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JURISPRUDENCIAConcursos y quiebras. Rehabilitación. Embargo. Gastos de justicia
Se revoca parcialmente la resolución apelada y se ordena embargar los haberes de la fallida en la proporción legal, únicamente hasta cubrir el importe correspondiente a los gastos de conservación y justicia (art. 240, L. 24522), pues habiendo operado su rehabilitación, no puede mantenerse el embargo para cancelar deudas de carácter preconcursal o acreencias posteriores que no han redundado en beneficio del concurso, pero sí para afrontar los gastos mencionados, en tanto aquella carece de bienes a su nombre y lo incautado resulta insuficiente para abonarlos.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015.
1. La sindicatura y el Banco Macro S.A. apelaron la resolución de fs. 280/282, mediante la cual el juez de primera instancia admitió el pedido de fs. 255/256 y, en consecuencia, ordenó: (i) levantar el embargo trabado sobre los haberes de la fallida y (ii) devolverle los fondos embargados desde el 27.11.14, fecha en la que operó de pleno derecho su rehabilitación (art. 236, LCQ).
Los recursos de fs. 284 y 296, concedidos en fs. 285 y 297, fueron fundados con los memoriales de fs. 286/288 y 298/299, que recibieron réplica en fs. 293/294 y 315/316.
En prieta síntesis, la sindicatura se agravia porque -a su criterio- el magistrado a quo no analizó debidamente las constancias de la causa y soslayó la aplicación de principios concursales relevantes.
Por su parte, la entidad bancaria sostiene que la decisión apelada carece de sustento legal y desconoce las vicisitudes derivadas de la abusiva falencia de la deudora.
2. La Fiscal General de Cámara dictaminó en fs. 324/327, aconsejando modificar parcialmente el fallo recurrido.
3. La Sala comparte los fundamentos expuestos en el dictamen fiscal que antecede a este pronunciamiento, pues se ajustan a las constancias de la causa y propician una solución adecuada al casus. Por ende, y atendiendo a elementales razones de brevedad discursiva, cabe remitirse a su contenido.
Sólo se añade que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la resolución judicial que dispone la rehabilitación del fallido es meramente declarativa, en tanto «… resulta claro que el cese de la inhabilitación… opera automáticamente, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude la citada norma, circunstancias que no concurrieron en el caso, toda vez que el recurrente no fue sometido a proceso penal alguno» (CSJN, 2.2.10, «Barreiro, Ángel s/quiebra»).
En tales condiciones, y de acuerdo a lo decidido por esta Sala en casos análogos, es claro que habiendo operado la rehabilitación de la fallida, el embargo de sus haberes no puede mantenerse para cancelar deudas de carácter preconcursal o acreencias posteriores que no han redundado en beneficio del concurso (esta Sala, 11.3.14, “Moyano, María Fernanda s/quiebra”), pero sí para afrontar los gastos de conservación y justicia (art. 240, LCQ), en tanto aquella carece de bienes a su nombre y lo incautado hasta el momento resulta insuficiente para abonarlos (v. fs. 269vta.).
4. Las costas generadas en esta Alzada serán distribuidas en el orden causado, en atención a las particularidades exhibidas en la causa y la solución que en definitiva se adopta (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ; esta Sala, 11.3.14, “Moyano, María Fernanda s/quiebra”).
5. Por los fundamentos que anteceden, y de conformidad con lo propiciado por la Fiscal General, se RESUELVE:
Rechazar el recurso deducido en fs. 284 y admitir parcialmente el interpuesto en fs. 296, ordenando mantener el embargo trabado sobre los haberes de la fallida en la proporción legal, únicamente hasta cubrir el importe correspondiente a los gastos de conservación y justicia; con costas en el orden causado.
6. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, notifíquese a la señora Fiscal General en su despacho y devuélvase la causa, confiándose al señor Juez a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1º, Cpr.) y las restantes notificaciones.
El Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN. 109). Es copia fiel de fs. 328/329.
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Pablo D. Frick
Prosecretario de Cámara
Ley 24522 – BO: 20/7/1995
Anta, Carlos A., Raíces y tratamiento procesal de la rehabilitación en la quiebra, Compendio Jurídico, Abril 2009,
005317E
