Se hace lugar a la acción de amparo interpuesta por el actor, beneficiario de una pensión del Gobierno Español abonada en euros, pues la restricción a su cobro en moneda de origen no es razonable y desconoce la protección de la propiedad y de la seguridad social consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos que pretenden garantizar la naturaleza integral e irrenunciable de las jubilaciones y pensiones de los ciudadanos.
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