Se resuelve que no corresponde aplicar en la presente causa el mecanismo de actualización previsto en el artículo 5 de la ley 27260 (RIPTE), toda vez que el actor no adhirió al referido Programa de Reparación Histórica ni suscribió el acuerdo transaccional que ella reglamenta. Para decidir así, el tribunal convalidó el índice de actualización establecido por la Corte Suprema en el precedente “Elliff”, en virtud de ajustarse a su inveterada doctrina sobre la garantía constitucional de movilidad (CN, art. 14 bis). Por otro lado, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 9, inciso 3), de la ley 24463 y 26 de la ley 24241 en el supuesto que en la etapa de liquidación de la sentencia se acredite que la aplicación de los topes sobre el haber previsional del actor genera una quita superior al 15%.
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