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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Injuria laboral. Abandono de trabajo. Intimación fehaciente. Principio de conservación del contrato de trabajo
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda por despido sin causa, ya que el accionado no logró acreditar la causal de injuria invocada -abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la LCT- pues no demostró haber dado cumplimiento con la intimación fehaciente de reintegro al trabajador, encuadrándose así en una franca contradicción con el principio de conservación del contrato, previsto en el artículo 10 de la LCT.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2015, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:
I. Llegan las actuaciones a esta Sala, por los recursos de apelación planteados por las partes contra la sentencia que hizo lugar al reclamo.
II. Se queja la accionada por la decisión del señor Juez a quo que consideró no acreditada la causal invocada para rescindir el vínculo laboral. Asimismo recurre por alta la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.
Por su parte, la trabajadora, se agravia por el rechazo al planteo de inconstitucionalidad del Decreto 146/01, como así también por la desestimación de la sanción prevista en el artículo 132 bis de la LCT.
III. Entiendo que la disconformidad planteada por la demandada a fs. 223 vta./224, no reviste la calidad de agravio, en tanto no constituye una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia apelada, conforme lo exige el artículo 116 del ordenamiento aprobado por la Ley 18.345. La quejosa se ha limitado a hacer consideraciones más propias de una contestación de demanda que de un recurso.
Asimismo, soslaya la accionada, que en el supuesto especial de injuria regulado por el artículo 244 L.C.T., que fue el escogido por ella para encuadrar la denuncia del contrato de trabajo, requiere para su configuración: a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral; b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, durante el plazo fijado (se entiende: ni presentación en el establecimiento, ni comunicación explicativa de sus ausencias).
Como bien señaló el a quo, en el caso, no fue cumplido el segundo, de los requisitos citados, en franca contradicción con el principio de conservación del contrato, previsto en el artículo 10 de la LCT.
En razón de lo expuesto, propicio se rechace el agravio y se confirme este aspecto de la sentencia en crisis.
IV. A su turno, la actora deplora que la sentencia bajo estudio haya desechado el planteo de inconstitucionalidad del decreto reglamentario 146/01, en particular, sus artículos 1 y 3, los cuales reglamentan la procedencia de las sanciones previstas en los artículos 43 y 45, respectivamente, de la Ley 25.345.
V. En nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición a ellas, constituye uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos.
Es misión del Poder Judicial, sostener la observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo de decidir las causas de cualquiera de los otros poderes que estén en oposición con ella (Fallos: 1:548; 12:155; 18:172; 32:128; 33:194).
De ello se desprende que, la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal, es la más delicada de las funciones encomendadas a un tribunal de justicia, y solo practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere. La gravedad de tales declaraciones judiciales de inconstitucionalidad lleva a sostener que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera.
Pero para que ello tenga lugar, es necesario que, conforme lo sostiene nuestro más Alto Tribunal, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma demuestre claramente de qué manera esta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (C.S.J.N., 15.4.93 Moño Azul S.A. J.A. 1995-III, pág. 310, síntesis). Esto no ha ocurrido en autos, donde lo único que hace la parte actora es sostener que el Decreto en cuestión modifica la letra y el espíritu del artículo 132 bis de la L.C.T., e instaura el hecho que el trabajador «…deba efectuar una intimación por deudas de las cuales no es acreedor, dado que se trata de aportes que el empleador debe abonar a los organismos recaudadores.» (fs. 227 pto.3).
No obstante, entiendo que la norma no resulta inconstitucional ya que, como se establece en sus considerandos, los objetivos que inspiraron el texto del artículo 43 de la ley 25.345 se centran en dar prioridad a la regularización de los aportes retenidos y no depositados por sobre la aplicación de la sanción conminatoria creada por la misma, siendo razonable que se otorgue oportunidad al empleador para enmendar cualquier omisión en que hubiese incurrido en un plazo relativamente breve.
Con relación al término de 30 días, a cuyo vencimiento el trabajador recién se encuentra en condiciones de emitir la intimación de entrega de los certificados establecidos en el artículo 80 de la L.C.T., el mismo no se revela contrario al espíritu del artículo 45 de la ley 25.345, si se aprecia que resulta razonable otorgar a los empleadores ese término para la extensión de los mentados documentos.
Por otra parte, debe destacarse que el Decreto 146/01 solamente establece un recaudo formal que no resulta de imposible cumplimiento para el trabajador, cual es el de cursar una simple intimación luego de 30 días de la desvinculación. Al respecto no se ha invocado en autos que hubiese existido algún impedimento para hacerlo, por lo que no se aprecia cuál es el perjuicio que le causaría el decreto en cuestión que, por lo demás, había entrado en vigencia antes del despido.
Por ende, toda vez que la actora no cursó la intimación prevista por el artículo 3° del Decreto 146/01 en los plazos allí establecidos, considero que corresponde se confirme lo resuelto en grado.
VI. Considero que la propuesta contenida en la primera parte del apartado IV torna abstracto el tratamiento del agravio referido a la incidencia de planes de pago, en la sanción conminatoria previsto en el artículo 132 bis de la LCT.
VII.En atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, el marco del valor económico en juego, y de conformidad con las pautas arancelarias previstas por el art. 38 de la L.O., y los arts. 6, 7, 8, y sig. Ley 21.839, soy de opinión que los honorarios regulados no son elevados, por lo que propicio que sean confirmados, (conf. art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839).
VIII. Por lo expuesto, propongo en este voto se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; se impongan las costas de esta instancia en el orden causado, atento la existencia de vencimientos mutuos (artículo 71 CPCCN); se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes en el …% de lo que fueran regulados en la instancia anterior.
EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;
2) Imponer las costas de Alzada en el orden causado;
3) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y demandado, por sus trabajos en esta instancia, en el …%, respectivamente, de lo fijado por la anterior. Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/5/13 y, oportunamente, devuélvanse.-
VICTOR ARTURO PESINO
JUEZ DE CÁMARA
LUIS ALBERTO CATARDO
JUEZ DE CÁMARA
Ante mí:
ALICIA E. MESERI
SECRETARIA
Mayorga, Adrián René c/Hugo, Ariel Flores SRL y otros s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala I – 03/06/2014
001747E
