Se declara la inconstitucionalidad del artículo 27 del decreto 2530/10, al concluirse que el mismo exorbitó las facultades delegadas por el artículo 31 de la ley 13.951 en cuanto a la determinación de una suma fija de remuneración para la tarea de mediación, habiendo sido clara la expresión legal al excluir la posibilidad de establecer la misma en relación a una unidad de valor tal como el ius.
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