Se confirma la resolución de la Inspección General de Justicia, que impuso una multa pecuniaria y declaró irregular e ineficaz el acta de asamblea y el trámite que pretendía la inscripción de directores y síndicos, pues existe una discordancia respecto del lugar de celebración de la asamblea y el domicilio oportunamente denunciado al organismo. Se destacó que el fin perseguido por el organismo de contralor es el de acentuar la certeza y efectividad de la publicidad de los actos y por ende las personas que resultan responsables de la efectiva administración y dirección de los negocios de la sociedad, para así procurar la efectiva transparencia del tráfico mercantil y el cumplimiento de sus funciones propias de fiscalización, por lo que el dictado de reglamentaciones exige por parte de los usuarios el estricto acatamiento de sus disposiciones.
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