrupción ligado con el proceso de informatización de la antigua DGI.
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