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JURISPRUDENCIASeguro automotor. Inconsistencias en el monto reclamado. Rechazo de cobertura. Carga de la prueba
Se revoca la sentencia que rechazó la demanda deducida contra la aseguradora por incumplimiento del seguro automotor contratado pues en la medida en que la defendida esgrimió la existencia de inconsistencias y se amparó en el artículo 48, segunda parte, de la ley 17418, a fin de justificar el rechazo de la cobertura, era su carga acreditar tales extremos y no lo hizo.
En Buenos Aires a los 22 días del mes de Mayo de dos mil dieciocho, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos caratulados: “BIANUCCI BLANCO WALTER FABIAN contra QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES sobre ORDINARIO” (Expte. N° 87887/2014), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalía N° 4, la N° 5 y la N° 6. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
La Señora Juez de Cámara Doctora Matilde E. Ballerini dijo:
I. A fs. 16/23 el Sr. Walter Fabián Bianucci Blanco promovió demanda contra QBE Seguros La Buenos Aires por los daños y perjuicios que afirmó haber padecido como consecuencia del incumplimiento del contrato de seguro que los uniera y que amparara el vehículo Suzuki Grand Vitara JLX 2.0 de su propiedad.
Corrido el traslado de ley, siendo que la defendida no se presentó a estar a derecho se declaró su rebeldía a fs. 64, habiendo cesado la misma con la pieza de fs. 72/72vta (ver fs. 73).
El pronunciamiento de fs. 150/152vta rechazó la demanda con costas a cargo del actor vencido.
Para arribar a dicha solución, la Sra. Juez a quo señaló que, a pesar de la contumacia de la defendida, el actor debió probar que la causal invocada por la aseguradora para rechazar el pago del siniestro era injustificada.
En este sentido, agregó que el accionante no produjo ninguna prueba que permita tener por cierto los hechos relatados en su demanda.
En cuanto a las costas, las impuso a cargo del demandante en su calidad de vencido.
II. Apeló el actor (fs. 153), expresando agravios a fs. 168/174, que merecieron la respuesta de fs. 176/181
Se quejó sustancialmente de la desestimación de la demanda indicando que con las piezas instrumentales acompañadas y las presunciones derivadas de la falta de contestación de la demanda se encontraba suficientemente acreditado el incumplimiento contractual de la aseguradora.
III. Como es sabido, la falta de contestación de la demanda importa adoptar una actitud procesal que puede considerarse como una confesión ficta de la verdad de los hechos alegados en el escrito de promoción de demanda atento el emplazamiento del CPr., 356: 1 (Conf. Cód. de Procedimientos Comentado por Colombo, T. I, pág. 47, Edic. Abeledo Perrot, Bs. As., 1975).
Ahora bien, este reconocimiento ficto de los hechos expuestos por el actor, constituye una presunción de verdad que es consecuencia del principio que informa el CCiv., 919, debiendo apreciarse la eficacia del mismo en virtud de los demás elementos que obran en el proceso, susceptibles de realzar sus efectos o desvirtuarlos por prueba en contrario (conf. CNCiv., Sala D, del 17/07/1970 LL 151-193, 35-679 S).
Recordemos que la falta de contestación de la demanda importa la facultad del Juez de tenerla como favorable presunción de las pretensiones de la parte actora, pudiendo estimarse el silencio del emplazado como un reconocimiento de los hechos expuestos por su contrario (conf. Morello, Passi Lanza y otros, “Códigos Procesales Civiles y Comerciales…”, T. I, pág. 432, Ed. Platense Abeledo Perrot, Bs. As., 1976).
Del mismo modo, como la aseguradora no ha cuestionado en el plazo previsto por el CPr., 356: 1 la prueba instrumental aportada por el pretensor, la misma debe ser reputada auténtica (Doct. CCiv., 919).
A partir de lo expuesto, cabe entonces señalar que no existe controversia en punto a la existencia del contrato de seguro que unió a los justiciables y que amparaba al vehículo propiedad del actor marca Suzuki modelo Grand Vitara JLX 2.0 del 1999. Tampoco hay dudas en punto a la oportuna denuncia del siniestro y su rechazo por parte de la aseguradora.
Ahora bien, en la medida que la defendida esgrimió la existencia de inconsistencias y se amparó en el art. 48 2da parte a fin de justificar el rechazo de la cobertura, entiendo que era carga de ésta acreditar tales extremos.
Es que, como ella misma sostuvo en su alegato (ver fs. 143), no hay dudas en punto a la existencia del siniestro. Ergo, era del interés de la aseguradora demostrar la configuración de la causal invocada para desentenderse del pago del seguro contratado (arg. conf. art. 377 CPr).
En esta orientación esta Sala ha resuelto en reiteradas oportunidades que para aplicar la sanción de la ley 17418: 48, es necesario que la exageración del daño sea fraudulenta, o sea, debe tratarse de una exageración hecha con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido; dolo o fraude cuya existencia debe probar también el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria (in re “Vázquez, Daniel c/ Lider Cía. de Seguros S.A s/ sumario”, del 26.02.91; id. in re “Giachino, Juan c/ España y Rio de la Plata Cía. Argentina de Seguros S.A s/ ordinario, del 23.11.92; id. In re «Fernández, Carlos c/ Alfa Cía. Arg. de Seguros S.A. s/ ordinario» del 26.4.93; id, in re, «Independencia Transp. Int. c/ Paraná Cía. de Seguros» del 6.12.93, entre otros).
Consecuentemente, frente a la falta de contestación de la demanda y -principalmente- la ausencia de toda prueba que permita dar sustento a la hipótesis esgrimida para rechazar el siniestro, juzgo que corresponde admitir el agravio y, en consecuencia revocar la sentencia.
IV. En atención a lo dispuesto precedentemente, corresponde proceder con el estudio de los diversos rubros indemnizatorios pretendidos por el Sr. Bianucci Blanco.
i) Suma asegurada:
El actor reclamó la suma de $82.000 como indemnización por las piezas sustraídas en su rodado.
Conforme lo acordado en la póliza contratada, el valor del rodado asegurado era de $82.000 y poseía una cobertura por daños parciales a consecuencia de robo o bien de daño total.
Tomando en cuenta los faltantes denunciados y presupuestos acompañados por el actor (ver fs. 12 y fs.15), forzoso es concluir que en el presente no se trató de una hipótesis de daño total.
Consecuentemente, en la especie debe aplicarse la cláusula CG-RH 3.2, en tanto establece que “Cuando la cobertura comprenda el riesgo de Robo o Hurto parcial y el costo de la reparación o reemplazo de las partes afectadas al momento del siniestro, sea inferior al 80% del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo de la misma marca y características del Asegurado… …el Asegurador indemnizará o reemplazará las cosas robadas o hurtadas con elementos de industria nacional o extranjera a su opción, de características y estado similares hasta la suma asegurada en el Frente de la Póliza…”(ver fs. 112).
Bajo tales parámetros, habiéndose decidido la improcedencia del rechazo del siniestro, por aplicación de la cláusula parcialmente supra transcripta, atento a los presupuestos que en copia obran a fs. 12 y fs. 15 y la cotización del dólar estadounidense en dicha fecha (US$ 1 = $8,17), admitiré el rubro en cuestión por la suma de $30.665.
A dicho importe deberán adicionarse intereses desde la mora (01/07/2014 – fecha de rechazo del siniestro) y hasta su efectivo pago calculados a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días.
En punto a los réditos devengados con posterioridad al 1° de agosto del 2015 -fecha de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación-, destácase que la razón indicada continuará aplicándose, y las razones de la adelantada decisión se encuentran fundadas en:
i) Los intereses moratorios producidos en la especie a partir del 01-08-2015 son una consecuencia no agotada de la relación jurídica existente y, sobre tal base, deben regirse por la nueva ley (arg. art. 7, 1° párrafo CCyC ).
ii) El art. 768 del CCyC estipula que a partir de la mora, el deudor debe los intereses correspondientes, determinándose la tasa a aplicar por lo que acuerdan las partes, por lo que dispongan las leyes especiales; o en subsidio, por las que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
iii) En el casus, no hay tasa acordada por las partes, ni dispuesta por ley especial. Por ello, la cuestión debe dirimirse conforme lo dispuesto en la tercera de las hipótesis supra descripta, esto es las determinadas por el BCRA.
iv) No obstante que de acuerdo a lo expuesto, las previsiones contenidas en la referida norma, resultan de aplicación inmediata, lo cierto es que al día de la fecha, no existen tales reglamentaciones de parte de la entidad de contralor bancario.
Por ello, frente a la ausencia de regulación al respecto, en tanto los Jueces tenemos el deber de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada (arg. art. 3 CCyC) y, teniendo en consideración los usos, prácticas y costumbres de uso generalizado en el fuero, dispónese -por el momento- continuar con la aplicación de la razón habitual que esta Sala venía determinando.
ii) Lucro cesante:
Por este concepto, el actor reclamó una indemnización de $43.000.
En primer lugar, cabe señalar que no se ha demostrado la pérdida de ganancias que permitan acceder a la reparación pretendida.
No obstante, siendo que el asegurado -aunque en forma algo confusa- también fundó su reclamo en la supuesta imposibilidad de utilizar el vehículo, a todo evento analizaré si corresponde admitir una indemnización por este concepto.
En esta inteligencia, sabido es que la solo indisponibilidad material y jurídica del vehículo a causa de una conducta ilegítima, es un daño indemnizable (conf. CNCom. esta Sala, in re “Sobrero, Julio c./ Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.“ del 18-10-2006 entre muchos otros).
La propia naturaleza del bien lleva implícito su destino y los beneficios de practicidad y comodidad, provocando la privación de su uso trastornos. Sin embargo, no puedo omitir que el accionante admitió que el vehículo -a pesar de los faltantes- funcionaba. De hecho, en su demanda explicó que, luego de advertir el robo sufrido, conectó la batería y pudo llegar andando hasta su casa (ver fs. 16). Consecuentemente, estimo que en la especie, debió aportarse pruebas que permitieran acreditar que sin las piezas sustraídas, el automotor no era apto para circular. Frente a la inexistencia de estas probanzas, juzgo que la indemnización pretendida no puede ser admitida.
iii) Gastos:
En el presente apartado el Sr. Bianucci Blanco reclamó la suma de $33.000 por los supuestos gastos en que debió incurrir para realizar “…la denuncia del siniestro y los trámites solicitados por orden de la Compañía de Seguros, como ser libre deuda, pago de patentes, baja del vehículo, etc….” (ver fs. 19).
En la medida que no se ha acreditado que el actor hubiera incurrido en gasto alguno, cabe rechazar el rubro en análisis.
A todo evento añádase que, siquiera se demostró que la aseguradora hubiera requerido por parte del accionante la realización de ninguno de los trámites que denunciara (baja del vehículo, libre deuda, etc).
iv) Daño moral:
Este rubro tiende a resarcir el sufrimiento causado por una lesión a los sentimientos de una persona que determina dolor o sufrimiento, modificación disvaliosa del espíritu o agravio a las afecciones legítimas que puede consistir en profundas preocupaciones, estado de aguda irritación y en general toda clase de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria; afectado el equilibrio anímico de la persona (conf. CNCom. esta Sala, in re “Jotafi Computación Interactiva S.A. y otro c./ Banco de Galicia y Bs. As. S.A.” del 17/02/2010; id. in re “Vega Fabricio Norberto c./ Expreso Caraza SAC” del 20/03/2007).
La reparación del daño moral derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio del Juez, quien apreciará su procedencia con un criterio restrictivo. La víctima debe probar no solo su existencia, sino además su cuantía o, cuando menos, las pautas de valoración que permitan al Juzgador proceder a la determinación de conformidad con lo que establecen los CCiv: 522 y CPr 165. De otra manera la indemnización podría configurar una confiscación o enriquecimiento sin causa a favor del reclamante (conf. CNCom. esta Sala, in re “Laborde de Ognian Ethel Beatriz c/ Universal Assistance S.A.” del 09/02/2010 y sus citas).
Bajo tales parámetros conceptuales y -como se expresó en los apartados anteriores- ante la ausencia de elementos probatorios, juzgo que no fue acreditado que el episodio del sub lite excediera de una mera molestia o incomodidad propia de todo incumplimiento contractual.
Por ello, se rechaza la indemnización pretendida.
V. En cuanto a los gastos causídicos considero que en ambas instancias deben ser a cargo exclusivo de la defendida; ello, respecto del monto por el que prospera la demanda. Solución compatible con el criterio objetivo del vencimiento del art. 68, 1er. Párrafo, del Cód. Procesal.
El hecho de que algún pedido indemnizatorio no fuese admitido no obsta a dicha conclusión, toda vez que, en los reclamos por daños y perjuicios -como se da el caso en el sub lite-, las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (conf. CNCom. esta Sala, in re: “Enrique R. Zenni y Cía. S.A c/ Madefor S.R.L. y otro s/ ordinario” del 14/02/1991; idem, in re: “Pérez, Esther Encarnación c/ Empresa Ciudad de San Fernando S.A. y otro s/ sumario” del 02/02/1999, entre otros).
Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: I) admitir parcialmente la apelación de fs. 153; ii) revocar la sentencia pronunciada a fs. 150/152vta; y, en consecuencia, iii) condenar a QBE Seguros la Buenos Aires a abonarle al Sr. Walter Fabián Bianucci Blanco la suma de $30.665 con más los intereses fijados en el punto IV.i) del presente, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida.
Así voto.
Por análogas razones la Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhiere a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. 2051/7 del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.
RUTH OVADIA
SECRETARIA
Buenos Aires, 22 Mayo de 2018.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: I) admitir parcialmente la apelación de fs. 153; ii) revocar la sentencia pronunciada a fs. 150/152vta; y, en consecuencia, iii) condenar a QBE Seguros la Buenos Aires a abonarle al Sr. Walter Fabián Bianucci Blanco la suma de $30.665 con más los intereses fijados en el punto IV.i) del presente, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. Regístrese por Secretaría, notifíquese a las partes y oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13 y devuélvase.
MATILDE E. BALLERINI
MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO
Ley 17418 – BO: 06/09/1967
027468E
