Se hace lugar a la pretensión de reajuste de haberes interpuesta por la actora, por lo que se ordenó recalcular el haber inicial de la prestación acordada al amparo de la ley 24.241. Asimismo, se declara inaplicable al caso la doctrina del precedente “Villanustre” respecto a los topes jubilatorios máximos y se ordena la aplicación del índice combinado previsto por el art. 2 de la ley 26417 para el ajuste de las remuneraciones computadas para el otorgamiento de la prestación desde el mensual 3/09 hasta la fecha de adquisición del derecho.
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