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JURISPRUDENCIAQuiebra. Gastos de la quiebra. Embargo sobre los haberes previsionales del fallido. Rehabilitación del fallido
Se revoca la resolución que ordenó trabar embargo sobre los haberes de retiro que percibía el fallido a efectos de cancelar los gastos impagos de la quiebra, al valorarse que estos eran posteriores a la rehabilitación. Es que el desapoderamiento de los bienes del quebrado comprende solo aquellos existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los adquiridos hasta su rehabilitación, pero los adquiridos con posterioridad escapan al ámbito de la quiebra y no modifica lo expuesto el hecho de que el embargo se haya trabado a efectos de cancelar los gastos de la quiebra.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2019.
Y VISTOS:
1. El fallido apeló la resolución copiada a fs. 6, mediante la cual se ordenó trabar embargo sobre los haberes de retiro que percibe, a efectos de cancelar los gastos impagos de la quiebra. Su memorial de fs. 8/15 fue contestado por la sindicatura a fs. 39/40.
La Sra. Fiscal ante la Cámara emitió su dictamen a fs. 47/49, propiciando el rechazo del recurso.
2. La sindicatura solicitó la traba de embargo sobre los haberes de retiro del fallido, con fundamento en que los gastos de la quiebra no se encuentran alcanzados por la restricción que emana del art. 125 de la LCQ, dado que tales acreencias son originadas con posterioridad al decreto de falencia.
Los agravios del quejoso se centran en que los haberes jubilatorios que el percibe no pueden ser afectados al pago de los gastos de esta quiebra, por cuanto ellos corresponden a importes percibidos luego de su rehabilitación, los cuales no pueden ser alcanzados por los efectos de la falencia. En sus fundamentos, remitió a los argumentos vertidos por la colega Sala A, en los autos “Piasek, Sergio Adrián s/Quiebra” del 09.02.10.
En subsidio y para el supuesto de confirmarse la resolución apelada, solicitó la aplicación del límite embargable previsto por el art. 11, inc. b) del Decreto 6754/43.
El síndico, al contestar el memorial cuestionó el límite de inembargabilidad pedido por el fallido y sostuvo que la aplicación del decreto 6754/43 no fue objetada en oportunidades anteriores. Sostuvo que la postura del apelante es abusiva, en tanto como consecuencia de la quiebra, no solo se liberó del pago de las deudas anteriores, sino que recuperó la percepción plena de sus haberes jubilatorios. Por lo demás, sustentó su postura en un precedente jurisprudencial de la colega Sala E.
La Fiscalía de Cámara, dictaminó a favor de confirmar el decisorio, por considerar que los gastos comprendidos en el art. 240 de la LCQ, son de carácter extraconcursal, por lo que a efectos de su cancelación, pueden ser afectados bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación del deudor.
3. La Sala no comparte la decisión adoptada por el anterior sentenciante y el dictamen de la Sra. Fiscal.
No se encuentra controvertido en autos que los haberes jubilatorios del fallido que pretenden ser afectados al pago de los gastos de la quiebra, son posteriores a la rehabilitación.
En razón de lo anterior, cabe revocar la decisión del Sr. Juez a quo y ordenar la restitución de los fondos retenidos al deudor.
Ello así, en tanto el desapoderamiento de los bienes del quebrado comprende solo a aquéllos existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los adquiridos hasta su rehabilitación -ley 24522: 107 y ccdes.- (En igual sentido: CNCom. Sala A, in re «Vitolo, Alfredo Isidoro s/ quiebra» del 28.4.2000, idem Sala C in re «Martínez, Mirta su propia quiebra» del 26.11.04; Sala D in re «Salsamendi, Susana s/ quiebra» del 14.9.05). Contrario a ello, los adquiridos con posterioridad escapan al ámbito de la quiebra (CNCom., esta Sala, in re «Paoli, Mabel Graciela s/ Quiebra” del 26.11.13).
No modifica lo expuesto, el hecho de que el embargo se haya trabado a efectos de cancelar los gastos de la quiebra.
De acuerdo con el art. 240 de la LCQ, los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor, salvo que tengan privilegio especial y su cancelación debe hacerse cuando resulten exigibles, sin necesidad de verificar.
Tales gastos, al no constituir créditos prefalenciales, quedan eximidos de verificar y de la suspensión de los intereses (CNCom., esta Sala in re «Proalcar SA s/ Quiebra” del 28.12.06), pero ello no autoriza su cancelación con bienes que, por expresa disposición legal, se encuentran excluidos del desapoderamiento que establece la quiebra.
Por lo demás la propia ley regula la posibilidad de que tales gastos queden insatisfechos.
Véase que el art. 240 de la LCQ, en su parte final establece que “no alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos”, mientras que el art. 232 regula el supuesto de clausura del procedimiento por falta de activo, la cual se presenta cuando aquél es insuficiente para satisfacer los gastos del concurso.
Si el legislador hubiera querido evitar la falta de cancelación de esas erogaciones, habría establecido regulaciones específicas, lo que no ocurrió.
En razón de lo expuesto, cabe concluir que la preferencia que establece el art. 240 de la LCQ para la cancelación de los gastos del concurso, no autoriza a sustraerlos de los alcances de los arts. 107 y 236 de la ley concursal, las cuales establecen el límite patrimonial y temporal de los efectos de la declaración de la quiebra.
No escapa a esta Sala lo expresado por la sindicatura al contestar el memorial, en orden a la liberación del deudor y las consecuencias de la rehabilitación y cese del desapoderamiento.
Sin embargo, pese a las posturas doctrinarias que pugnan por la regulación de la llamada “quiebra del consumidor”, no existe norma legal que imponga dar un tratamiento distinto para la quiebra de una persona física no comerciante y respecto de quien se han afectado sus haberes jubilatorios para el pago de los créditos prefalenciales.
Por lo demás, la mera alegación o invocación por parte del funcionario de la existencia de una conducta abusiva del fallido, no es suficiente para mantener la decisión apelada, en tanto no se probó ni se ofreció hacerlo que la actuación del fallido encuadre en las previsiones del art. 10 del CCCN que, al referirse al ejercicio abusivo de los derechos dispone que “…Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres…”.
4. En razón de lo hasta aquí expuesto y no compartiendo los fundamentos del dictamen fiscal, se admite el recurso de fs. 33 y se revoca la resolución de fs. 6, con costas.
5. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN, y a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho.
6. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN y, devuélvase al Juzgado de origen.
7. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 5 (conf. Art. 109 RJN).
MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO
MATILDE E. BALLERINI
037323E
