Se revoca la sentencia de Cámara, que había modificado el decisorio de grado y condenado al Gobierno de la Ciudad a arbitrar los mecanismos para proveer al grupo familiar amparista una ubicación habitacional configuradora del derecho a la vivienda adecuada, pues la Sala no tuvo en cuenta que ley no excluye a las personas que carecen del certificado de discapacidad de la tutela consistente en el acceso a un alojamiento, y que por esa vía la ley ha decidido asistir de manera -en principio, permanente- a quien está en una situación de vulnerabilidad que, presumiblemente, se irá profundizando.
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