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JURISPRUDENCIAAccidente de trabajo. Responsabilidad del empleador. Utilización de maquinaria. Falta de capacitación
Se confirma el acogimiento de la demanda por accidente incoada, ya que el siniestro ocurrió por omisión y negligencia por parte de la empleadora, que no capacitó adecuadamente ni vigiló al actor mientras trabajaba en el torno, ni adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que ocurriera el siniestro.
En la ciudad de Rafaela, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Alejandro A. Román, Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Laboral de la Primera Nominación de Rafaela, en los autos caratulados: “Expte. N° 167 – Año 2017 – CUIJ 21-24344736-1 Stoffel German c/ Motor Parts S.A. s/ ordinario”.
Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Alejandro A. Román; segundo, Dr. Lorenzo J. M. Macagno; tercera, Dra. Beatriz A. Abele.
Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones: 1ra.: ¿Es nula la sentencia recurrida?
2da.: En caso contrario ¿es ella justa?
3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:
El recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada -en forma conjunta con el de apelación, fs. 432- no ha sido sostenido en la Alzada. No obstante, advierto que no existen vicios que hagan procedente una declaración de nulidad de oficio.
Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa. Así voto.
A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones del Juez de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.
A la segunda cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:
1. Como lo referí en la cuestión anterior, vienen estas actuaciones a revisión de este Tribunal también a raíz de la apelación que planteó la accionada.
En el acto jurisdiccional cuestionado (fs.418/430), y en lo que aquí concierne, el “A-quo” decidió hacer lugar a la pretensión actora y, consecuentemente, condenó a Motor Parts S.A. a pagar a Germán Stoffel distintos rubros laborales reclamados con más intereses indicados; asimismo, impuso a la demandada las costas del proceso.
Como fundamento de la resolución, se señaló que conforme los términos en que quedó trabada la litis, la cuestión a resolver era si el actor había sufrido o no el accidente de trabajo denunciado y, en su caso, si la empresa reclamada tenía o no algún tipo de responsabilidad.
Seguidamente, se declaró la inconstitucionalidad de distintas disposiciones normativas (vgr. arts. 21, 22 y 46 de la Ley 24.557 y decreto 717/96) y, teniendo por acreditado el daño y la relación de causalidad, se analizó la reparación conforme los lineamientos del art. 19 de la Const. de la Nación.
Se expresó así que el actor ostentaba un 75,80% de incapacidad total, permanente y definitiva y que conforme la fórmula de la renta bruta morigerada, detraído un 20% por percepción anticipada, se arribaba a la suma final de $ 447.304,67; resaltándose que no tenía incidencia que el actor haya continuado trabajando por cuanto la procedencia de la reparación no exigía la prueba concluyente sobre la efectiva pérdida de ganancias, a la que se accedía por la sola mengua de su capacidad laboral, independientemente de si siguió trabajando en el mismo lugar o en otro.
En cuanto a la indemnización por pérdida de chance, el colega índicó que, dada la juventud de Stoffel, era esperable que ascendiera por su sola antigüedad y conocimientos adquiridos; por ello, entendió que podría haber llegado perfectamente a la categoría de “oficial” ya que la de “oficial múltiple” requería de oficios determinados que el actor no ostentaba.
Así entonces, para fijar el monto, se promedió el valor hora por las categorías superiores hasta la de “oficial”, descontando el valor de “operario” y aplicando esa diferenciaal módulo “vida útil” con un detrimento del 20% por percepción anticipada. Se obtuvo así la cantidad de $ 95.790,24.
Por último, con relación al daño moral, el Juez de la causa tuvo en cuenta los dolores físicos que indudablemente sufrió el actor, las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido y tratamientos para rehabilitarse, la necesidad de ser recalificado para tener que ser reubicado en otro puesto de trabajo y la juventud del mismo. En función de ello, se fijó este concepto en la suma de $ 120.000.
Finalmente, a los rubros de condena admitidos, se ordenó la adición de intereses, conforme las tasas indicadas y a capitalizar en forma trimestral luego de quedar firme la sentencia, una vez practicada liquidación judicial e intimado su pago y no abonado lo reclamado.
2. El recurso de apelación planteado por la parte demandada contra aquella decisión se funda en el memorial presentado ante este Tribunal (fs. 444/447).
Allí, se agravia el recurrente porque el “A-quo” desestimó la culpa de la víctima en la producción del hecho dañoso. Critica el monto establecido en concepto de incapacidad sobreviniente y que se considerara que a Stoffel le quedaban 43 años de vida útil a la fecha del hecho y no 42 años, como el propio accionante lo sostuvo en su demanda.
También cuestiona que al capital resultante de aplicar el sistema de la renta bruta morigerada, el Sentenciante le haya detraído un 20% por percepción anticipada y no un 30% como lo hace en forma corriente esta Cámara de Apelación; como así que también se entendiera irrelevante que el actor continuara trabajando luego del accidente, sin mengua de su remuneración.
Sostiene que si la víctima continúa trabajando sin haber sufrido disminución de sus ingresos, el monto de la indemnización no puede ser el mismo que el que correspondía a una persona que no conserva su empleo.Entiende entonces, que lo correcto en el caso de autos sería reducir en un 50% el monto indemnizatorio.
Critica a su vez que se la condene a abonar una indemnización por pérdida de chance de hipotéticos ascensos en el trabajo, basado en una mera conjetura que realiza el Juzgador sin ninguna base probatoria que lo avale; resalta que para que la chance resulte indemnizable, debería ser “cierta” y no meramente hipotética o conjetural.
Otro punto de queja es la reparación por daño moral, cuyo monto entiende que es desproporcionado.
Y, por último, expresa que el actor manifestó haber percibido la suma de $ 180.000 por una acción judicial iniciada contra la A.R.T., lo que debería ser descontado de cualquier monto de condena.
Cita doctrina y jurisprudencia. Hace reserva del recurso de inconstitucionalidad (ley 7055 y 48); y, pide, en definitiva, se haga lugar a su recurso, se revoque la sentencia anterior y, en consecuencia, se rechace la demanda.
3. A su turno, el planteo recursivo fue sustanciado. La parte actora responde pidiendo su rechazo y postulando la confirmación de la decisión de grado (fs. 450/455).
Por lo tanto, las actuaciones se encuentran en condiciones de que se dicte sentencia definitiva (fs. 456; céds. fs. 457/458).
4. Paso, a continuación, a dar mi opinión respecto al tema que convoca a este Tribunal.
Con ese objetivo, señalo en primer término que no está discutido el accidente acaecido, como tampoco su relación de causalidad con las lesiones que sufrió Germán Stoffel; ergo, este punto del conflicto se encuentra firme y no corresponde su tratamiento en esta instancia.
Entonces, y en segundo lugar, lo que corresponde en definitiva dilucidar es si el accidente ocurrió por causa de la víctima (situación que conlleva a un eximente de responsabilidad) o bien, fue porque la empleadora no extremó los cuidados que debía realizar.
No desconozco que la Licenciada Mónica Montenegro, Licenciada en Higiene y Seguridad de la empresa expresó que, si el actor hubiera respetado el procedimiento, el accidente no hubiera ocurrido (fs. 227 y sgtes.); pero también indicó que, por sugerencia de la aseguradora, la empresa implementó una medida de seguridad en el torno chavetero que impedía, aún por error, ingresar la mano a la zona incorrecta o de riesgo.
Ahora bien, de una lectura pormenorizada de las probanzas arrimadas, surge que los empleados eran capacitados para realizar sus tareas; y es aquí donde entiendo, radica el quid de la cuestión.
En efecto, por un lado, surge del escrito de apertura de este proceso que el actor comenzó a trabajar en la empresa tres meses antes del accidente. El poco tiempo transcurrido entre el ingreso del actor y el accidente sufrido por él, permite inferir que no estaba bien capacitado para maniobrar el torno chavetero en cuestión; en todo caso, se puede presumir que no tenía suficiente experiencia.
Pero no obstante ello, aún suponiendo que tres meses son suficiente tiempo para capacitar a un trabajador para el uso de una máquina que conlleva un riesgo, no pueden soslayarse las declaraciones testimoniales de las cuales surge que el actor cumplía otra tarea en la empresa; y -lo destaco- que el día del accidente trabajó en el torno porque faltó el operario encargado del mismo.
El testigo Rivolta (fs.345/346), afirmó que el actor tenía cuatro o cinco días de antigüedad en el torno y que estaba en proceso de capacitación (ver resp. 8 y 9).
Agregó que en el momento del accidente, el actor estaba operando él solo el torno, pero con una “supuesta” supervisión del testigo; y que anteriormente, el accionante efectuaba otro tipo de trabajos, distintos al uso de esa máquina; y, puntualmente, que estaba operando esa (torno chavetero), porque justamente faltaban operarios (ver resp. ampl. a).
El testigo Levrino (fs. 232), afirmó que al actor lo mandaron a una máquina donde no tenía conocimiento alguno, porque hacía poco tiempo que estaba trabajando ahí por la ausencia del operario del turno (ver resp. 5). Expresó además que el actor no tenía antigüedad para el uso del torno, que había supervisado cuando otro operario había trabajado ahí pero nunca había operado esa máquina. Hacía otro tipo de operaciones; que no fue capacitado para esa máquina y que lo sabe porque el actor fue aprendiz de vástagos y no de te rminado de puntas (ver resp. 8 y 9).
El testigo Coria (Ingeniero Electromecánico, fs. 235), indicó que le parece que el actor estaba en proceso de capacitación (ver resp. 9) y afirmó que, conforme a su experiencia y especialización en la materia, no sabe si el accidente ocurrió por negligencia del actor o bien, por falta de experiencia (ver resp. ampl. 3).
En conclusión, opino que hay coincidencia en dichas declaraciones que persuaden acerca de que Stoffel no tenía la capacitación adecuada para el uso del torno y que ese día trabajó con dicha máquina porque faltaban operarios. Asimismo, debo resaltar que ninguno de los testigos expresa haber estado presente junto a la víctima al momento del hecho, por lo que es de suponer, que éste último no contaba con la supervisión de ningún operario o encargado especializado.Al menos, no hay ninguna prueba que acredite fehacientemente que había un supervisor junto a Stoffel cuando se accidentó; más, si el operario no tenía experiencia en el uso de esos elementos de riesgo. Noto -porque me resulta llamativo- que el Ingeniero Coria, explicó que “la capacitación de un operario en una máquina, consiste en que un operador de más experiencia le enseña como hacer la tareas, esa es una capacitación en máquina, así se hace” (fs. 235 – resp. 9).
Es por todo lo expuesto, que concluyo, más allá del instructivo de trabajo acompañado, que el accidente se produjo por la negligencia de la empresa en la falta de capacitación del actor para la utilización del torno chavetero; aunque cabe que se resalte que ese instructivo no le fue entregado a Stoffel, según éste manifestó al absolver posiciones (fs. 394; se refiere a ese papel, v. resp. segunda). De todos modos, tampoco está demostrado que dicho instructivo se encuentre en un lugar visible para los usuarios del torno, que pueda ser utilizado en caso de duda por el operario que se encuentre trabajando en ese momento.
Es por todo esto, que concluyo que el accidente ocurrió por omisión y negligencia por parte de la empleadora, que no capacitó adecuadamente ni vigiló al actor mientras trabajaba en el torno, ni adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que ocurriera el siniestro.
En otro orden, en relación al monto indemnizatorio en concepto de incapacidad sobreviniente que la apelante cuestiona aduciendo que el actor continuó trabajando luego del accidente, sin mengua de su remuneración, señalo lo siguiente.
En torno a los años de vida útil que le restan a Germán Stoffel, debo decir que le asiste razón al apelante; surge de la ampliación de la demanda (fs. 61 vto.), que al momento del accidente, el Sr. Stoffel contaba con 23 años de edad.Dicho esto, el cálculo -conforme fórmula de la renta bruta morigerada- debe ser el siguiente: $ 1.319,57 (sueldo) x 13 (sueldos más aguinaldo) x 42 (años vida útil) x 75,80% (incapacidad total, permanente y definitiva) = $ 546.127,80.
Ahora, es criterio de esta Cámara de Apelación que esa indemnización está orientada en forma adecuada al daño sufrido por la víctima, convalidándose en numerosos antecedentes -expresa o tácitamente, salvo algún caso puntual que ameritaba una decisión diferente- el detraimiento del monto resultante en un 20% por percepción anticipada (v. “Jara Napolitano c. Prevención A.R.T. S.A.”, del 08.05.2018, Res. N° 94, Tomo 31; “Gómez c. V.M.G. S.A.”, del 07.11.2017, Res. N° 334, Tomo 30; entre muchos otros), sin que se brinden en esta oportunidad argumentos que permitan merituar un cambio de posición al respecto. Así entonces, al aplicar una detracción del 20% por percepción anticipada, se obtiene el resultado de $ 436.902,24.
Por lo demás, opino que -tal como lo indicó el juez de baja instancia- que en nada incide que el actor haya continuado trabajando ya que el resarcimiento por este rubro contempla el quebranto patrimonial indirecto, derivado de las limitaciones que presenta el trabajador al reanudar sus tareas habituales y al establecerse su imposibilidad parcial de cumplirlas adecuadamente. (v. fallo de este Tribunal “Grismado c/ Celestino Spahn e Hijos S.H. y otros”, del 11.09.2008, Res. N° 257, Tomo 10).
Con respecto a la pérdida de chance, si bien los argumentos esgrimidos no logran desvirtuar lo decidido en baja instancia, debo decir que no es una mera hipótesis el pensar que dada la edad que ostentaba el actor al momento del accidente, era esperable que ascendiera por antigüedad y conocimientos adquiridos. Es claro que la incapacidad del actor truncó dichos ascensos. Así también lo indicó la perito contable en su respuesta al punto b) de la pericial contable presentada (fs.379/380). Misma suerte adversa, en mi opinión, corre el agravio por la suma otorgada en concepto de daño moral. El recurrente sostiene que la condena a pagar no es reparatoria, sino que constituye un enriquecimiento injustificado para el actor. Sin embargo, lo cierto es que no justifica en qué basa tal conclusión.
Va de suyo que una de las consecuencias del daño sufrido en un accidente que produjo un daño físico es la perturbación espiritual que ha experimentado la víctima (art. 1.078 del Cód. Civil). Es unánime la jurisprudencia y doctrina en cuanto al criterio amplio con el que debe evaluarse este tipo de daño. En principio, por su naturaleza moral, insusceptible de valoración económica, para su reconocimiento no se requiere prueba directa -daño “in re ipsa”-, debiendo tenerse por acreditada su existencia y magnitud por vía presuncional. Y las bases para elaborar dicha presunción las aportan las particularidades de cada caso.
En el asunto que acá nos ocupa, carece de sustento lo expresado por el quejoso ya que la valoración del presente rubro fue correctamente determinado por el Juez, quién en la amplitud de aspectos que tienden a su concreción, como lo detalla en la sentencia describiendo las lesiones, afecciones sufridas por el actor y el porcentaje de incapacidad determinado, los que no fueron objetados por los demandados. En este sentido, no ha dado el quejoso motivo alguno que justifique disminuir la cifra fijada en el fallo.
Por último, cabe resaltar que el “A-quo” sí tuvo en cuenta el pago de ciento ochenta mil pesos ($180.000) que realizó la aseguradora en favor del actor. Cito el párrafo de la sentencia que así lo indica, en su parte pertinente: “.(fecha en que el actor denunció haber percibido la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000) de parte de la ART). Efectuada esa detracción.” ( v. fs. 430; el resaltado me pertenece).
4. En definitiva, según lo expuesto, propongo al acuerdo, que este recurso se resuelva de la siguiente manera:se admita de manera parcial y, consecuentemente, se modifique la sentencia venida a revisión, salvo en el monto otorgado por incapacidad sobreviniente, el que se establece en la suma de $ 436.902,24, según cálculo efectuado “ut-supra”.
Las costas de ambas instancias, serán soportadas por la demandada; no desconozco que en esta etapa del proceso hay una admisión parcial del planteo de la recurrente pero entiendo que no supera el veinte por ciento de lo pretendido (art. 102, Ley 7.945 t.o. según Ley 13.039).
Finalizo, contestando la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto: mi respuesta es parcialmente afirmativa.
En consecuencia, dejo así formulado mi voto.
A la misma cuestión, el Dr. Lorenzo J. M. Macagno dijo:
Adhiero a los conceptos formulados en el voto precedente y a la conclusión que arriba, con la salvedad de que los intereses del capital de condena deberán computarse, conforme al criterio reiterado de este Tribunal, desde la fecha del accidente (08/09/2006) hasta el 31/12/2009 según el promedio de la tasa activa y pasiva del Banco de la Nación Argentina; desde esa fecha y hasta el 01/07/2015, según la tasa del 22 % anual, y a partir de allí y hasta el efectivo pago, según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, no acumulativa, en todos los períodos (conf. este Tribunal en “Druetta, Cecilia Viviana c/ Nicola, Juan José; La Perseverancia Seguros S.A.”, 29/12/2015, L. Res. T. Nº 25, Res. Nº 278/15; “Sallago, Roxana Elizabeth c/ Silva, Juan Carlos s/ ordinario”, 01/03/2016, L. de Res. T. Nº 26, Res. Nº 031/16; “Rocchia Miguel Ángel c/ “Mapfre Argentina Seguros S.A.”, 27/09/16, L. de Res. T. Nº 27, Res. Nº 253/16; “Paniagua, Daniel c/ Agropecuaria “El Danubio S.A.” y/o Leiggener, Jorge”, 23/02/2016, Tomo 26, Res. Nº 023/16; “Alfonso, Hugo Amílcar c/ “La Equitativa del Plata S.A.”, 18/08/2016, Tomo 27, Res.Nº 222/16, entre muchos).
A esta segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele adhiere al voto del Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román.
A la tercera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:
Como consecuencia del estudio realizado, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de nulidad y acoger el parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada. En consecuencia, cabe modificar la sentencia venida a revisión, disponiendo que por la indemnización por incapacidad se reconozca la suma de $ 436.902,24.
2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, por resultar vencida en su posición. 3) Fijar los honorarios en el (%) de los que en definitiva se regulen en baja instancia.
Así voto.
A la misma cuestión, los Dres. Lorenzo J. M. Macagno y Beatriz A. Abele dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Juez de Cámara Dr. Alejandro A. Román, y en ese sentido emitieron sus votos.
Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE:
1) Rechazar el recurso de nulidad y acoger el parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandada. En consecuencia, cabe modificar la sentencia venida a revisión, disponiendo que por la indemnización por incapacidad se reconozca la suma de $ 436.902,24.
2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada, por resultar vencida en su posición. 3) Fijar los honorarios en el (%) de los que e n definitiva se regulen en baja instancia.
Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen. Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.
Alejandro A. Román
Juez de Cámara
Lorenzo J. M. Macagno
Juez de Cámara
Beatriz A. Abele
Juez de Cámara EN DISIDENCIA
Héctor R. Albrecht
Secretario
Bustamante, Narciso Horacio c/Construcsur SRL y otros s/accidente – acción civil – Cám. Nac. Trab -Sala VII – 30/08/2013 – Cita digital: IUSJU212235D
043855E
