Se confirma el rechazo de la demanda de daños por error judicial, pues no hay elementos que demuestren que el trámite integral del proceso penal haya sido el fruto de decisiones incuestionablemente arbitrarias o ilegítimas sino, a todo evento, adoptadas dentro del marco resolutivo discrecional o, aún si se quiere, resoluciones simplemente desacertadas; actuaciones que, para más, fueron revisadas con arreglo a las modalidades instituidas en el Código ritual de la materia.
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