Se confirma el rechazo de la demanda de daños por error judicial deducida contra el Estado provincial, pues más allá de las nulidades decretadas (basadas en la violación del principio de congruencia), la medida restrictiva de la libertad del imputado había sido justificadamente mantenida a la luz de los remanentes elementos de prueba que permanecían vigentes y con los que razonablemente podía presumirse la probable autoría de los hechos ilícitos imputados.
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