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JURISPRUDENCIACobro de pesos. Empresa de envíos de dinero al exterior. Pago a la persona equivocada. Daños y perjuicios
Se mantiene el fallo que hizo lugar a la demanda por cobro de pesos, pues surge probado que el dinero enviado por el actor a la ciudad de Grecia a través de la demandada no fue retirado por el beneficiario autorizado para ello, por lo que la invocada eficacia, reserva y seguridad del sistema de envío de dinero por sí sola se presenta inidónea para eximir de responsabilidad a la demandada por el incumplimiento de sus obligaciones.
En Buenos Aires a los seis días del mes de febrero de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “LEMUS MARCELO ENRIQUE CONTRA WESTER UNION FINANCIAL SERVICES S.R.L. SOBRE ODRINARIO” EXPTE. N° COM 1176/2016; en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: N° 16, N° 18 y N° 17.
Intervienen sólo los doctores Alejandra N. Tevez y Rafael F. Barreiro por encontrarse vacante la vocalía N° 17.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 135/140?
La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:
I. Antecedentes de la causa.
a. Marcelo Enrique Lemus (en adelante, “Lemus”) inició demanda contra Wester Union Financial Services S.R.L. (en adelante, “Wester Union SRL”) reclamando $103.753,42 intereses y costas.
Explicó que el 22.3.11 suscribió el formulario N° 1 4363796 y entregó a la demandada la suma de u$s 6.800 para que fuera retirada por su hijo Joaquín Lemus en la ciudad de Atenas, Grecia, sitio al que según dijo, viajaría en los siguientes días. Aclaró que el monto sería convertido a Libras Esterlinas al momento de ser retirado dado que luego viajaría a la ciudad de Londres.
Continuó relatando que con el objeto de corroborar el estado del depósito con anterioridad a la partida de su hijo, el 23.3.11 verificó el TCN N° … (Money Transfer Control Number), oportunidad en que advirtió que allí figuraba que la persona designada para retirar el depósito había percibido la suma de £ 4.644,53. Aclaró que no resultaba posible ya que su hijo aún no había salido del país.
Explicó que tras ello formuló reclamo a la demandada quien ratificó vía fax la percepción del dinero por parte del sujeto autorizado.
Aludió luego a las comunicaciones habidas mediante cartas documento y fax donde la demandada rechazó cualquier incumplimiento contractual.
Fundó la responsabilidad de la demandada, y cuantificó su reclamo en: $28.953,04 por daño emergente, $30.000 por daño moral y $550 por gastos de mediación.
Finalmente ofreció prueba y fundó en derecho su postura.
b. En fs. 59/68 Wester Union SRL contestó demanda.
Inicialmente formuló una negativa general y específica de los hechos narrados por el demandante.
Seguidamente explicó el funcionamiento del sistema de envío y recepción de dinero y las medidas de seguridad adoptadas.
Tras ello reconoció la vinculación con el accionante y manifestó que dio cumplimiento con su obligación al entregar los fondos transferidos a quien, en el lugar de destino y bajo el nombre de Joaquín Lemus, se presentó al cobro con los datos de la operación.
Aclaró que el representante en Grecia no obtiene ni retiene copias de los documentos que son exhibidos al entregar el dinero, sino que solamente procede a verificarlos.
Destacó que sólo el actor y el autorizado al retiro tienen conocimiento de todos los datos de la operación, y en particular el “MTCN”, sin los cuales el agente no puede proceder a la entrega del dinero.
Agregó también que desconoce si quien retiro el dinero se presentó al cobro exhibiendo DNI, Pasaporte u otro documento que el propio actor o beneficiario podría haber deliberadamente hecho llegar a Grecia para que, a través de terceros, llevaran a cabo el cobro y así posteriormente habilitar el presente reclamo.
Rechazó la atribución de responsabilidad e invocó como eximentes la culpa de la víctima o el hecho de un tercero por el cual no debe responder.
Finalmente resistió la procedencia del resarcimiento de los daños invocados, ofreció prueba y fundó en derecho su postura.
II. La sentencia de primera instancia.
La sentencia de fs. 135/140 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Wester Union SRL al pago de u$s 6.800 y $1.895,04, más intereses y costas.
Para así decidir inicialmente refirió, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), que la cuestión debía ser resuelta a la luz del derecho vigente al tiempo en que se sucedieron los hechos.
Seguidamente consideró incontrovertido que el actor efectuó el 22.3.11 una operación de transferencia de fondos por u$s 6.800 con destino a Grecia, en favor de Joaquín Lemos (N° … ), así como que el 23.3.11 la demandada realizó la entrega de £4.644,53.
Tras ello, razonó que Wester Union SRL incumplió con la obligación de entregar los fondos al autorizado, en base a que: i) se encontraba en mejores condiciones de aportar a la causa las constancias de las cuales surgieran los controles que efectuó el operador representante en Grecia antes de proceder a la entrega del dinero; no obstante, fue declarada negligente en la producción de la prueba informativa dirigida a Western Union International Ireland, ii) en la fecha en que fueron retirados los fondos en el extranjero el autorizado se encontraba en el país, y iii) su conducta debe apreciarse en los términos del art. 902 del Código Civil.
Finalmente, admitió el reclamo por daño emergente y gastos de mediación y desestimó el reclamo por daño moral.
III. El recurso.
Contra dicho pronunciamiento apeló la parte demandada en fs. 141 y su recurso fue concedido en fs. 146 y 173.
Los agravios obran en fs. 178/182 y merecieron respuesta en fs. 184/188.
En fs. 191 se llamaron autos para dictar sentencia y en fs. 192 se practicó el sorteo previsto en el Cpr. 268.
IV. Los agravios.
Postuló la demandada en sus agravios que: i) cumplió con todos los recaudos para la entrega del dinero, ii) obró de buena fe, y iii) podría tratarse de una operación fraudulenta.
V. La solución.
a. Primeramente debo señalar que resulta cuanto menos dudoso que los escuetos agravios presentados por Wester Union SRL contengan la crítica concreta y razonada exigida por el Cpr. 265.
Véase que la pretensión de la recurrente traduce una mera disconformidad con la solución del juzgador, que carece de una ponderación analítica y racional de los motivos por los cuales considera aquél desacertadas las conclusiones del pronunciamiento.
Sabido es que no basta la expresión de opiniones divergentes y la protesta dogmática para asumir la carga prevista en la citada norma legal. Ello constituye una modalidad propia del debate dialéctico mas no de la impugnación judicial, por no tratarse de un discurso sistemático que transite desde una premisa hasta su conclusión mediante el examen orgánico de los elementos probatorios traídos a juicio (conf. CNCom.; Sala B, del voto del Dr. Butty in re: “Fila Hnos. Soc. de Hecho c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAIC y G. s/ ordinario” del 14.3.00).
Sin embargo, a los fines de otorgar la mayor amplitud posible al ejercicio del derecho de defensa de la agraviada, habré de examinar el recurso planteado. Así pues, aunque mínimamente, se está discutiendo aquí la lógica interna del fallo (conf. esta Sala “Negretti Daniel Horacio c/ Allergan Loa S.A.I.C. y otro s/ ordinario” del 29.8.13).
b. Recuerdo que cuestionó la demandada que el a quo considerara que no fueron extremados los recaudos necesarios para acreditar la identidad de la persona a la cual se entregó el dinero y que no aportó a la causa constancias de las cuales surjan los controles que efectuó el operador representante en Grecia.
Sostuvo en sus agravios que el sistema con el que opera se presenta eficaz y seguro. Agregó que el formulario a través del cual se envía el dinero contiene un número “MTCN” que individualiza la operación dentro del sistema y que el autorizado a la percepción debe informarlo al agente en destino para poder procesarse la entrega del dinero.
Explicó también que el sistema no permite que un agente pueda ingresar al sistema para buscar una transacción sin contar con dicho número.
Concluyó entonces que la persona que retiró el dinero contó con información que sólo pudo suministrar el accionante.
c. Anticipo que las críticas serán desestimadas.
Me explico. No se encuentra controvertido que el dinero enviado por el actor a la ciudad de Grecia a través de la demandada no fue retirado por Joaquín Lemus, autorizado para ello.
En este cuadro de situación, la invocada eficacia, reserva y seguridad del sistema de envío de dinero por sí sola se presenta inidónea para eximir de responsabilidad a la demandada por el incumplimiento de sus obligaciones.
En efecto. Advierto que el argumento defensivo ensayado se agota en su retórica a poco que se repara que la única prueba ofrecida a tales fines, esto es, la de inspección ocular en sus oficinas para corroborar el sistema cerrado con el que opera (v. fs. 68), fue desestimada en su producción en la oportunidad de proveerse las pruebas ofrecidas (v. fs. 96). Y no fue replanteada en la Alzada en la oportunidad prevista en el Cpr. 260.2.
Lo anterior, lo es sin perjuicio de la valoración que hubiera cabido en torno a la aptitud para acreditar la invocada seguridad del sistema.
d. En otro orden, coincido con cuanto fuera juzgado por el a quo en punto a que la defendida se encontró en mejores condiciones de aportar al proceso las constancias de las cuales surgieran los controles que efectuó el operador representante en la ciudad de Grecia antes de proceder a la entrega del dinero.
Es así que quedaba en cabeza de Wester Union SRL demostrar las circunstancias fácticas o jurídicas sobre las que estructurara su defensa, como lo es, que el agente allí representante cumplió con los recaudos de seguridad.
Y esto es así en tanto que las modernas tendencias probatorias han aceptado que ambas partes deben contribuir a conformar el plexo probatorio, y coloca la carga de la acreditación sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo, superándose el sistema de las reglas clásicas absolutas – estáticas- en la materia, poniéndose en cabeza del litigante que se encuentra en mejores condiciones para producirla; sin preceptos rígidos en la búsqueda de la solución justa, según las circunstancias de cada causa (v. Peyrano, Jorge y Chiappini, Julio, Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas, ED. 107- 1005). Esta doctrina puede entenderse asumida por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar la necesidad de “valorar la conducta asumida por las partes en el proceso” (Fallos 311:73) y “que las reglas atinentes a la carga de la prueba, deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal” (C.S.J.N., “Gallis de Mazzucci, Luisa c/Correa, Miguel y otro” del 06.06.2001, LL 2001-C, 959; conf., esta Sala, “Gaute Carlos Agustin c/ Falabella S.A. y otro s/ ordinario”, del 1.9.16).
No obstante ello, Western Unión SRL desatendió la carga que le pesaba de demostrar que fueron cumplidos todos los controles al momento de proceder a la entrega del dinero.
Lo anterior resulta palmario si se repara que la demandada fue declarada negligente en la producción de la prueba informativa dirigida a “Western Union Internacional Ireland” por medio de la cual requería la remisión de los documentos originales y/o copias certificadas que acrediten la entrega de los fondos enviados por el actor y se informe sobre la autenticidad del formulario de pago (v. fs. 105).
e. En otro orden, postuló la defendida en sus agravios que “si bien no contamos con elementos para acreditarlo, entendemos probable que los hechos y el objeto del reclamo encubran una relación distinta de aquella relatada en la demanda, que involucre a terceros, presuntos partícipes de la maniobra en cuestión”. Agregó que “No es posible a esta parte probar que el supuesto “beneficiario” del envío de dinero haya dejado un documento en Europa en su viaje previo al envío de dinero, pero la posibilidad existe y se ha acreditado a través de la propia documentación aportada por el actor que el pasaporte del supuesto beneficiario corresponde a un duplicado del mismo” (v. fs. 179 in fine).
Primeramente he de señalar que los argumentos ensayados por el recurrente se presentan como una hipótesis meramente precaria y conjetural, además de no importar una crítica concreta y razonada al fallo, tal como refiriera al principiar mi voto (pto. a)
En efecto, el discurso desarrollado trasluce meras suposiciones dogmáticas que se presentan huérfanas de sustento probatorio y que en el marco del presente proceso carecen de entidad para desligar a la defendida de la responsabilidad atribuida.
Repárese que las expresiones empleadas: “probable”, “hipótesis” y “podría” (v. fs. 181); además de formularse en modo potencial, no se refieren a una situación concreta y determinada, sino que aluden a circunstancias que eventualmente podrían ocurrir o haber ocurrido.
De otro lado, si se encauza la invocada intervención de terceros o del propio beneficiario en una maniobra para defraudar como un eximente de responsabilidad de la demandada en base a la culpa de un tercero por quien no debe responder, la solución es la misma.
En este sentido, para que opere la eximente, el hecho del tercero no debe ser imputable al demandado. La prueba se debe orientar a acreditar que su conducta fue extraña a la “producción del hecho determinante del daño, y que el ejecutor y la víctima son elementos de la acción (autor material) y de la recepción (damnificado) de un perjuicio en calidad de involuntarios partícipes del hecho realizado por el tercero, en quién radica, a la verdad, la causa del daño” (conf. Pizarro, Ramón D., en la obra de Bueres-Highton, “Código Civil y Comercial y normas complementarias…”, t° 3A, pág. 573, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, citando a Kemelmajer de Carlucci, en Código Civil y leyes complementarias..:” Belluscio-Zannoni, 1994, t° 5, p. 564).
Es así que para desplazar el centro de imputación hacia el tercero, su conducta no deber ser consecuencia de un hecho imputable a la acción u omisión del demandado, debiendo en consecuencia la prueba de tales circunstancias ser aportada por este último y valorada en forma estricta.
Efectuadas estas breves consideraciones conceptuales encuentro que la endilgada actuación de un tercero y/o del beneficiario del depósito, en el caso, carece de entidad para controvertir la responsabilidad de la demandada.
Y ello es así en la medida que el eventual pago a un sujeto diferente del autorizado permite razonar que, en tal caso, no fueron cumplidas adecuadamente las medidas de seguridad elementales que resultan exigibles a un comerciante especializado en el envío y entrega de dinero (C. Civil: 902).
O, dicho de otra forma: en la hipótesis planteada por Wester Union SRL, su conducta resultó determinante para configurar el incumplimiento en la obligación contractualmente asumida, al entregar los fondos girados a un sujeto diferente del autorizado.
A lo anterior cabe reiterar que la defendida asumió en el proceso una conducta por demás pasiva en materia probatoria al ser declarada negligente en la producción de la prueba informativa dirigida a “Western Unión Internacional Ireland”, como quedó dicho (v. fs. 105).
No obsta a la preanunciada solución la circunstancia de que el duplicado del pasaporte del beneficiario hubiera sido expedido el mismo día en que el actor entregó el dinero a la demandada (v. copia certificada a fs. 22/29). Así en tanto que uno de los principios cardinales que gobiernan las relaciones entre las partes y los terceros es el de la buena fe, por lo que una decisión contraria debió ser acompañada de elementos que permitiesen una valoración en tal sentido, lo que no fue hecho.
Máxime, ponderando la ausencia de denuncia penal que permitiese, en el mejor de los casos, valorar los argumentos vertidos por la defendida.
V I. Conclusión.
Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega del Tribunal, propongo al Acuerdo: i) desestimar los agravios elevados por la demandada, confirmando íntegramente el pronunciamiento de grado, y ii) imponer las costas de Alzada a la apelante, vencida en su recurso (Cpr. 68).
Así voto.
Por análogas razones el doctor Rafael F. Barreiro adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Rafael F. Barreiro
Alejandra N. Tevez
María Florencia Estevarena
Secretaria
Buenos Aires, 6 de febrero de 2018.
Y Vistos:
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) desestimar los agravios elevados por la demandada, confirmando íntegramente el pronunciamiento de grado, y ii) imponer las costas de Alzada a la apelante, vencida en su recurso (Cpr. 68).
II. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía N° 17 de esta Cámara (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Rafael F. Barreiro
Alejandra N. Tevez
María Florencia Estevarena
Secretaria
027745E
