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JURISPRUDENCIAAccidente in itinere. Pericia médica. Incapacidad psicológica. Daño psíquico. Prohibición de indexación. Aseguradora de Riesgos del Trabajo
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda derivada de un accidente in itinere conforme la incapacidad física determinada médicamente pero que descartó la incapacidad psíquica, al concluirse que el daño psíquico no podía ser indemnizado si el mismo fue provocado por un tercero y si -en todo caso- la reacción del sujeto afectado lo fue con respecto a factores externos del trabajo, que nada tenían que ver con los daños físicos que el legislador puso a cargo de la aseguradora. Asimismo, se deja sin efecto la actualización de capital y la tasa de interés ordenadas en grado, conforme la doctrina de la Corte Federal.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de FEBRERO de 2019, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
LA DRA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:
I.-Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, vienen en apelación las partes.
II.-El actor se agravia a tenor de las expresiones vertidas a fs. 169/172 vta., que fueron replicadas por la contraria a fs. 180/181vta. En concreto, cuestiona: a) que se haya omitido ponderar las secuelas psicológicas halladas por el perito médico, que importan un 10% de incapacidad laboral y b) la tasa de interés prevista en grado (12% anual) para un capital actualizado según IPCBA. En síntesis, solicita la rectificación del monto de condena, se le reconozca una incapacidad del 56,2% de la t.o., se considere el piso legal de la Res.SSS Nº 6/2015 y la prestación de pago única adicional del art. 11, apartado 4º inciso “b”, de la Ley 24.557.
III.- La demandada se queja según las motivaciones de fs. 174/178, las cuales fueron contestadas por el actor a fs. 183/186 vta. Objeta la actualización por desvalorización monetaria dispuesta en origen. También apela todos los honorarios regulados en autos por elevados.
IV.-Adelanto que el recurso del actor obtendrá andamiento.
Arriba firme a este Tribunal la evaluación realizada en grado sobre la pericia médica y su eficacia para formar convicción sobre extremos controvertidos en el sub lite.
También llega exento de crítica, en los términos de los artículos 116 de la L.O. y 265 del C.P.C.C.N., lo referido a la afección física (politraumatismos) que porta el trabajador (como consecuencia de un accidente in itinere) y su grado de incapacidad física (46,2%) .
En efecto, por las afecciones que presenta el actor en su columna dorso lumbar, hombro derecho y rodilla derecha el perito médico estableció una incapacidad del 35% de la t.o. (fs.96/100) que, incluyendo los factores de ponderación de fs. 108, importa un déficit físico del 46,2% de la t.o.
Ahora bien, del análisis de las constancias de autos surge que el trauma sufrido por el trabajador también repercutió en su psiquis. El actor se encuentra ansioso y muy deprimido, señaló el perito médico. En su dictamen pericial expuso que el Sr. González “ya no puede cumplir las mismas tareas que realizaba con anterioridad al accidente, las que incluían permanecer mucho tiempo de pie, efectuar marchas prolongadas y llevar pesos en traslado, que es lo que amaba hacer y que ahora debe hasta buscar la posición para dormir de costado, por cuanto le duele todo su cuerpo, así como llega hasta el llanto….que actualmente no puede permanecer parado por mucho tiempo y menos puede siquiera agarrar una caja que tenga peso. Tampoco puede permanecer sentado porque tal como expusiera queda-duro-…Todo esto lo limita y le trae angustia y ansiedad permanente, notando que ha descendido ostensiblemente su calidad de vida. Ya no puede conducir más en moto (no quiere ver una moto ni en figurita) ni siquiera circular en ella de acompañante y se siente muy mal por ello, habiendo perdido un medio de locomoción. Antes también corría, practicaba judo, caminaba…, lo que ahora no puede hacer por miedo y por sentirse inseguro. El déficit y estado psíquico lo limita con relaciones de amistad y desde lo afectivo, prefiriendo permanecer en soledad, sin poder realizar actividades deportivas y/o de esparcimiento como ir al gimnasio o caminar….que el accidente lo dejó en el piso, re mal y que lo único es que lo ayudan sus dos padres vivos, que es su núcleo familiar…” (ver fs.99 apartado pericia psicológica).
La Licenciada en Psicología Virgilio fue categórica al afirmar que “la consecuencia de este episodio trajo en el sujeto es la vivencia que el mundo externo es hostil, amenazante y peligroso. Lo vivido como traumático no ha podido ser elaborado psíquicamente, por lo cual insiste en su tramitación, sin embargo al no poder hacerlo se producen síntomas y otras perturbaciones que permiten hacer el diagnóstico de trastorno por stress post traumático.” (ver fs.99).
Para el perito médico legista sorteado en autos “…el accidente generó un cuadro compatible de neurosis depresiva moderada, que tiene relación con los sucesos, siniestro padecido y sus consecuencias físicas y psíquicas, encontrando directa relación con el siniestro…-“ y “ encuadró la incapacidad psíquica parcial y permanente constata por la Lic. en Psicología en “un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica con Manifestación Depresiva Grado II, con una incapacidad del 10% conforme Baremo 659/96” (ver fs. 100).
La conclusión que antecede, no logra ser conmovida por impugnaciones formuladas por la demandada en la instancia anterior. El psicodiagnóstico acompañado a estos autos, se realizó en base a la entrevista realizada al actor y al empleo de una batería de técnicas psicométricas y proyectivas (ver fs. 81/89), ha sido compartido en lo sustancial por el perito médico de oficio Magaldi en el dictamen de fs. 96/100, el cual se encuentra sólidamente fundado en principios de la ciencia y técnica, por lo que, en los términos de los artículos 386 y 477 del C.P.C.C.N., corresponde otorgarle plena eficacia probatoria, tal como se resolvió en la instancia anterior.
Por ello, propongo admitir la afección psicológica que presenta el trabajador, como el grado de incapacidad (10%), conforme la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96, máxime que del informe psicodiagnóstico no surgen alteraciones psicológicas del actor por circunstancias personales o problemas familiares, previas al accidente, es decir por factores extralaborales que incidan en la determinación de su incapacidad psíquica.
A influjo de la solución anotada, el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 56,2% de la t.o. En este contexto, el caso de marras queda subsumido en el supuesto del artículo 14 inciso 2. b de la L.R.T. (incapacidad superior al 55% e inferior al 66%), razón por la cual también se deberá computar la compensación adicional de pago único prevista en el artículo 11 apartado 4.a de la L.R.T. (según art.8º Decreto 472/2014).
En virtud de ello y de los aspectos del decisorio anterior que arriban firmes a este Tribunal (entre otros, los factores de la fórmula legal, la forma de aplicar el índice RIPTE según fallo de la C.S.J.N. “Espósito” y la no aplicación del artículo 3º de la Ley 26.773 a los accidentes “in itinere”) la indemnización del artículo 14 apartado 2 inciso b de la L.R.T., importa $ 1.380.504,50.-(IBM $24.956,31 x 53 x 56,2% x 65/35=), es decir, supera el valor del mínimo legal $ 400.973,51. (Conf. Res. 6/2015 SSS).
Por lo expuesto, en la especie corresponde estar a $ 1.380.504,50.-
Asimismo, dicha Res.SSS Nº 6/15, en su artículo 1º, establece para el mismo período de tiempo el valor de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley 24.557y sus modificatorias. En este caso, la contemplada para el art. 11 inciso 4 apartado “a” (caso del art.14 apartado 2 inciso b) se eleva a $ 317.101.
En definitiva, el actor deviene acreedor a la suma total de $ 1.697.605,50.-
V.- En orden a los accesorios dispuestos para el capital nominal de condena (actualización e intereses) corresponde, en la medida de los agravios formulados, dejar sin efecto lo resuelto en grado.
En materia de actualización, esta Sala tiene dicho en el Expte. Nº 38439/14 de fecha 18de mayo de 2018 in re “Nuñez Leandro Matías c/ Galeno ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial” lo siguiente:
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa “Puente Olivera, Mariano c/Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SERL s/Despido” (Sent. del 8 de noviembre de 2016), en la que, con remisión al Dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante, sostuvo que “…Dicha norma (la ley 25.561), que modifica los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 solo en el término «australes», que fue reemplazado por el de »pesos», mantuvo vigente la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios y repotenciación de deudas para aquellas obligaciones de dar sumas de dinero y, en el sub lite, la sentencia en crisis … actualiza el crédito del actor a las variaciones que sufra la Canasta Básica Total elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Al respecto, la Corte Suprema en el fallo «Chiara Diaz» (Fallos: 329:385) estableció que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria «significaría traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas (leyes 23.928 y 25.561) mediante la prohibición genérica de la ‘indexación’, medida de política económica cuyo acierto no compete a esta Corte evaluar» (considerando 10°).
En ese orden de ideas, en el caso «Massolo» (FalIos: 333:447) manifestó «que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa -mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial (conf FalIos: 290:245; 306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 Y 330:3109, entre muchos otros) y la Corte Suprema ha sostenido que los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10 (hoy art. 75, inc. 11), de la Constitución Nacional de ‘Hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras … ‘ (conf. causa ‘YPP’ en FalIos: 315:158, criterio reiterado en causas 315:992 y 1209; 319:3241 y 328:2567)» (considerando 13°).
La Corte ha sostenido que «aun cuando el derecho de propiedad pudo tener en la actualización por depreciación monetaria una defensa eficaz de los derechos patrimoniales en determinados periodos, su perduración sine die no solo postergaría disposiciones constitucionales expresas como las del art. 67, inc. 10, de la Constitución Nacional -hoy art. 75, inc. 11-, sino que causaría un daño profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar esa grave patología que tanto los afecta: la inflación» (Fallos: 333:447, considerando 150 ).
Ello se conjuga con el principio según el cual la decisión de invalidar una norma comporta la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos: 312:2315; 330:855, 5345)”.
Por lo hasta aquí anotado, corresponde dejar sin efecto la actualización ordenada en la instancia anterior.
En cuanto a la tasa de interés prevista en origen (12% anual), el agravio también es admisible, porque al dejarse sin efecto la actualización ordenada en grado los motivos por los cuales se seleccionó una tasa diferente a la sugerida por esta CNAT carecen de fundamento.
Al respecto, esta Cámara ha establecido a los fines de mantener un criterio uniforme, diversas tasas de interés desde el 2014 a la fecha, las cuales resultan más beneficiosas para preservar el crédito de naturaleza alimentaria del trabajador (art. 11 L.R.T.), quien además presenta un daño en su salud, por lo que sugiero que al capital de condena se apliquen las tasas de interés dispuestas en Actas C.N.A.T. Nros. 2601/14, 2630/16 y 2658/17. Dichas tasas también contienen un componente de actualización, que se interpretan suficientes para cada uno de los períodos allí aludidos (conf. arts. 767 y 768 del Código Civil).
VI.- En virtud de las modificaciones anotadas precedentemente y de lo normado en el artículo 279 del C.P.C.C.N. corresponde dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios y proceder a una determinación originaria de tales aspectos, por lo que deviene inoficioso analizar los agravios formulados al respecto.
VII.- Por las razones hasta aquí vertidas, propongo en este voto: se modifique parcialmente la sentencia apelada y se fije el nuevo capital nominal de condena en $ 1.697.605,50.- ; se dejen sin efecto la actualización y la tasa de interés ordenadas en grado; se disponga que el nuevo capital nominal de condena acrecerá con intereses, según las fechas indicadas en origen y conforme las tasas señaladas en el considerando V del presente decisorio; se dejen sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios (art. 279 del C.P.C.C.N.); se impongan las costas del proceso a la demandada vencida (art.68 del C.P.C.C.N.) y se regulen los honorarios de la representación letrada del actor, de la demandada y los del perito médico, en función de la importancia, mérito y extensión de la totalidad de sus trabajos, en el 20%, 16% y 6%, respectivamente del nuevo capital e intereses de condena (conf. arts. 6º, 7º, 8º, 37 y 39 de la Ley 21.839, 30 de la Ley 27.423 y 38 de la L.O.).
EL DR. VÍCTOR A. PESINO DIJO:
I.- Del análisis de las presentes actuaciones, ciertas cuestiones me impiden coincidir con el voto que me antecede, en cuanto al postulado de la incapacidad psicológica, adhiriendo al resto de los temas planteados.
En este marco, es oportuno recordar que, de conformidad con el art. 477 del CPCCN, la fuerza probatoria de los dictámenes periciales debe ser evaluada de acuerdo a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca, siendo facultad del juez su apreciación con la latitud que le adjudica la ley.
Me permito destacar que, en mi criterio, el daño psíquico no puede ser indemnizado en el marco de un accidente in itinere, pues el mismo fue provocado por un tercero y, en todo caso, la reacción del sujeto afectado lo es con respecto a factores externos del trabajo, que nada tienen que ver con los daños físicos que el legislador puso a cargo de la ART, por la sola circunstancia que el trabajador que se dirige a su empleo sufra una contingencia cubierta por la Ley.
En consecuencia, de prosperar mi propuesta, corresponde confirmar la incapacidad en el 46,2% de la t.o. y, por ende, el capital establecido en grado según el cálculo legal.
II.- Por las razones hasta aquí vertidas, propongo en este voto: se confirme la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena, con excepción de la actualización de capital y la tasa de interés ordenadas en grado, que serán dejadas sin efecto, aplicándose los accesorios indicados en el considerando V del primer voto.
EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:
Que en lo que es motivo de disidencia adhiero al voto del Dr. Pesino.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
I.- Confirmar la sentencia de grado en cuanto pronuncia condena, con excepción de la actualización de capital y la tasa de interés ordenadas en grado, que serán dejadas sin efecto, aplicándose los accesorios indicados en el considerando V del primer voto.
II.- Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios.
III.- Imponer las costas del proceso a la demandada.
IV.- Regular los honorarios de la representación letrada del actor, de la demandada y los del perito médico, en función de la importancia, mérito y extensión de la totalidad de sus trabajos, en el 20%, 16% y 6%, respectivamente, del capital e intereses de condena.
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-
MARÍA DORA GONZÁLEZ
JUEZA DE CÁMARA
VÍCTOR A. PESINO
JUEZ DE CÁMARA
LUIS A. CATARDO
JUEZ DE CÁMARA
Ante mí:
SANTIAGO DOCAMPO MIÑO
SECRETARIO
039724E
