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JURISPRUDENCIARecurso extraordinario. Sustracción de menores. Absolución penal. Crímenes de lesa humanidad
Se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se deja sin efecto la absolución del imputado en orden al delito de sustracción y alteración del estado civil de dos menores de diez años, hijos de una mujer detenida y desaparecida durante la última dictadura militar, al concluirse que el fallo carecía de la debida fundamentación al omitir toda consideración sobre un extremo conducente para la correcta resolución del asunto, como era la condena recaída en una causa -que tramitaba paralelamente- contra aquel por privación ilegítima de la libertad y torturas perpetradas contra la misma víctima.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018.-
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Z., J. A. y otros s/ sustracción de menores de 10 años (art. 147)», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación oportunamente impetrado por el Ministerio Público Fiscal contra el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná que absolvió a M. O. G. del delito de sustracción y alteración del estado civil de dos menores de diez años.
2°) Que contra dicha resolución, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso extraordinario fundado en la doctrina de la arbitrariedad, cuya denegatoria motivó la presente queja.
3°) Que en el recurso extraordinario el Ministerio Público Fiscal se agravió de la resolución dictada por el tribunal casatorio por entender que resultaba arbitraria en tanto, alega se confirmó ése temperamento absolutorio sin tratar debidamente los agravios que planteara en esa instancia por medio del recurso de su especialidad.
4°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible en razón de dirigirse contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa y suscita cuestión federal suficiente toda vez que se denuncia violación a la garantía de defensa en juicio protegida en el art. 18 de la Constitución Nacional por mediar arbitrariedad en lo resuelto (Fallos: 308:1662; 314:1358; 330:4226) por lo que su tratamiento resulta pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48.
5°) Que para una adecuada comprensión de los agravios traídos por el apelante, corresponde reseñar que el tribunal de mérito dictó la absolución de M. O. G. respecto de los delitos de sustracción y alteración del estado civil de dos hijos de la detenida desaparecida R. N., los que habrían ocurrido entre febrero y marzo de 1978, en las ciudades de Rosario y Paraná.
Para arribar a dicho temperamento, el tribunal de mérito aseveró que lo único que vinculaba directamente con estos hechos a G. -quien para esa época era Jefe del Grupo de Tareas 1 del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército- eran los dichos de E. R. C. -condenado en la causa «Guerrieri I» por hechos cometidos en su calidad de integrante del citado destacamento- quien sostuviera que aquél fue el encargado de organizar el traslado de la ilegalmente detenida N. a la ciudad de Paraná así como también de su custodia durante el período en que la nombrada estuvo internada en el hospital militar de esa ciudad en el que nacieron sus hijos cuya apropiación -y posterior sustracción de estado civil- constituyó objeto de juicio. El sentenciante destacó, en particular, que ningún testigo individualizó en forma concreta a G. como presente en los lugares de detención clandestina ni en la ciudad de Paraná y ponderó que tampoco revestía la calidad de imputado en la antes mencionada causa «Guerrieri I».
Por su parte, el tribunal a quo consideró que la sentencia absolutoria no era arbitraria por verificarse un caso de orfandad probatoria para sustentar una condena respecto de G., por lo que, desde esa perspectiva, agravios del acusador solo constituían una discrepancia con las conclusiones allí arribadas.
6°) Que esta Corte entiende qué asiste razón al recurrente en cuanto alega que el tribunal a quo rechazó el recurso de su especialidad, por el que canalizara los agravios que luego fueran mantenidos en el recurso federal, sin analizar debidamente cuestiones conducentes para la resolución del asunto.
En particular, ello es así en tanto el a quo omitió analizar la incidencia que podía tener, para la cuestión que debía resolver, el argumento desplegado por el Ministerio Público Fiscal por el que predicó la arbitrariedad del fallo que sostuvo la ajenidad de M. O. G. en la sustracción y posterior alteración de los hijos de R. N., nacidos durante su cautiverio, siendo que, paralelamente, para el momento éste estaba siendo juzgado en el marco de la causa “Guerrieri II» -en trámite ante la justicia federal de Rosario- precisamente por su intervención, entre otros, en los delitos de privación ilegítima de libertad y torturas que sufriera R. N.. En este sentido, cabe señalar que la relevancia de este extremo fue especialmente destacada por el señor Procurador Fiscal en su dictamen al informar que, durante la tramitación de esta vía recursiva, en la citada causa «Guerrieri II» recayó condena respecto de G. por estos hechos.
Al omitir analizar esta cuestión, el a quo tampoco ponderó qué temperamento correspondía adoptar, en su caso y en función del respectivo devenir procesal de ambos procesos, para evitar que como consecuencia de la tramitación separada -fundada en razones procesales- del juzgamiento de hechos que podrían poseer, al menos en su caudal probatorio, vinculación entre sí, se arribara a la consagración de un análisis fragmentado de los hechos, en menoscabo de la verdad real.
7°) Que, en este sentido, corresponde aclarar que no se encuentra en discusión que en esta clase de procesos rija con plenitud el principio de in dubio pro reo y la garantía de defensa en juicio, ya que, como resalta el señor Procurador Fiscal en su dictamen «la aplicación de una pena solo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuidle al acusado».
Sino, que lo que resulta descalificable es que el a quo omitiera analizar esta importante cuestión, ello en inobservancia de la doctrina del Tribunal según la cual el «deber [del] …Estado Argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio…presupone no solo que el Estado no pueda oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables (verbigracia, leyes de amnistía o prescripción), sino que además debe abstenerse de adoptar cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche» (Fallos: 335:1876, considerando 4º, énfasis agregado).
En consecuencia, el fallo carece de la debida fundamentación al omitir toda consideración sobre un extremo conducente para la correcta resolución del asunto (Fallos: 328:121; 330:4983, entre muchos otros) y, en tales condiciones y sin que ello implique abrir juicio sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, ha de acogerse favorablemente el recurso. Asimismo, atento el temperamento adoptado, deviene inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios.
Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución recurrida. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Agréguese la queja al principal. Notifíquese.
JUAN CARLOS MAQUEDA
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
RICARDO LUIS LORENZETTI
HORACIO ROSATTI
034080E
