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JURISPRUDENCIAAlimentos. Nuevo Código Civil. Derecho de defensa
Se resuelve rechazar la demanda de alimentos de la actor, sin embargo, la imposibilidad de ventilar adecuadamente la nueva pretensión ante un Tribunal revisor, que podría incluso conculcar el derecho de defensa del reclamado, torna inviable que la nueva pretensión sea decidida -originariamente además- por esta Cámara.
Reconquista, 15 de Diciembre de 2017.
AUTOS Y VISTOS: estos caratulados “E., G. E. C/ B., C. R. S/ ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS”, Expte N° 280 Año 2.016, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 4 de Familia, de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, de los que,
RESULTA: Que mediante sentencia de fecha 21/09/15 (fs. 27/30) la Sra. Jueza de Familia de esta ciudad rechazó el reclamo alimentario efectuado por G. E. E., en su carácter de cónyuge, contra su esposo C. R. B., con costas; y por otra parte condenó a este último a abonar una cuota alimentaria del 30% de sus haberes, con más asignaciones familiares y prestaciones médico asistenciales, a su hijo menor de edad, B. A. B., con costas. Al fundamentar el rechazo de la pretensión de la esposa, la a-quo empezó diciendo que devenía aplicable el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y dentro de éste su art. 432. Entendió que el principio de igualdad en la obligación de asistencia entre cónyuges debía atenuarse cuando la esposa se desempeñó, durante la vida matrimonial, en las tareas del hogar o de cuidado de los hijos, pero que de las constancias de autos no se advertía que la actora se hubiera desempeñado en estas labores. Por el contrario -prosiguió- fue la propia E. quien manifestó ser empleada doméstica “y así los deberes de asistencia y alimentos deben determinarse de conformidad con tal distribución de roles de cada uno de los esposos; por lo que no corresponde establecer cuota alimentaria para la esposa atendiendo a que el sostenimiento económico de la familia era asumido por ambos esposos” (fs. 28). Finalmente, juzgó además que la actora no acreditó su falta de recursos.
Que E. apeló el fallo que le fuera adverso y aquí funda su recurso. Esgrime que es cuestionable que se aplique el C.C.C.N. puesto que su aplicación inmediata encuentra un valladar en lo que respecta a los derechos amparados por garantías constitucionales. Entiende que su derecho alimentario constituye un derecho adquirido antes de la entrada en vigor del nuevo código; que “no representa una consecuencia emergente de una situación anterior, sino una situación jurídica en sí aunada al vínculo matrimonial” (fs. 50 vta.); y que hay que estar al derecho vigente al momento de interposición de la demanda. Por otro lado, se agravia por el criterio de la sentencia en crisis en la aplicación del art. 432 C.C.C.N. al caso. Expone que bajo ningún punto de vista se puede considerar que el carácter de empleada doméstica sin registración la haya colocado como sostén económico familiar a la par del demandado, habiendo afirmado en la demanda (incontestada por B.) que lo que ganaba era insuficiente y que debía recurrir a familiares por ayuda económica. Concluye que es absolutamente erróneo parangonar su situación con la del demandado, quien sí tiene salario fijo, lo que devela el carácter arbitrario de la resolución apelada. Seguidamente la recurrente denuncia como hecho nuevo habilitante de la apertura a prueba (art. 369, inc. 1° del C.P.C.C.) el padecimiento de una enfermedad neurodegenerativa crónica: “miastenia gravis”, la que se caracterizaría por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo. Alega que se trata de un hecho nuevo ante la aplicación del nuevo código (según la a-quo), lo que aparejó una restricción normativa de su derecho alimentario que no fue, por una cuestión temporal, visualizada al momento de la demanda y el consecuente ofrecimiento probatorio. Refiere concretamente al art. 434 inc. a) del C.C.C.N..
Que corrido el traslado de ley B. defiende la aplicación del nuevo código de fondo, la conclusión de la sentencia alzada y se opone a la apertura a prueba en relación al supuesto hecho nuevo (que no es tal, según su criterio). A su vez, el apelado denuncia como hecho nuevo sobreviniente la extinción del matrimonio a raíz de la sentencia de divorcio de fecha 25/07/16, lo que conlleva la cesación de la obligación alimentaria entre los cónyuges.
Que del hecho nuevo alegado por B. se corrió traslado a E., quien reconoció el divorcio aunque se opuso a las implicancias jurídicas que su ex marido pretendió atribuirle (fs. 67).
Que por Presidencia no se hizo lugar a la apertura de la causa a prueba solicitada por la actora y se pasaron los autos a resolver, lo que se encuentra firme. Y,
CONSIDERANDO: Que el recurso de nulidad no ha sido sostenido en esta alzada, y como tampoco se advierten vicios de gravedad que justifiquen su tratamiento oficioso el mismo habrá de desestimarse.
Que las “sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso…, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión… deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir…” (C.S.J.N., 18/10/16, B., O.F. vs. N., V.C., RC J 5709/16)
Que la sentencia traída a revisión fue dictada cuando el matrimonio entre E. y B. aún subsistía, lo que ha cambiado después con la resolución del 25/07/16 (fs. 60/62). De tal guisa, nos encontramos ahora ante una situación fáctica distinta a la tenida en cuenta por la Jueza de Familia al resolver la cuestión litigiosa, lo que torna inconducente el tratamiento de los agravios en torno a la correcta o incorrecta aplicación de la nueva ley civil en el tiempo para aquella situación fáctica pretérita, o los que apuntan a la valoración del derecho de la apelante como esposa (o sea, aún casada) a percibir alimentos.
Que por otro lado, como la extinción del vínculo matrimonial se dio en plena vigencia del Código Civil y Comercial, el eventual derecho a alimentos posteriores al divorcio cae indudablemente en su ámbito temporal de aplicación, derecho que se encuentra regulado en el art. 434 de dicho cuerpo legal.
Que anticipando esta situación, la recurrente planteó al expresar agravios su derecho a percibir alimentos en base al padecimiento de una enfermedad grave prexistente al divorcio (art. 432 inc. a) del C.C.C.N.), es decir con un fundamento fáctico y normativo totalmente distinto al esbozado en la demanda inicial. Sin embargo, la denegación de la apertura a prueba en segunda instancia (que fuera consentida), así como la imposibilidad de ventilar adecuadamente la nueva pretensión ante un Tribunal revisor, lo que podría incluso conculcar el derecho de defensa del reclamado, tornan inviable que la nueva pretensión sea decidida -originariamente además- por esta Cámara.
Que ello no obsta que E. inicie una nueva acción tendente al cobro de una cuota alimentaria post divorcio con la amplitud de debate que la cuestión amerita.
Que lo dicho hasta aquí nos lleva a confirmar la sentencia a-qua en cuanto rechaza la demanda de alimentos de la actora, aunque por diversos argumentos y sin que ello impida el inicio de una nueva acción, tal como se expresó. A su vez, el cambio de las circunstancias señaladas no permite considerar que haya un vencedor y un vencido, en tanto la revisión de la sentencia en crisis no se efectúa en base a las antiguas circunstancias y las nuevas ameritan un debate más amplio, razón por la cual las costas de ambas instancias serán soportadas por su orden (art. 250 del C.P.C.C.).
Que por ello, la
CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Confirmar por los argumentos y con la extensión que surgen de los considerandos el rechazo de la demanda de alimentos de E.; 3) Modificar la imposición de costas de primera instancia por el referido rechazo e imponerlas, así como las de esta instancia, en el orden causado; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el … % de los que correspondan por su actuación en Primera Instancia.
Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.
DALLA FONTANA
Juez de Cámara
CHAPERO
Jueza de Cámara
CASELLA
Juez de Cámara
ALLOA CASALE
Secretaria de Cámara
(*) Sumarios elaborados por Juris online
028901E
