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JURISPRUDENCIAEmpleo público. Acción de amparo. Municipios. Resolución administrativa. Principio protectorio. Reducción salarial. Requisitos
Corresponde admitir la acción de amparo interpuesta por el actor y declarar la nulidad de la resolución administrativa 148/2014, puesto que el municipio demandado no ha motivado de forma suficiente el acto administrativo que dispuso la reducción salarial del trabajador, afectando de esta manera las garantías constitucionales que protegen al trabajador.
En la ciudad de Mendoza a un día del mes de abril de dos mil quince, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 50.972/50.789 caratulados “RODRÍGUEZ, ROBERTO FÉLIX C/MUNICIPALIDAD DE LUJÁN P/ACCIÓN DE AMPARO”, originarios del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venido al Tribunal en virtud del recurso de apelación planteado a fojas 200/211 en contra de la sentencia de fojas 198/199.-
Practicado a fojas 251 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Leiva, Sar Sar, Ferrer.-
De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provin-cial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
SEGUNDA CUESTIÓN:
COSTAS.
SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:
I.- Que, conforme a lo dispuesto por el art. 31 del Decreto Ley 2.589/75, modificado por ley 6.504, en oportunidad de fundar recurso, a fojas 200/211 el Dr. Lorenzo López Navarro, por el amparista Roberto Félix Rodríguez, se queja de la sentencia de fojas 198/199 que desestima la acción de amparo por entender que resulta extemporánea al haberse operado la caducidad de la misma.
Respecto al plazo establecido en el art. 13 del Decreto Ley N° 2.589/75 afirma el apelante que el amparo es un instituto procesal de excepción o medio de poner en ejercicio la garantía de la protección judicial de los derechos constitucionalmente reconocidos, cuando son violados o amenazados por hechos, actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios; que para la correcta aplicación del término debe determinarse el momento a partir del cual se debe computar el plazo de diez días para promover el amparo, tema que no parecería traer mayores dificultades en el texto de la norma provincial, el que se diferencia de la legislación nacional, pues ésta alude a la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, mientras que aquella reza “la fecha en que el afectado tomó conocimiento del hecho, acto u omisión.”
Agrega que lo importante es que el actor haya podido tomar efectiva noticia del acto o que el interesado ha tenido conocimiento cierto del acto u omisión, puesto que si se trata de castigar la indolencia procesal del afectado, mal puede configurarse ésta si dicho particular ignora la lesión del caso; que de acuerdo al art. 13 la acción de amparo en los casos del art. 1° debe articularse dentro de los diez días a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, hecho u omisión que repute violatorio de sus derechos constitucionales, pero el art. 1° concede la acción contra todo hecho, acto u omisión que, en forma actual o inminente, y con ostensible ilegalidad y arbitrariedad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos constitucionales.
Especifica que, en el caso, el plazo debe contarse desde que el actor tomó conocimiento del acto, hecho u omisión que reputa violatorio de sus derechos constitucio-nales, que ello se produce cuando se consuma verdaderamente la lesión, es decir, la fe-cha de la notificación de la reducción salarial se la hizo al actor con fecha 07/05/2.014; que la reforma constitucional ha dejado subsistente el plazo de diez días previstos por el art. 13 de la Ley 2.589/75, que el dies a quo considera que ese plazo acaece cuando el afectado tomó conocimiento de ese hecho, acto u omisión que reputa violatorio de sus derechos constitucionales.
Argumenta que se debió analizar el acto administrativo en concreto que se im-pugna, en tanto no es un acto valido, al contener un vicio que es penado con su nulidad y por ello es que el mismo organismo que lo emite podía modificarlo hasta tanto no se ponga en conocimiento del administrado o bien hasta tanto se ejecutara el mismo; que la fecha de comunicación al actor de la liquidación practicada que contiene la importante reducción salarial se hizo mediante la entrega del bono de haberse el día 07/05/2.014.
Le endilga a la sentencia apelada falta de fundamentación de acuerdo a lo establecido por el art. 90 del C.P.C.; puntualmente, sostiene que el juez no analiza los hechos ni la prueba ofrecida por las partes, que el juez parte de que se ha omitido el trámite en sede administrativa y no evalúa los dichos de la demandada sobre las faculta-des referidas a la liquidación de haberes de los agentes municipales ni se refiere a la pro-tección del trabajo, al derecho a la igualdad, a la prohibición de hacer discriminaciones; que no evalúa el hecho que las remuneraciones tienen carácter alimentario, ni la validez del acto administrativo, que se trata de una persona y su familia que se quedan con la mitad del sustento diario que tenía desde hace años por la voluntad infundada de un fun-cionario.
II.- Que a fojas 221 la Cámara ordena correr traslado a la contraria de la fundamentación del recurso por el plazo de ley (Art. 33 del Decreto Ley 2.589/75), notificándose esta providencia a fojas 222.
A fojas 223/227 el Dr. Esteban Rinaudo, por la Municipalidad de Luján de Cuyo, contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo del recurso intentado; a fojas 232 Fiscalía de Estado toma intervención. A fojas 237 se agrega el dictamen de Fiscalía de Cámaras.
III.- Que a fojas 250 se llama autos para sentencia, practicándose a fojas 251 el correspondiente sorteo de la causa.
IV.- Reseña de los principales antecedentes de la presente causa. En la demanda de fojas 38/60 comparece el Dr. Lorenzo López Navarro, en representación del Sr. Roberto Félix Rodríguez, promoviendo acción de amparo contra la Municipalidad de Luján de Cuyo, a fin de que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 148/2014 firmada por el Jefe de Gabinete y el Secretario de Gobierno; solicita que se deje sin efecto las medidas adoptadas como consecuencia del acto administrativo impugnado en tanto el mismo se ha realizado de manera ilegal, irrazonable e infundada, a la vez que está causando un grave perjuicio al trabajador; que asimismo peticiona se deje sin efecto las medidas adoptadas por tratarse de un ejercicio del ius variandi por parte del organismo público en tanto corresponde se respeten las funciones y las remuneraciones que le corresponden en virtud de su cargo de Planta Permanente y su agrupamiento y categoría de conformidad con la Ley 5.892, 5.811 y 5.126, en tanto se han quitado adicionales, produciéndose una reducción salarial que se está haciendo en exceso del derecho del ius variandi que tiene todo empleador.
Precisa, respecto del plazo de caducidad previsto en el art. 13 del Decreto Ley 2.589/75 que el damnificado tomó conocimiento del acto que lo afecta, dado que aún no se le abonan al actor los haberes liquidados en consecuencia del acto administrativo impugnado; entiende que el plazo vencería el 17/05/2.014, pues la entrega del bono de sueldo se produjo en fecha 07/05/2.014.
Alega que se encuentra legitimado para iniciar este amparo por la reducción salarial ilegítima que se está realizando que conlleva una violación de la garantía constitucional del derecho de protección del trabajo en tanto el art. 14 bis expresa que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, etc.; expone que el actor está trabajando en la Municipalidad de Luján de Cuyo desde el año 1.986, obteniendo en el año 2009 la más alta categoría del escalafón municipal (Cat. 1, Ley 5.892); que esta normativa adhiere al principio de la estabilidad del empleo municipal y ordena la realización de concursos para el ascenso de los agentes municipales; que la arbitraria y unilateral decisión adoptada por la Municipalidad de Luján de Cuyo, se solicita la correcta liquidación de haberes conforme a su función de Subdirector (categoría I) del Área de Dirección de Administración de Personal, por ser violatoria de derechos constitucionales; precisa que desde su ingreso trabajó en la Dirección de Compras y Suministros, luego fue destinado a la Tesorería Municipal aproximadamente 18 años en la Contaduría Municipal y en la Contabilidad Central, luego un tiempo en el área de Recursos Humanos; que dado sus antecedentes y conocimientos contables se le pide en el año 2009 que vuelva a Contabilidad Central donde se desempeña básicamente en lo que respecta a los balances de gastos municipales, que desde el 29/05/2009 se le asigna la categoría de Subdirector de Administración de Personal; que la relación de empleo público se mantuvo con normalidad hasta que comenzaron a circular las versiones que podía darse una rebaja de sueldos a mediados del mes de abril de 2014 sin dar mayores precisiones pero nada se notificó formalmente; que luego se le informa que por Resolución N° 148/2014 firmada por el Jefe de Gabinete, que se reducirían los salarios a través de la quita de adicionales y como fundamentos se dan las atribuciones conferidas por el art. 105 de la Ley 1.079, facultades de la ley 5.892 y un reordenamiento de la planta funcional municipal por razones de economía presupuestaria; que este acto administrativo adolece de graves vicios, que detalla en función de la normativa emergente de la Ley 3.909, lo que lo torna nulo.
Indica que una reducción salarial sólo es válida si se respetan los siguientes as-pectos dado el carácter alimentario de los salarios de los empleados: a) Que sea una disminución generalizada, es decir para la totalidad de los empleados; b) Que esa dismi-nución no supere los limites respecto a lo que se considera una ilegítima confiscación, y c) Que se debe demostrar que no había otra medida para lograr un equilibrio presupuestario para adoptar este tipo de medidas.
Sostiene que concretamente de los bonos de sueldos surge que se han quitado los siguientes adicionales: a) Mayor responsabilidad (Código 009) 85 % del sueldo básico; b) Función Jerárquica (Código 081) 64,94 % del básico; c) Adicional Decreto 1.398 (Código 167), y d) Aumento a cuenta de paritarias 2014 (Código 168).
Cita jurisprudencia y funda en derecho.
Dado el trámite correspondiente a fojas 63, a fojas 85/97 comparece el Dr. Esteban Rinaudo, por la Municipalidad de Luján de Cuyo, y rinde informe circunstanciado; invoca el art. 26 de la Ley 5.892 que funda el retiro de adicionales; además indica que se ha realizado legal, razonable y fundado; solicita el rechazo del amparo por haber sido presentado fuera del plazo previsto por el art. 13 del Decreto Ley 2.589/75; que el ampa-ro en el caso no es la vía más idónea; arguye sobre la inexistencia del acto lesivo que se le endilga; que el Municipio puede en cualquier tiempo revocar el adicional, sin que el amparista impugne la normativa en que se funda la resolución atacada; que se trata de un acto discrecional reconocido expresamente por la ley; que aquí se ha respetado la calificación y categoría en la situación del amparista; que es cierto que en ejercicio de la facultad legal se le han retirado los adicionales por función jerárquica y responsabilidad profesional, ya que no reviste las responsabilidades que anteriormente asumía y ante el cambio de prestación, se produjo el respectivo cambio de remuneración.
A fojas 109/110 toma intervención Fiscalía de Estado.
A fojas 118 se admiten las pruebas ofrecidas, con excepción de la prueba peri-cial caligráfica ofrecida por la accionada a fojas 105.
A fojas 141/190 se agrega copia del legajo del amparista.
A fojas 198/199 el juez de primera instancia rechaza la acción de amparo por entender que resulta extemporánea al haberse operado la caducidad de la misma, toda vez que la acción se dedujo en fecha 12/05/2.014, mientras que el acto impugnado le fue notificado en fecha 22/04/2.014; es decir, que se habría vencido el plazo de diez días co-rridos señalado por el Decreto Ley 2.589/75 (Arts. 13 y 16), sin que corresponda compu-tar el plazo como se pretende en la demanda, desde la fecha en que el actor habría tomado conocimiento de la liquidación de haberes con las bajas referidas; agrega la sentencia que en tanto se predica que la resolución N° 148/2014 firmada por el Jefe de Gabinete y el Secretario de Gobierno de la comuna importaría un ejercicio ilegítimo del ius variandi por parte de la Administración, se requiere un mayor debate y prueba que exceden el marco restringido de la acción de amparo, a fin de garantizar el derecho de defensa de ambas partes.
V.- La cuestión del plazo de caducidad de la acción de amparo. Análisis del tema del plazo para interponer el amparo en el presente caso. Consecuencias de la calificación del amparo por mora de la Administración pública. Como se sabe, el tema del plazo, en el amparo, sobre todo luego de la reforma constitucional de 1.994, ha generado divergencias doctrinarias y jurisprudenciales; menciono que, en la doctrina nacional, con respecto al art. 2 de la ley 16.986, se han propuesto las siguientes posiciones:
1. Postura de la derogación del artículo 2° inciso e) de la ley 16.986 por el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional: Esta tesis considera que el art. 2° inc. e) de la ley de amparo nacional 16.986, luego de la reforma constitucional de 1994, ha sido implícitamente derogado por el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, el cual ha regulado expresamente el amparo y no contiene como presupuesto o requisito de admisibilidad del mismo que la acción deba ser presentada dentro de un plazo determinado.
En la ley reguladora del amparo 16.986 coexisten dispositivos que disciplinan los presupuestos de su admisión (arts. 1° y 2°) y la legitimación (art. 5°), con otros que se limitan a regular aspectos sólo de procedimiento, tales como los relativos a la competen-cia (art. 4°), a los requisitos del escrito de iniciación (art. 6°), a la prueba (art. 7°), a los plazos de los diferentes actos procesales (arts. 8°, 9°, 15), entre otros.
Sobre la base de esa distinción, es razonable que, aún después de la reforma constitucional, los tribunales echen mano a la ley 16.986 para regular el trámite procesal después de iniciado el amparo. De esta manera, se encuentra un marco razonable que encamina el procedimiento y las partes cuenten con un procedimiento que les permita conocer de antemano cuáles son los pasos que deben seguir en el curso del proceso. Pero por el contrario, el plazo de caducidad que regula el art. 2° inc. e de la ley excede la materia puramente procesal y forma parte, en cambio, del ámbito propio de los presupuestos de admisión del amparo. Este sustento es más claro aún a partir de la reforma constitucional de 1994, pues el art. 43, en sus dos primeros párrafos, consagra expresamente la acción de amparo y establece cuáles son los presupuestos de su admisión y procedencia y quiénes se hallan legitimados para deducirla. Consecuentemente, se debe interpretar que el texto constitucional, en tanto prevé las condiciones que se deben reunir para acceder a la vía del amparo, se basta a sí mismo, es por lo tanto operativo, y no tolera el agregado de otros requisitos que tenían como presupuesto un diferente régimen constitucional.
Por lo tanto, un texto legal que ha reglamentado el amparo sobre la base de un distinto soporte constitucional no se puede considerar vigente frente a un nuevo texto de la Constitución que lo ha regulado de modo autosuficiente.
En síntesis, esta postura considera que el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional es no sólo operativo sino también autosuficiente, y que el mismo regula todos los presupuestos o requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo, resultando inconstitucional la reglamentación y agregado por ley de otras condiciones de admisibilidad y procedencia no previstas por la Carta Magna.
2. Postura de la ineficacia del artículo 2° inciso e) de la ley 16.986 por la jerarquía de los derechos lesionados: Esta teoría entiende que debe primar la importancia y jerarquía constitucional de los derechos lesionados por sobre la necesidad de sancionar con la caducidad al amparista tardío.
El alto valor de los derechos vulnerados hace que toda la sociedad esté interesada en el restablecimiento de su vigencia, siendo obviamente más importante asegurar el efectivo respeto de los derechos fundamentales de la persona humana que castigar con la caducidad a un amparista por su retraso en la interposición de la acción.
Vale decir que la gravedad de la violación a un derecho de la máxima jerarquía conforme el art. 31 de la Constitución Nacional, que pone en riesgo y amenaza al mismo Estado de Derecho, no admite otra posibilidad que la admisión de la acción de amparo aunque se haya demorado en el tiempo.
Considera que si el constituyente hubiera querido limitar la aplicación de la acción de amparo mediante un plazo de caducidad lo hubiera dicho expresamente en la redacción del art. 43 de la Constitución Nacional, habida cuenta de la gravedad de sus consecuencias y la entidad de los derechos en juego, por lo que resulta inevitable que el requisito del art. 2° inc. e) de la ley de amparo nacional debe ceder a los fines de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional. Lo expuesto puede relacionarse con lo que sucede en el derecho penal, ya que cuando se cometen delitos de acción pública toda la sociedad se encuentra interesada en sancionar a los autores, con el objeto de asegurar la efectiva vigencia y respeto de los bienes jurídicos protegidos, siendo irrelevante el perdón, renuncia o desistimiento de las víctimas.
En el ámbito federal, no existe constitucionalmente un plazo de caducidad de la acción de amparo, como tampoco existe un plazo de caducidad de la acción de habeas data o de la acción de habeas corpus. Sería inconstitucional una ley que estableciera un plazo de caducidad de la acción de habeas corpus, en virtud del derecho que protege: la libertad física. Pues bien, la acción de amparo garantiza derechos tales como la vida y la salud. Por lo tanto, si un proceso constitucional que protege a la libertad física no puede estar limitado por un plazo de caducidad, otro proceso constitucional que promueve la vida o la salud tampoco puede recibir esta clase de limitación temporal. Resulta de lo expuesto que el plazo de caducidad de quince días hábiles de la ley 16.986 deviene inconstitucional por ser excesivamente exiguo, colisionando con la efectividad que debe tener la acción de amparo de acuerdo al art. 25 de la Convención Americana sobre Dere-chos Humanos.
Más aún si se considera que el común de las personas no tiene conocimiento de la existencia de este plazo de caducidad, y es muy probable que el mismo se encuentre vencido, con las graves consecuencias que ello implica en un amparo, antes de que se llegue a requerir los servicios de un abogado, que a su vez necesita tiempo para estudiar el caso y preparar la demanda.
Sin embargo, no pasa inadvertido que esta postura puede perder algo de fuerza si lo que se pretende tutelar con la acción de amparo es un derecho consagrado en una ley, como lo autoriza el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, y no un derecho de rango constitucional o previsto en los tratados o convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.
3. Postura de la no vigencia del artículo 2° inciso e) de la ley 16.986 por aplicación de la «doctrina de la ilegalidad continuada»: Esta tercer postura parte de la base de reconocer la constitucionalidad de la reglamentación de la acción de amparo que realiza la ley 16.986, considerando que luego de la reforma constitucional de 1994 el art. 2° inc. e) de la ley mantiene su vigencia. Asimismo, se encuentra relacionada con la cuestión del inicio del cómputo del plazo de caducidad. Al respecto, se acepta mayoritariamente que el plazo de quince días hábiles empieza a correr desde el conocimiento cierto y fehaciente del acto u omisión lesiva por parte del afectado.
Desde esta perspectiva, la acción de amparo puede generarse tanto por un acto lesivo único como por varios actos lesivos continuados, siendo esta distinción la que permite explicar el origen de la doctrina de la ilegalidad continuada. Se citan como ejem-plos de actos lesivos únicos a la negativa de una obra social a entregar medicamentos para tratar una enfermedad, a la clausura arbitraria de un comercio y como paradigmas de varios actos lesivos tanto una reducción salarial que se efectiviza mes por mes a causa de una sola norma jurídica dictada antes de la primer reducción, como múltiples normas jurídicas que reiteradamente van violando uno o más derechos constitucionales.
Dentro de lo discutible de la temática, cabe diferenciar aquí la existencia de un acto lesivo único, con resultados que se proyectan linealmente en el tiempo, de la existencia de varios actos lesivos consecutivos o reiterados. En el caso de la cláusula arbi-traria de un comercio, vgr., hay un acto lesivo único (su cierre), aunque con consecuencias también futuras. Aquí parece que el plazo debe correr desde la clausura. Para la hipótesis en los descuentos en las remuneraciones, se trata en principio de una serie de distintos actos lesivos (los distintos pagos insuficientes) que se van consumando, por ejemplo, mes a mes, por más que el título jurídico de esos actos dañosos sea históricamente uno solo (así una ley que dispuso las reducciones impugnadas como manifiestamente arbitrarias o ilegítimas). En definitiva, habrá que averiguar caso por caso en cual situación se encuentra afectado.
La existencia de varios actos lesivos en el amparo (vgr. ilegales descuentos mensuales en sueldos; continuas leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. que van lesionando derechos constitucionales en el tiempo) ha dado nacimiento a la llamada «doctrina de la ilegalidad continuada», en virtud de la cual se afirma que los sucesivos, ilegales y continuos actos lesivos van haciendo renacer o renovar constantemente el pla-zo de quince días hábiles del art. 2° inc. e) de la ley de amparo nacional 16.986, impidiendo en consecuencia la caducidad de la acción, siendo éste su efecto práctico más importante. (CASCO, Javier César, “Tres posturas sobre la no vigencia del plazo de caducidad en la ley de amparo nacional”, LA LEY 2003-B, 1400; también puede verse: GÓMEZ, Claudio D., “El plazo de caducidad en el amparo, ¿un verdadero enigma para los jueces?”, LLC 2007 (setiembre), 791; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, “Inconstitucionalidad del plazo de caducidad del amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, LA LEY 2007-C, 1214; VOCOS CONESA, Juan Martín, “¿Vigencia del plazo de caducidad para la acción de amparo? (A propósito de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, LA LEY 2002-E, 374; RIVAS, Adolfo, “El plazo de caducidad en el amparo”, LA LEY 2000-C, 346; entre otros)
En el orden provincial, la Suprema Corte de Justicia ha entendido que «la determinación de un plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo, no es contradictorio con la Constitución –arts. 43 C.N. y 13 ley 2589/75; por el contrario, si existe urgencia no es incongruente establecer un término para que el remedio se ejerza. Pero si el afectado dilata la articulación, implica que no está apurado en el planteo. El legislador no está obligado a fijar un plazo, pero si lo prevé, es constitucional en tanto sea razonable. La excepción a este criterio se configura cuando se afecta un derecho de incidencia colectiva o un derecho que impone tratamiento urgentísimo, como es el derecho a la salud». (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 82.225, «Sánchez, Daniel Gabino c/Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza s/Inc. Cas.», 02/06/2005, LS 351 – 232); con posterioridad, sostuvo que “la determinación de un plazo de caducidad no es contradictoria con la vía constitucional del amparo, ni con el art. 43 C.N., por el contrario, si existe urgencia (razón que justifica el amparo) no es incongruente establecer un término para que el remedio se ejerza. Si el afectado dilata la articulación – dos años y medio plazo que excede razonables pautas temporales-, ello quiere decir a todas las luces que no estaba apurado para plantearlo”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 89.015, “Asociación Gremial De Empleados Y Funcionarios Del Poder Judicial En J° 32.120/168.071 Asociación Gremial C/ Gobierno P/ Amparo S/ Inc”, 06/06/2007, LS 378 – 017)
En la doctrina provincial, se ha dicho que a pesar de su inconveniencia, en abs-tracto, el plazo de 10 días corridos que establece el régimen provincial no es inconstitucional; la inexistencia de un plazo, dejando a criterio de los jueces si es o no el amparo el medio más idóneo para la protección de un derecho al momento de la interposición, llevaría a una considerable variedad de fallos, lo cual sólo contribuiría a crear inseguridad: lo que a un juez le parecería un plazo razonable, a otro le parecería irrazonable, sin más parámetro de apreciación que la idoneidad de la vía elegida. Ahora bien, además de la inconstitucionalidad en concreto que puede existir -sobre todo en casos contra autoridad pública-, una forma de solucionar la escasez de tiempo para la interposición del amparo compatible con la actual norma, es que los jueces flexibilicen la interpretación del momento en que «el afectado tomó conocimiento del hecho, acto u omisión que repute violatorio de sus derechos constitucionales». Hay casos en los que el día en que el afectado toma conocimiento no es el mismo en el que se dejó la cédula de notificación. Si el juez evalúa este requisito de manera flexible y no ritual, podrá arribar a soluciones más justas. La doctrina de la ilegalidad continuada que la Corte Suprema de la Nación ha utilizado en algunos casos, también podría ser una forma de correr el comienzo del plazo a favor de la presunta víctima. (BOULIN VICTORIA, Ignacio A., “El derecho a un recurso sencillo y efectivo y el plazo de 10 días corridos para interposición del amparo”, LLGran Cuyo2008 (noviembre), 944).
En el caso analizado, el juez de grado entendió que el amparo fue planteado fuera de plazo tomando como punto de partida de su cómputo el día 22/04/2.014 con-forme a la notificación de la resolución administrativa que disponía la quita de los adicionales al amparista, y cuya copia se agrega a fojas 03, que el propio actor acompaña con la presentación de su escrito inicial; esta interpretación resulta ser demasiado restrictiva, si se observa la naturaleza de los derechos comprometidos en la presente causa; el mismo amparista postula que tomó conocimiento efectivo de la afectación de su derecho cuando se le hace entrega del bono de sueldo en fecha 07/05/2.014, planteándose la acción de amparo en fecha 12/05/2.014.
Sin necesidad de analizar si aquí se está ante un supuesto de ilegalidad continuada o no, entiendo que, atendiendo a los derechos constitucionales en juego, que revisten por lo demás carácter alimentario para el Sr. Rodríguez, el dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad establecido en el art. 13 del Decreto Ley N° 2.589/75, debe ser interpretado, en forma flexible, en función de las particularidades del caso, llevando razón el amparista en la interpretación que propone al deducir su amparo.
No soslayo que la resolución N° 148 fechada el 10/04/2.014 y que acompaña el Municipio a fojas 141 en cumplimiento del emplazamiento ordenado en el auto de fojas 118, discrimina los adicionales que son objeto de la quita de la remuneración del amparista. No obstante, resulta razonable entender que para el empleado público la dimensión de la afectación de su derecho y la toma efectiva de conocimiento, tuvo lugar en dicha oportunidad, más allá de que se le haya notificado previamente aquella resolución en fecha 22/04/2.014; es en ocasión de recibir el bono de suelto cuando el Sr. Rodríguez conoció el perjuicio que concretamente se le estaba produciendo a su derecho a la remuneración correspondiente a su relación de empleo público.
VI.- La solución del caso: La visión constitucional del empleo público. El ejercicio del ius variandi por parte del Municipio. La necesaria fundamentación de la decisión administrativa: Que anticipo mi opinión favorable a la pretensión que deduce el amparista recurrente, conforme a las consideraciones que expongo a continuación:
a) Que todos los trabajadores, sin distinción privados o públicos (sean estos últimos nacionales, provinciales, municipales), cuentan con el derecho protectorio consa-grado en la Constitución Nacional mediante una orden directa y con un sentido claro diri-gido a los poderes públicos, en el sentido que: «El Trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes». Este pasaje asegura la consagración en el derecho positivo de un principio cardinal del derecho del trabajo como es el principio protectorio. En lo que respecta a los derechos individuales, colectivos y de la seguridad social de todo aquél que se vincule con la administración, o la persona pública que represente al Estado, tendrá también aquellos derechos que enumera seguidamente y que de manera impera-tiva expresa que «asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial…».
La Carta Magna, a su vez, cuenta con instrumentos internacionales de Dere-chos Humanos, con regulaciones expresas sobre los trabajadores. La intención del derecho internacional de los Derechos Humanos es recuperar al hombre, en toda su dignidad, no depende de reconocimiento legislativo, porque deriva de la dignidad intrínseca, inherente, de los seres humanos.
El ser humano que trabaja antes que ser un factor de la producción (de bienes o servicios) es una persona que cuenta con derechos que no son dados por el legislador, sino que son inherentes a ella y no los pierde cuando celebra un vínculo laboral, están reconocidos por la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales allí incor-porados. Es decir, que para tener amparo fundado en Derechos Humanos no necesita probar una relación de dependencia, menos un tipo contractual determinado, sino contar con un Derecho Fundamental vulnerado para exigir de las autoridades la remoción de los obstáculos que impidan su realización plena.
Estos Derechos Humanos son al reconocimiento de la dignidad en toda su amplitud, a la no discriminación, a la vida, a la salud, a tener un proyecto de vida digno y se orientan siguiendo el ritmo universal de justicia halados por el principio de progresivi-dad, que tiene por función evitar el retroceso de aquello que es conducente al logro de la justicia social, mediante la mejora continua de las condiciones de existencia. Es derecho necesario y no puede ser obviado por las autoridades.
El constituyente le dedicó la parte de los Derechos y Garantías de los ciudada-nos dirigida a los poderes públicos en todos los ámbitos públicos del país. En síntesis, aun cuando estuviesen sin reglamentar estos derechos o cuando el legislador nacional, provincial o municipal decida reglamentarlos en una relación de empleo público, ellos permanecerán inalterados porque al ser derechos constitucionales reconocidos cumplen una función negativa respecto de toda reglamentación, no pueden ser soslayados por estar reconocidos constitucionalmente (arts. 5°, 28, 31, CN). (DUARTE, David, “Visión nacional y provincial del empleo público”, La Ley Online)
b) Que, en el caso analizado, el Sr. Rodríguez no menciona cambio de funciones alguno que amerite la disminución de la remuneración por quita de adicionales; tal como surge de los bonos de sueldo que se adjuntan a fojas 6/15, que se desempeña en la categoría I – Subdirección cargo 221307, precisándose su situación como “Administrativo permanente”, con desempeño en la Oficina/Sector “21 – Contabilidad Central”.
Según el Decreto N° 561 que se agrega a fojas 4, de fecha 29/05/2.009, el Intendente Municipal asigna a partir del 01/06/2.009 al Agente Municipal Roberto Félix Rodríguez, la función de Subdirector de Administración de Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, y relaciones con el personal, categoría I, modalidad eventual, ubicación presupuestaria 41.1.013; no obstante haberse alegado en oportunidad de rendir el informe circunstanciado a fojas 85/97 el cambio de funciones que justificaría la quita, la propia Municipalidad adjunta a fojas 141/190 copia del legajo personal del amparista, sin que del mismo permita extraerse el cambio de funciones invocado.
Por el contrario, esta circunstancia no ha quedado acreditada, pudiendo haberlo demostrado fácilmente el Municipio accionado, por lo que de los elementos de juicio incorporados a la causa, surge que el Sr. Rodríguez continuó sus funciones tal como las venía desempeñando, reflejándose en los bonos de sueldos ya referenciados, tanto antes como después de la Resolución N° 148 que dispuso la quita de los adicionales, que origina el presente proceso de amparo.
c) Ahora bien, dicho lo anterior, corresponde que analice, en función de los ataques que formula el amparista, la resolución administrativa N° 148 cuestionada, que se glosa a fojas 141; en la misma, se expresa que “dentro del proceso de reordenamiento de la planta funcional municipal, y por razones de economía presupuestaria, se ha anali-zada la situación de revista de agentes municipales, la modalidad de las prestaciones y las necesidades del servicio, resolviendo modificaciones en algunos casos”, que “conforme ha expuesto reiterada jurisprudencia, en el ámbito municipal, las facultades de dirección y ordenamiento están comprendidos en el cumplimiento de obligaciones que incumbe a las autoridades y no sería racional pretender que un esquema funcional se mantenga inalterable cuando varían las necesidades generales y las tareas específicas” y que “con relación al Agente Roberto Félix Rodríguez se ha determinado dar de baja a los ítems o adicionales Mayor responsabilidad E (código 09), Función Jerárquica (código 81) y Adicional Decreto 1.398 (código 167), a partir del día 14 de abril de 2.014”, “todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 29, 30, 32 inc. b, 62 b) y conc. de la Ley 5.892, art. 105 y conc. de la Ley 1.079”, el Jefe de Gabinete resuelve disponer a partir del día 14 de abril de 2014 baja a los ítems o adicionales Mayor Responsabilidad E (Código 09), Función jerárquica (Código 81) y Adicional Decreto 1398 (Código 167), al Agente Roberto Félix Rodríguez, por las razones expuestas en el considerando.
Más allá del marco normativo que emerge de la Ley de Municipalidades N° 1.079, y en lo que aquí interesa directamente, advierto que la Ley N° 5.892 regula el esta-tuto y el escalafón del personal de las municipalidades, entes autárquicos, etc.; en el art. 24, ubicado en el Capítulo II, se establece que “los adicionales salariales que correspon-dan a los agentes municipales serán fijados por las convenciones de empleo municipal de nivel provincial previstas por la presente ley, sin perjuicio de lo que pudiera establecer cada comuna”, mientras que el art. 25 agrega que “dichos adicionales podrán ser reemplazados, aumentadas o disminuidas sus alícuotas, transformados o revocados por las convenciones de empleo municipal. Mantendrán su vigencia hasta tanto se convenga una nueva convención”.
Por su parte, el art. 29 que se invoca como fundamento normativo de la Resolución N° 148 aquí analizada consagra el llamado ius variandi, en estos términos: “Se reconoce en la entidad empleadora la facultad de organizar administrativa, técnica y económicamente las dependencias públicas en las que se presta el servicio. Como conse-cuencia de ello, puede establecer cambios en las modalidades de la prestación a cargo del agente, y en la forma de realizar el trabajo del conjunto, sin perjuicio del debido respeto a su calificación y categoría. Cuando el cambio de modalidad importe una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, deberá ser fundamentada”.
De la simple lectura de estas disposiciones en comparación con los fundamen-tos vertidos por las consideraciones que justifican la Resolución N° 148 transcripta en sus partes pertinentes más arriba, extraigo que la Municipalidad demandada no ha brindado una motivación suficiente de la quita de los adicionales. Insisto en que tampoco se ha demostrado un efectivo cambio de funciones por parte del empleado público.
Destaco que la sola transcripción de las normas invocadas para justificar una medida de tal repercusión en el patrimonio del amparista, afectándose un crédito que reviste, sin dudarlo, carácter alimentario, no satisface ni siquiera mínimamente el requisito de fundamentación requerido en todo acto administrativo, máxime cuando, como ocurre en el caso, en la práctica, dicha quita de adicionales ha concluido en una disminución sustancial del sueldo del amparista; piénsese que en el mes de marzo el empleado cobró la suma de $ …, mientras que en el mes de abril y luego de efectivizada la quita indicada, su sueldo disminuyó a $ …; comparativamente, dicha merma equivale a un 31,72 % menos que en el mes anterior, sin considerar el aumento que se advierte entre el sueldo básico correspondiente a un mes y a otro ($ … para el periodo 03/2.014 y $ … para el periodo 04/2.014).
Nada se precisó en la resolución administrada aquí analizada respecto de las razones de emergencia que habrían justificado la medida, sin mención específica acerca del estado de cuentas de la Municipalidad como para estimar desde algún parámetro de razonabilidad la adopción de la reducción en cuestión (Art. 28 de la Constitución Nacio-nal).
La política salarial es facultad en principio legislativa, puede modificar el monto de los adicionales accesorios del salario del empleado público, aún disminuyéndolos, pero sin afectar el básico o asignación por clase y sólo en una proporción razonable que no entre en los porcentajes en que podría ser considerado confiscatorio. En materia de salarios de empleados públicos, a los fines de proceder a la reducción por razones de emergencia, son exigencias ineludibles en cada caso la existencia de una norma de rango legal formal, resultando insuficiente el decreto de necesidad y urgencia, y la no alteración de la sustancia de la remuneración tanto desde el punto de vista de su monto, es decir, no confiscatoriedad, como de su naturaleza cierta. La estabilidad administrativa reconocida en el art. 14 bis de la C.N. es, como todos los derechos, susceptible de razonable limitación, por lo que no es inconstitucional la modificación, salvo que revista una magnitud que permita considerar alterada la sustancia de la relación de empleo público, o que la aplicación de la norma produzca la ruptura del salario pertinente. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, expte. N° 81.523, “Zanon, Sebastián Marcelo y otros c/Municipalidad de Luján de Cuyo s/A.P.A.”, 12/05/2010, LS 413 – 129; expte. N° 80507 – “Cañas, Patricia y ots. C/Gobierno de Mendoza s/A.P.A.”, 25/08/2009, plenario, LS 404 – 033)
La motivación es una explicación con características particulares ésta debe ser certera y, además, circunscripta a los hechos y al ordenamiento jurídico positivo aplicable al caso particular. La motivación del acto administrativo debe contener una relación de las circunstancias de hecho y de derecho que son determinantes para la emanación del acto. No se necesita una relación analítica sino solamente de una manera sucinta, siempre que resulte ilustrativa. Asimismo, cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que la simple cita de la disposición legal puede valer como motivación. Sin embargo la descripción de las circunstancias fácticas no resulta suficiente para tener por cumplida la motivación. A ésta hay que agregar algo más, cual es, la explicación del derecho aplicable; o en otras palabras, la fundamentación jurídica que logre ensamblar esos hechos con el derecho aplicable a cada caso concreto. Es decir debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; ambas explicaciones no son independientes, se requieren mutuamente y se complementan. Por lo demás, la existencia de sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo.
La motivación no es una explicación cualquiera, sino una explicación certera, fundada y circunscripta a los hechos y al derecho aplicable. Resulta esencial para la legitimidad del acto administrativo la motivación que debe ser expresada en forma concreta y con indicación de las razones que inducen a emitirlo. Entiéndase bien, a los hechos y al derecho del caso que nos ocupa, la falta de explicación de uno de estos aspectos, deja al acto administrativo huérfano de motivación. La carencia de motivación fundada en los concretos antecedentes de hecho y derecho aplicables al caso, dejan a la resolución recurrida sin los presupuestos constitutivos sustanciales que informa el acto administrativo y que determinan su insalvable nulidad por falta de causa y motivación.
Con la sola cita de las normas involucradas se haya cumplido con la motivación jurídica. Cuando se hace referencia a una ley, debe existir un desenvolvimiento del sentido de la misma, de acuerdo con la interpretación dada por el autor del acto. En segundo lugar, una afirmación de la constatación de los hechos que constituyen la condición para que la aplicación de la ley haya tenido lugar, y en tercer término una afirmación de que estos hechos han sido sometidos a una calificación jurídica apropiada.
Por motivación, en definitiva, se entiende a la explicación, manifestación, o exteriorización certera y fundada de las circunstancias fácticas y de los principios genera-les del derecho o normas jurídicas positivas, como así también de las razones que llevaron al dictado del acto administrativo. La motivación es explicación de los antecedentes fácticos y jurídicos, pero a esa explicación hay que agregar las razones, ya que de esta forma es posible conocer por medio de la exteriorización del acto administrativo, su finalidad.
Existe como principio general la obligación de motivar todos y cada uno de los actos administrativos que se emiten, ya que esto hace a los principios republicanos de gobierno y también para que el administrado pueda conocer de manera certera los fundamentos de cualquier decisión que lo afecta, pudiendo de tal modo atacar dicha decisión.
La Administración Pública en determinadas circunstancias emite actos administrativos en virtud de facultades discrecionales. Algunos piensan que para estos actos administrativos no existiría la obligación de motivar los actos. Desde nuestra perspectiva, pensamos que la obligación de motivar los actos en este punto es mayor. La circunstancia de tratarse de facultades discrecionales de la autoridad administrativa no la exime, sino por el contrario, con mayor razón aún le impone el requisito de motivación suficiente y adecuada, sin el cual no sería posible examinar la legitimidad de los actos administrativos en sede judicial. Por otra parte, es indiferente que el acto sea discrecional o reglado, en ambos está la obligación de motivar, la que surge con mayor vigor en los actos discrecionales.
El incumplimiento del recaudo de la motivación del acto administrativo, no pierde importancia porque los órganos administrativos hayan actuado dentro de su competencia, ni por tratarse de una cuestión discrecional, pues en estos casos se impone aun más la necesidad de una motivación suficiente, sin la cual no sería posible examinar la legitimidad de los actos administrativos en sede judicial. (BARRAZA, Javier Indalecio, “La motivación del acto administrativo – Características que debe reunir y la importancia de la misma”, LA LEY 1998 – C, 985)
La «motivación» del acto administrativo es el deber de expresar la «causa o motivo» determinante de la voluntad del Estado. Se satisface con suficiencia cuando se explican los hechos y la prueba producida que los corrobora, la valoración de esos hechos y pruebas y la relación entre éstos y las normas concretas que se aplican al caso. La «mo-tivación», en tanto medio, trasciende la sustancia del acto administrativo, pues permite realizar el control de la legitimidad y razonabilidad de la actuación administrativa, en concreto, para asegurar el debido proceso y la defensa de los derechos de los intere-sados. En el Estado de Derecho no tienen cabida ni la existencia de potestades administrativas ilimitadas, que conlleven al dictado de actos que resulten arbitrarios para los administrados, ni la laxitud en la exigencia del sometimiento del poder público al bloque de legalidad. (DESCALZI, José Pablo, “La motivación del acto administrativo”, LA LEY 2004 – C, 1379)
Desde esta perspectiva, lleva razón el recurrente en cuanto señala que una re-ducción salarial sólo es válida si se respetan los siguientes aspectos dado el carácter alimentario de los salarios de los empleados: a) Que sea una disminución generalizada, es decir para la totalidad de los empleados; b) Que esa disminución no supere los limites respecto a lo que se considera una ilegítima confiscación, y c) Que se debe demostrar que no había otra medida para lograr un equilibrio presupuestario para adoptar este tipo de medidas.
Recuerdo que, conforme al art. 68 de la Ley 3.909, “constituyen vicios graves: a) la falta de documentación por escrito, en su caso. B) la falta de motivación, cuando esta es exigida. C) la notificación irregular”; de ello se deriva que “las consecuencias jurí-dicas de los vicios del acto administrativo se gradúan, según su gravedad, en: a) anulabili-dad. B) nulidad. C) inexistencia. La anulabilidad corresponde al vicio leve, la nulidad al vicio grave y la inexistencia al vicio grosero. El vicio muy leve no afecta la validez del acto” (Art. 72), mientras que el art. 75 establece que “el acto nulo: A) se considera regular; B) tiene presunción de legitimidad y ejecutividad; C) tanto los agentes estatales como los particulares tienen obligación de cumplirlo; D) en sede judicial no procede su anulación de oficio; E) su extinción produce efectos retroactivos”.
En este sentido, desde la doctrina, se afirma que es un criterio extendido que se invoque la vulneración del derecho de propiedad cuando se afecta el salario reducién-dolo o no pagando lo que corresponde y del mismo cuando un determinado nivel salarial se modifica disminuyéndose, se denuncia una afectación del derecho adquirido; sin embargo, la cuestión referida al salario es más amplia y no es meramente patrimonial sino que abarca derechos sociales que se encuentran en el plexo normativo de derechos fundamentales y que se desprenden del principio de justicia social que reconoce nuestra Carta Magna y los documentos internacionales de Derechos Humanos en ella incorpora-dos.
Por lo tanto, cuando se denuncia una afectación salarial, los derechos fundamentales involucrados exceden el patrimonial y deben buscarse en el Estado Social y Democrático de Derechos; así, debe cumplirse con el mandato constitucional que exige un salario justo (art. 14 bis de la CN), también con los instrumentos de Derechos Huma-nos como el art. XIV 2° parte de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 23.3. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 7, A I del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; artículo 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; etc. En esa inteligencia, debe exami-narse la cuestión desde el derecho a una retribución justa, siendo dos los factores que determinan la justicia del salario; en primer lugar, la estimación económica, consistente en definitiva en un juicio de valoración del trabajo y su resultado; en segundo lugar, que es el primero en el orden jurídico, la exigencia de que el salario proporcione el sustento de una vida digna del trabajador y de su familia. Cuando se analiza cuestiones referidas al salario no debe limitarse al derecho patrimonial sino debe observárselo desde la justicia social.
La cuestión constitucional debe ser desde un ángulo más amplio que el redu-cido marco del derecho de propiedad del art. 17 de la CN, pues este tiene el espacio limi-tado a la demostración de lo que se considera «confiscatorio» y que resulta de una mera fórmula matemática. En cambio, cuando la afectación es al principio de justicia social abre la discusión a otro debate que afecta el interés social, que no es el que quiere la administración, sino lo que se propone el proyecto constitucional diseñado por el poder constituyente y que los poderes constituidos (nacionales, provinciales o municipales) de-ben subordinarse (arts. 5, 28 y 31 de la CN), pues el objetivo es «promover el bienestar general» (Preámbulo) y que cuando el legislador promueve el desarrollo humano, cuando se propone el desarrollo económico, debe hacerlo con justicia social (art. 75.19, CN). Te-ma que conduce a que las personas deben contar y el estado garantizárselo «un proyecto de vida digno» como consagra los Documentos Internacionales de Derechos Humanos.
Esta doble vía de protección (DH y DT) es en todos los ámbitos de la actividad pública sean nacionales, provinciales o municipales. Allí se debe resguardar no sólo por la amplitud de aquella expresión abarcadora de todo tipo de vínculo laboral, sino también por su ubicación en el diseño constitucional. Es decir, el constituyente le dedicó la parte de los Derechos y Garantías de los ciudadanos dirigida a los poderes públicos en todos los ámbitos públicos del país. En síntesis, aun cuando estuviesen sin reglamentar estos derechos o cuando el legislador nacional, provincial o municipal decida reglamentarlos en una relación de empleo público, ellos permanecerán inalterados porque al ser derechos constitucionales reconocidos cumplen una función negativa respecto de toda reglamentación, no pueden ser soslayados por estar reconocidos constitucionalmente (arts. 5, 28, 31 CN). (DUARTE, David, “Los principios del Derecho del Trabajo en el empleo público”, LLCABA 2009 (abril), 152)
En definitiva, no hay duda que existe ilegalidad y arbitrariedad en la motivación del acto cuando los motivos no se corresponden con la realidad fáctica verificada. La motivación es un elemento reglado cuya falta o insuficiencia acarrea la nulidad o anulabilidad de la decisión; en este aspecto, agrego que la accionada ha alegado una facultad discrecional – que entiendo no surge prístina de la normativa más arriba transcripta -, pero se advierte que aún de así entenderse, “el acto administrativo discrecional trasunta la idea de un ejercicio de la libertad limitada por el fin al cual el mismo debe responder, siendo legítimo el mismo si dispone la medida adecuada y se halla recubierto de motivaciones suficientes y razonables”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala I, expte. N° 63.871, “Dottori, Rosana A. c/Poder Ejecutivo (Gobierno de la Provincia de Mendoza) Acción Procesal Administrativa”, 31/07/2000, LS 296 – 204)
Por último, vale que remarque que la Municipalidad de Luján de Cuyo estuvo en condiciones de demostrar los extremos que alegara en oportunidad de rendir el in-forme circunstanciado, y nada acreditó (Art. 179 del C.P.C.), por lo que, así las cosas, y en función del ámbito de conocimiento propio del amparo, la arbitrariedad e ilegalidad ma-nifiesta se configura a partir de una reducción importante del salario del amparista, sin la debida y suficiente fundamentación en el acto administrativo que así lo decide, sin que se hayan aportado elementos de juicio acerca de la justificación de la medida, de la afectación a otros empleados en general, del supuesto cambio de funciones, de la reducción de carga horaria alegada, etc.
VII.- En consecuencia, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto a fojas 200/211, debiendo revocarse la sentencia de fojas 198/199, conforme se expresa en el considerando VI de la presente resolución.-
ASÍ VOTO.
Sobre la primera cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR DE PANI y CLAUDIO ALEJANDRO FERRER adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.
SOBRE LA SEGÚNDA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. CLAUDIO F. LEIVA DIJO:
Las costas deben imponerse a la parte recurrida en tanto resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).
ASÍ VOTO.
Sobre la segunda cuestión, los Dres. MIRTA SAR SAR DE PANI y CLAUDIO ALE-JANDRO FERRER adhieren al voto precedente.
Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:
SENTENCIA:
Mendoza, 01 de abril de 2.015.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal
RESUELVE:
I.- Admitir el recurso de apelación interpuesto a fojas 200/211, y en consecuencia, revocar la sentencia de fojas 198/199, que queda redactada del siguiente modo: “1° Admitir la acción de amparo promovida por el Sr. Roberto Felix Rodriguez contra la Municipalidad de Luján de Cuyo, y en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución N° 148/2014. 2° Imponer las costas a la parte demandada vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)”
II.- Imponer las costas de alzada a la parte recurrida vencida. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)
III.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
CÓPIESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN.
CL/EG/5210
Dr. Claudio F. Leiva Dra. Mirta Sar Sar Dr. Claudio A. Ferrer
Juez de Cámara Juez de Cámara Conjuez de Cámara
Dra. Andrea Llanos
Secretaria de Cámara
Araya, Miriam Noemí y otros c/Municipalidad de Tornquist s/pretensión restablecimientos o reconocimiento de derechos – Cám. Cont. Adm. – Mar del Plata – 12/11/2013
000922E
