Se confirma la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, condenó a la obra social demandada a mantener en forma definitiva a una jubilada como afiliada titular, con los aportes que realice la accionante de conformidad con lo establecido por los artículos 16 de la ley 19.032 y 20 de la ley 23.660. Asimismo, se aclaró que no constituía obstáculo a la opción del afiliado el hecho de que la obra social no se encontrase inscripta en el registro de prestadores creado por los decretos 292 y 492.
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