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JURISPRUDENCIADefensa del consumidor. Electrodomésticos. Incumplimiento del plazo de entrega
Se confirma la multa impuesta a Frávega por la falta de entrega de un lavarropas adquirido por el consumidor mediante una compra electrónica, al valorarse que no había constancia alguna en las actuaciones que permitiera siquiera presumir que la sumariada hubiera dado respuesta a los sucesivos requerimientos, tendiente a conocer el estado de la entrega del bien o los motivos que determinan la inobservancia del plazo de entrega estipulado.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos “FRÁVEGA SACIEI c/ GCBA s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor” Expte. Nº EXP 36340/2017-0, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara FERNANDO E. JUAN LIMA, MARIANA DÍAZ Y ESTEBAN CENTANARO.
A la cuestión planteada el Dr. FERNANDO E. JUAN LIMA dijo:
RESULTA:
1. Que la acción se inició como consecuencia de la denuncia efectuada por la señora María Meyer (en adelante, “denunciante”) ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “DGDYPC”), contra Frávega SACIEI (en adelante, “sumariado”) (v. fs. 1/2).
Al respecto, la denunciante expuso que el 16 de mayo de 2016, adquirió un lavarropas a través de la página web de la empresa denunciada. Ante ello, se había pactado la entrega del producto en su domicilio para el día 20 de mayo de 2016 (v. fs. 3).
Sin perjuicio de ello, la consumidora denunció que habiendo transcurrido más de un mes de la compra electrónica no le habían enviado el lavarropas adquirido, incumpliendo el plazo de entrega acordado (v. fs. 2 y 7/8).
Acompañó como prueba documental el comprobante de compra (v. fs. 3/4), el aviso de facturación del producto (v. fs. 5) y los reclamos efectuados al proveedor por la falta de la entrega del lavarropas adquirido (v. fs. 6/7).
Por todo ello, solicitó la entrega inmediata del lavarropas.
2. Que, a fs. 13 luce el acta de la primera audiencia conciliatoria, en la cual el requerido realizó una oferta a los fines de conciliar. Habida cuenta de ello, se dispuso un cuarto intermedio y, tras la celebración de la segunda audiencia, las partes no llegaron a una amigable composición (v. fs. 20). Por lo tanto, la requirente ratificó todos los términos de su denuncia e instó el procedimiento administrativo correspondiente.
3. Que a fs. 22/23, la DGDYPC le imputó a Frávega SACIEI la infracción al artículo 10 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor (en adelante, “LDC”) por cuanto “… podría inferirse de las constancias obrantes en estas actuaciones que no habría cumplido con la entrega del bien comercializado en el plazo de entrega oportunamente acordado con la denunciante” (v. fs. 23).
Asimismo, se le endilgó la presunta infracción a lo establecido en el artículo 4° de la LDC, puesto que “… no habría brindado respuesta alguna al reclamo que la denunciante le efectuara a través de su sitio web de ventas tendiente a obtener información relativa al proceso de entrega de su compra identificada como Pedido N° v4296277frgv-01” (v. fs. 23).
Habida cuenta de ello, se corrió traslado de las imputaciones efectuadas al presunto infractor a los fines de que presente su descargo -v. fs. 23-. Ante la falta de presentación del descargo por parte del sumariado, se dieron por concluidas las diligencias sumariales (v. fs. 25).
4. Que, ante lo expuesto anteriormente y previo dictamen de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos -v. fs. 26/28-, la DGDYPC dictó la Disposición DI-2017- 2891-DGDYPC -v. fs. 29/31-, en la cual se sancionó “… a FRAVEGA S.A.C.I. e .I, CUIT 30-52687424-9, con multa de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) por haber incurrido con su conducta en infracción a los artículos 10 (Contenido del documento de venta) y 4 (Información) de la Ley 24.240”.
A su vez, ordenó la publicación de la sanción en el diario La Nación en un plazo de treinta (30) días.
Para fundar la decisión tomada, respecto del incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC, concluyó en que “… a la fecha de interposición de la presente la denunciante manifestó que la entrega aún no se había efectivizado lo que no mereció r[é]plica alguna por parte de la empresa al presentarse en autos (…) Que a la luz de lo expuesto y luego de un detenido análisis de lo actuado se concluye en que el mentado plazo de entrega fue incumplido por la sumariada, circunstancia esta última que puede deducirse con un alto grado de certeza de los sucesivos reclamos efectuados por la Sra. Meyer tendientes a que se efectivizara la misma una vez vencido el plazo estipulado al efecto y que en última instancia motivaran la denuncia que diera origen al presente procedimiento sumarial” (v. fs. 29 vta.).
En cuanto a la presunta infracción a lo establecido en el artículo 4° de la LDC, sostuvo que “… no hay constancia alguna en estas actuaciones que permita siquiera presumir que la sumariada hubiera dado respuesta a los sucesivos requerimientos de la Sra. Meyer tendiente a conocer el estado de la entrega del bien o los motivos que determinan la inobservancia del plazo de entrega estipulado, implicando en el caso dicha circunstancia una clara infracción atribuible a su parte del deber de información consagrado en el artículo 4 de la LDC” (v. fs. 29 vta.).
En otro orden, expresó que, para graduar la sanción, se consideraba el incumplimiento por parte del proveedor, el plazo y condiciones de la entrega del producto configuraban una grave infracción plausible de sanción. Asimismo, destacó que la empresa sumariada era reincidente y que el monto fijado se encontraba dentro de los parámetros fiados en el artículo 47, inciso b) de la Ley 24240 (v. fs. 30).
Por último, la autoridad de aplicación consideró que no se habían dado los extremos previstos en el artículo 40 bis de la LDC y, en consecuencia, no cabía fijar suma alguna en concepto de daño directo.
5. Que, frente a la sanción impuesta, el proveedor interpuso recurso directo (v. fs. 33/42).
Los planteos expresados por la parte pueden sintetizarse de la siguiente forma: a) la existencia de vicios en el objeto, motivación y procedimiento del acto; b) la multa impuesta es irrazonable, puesto que no se han seguido los parámetros establecidos en la LDC para graduar la sanción, como así también resultaba excesiva en su monto y la publicación de la sanción; c) planteó la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 22802.
6. Que, luego de que se remitiesen las actuaciones ante esta Cámara -v. fs.43-, se corrió traslado del recurso directo interpuesto por el proveedor sancionado (v. fs. 56).
Por su parte, el GCBA replicó el recurso en cuestión solicitando su rechazo, por los fundamentos a los que corresponde remitirse brevitatis causae (v. fs. 69/74 vta.).
Por otra parte, la parte actora argumentó en derecho en los términos de lo establecido en el artículo 389 del CCAyT (v. fs. 76/78).
7. Que, la Sra. fiscal emitió su respectivo dictamen (v. fs. 85/87 vta. y 94/95). Por último, a fs. 82 los autos pasaron al acuerdo y se hizo saber la nueva composición del tribunal (v. fs. 97).
CONSIDERANDO:
8. Que, de manera preliminar, resulta oportuno determinar el marco normativo aplicable al caso.
En primer lugar, es dable mencionar lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en donde se estableció que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económico; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos (…) La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos…”.
En el artículo 41 de la LDC se estipuló en sentido amplio sobre las autoridades de control de la mentada norma. En él se previó que “[l]a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”.
En el orden local, siguiendo el espíritu de la letra del artículo 42 de la Carta Magna, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “Constitución Local” o “CCABA”), se estableció en su artículo 46 que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo (…) Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna…”.
En virtud de ello, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 757, en donde se reguló el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario en el ámbito local.
9. Que, asentado lo anterior, cabe tratar el planteo de la parte recurrente referido a nulidad del acto en que se dispuso la sanción, por considerar que existieron vicios en el objeto, en la motivación y en el procedimiento (v. fs. 34 vta./35).
9.1. De manera preliminar, cabe recordar que en el artículo 4° de la LDC se dispuso que “[e]l proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.
Al respecto, se ha dicho que la razón de ser de la norma “…se halla en la necesidad de suministrar al consumidor conocimientos de los cuales legítimamente carece…” (conf. C.Nac.Cont.Adm.Fed., sala II, “Diners Club Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones” del 04/11/97, RCyS 1999-491).
A su vez, en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo se dispuso lo siguiente: “Contenido del documento de venta. En el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, deberá constar: a) La descripción y especificación del bien. b) Nombre y domicilio del vendedor. c) Nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador cuando correspondiere. d) La mención de las características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley. e) Plazos y condiciones de entrega. f) El precio y condiciones de pago. g) Los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente. La redacción debe ser hecha en idioma castellano, en forma completa, clara y fácilmente legible, sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen previa o simultáneamente. Cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley, aquellas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes. Deben redactarse tantos ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo efecto. Un ejemplar original debe ser entregado al consumidor. La reglamentación establecerá modalidades más simples cuando la índole del bien objeto de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad perseguida en esta ley”.
En este contexto, en el artículo 10, inciso c) del Decreto 1798/1994 (Reglamentario de la Ley 24240), se estableció que el “… incumplimiento del plazo y las condiciones de entrega, será pasible de las sanciones del Artículo 47 de la misma. El infractor podrá eximirse de la aplicación de sanciones cuando medie acuerdo conciliatorio entre las partes”.
9.2. Con respecto al vicio en el objeto, la parte sostuvo que la denunciante reclamaba un producto de características superior al que adquirió, mientras que se le estaba ofreciendo un lavarropas de la misma marca con características idénticas al adquirido. Es por ello que consideró “… que al momento del dictado de la resolución recurrida no existía infracción a la Ley 24.240” (v. fs. 35).
Al respecto, cabe recordar que la consumidora adquirió un lavarropas el 16 de mayo de 2016 a través del portal web de ventas que ofrecía el proveedor, cuya entrega fue pactada para el 20 de mayo subsiguiente (v. fs. 3/5). A su vez, conforme surge de los reclamos formulados (v. fs. 6/7) y al momento de efectuar la denuncia ante la DGDYPC -v. fs. 1/2-, no surge que el producto prometido por el proveedor haya sido entregado. Dicha situación se extendió incluso a lo largo de la etapa conciliatoria, en donde en ningún momento se hizo manifestación alguna sobre la entrega del lavarropas en cuestión (v. fs. 13 y 20).
A lo expuesto, puede agregarse que el propio recurrente manifestó en el recurso directo interpuesto que jamás pudo entregar el producto vendido a la denunciante porque no se encontraba en stock (v. fs. 34).
Habida cuenta de ello, se encuentra debidamente comprobado el incumplimiento por parte del proveedor del plazo de entrega, a tal punto que la consumidora tuvo que recurrir ante la Administración a denunciar dicho incumplimiento casi dos meses después de la compra del producto. Asimismo, ha quedado demostrado -y reconocido por la propia recurrente- que al momento de la clausura de la etapa conciliatoria no se había cumplido con la obligación asumida por la empresa sancionada. Tampoco surge de las constancias del expediente que se le haya provisto a la consumidora información veraz y detallada acerca de la situación del producto adquirido.
De este modo, la parte no ha acreditado un vicio en el objeto de la disposición que estableció la sanción. En efecto, de su lectura se desprende que se trataron las imputaciones efectuadas (las cuales no merecieron respuestas por parte de sumariado cuando se le corrió traslado para que formulase su descargo) fueron analizadas y valoradas al momento de dictar el acto sancionador. Es por ello que no se evidencia el vicio planteado por el recurrente.
9.3. Con respecto al vicio en la motivación del acto, el recurrente señaló que “… carece de causa o motivación ya que el mismo no se sustenta en hechos que se sirvan de causa y en derecho aplicable” (v. fs. 35).
Ante ello, es dable recordar que la causa primaria de todo acto administrativo radica en la juridicidad que proviene de la Constitución Nacional, a partir de la cual adquieren significación para el derecho los hechos, las conductas y los restantes componentes normativos del ordenamiento. Es decir, la causa del acto se encuentra determinada por los antecedentes de hecho y derecho que motivaron su emisión. Así, se entiende que los antecedentes de hecho que se invoquen como causa del acto deben ser real y objetivamente comprobables, sin perjuicio de la discrecionalidad que tiene la Administración en cuanto a su apreciación, la que de forma alguna podrá ser arbitraria. En lo que respecta a los antecedentes de derecho, se sostiene que la validez de un acto administrativo individual consiste en la correspondencia de éste con el derecho objetivo vigente al momento de su dictado (conf. Julio R. Comadira, “El Acto Administrativo”, ed. La Ley, Año 2006, pág. 36/37).
Así las cosas, la causa fue contemplada como un elemento esencial del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del decreto Nº1.510/1997 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en delante, LPACABA).
En lo que aquí interesa, en el mentado artículo se estableció que el acto administrativo, con respecto a la causa, “[d]eberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable…” (inc. b).
A su vez, en el artículo 14 de la LPACABA se fijó que “[e]l acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: (…) b) Cuando fuere emitido mediando (…) falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados; por violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”.
Por su parte, es importante recordar que la motivación es un elemento esencial del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la LPACABA. En lo que aquí interesa, en el mentado artículo se estableció que el acto administrativo debe “… ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a [su emisión], consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b del presente artículo…” (inc. f). Es decir que, asimismo, debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable (inc. b).
Sobre la motivación, en lo que corresponde destacar, se ha dicho que “[t]iende a poner de manifiesto la juridicidad del acto emitido, acreditando que, en el caso, concurren circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emisión. Aléjase así todo atisbo de arbitrariedad. En suma: trátase de una expresión de la ‘forma’ que hace a la sustancia del acto” (confr. Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, pág. 297).
En este orden de ideas, de acuerdo a lo establecido en el considerando 10.2., ha quedado demostrado el quebrantamiento normativo por parte del proveedor, por lo cual, quedó constituido el antecedente de hecho que sirvió como causa. Dicha cuestión ha sido valorada por la Administración, enumerando las conductas que han quedado demostradas en el procedimiento sumarial (v. fs. 29 vta./30).
A su vez, la DGDYPC también invocó la normativa aplicable al caso y de qué manera el proveedor había incumplido con sus previsiones, sin que la parte haya explicado o demostrado que se haya incurrido en error alguno. Asimismo, el recurrente tampoco señaló cuáles serían los hechos que han quedado huérfanos de explicación, limitándose solamente a manifestar la inexistencia de causa y motivación.
En esta línea de razonamiento, el proveedor no acreditó haber cumplido con la obligación asumida de entregar el lavarropas adquirido por la consumidora ni haber informado fehacientemente en tiempo oportuno las respuestas a los reclamos formulados por aquella. Por el contrario, de las constancias del sub lite ha quedado demostrado el incumplimiento de dichas obligaciones persistieron con posterioridad a la denuncia e incluso al momento de cerrarse la etapa conciliatoria en sede administrativa. A ello, cabe agregar que tampoco produjo prueba ante este tribunal acerca del cumplimiento de sus obligaciones, lo cual hubiera demostrado la inexistencia de la plataforma fáctica sobre la cual sustenta la decisión de la autoridad de aplicación de aplicar la sanción aquí cuestionada.
Asimismo, tampoco explicó de qué manera el acto cuestionado estaría infundado, ni cuestionó de manera alguna la normativa citada y sobre la cual reposa la decisión de la DGDYPC. En este sentido, no expuso puntualmente dónde estaría la falta de fundamentación o el error en el cuál habría incurrido la Administración.
Prosiguiendo esta línea argumental y ante el caso específico, se recuerda que quien no prueba los hechos pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (confr. Fassi, Santiago C. – Maurino, Alberto L., “Código procesal civil y comercial anotado y concordado”, ed. Astrea, tomo III, Buenos Aires, 2002, pág. 415; Cám. Cont. Adm. Fed., Sala II, “Zurutuza José Miguel c/ Dir. Gral. de Fabricaciones Militares s/ empleo público”, del 12/08/97; «Miguel A. c/ E.N. s/ retiro policial», del 14/9/93; entre otros muchos).
Por su lado, en el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y Tributario (en adelante, CCAyT) se establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (confr. CSJN, «Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios», del 19/12/95, Fallos:318:2555).
9.4. Por último, el recurrente planteó que el procedimiento del acto se encontraba viciado toda vez que “… la resolución remite a fundamentos dictaminados por áreas técnicas y que no son notificados a los administrados afectando así su derecho de defensa” (v. fs. 35).
En este sentido, en el artículo 7º, inciso d) de la LPACABA se dispuso que “[a]ntes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considerándose también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos…”.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), sostuvo que “[e]l art. 7º, inc. d) de la ley 19.549 considera esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos de administrado. Este requisito, que hace a la juridicidad de la actuación administrativa, debe ser cumplido antes que la Administración exprese su voluntad” (Fallos: 301:953).
Habida cuenta de ello, más precisamente se ha sostenido que la finalidad del dictamen previo “… no es otro que el de juridizar la actividad de la Administración pública, y debe admitirse que concurre a ese fin la exigencia legal de exigir que antes de la emisión del acto se solicite la emisión de un dictamen jurídico. Es uno de los tantos supuestos en que el principio de legalidad contribuye a la juridización de la Administración pública” (C. Nac. Cont. Adm. Fed, sala II, “American Airlines Inc. c/ S. C. e I.”, del 04/05/2000, LL 2001-B, 493).
En este contexto, no se evidencia de qué manera el procedimiento que se llevó adelante se encuentra viciado. En efecto, de la lectura del expediente sub examine se puede colegir que se han cumplido con todos los pasos procedimentales necesarios para permitir el dictado del acto sancionatorio. En este sentido, además de haberse cumplido con la imputación (v. fs. 22/23) y su correspondiente notificación al denunciado para ejercer su derecho a defensa -v. fs. 24/24 vta.-, cabe destacar que a fs. 26/28 obra el dictamen jurídico por el servicio jurídico permanente de la autoridad de aplicación. De este modo, se encuentra cumplida la exigencia establecida en el artículo 7°, inciso d) de la LPACABA.
Con respecto a la notificación del mentado dictamen, cabe recordar que en el artículo 59 de la LPACABA se establecieron cuáles eran los actos que debían ser notificados, entre los cuales no se encuentra la obligación de notificar dicho acto previo.
A su vez, resulta indiferente si el DGDYPC hizo suyo los fundamentos del dictamen jurídico, toda vez que en el artículo 63 de la LPACABA se estableció cual debía ser el contenido de la notificación de acto. En este sentido, de la lectura de la cédula por la cual se lo notificó de la Disposición DI-2017-2891-DGDYPC- (v. fs. 32/32 vta.), puede colegirse que se acompañó copia del acto sancionatorio. Por lo tanto, además de haberse cumplido con las previsiones del artículo anteriormente citado, no se evidencia de qué manera pudo haberse afectado al derecho de defensa de la parte recurrente, máxime cuando el dictamen no se encuentra dentro de los actos que deben ser notificados en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la LPACABA.
9.5. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el plante de vicios en el acto sancionatorio.
10. Que, determinada la procedencia de la sanción, corresponde tratar los planteos relacionados con el monto de la sanción impuesta.
Al respecto, manifestó que la sanción resultaba excesiva y confiscatoria, puesto que no se habrían seguido los parámetros establecidos en la Ley 24240 (v. fs. 36 vta.). Asimismo, consideró que la multa resultaba exorbitante y desproporcionada en relación al hecho (v. fs. 39 vta.).
Ahora bien, conforme a la naturaleza del caso, el marco normativo sobre el cual se basó el demandado para fijar la multa cuestionada, está compuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley 757 y por el artículo 47 de la Ley 24240.
Habida cuenta de ello, en el artículo 47 LDC se estableció que “[v]erificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso (…) b) Multa de PESOS CIEN ($100) a PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000)…”.
En este sentido, en el artículo 15 de la Ley 757 se establece que “[v]erificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas a las que resulte aplicable el procedimiento de esta Ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes”.
A su vez, de la lectura de la disposición cuestionada, puede colegirse que se utilizaron las pautas de graduación fijadas en el artículo 16 de la Ley 757. Para ello, la DGDYPC consideró la gravedad de la infracción y la condición de reincidente de la empresa sancionada (v. fs. 30).
En virtud de lo expresado y de las normas en las cuales se basó la DGDYPC para dictar la resolución cuestionada, estimo que la sanción resulta razonable, puesto que al momento de fijarse la Administración ha tenido en cuenta los máximos y mínimos fijados en la ley y los demás parámetros mencionados en el párrafo anterior. En consecuencia, la parte no ha logrado demostrar cuáles serían los motivos que tornan a la multa desproporcionada e irrazonable. Por ello, considero que el planteo referido a este punto debe ser rechazado.
11. Que, en otro orden de ideas, resta declarar abstracto el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley 22802 (v. fs. 40). Ello por cuanto se encontraba dirigido a acceder a la revisión del acto sancionatorio, circunstancia que finalmente terminó ocurriendo, tornando innecesario el tratamiento del planteo mencionado.
12. Que, por último, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley 5134, corresponde regular los honorarios de la representación letrada de la parte demandada por su actuación en la suma de once mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($11645), teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión y calidad de la labor desarrollada.
En mérito de lo expuesto, y en caso de que mi voto fuese compartido, propongo al acuerdo que: a) se rechace el recurso directo interpuesto por Frávega SACIEI; b) se confirme la Disposición DI-2017-2891-DGDYPC y, en consecuencia, las sanciones impuestas a Frávega SACIEI; c) se regulen los honorarios de la representación de la parte demandada por su actuación ante esta instancia en la suma de once mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($11645); d) se disponga que las costas sean soportadas por la parte actora aquí vencida (confr. art. 62 CCAyT).
Así voto.
A la cuestión planteada la Dra. MARIANA DÍAZ dijo:
I. Adhiero, en lo sustancial, al voto de mi colega FERNANDO E. JUAN LIMA, por cuanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de resolver el recurso directo bajo análisis como así también en lo que respecta a la regulación de los honorarios profesionales de la parte demandada.
II. En consecuencia, voto por: i) rechazar el recurso directo interpuesto a fs. 33/42, con costas (cf. art. 62 del CCAyT); y, ii) regular los honorarios de la letrada apoderada de la parte demandada de conformidad con lo expuesto en el considerando 12 del voto del juez FERNANDO E. JUAN LIMA.
A la cuestión planteada el Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:
Que adhiero al voto del Dr. FERNANDO E. JUAN LIMA.
En mérito a la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I. Rechazar el recurso directo interpuesto por Frávega SACIEI. II. Confirmar la Disposición DI-2017-2891- DGDYPC y, en consecuencia, las sanciones impuestas a Frávega SACIEI. III. Regular los honorarios de la representación de la parte demandada por su actuación ante esta instancia en la suma de once mil seiscientos cuarenta y cinco pesos ($11645). IV. Disponer que las costas sean soportadas por la parte actora aquí vencida (confr. art. 62 CCAyT).
Regístrese, notifíquese por secretaría a las partes, a la Sra. fiscal ante la
Cámara en su despacho y, oportunamente, archívese.
Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dra. Mariana Díaz
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
038430E
