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JURISPRUDENCIARestricción de acercamiento al hogar familiar. Desobediencia. Detención
Se revoca la resolución apelada y se ordena la inmediata detención del imputado por violar la restricción de acercamiento que le fuera impuesta, al irrumpir violentamente en el hogar familiar, conducta que encuadra en el tipo penal previsto en los artículos 183 y 239 del Código Penal.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr. Manuel Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintidós días del mes de Abril del año Dos Mil Quince, reunidos en el recinto de acuerdos de la Cámara de Apelaciones y Control, los Señores Vocales, Dra. GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Dra. MARIA TERESA MOSCA REGHIN, Juez; Dr. NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia de la mencionada en primer término, vieron el Expte. Nº C-138/14 – Recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal de Investigación Nº 4, Dr. Aldo H. Lozano en expte. Nº P-60522/14 (JC Nº 1 – FIP Nº 4) caratulado: “G., D.; p.s.a amenazas y lesiones agravadas por el vínculo – tres hechos. Ciudad”.
VISTOS Y CONSIDERANDO
La Señora Presidente de Trámite, Doctora GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, dijo:
Se inicia la presente instancia en virtud del recurso de apelación deducido en autos por el Señor Fiscal de Investigación Penal Nº 4, Doctor Aldo Hernán Lozano (fs. 107/109 y vlta.), en contra de la resolución dictada por el Señor Juez de Control y Garantías Nº 1, Doctor Gastón Mercau, quien dispone no hacer lugar al pedido de detención del inculpado D. G., formulado por dicho Ministerio Fiscal, y que obra a fs. 104/4106 de autos.
El representante del Estado se agravia del interlocutorio ante mencionado por considerar que el Señor Juez no valoró el pedido Fiscal que se basa en el hecho concreto de incumplimiento por parte del incriminado D. G. a las prerrogativas impuestas por el Magistrado al otorgarle la libertad bajo caución juratoria bajo apercibimiento de revocar tal beneficio en caso de omitir sus obligaciones (art. 30 del C.P.P.), como se vislumbra en el Acta de Caución Juratoria que obra a fs. 92, que refiere textualmente: “… y la prohibición de acercarse a un radio de trescientos metros de la denunciante o a los menores víctimas o al domicilio de … del Barrio Cuyaya de ésta Ciudad, así como presentarse cada treinta días en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 o el Tribunal Criminal que corresponda, mientras dure el proceso, todo bajo apercibimiento de revocar la libertad concedida…”.
Siendo las expresadas las obligaciones impuestas, en autos quedó debidamente acreditado que el instado G., violó la restricción de acercamiento en fecha 04/09/2.014, al irrumpir violentamente en el hogar familiar causando daños materiales, conforme el informe policial con carácter de instrumento público que obra a fs. 101 de autos; e informe de la actuaria de fiscalía a fs. 92, que da cuenta que el inculpado nunca se apersonó a derecho a cumplir la manda judicial desde que recuperó su libertad en fecha 25/04/2.014; demostrando estas circunstancias procesales el desprecio y desinterés por parte del imputado de la causa en cumplir con las conductas impuestas por la Justicia en ocasión de recuperar su libertad ambulatoria.
El rechazo por parte del Señor Juez resulta arbitrario y resulta a todas luces contradictorio, pues de mantenerse tal criterio, en todos los casos donde los imputados asumen cauciones y obligaciones ante el órgano jurisdiccional competente previo a recuperar su libertad, éstas prerrogativas resultarían inoficiosas.
Agrega que no se ha valorado la conducta peligrosa evidenciada por G., en acometer de manera violenta y sistemática en contra de su propio grupo familiar, quien, a pesar de haber estado privado de su libertad en su oportunidad, hizo caso omiso en cumplir con las obligaciones impuestas por el Señor Juez mediante resolución de fecha 25 de abril de 2.014 y que rola a fs. 88/91 de autos.
Para concluir, resalta que la sociedad toda se encuentra en una etapa de intolerancia en relación a la llamada VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, situación ésta que encuentra su fundamento en los distintos hechos sucedidos en todo el país y que muchos de ellos culminan con la muerte de la víctima mujer y/o niños, debido –quizás- a una tardía o extemporánea intervención de la justicia.
Finalmente y en su Petitorio solicita se revoque el auto impugnado, y se ordene la detención del inculpado D. G.
Concedido que fuera el recurso, elevada la causa y cumplidos los trámites procesales de rigor, el Doctor Miguel Ángel Lemir, Fiscal de ésta Cámara, en dictamen obrante a fs. 120/122 de autos, formula el mantenimiento del recurso deducido por el Ministerio Fiscal asistiéndole razón al recurrente, por cuanto debe revocarse el resolutorio puesto en crisis y en consecuencia ordenar la detención del encartado D. G. Por su parte, la Dra. María Florencia Quintar – defensora oficial – (en subrogancia defensoria Nº 1), a fs. 114/115 de autos, solicita se confirme la resolución puesta en crisis por los fundamentos esgrimidos a los que me remito en honor a la brevedad; formulando reserva del caso federal.
Así la causa se encuentra en estado de ser resuelta.- Luego del estudio pormenorizado de las constancias de autos, adelanto que mi decisión será por el acogimiento del recurso instaurado en la instancia.- Y ello, así por los fundamentos que siguen.
I.- El a quo por resolución de fecha 25 de abril de 2.014 denegó el pedido de prisión preventiva del inculpado D. G. efectuado por el Señor Fiscal, por considerar que no se daban las condiciones exigidas por los Arts. 319 y cc. del C.P. Penal, para el dictado de la medida de coerción, y dado el contexto de violencia familiar del caso, al prevenido se le impuso la prohibición de acercamiento a las víctimas y mientras dure el proceso.
Fundamenta su decisorio, en que la medida cautelar dispuesta – prohibición de acercamiento – se mantiene mientras dure el proceso dentro de los términos razonables de duración de la investigación penal preparatoria. Es así que la causa se inicia en fecha 24/01/14, en donde el Juez de Feria dispone la detención de G. recobrando la libertad al momento de rechazo de la prisión preventiva, exactamente tres meses después. Hasta ese momento se había producido la totalidad de la prueba. El señor Fiscal, desde el momento en que recuperó la libertad hasta el pedido de prisión preventiva, no produjo ninguna medida probatoria, existiendo inacción por parte de dicho Ministerio.
Sostiene que la medida cautelar no se puede mantener de forma indefinida en el proceso si el mismo no tiene trámite; que no debe confundirse con las medidas de protección que son órbita de los Tribunales de Familia, o de prevención que podrán adoptar las propias Fiscalías o la policía por aplicación del art. 159 del código de procedimientos.
Y agrega, que en caso de resultar exacto que el imputado hubiere violado las medidas impuestas, situación ésta que el Señor Fiscal pretende acreditar mediante un informe de un funcionario policial – a su entender -, se debería evaluar si existe algún delito de desobediencia u otra figura legal.- En este sentido, dice, que el Ministerio Fiscal no ha justificado debidamente la necesidad de la detención del instado, en tanto que la sola mención de un posible incumplimiento a las restricciones impuestas no alcanza para privar de libertad al imputado de autos.- Por lo tanto al no modificarse la situación no hace lugar al pedido.
II.- Considero que nunca pudo el Juez negar el pedido Fiscal en base a los fundamentos antes expresados.- Primeramente, de las constancias incorporadas en autos, surge palmariamente, que el inculpado D. G., violó las medidas impuestas por el Juzgador.
En primer lugar, el resolutorio del Señor Juez a quo de fecha 25/04/2014, en el punto 3°) impone al inculpado D. G., la prohibición de acercarse a un radio de trescientos metros a la denunciante o a los menores víctimas o al domicilio de calle …….; como así también la de presentarse cada treinta días en la Fiscalía de Investigación N° 4, todo bajo apercibimiento de revocar la libertad concedida.- Imposiciones éstas que BAJO FE DE JURAMENTE EL INCULPADO MANIFESTÓ CUMPLIR, conforme surge del Acta obrante a fs. 92 de autos.
Del informe de la Actuaria de Fiscalía, que obra a fs. 100, surge palmariamente, que el inculpado D. G., no se presentó a estar a derecho, no concurriendo luego de recuperada su libertad, a presentarse cada treinta días a la Fiscalía; como así tampoco, cumplió con la prohibición de acercamiento a las víctimas, conforme surge del informe del funcionario policial obrante a fs. 101.
Entiendo, que tanto el informe de la Actuaria de Fiscalía en su carácter de funcionaria judicial, como así también, el informe del funcionario policial, son pruebas suficientes por su carácter de instrumento público. Evidencian la violación a las medidas impuestas, medida de carácter preventivo, tendiente a garantizar las integridades físicas y psíquicas de la denunciante y sus hijos menores en razón de la violencia familiar padecidas por la conducta del encartado.
III.- El argumento sostenido por el sentenciante carece de todo razonamiento lógico jurídico, mide la magnitud del hecho negándose a otorgar la petición fiscal en base a la inacción de éste último, prescindiendo de la conducta desplegada por el acriminado de autos independientemente de la restricción impuesta por el mismo Magistrado, conducta ésta que encuadra en el tipo penal previsto en la norma del articulo 183 y 239 del C.P., conforme lo promoviera el Señor Fiscal de Investigación Nº 2 (ver fs. 101 y 120 vlta. primer párrafo del dictamen Fiscal).
Es reiterada la jurisprudencia en materia de “VIOLENCIA FAMILIAR O DE GÉNERO”, me permito transcribir una de ellas: “La desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en casos de violencia familiar y bajo dicha normativa específica, encuadran dentro de la figura penal de desobediencia a la autoridad prevista en el art. 239 del C. Penal, toda vez que, nos encontramos frente a un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido, esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar, máxime cuando estas órdenes son impartidas con el fin de hacer cesar conductas que denuncian violencia y para prevenir o evitar que las mismas se reiteren poniendo en peligro, la vida, la salud o la integridad psicofísica de la víctima” (SUMARIO DE FALLO 14 de Noviembre de 2012 – Id Infojus: SUR0015287- Fuente: SAIJ).
Por las razones dadas, voto por el progreso del recurso deducido en autos por el Señor Fiscal, debiendo en consecuencia, el Señor Juez de Control Nº 1 revocar la resolución puesta en crisis y ordenar la inmediata detención del inculpado D. G.
La Señora Vocal, Doctora MARIA TERESA MOSCA REGHIN, dijo:
Presto adhesión al voto de la Sra. Presidente de trámite.
El Señor Vocal, Doctor NESTOR HUGO PAOLONI, dijo:
Adhiero al voto de la Sra. Presidente de trámite por los fundamentos expresados en el mismo los que me permito compartir.
Por todo lo expuesto, esta CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL
RESUELVE
I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Señor Fiscal de Investigación Penal Nº 4, Doctor Aldo Hernán Lozano, por los fundamentos expresados en los considerandos del presente; y en consecuencia, ordenar al Señor Juez de Control y Garantías Nº 1, Doctor Gastón Mercau, revoque la resolución de fecha 09 de Setiembre de 2.014 y dicte nuevo pronunciamiento disponiendo la inmediata detención del inculpado D. G.; en cuanto ha sido materia de recurso.
II.- Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
III.- Registrar, agregar copia, notificar, protocolizar.
Fdo. Dra. Gloria María Mercedes Portal de Albisetti-Juez- Dra. María Teresa Mosca Reghin- Juez- Dr. Nestor Hugo Paoloni-Juez-Dra. Claudia Carolina Elias-Secretaria de Primera Instancia.
L., A. A. s/denuncia – Cám. Penal Rosario – 11/03/2013
001648E
