Se desestima la excarcelación del imputado en orden al delito de lavado de activos, al tratarse de una persona requerida por la República Oriental del Uruguay por un delito que prevé hasta diez años de prisión, que no denunció tener empleo, familiares o personas allegadas en la provincia o en el país -más allá de sus padres y su hija-, que tiene medios económicos que le permitirán afrontar una posible fuga y que no desea ser extraditado, declarándose además la inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.767.
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