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JURISPRUDENCIAConflicto positivo de competencia. Competencia federal. Narcotráfico. Lavado de dinero. Homicidio
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015.
Autos y Vistos:
Por los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 4 del Departamento Judicial de la mencionada ciudad bonaerense.
RICARDO LUIS LORENZETTI
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
JUAN CARLOS MAQUEDA
Suprema Corte:
-I-
La presente contienda positiva de competencia suscitada entre el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 y el Juzgado de Garantías n° 4, ambos con asiento en San Isidro, provincia de Buenos Aires, está referida a la causa en que son investigados los homicidios de J. A. Q. G. y H. E. D. C, ocurridos en el estacionamiento del centro de compras Unicenter de la localidad de Martínez, el 24 de julio de 2008.
La jueza federal solicitó a su par provincial que se inhibiera de continuar conociendo en esa causa (IPP 14-03-023594-08), así como en otro expediente referido al homicidio de J. S. G. R. (IPP 15-05-1346-09), que tuvo lugar en San Fernando algunos meses después, el 23 de febrero de 2009.
La resolución glosada a fs. 2/13 narra los antecedentes que fundamentan la inhibitoria. Allí se consigna que el 22 de octubre de 2010 y el 7 de febrero de 2011 el fiscal provincial a cargo de las IPP 14-03-023594-08 y 15-05-1346-09 remitió al juzgado federal testimonios de algunas actuaciones de la causa seguida por la muerte violenta de los ciudadanos colombianos Q. G. y D. C., con el objetivo de poner en conocimiento del tribunal «la posible comisión de delitos de competencia federal, específicamente relacionados con la ley 23.737» que habrían sido descubiertos en el contexto de las averiguaciones relativas al doble homicidio.
A raíz de esa presentación el Juzgado Federal de San Isidro instruyó el sumario n° 31016174/2011, caratulado «N.N s/ infracción a la ley 23.737», para determinar si existía, asentada en la zona norte del conurbano bonaerense, una organización criminal que, entre otras propiedades definitorias, incluyera entre sus miembros a ciudadanos de origen colombiano vinculados al tráfico de estupefacientes y al lavado de dinero.
La hipótesis tomaba en cuenta, según la jueza federal, los resultados de la investigación realizada hasta ese momento en sede provincial, a través de la cual se habría establecido de manera preliminar que las víctimas del homicidio emigraron de Colombia hacia Buenos Aires, luego de que la banda criminal u organización delictiva que integraban en su país de origen (se menciona a una sección del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia) quedara desarticulada y con su máximo líder detenido en los Estados Unidos por narcotráfico. Estos antecedentes, sumados a que las víctimas no tenían aparentemente ingresos declarados compatibles con su lujoso estilo de vida, hacían sospechar relaciones con actividades de tráfico de drogas o blanqueo de capitales originados en ese delito, y aún más, que tales actividades no eran ajenas al motivo de homicidio, pues la evidencia sugería que aquél se trató de un crimen por encargo.
Para mayor sustento de esa hipótesis, la titular del juzgado federal también refirió que los principales acusados de haber participado en la ejecución material del homicidio eran a tenor de los testimonios remitidos por la justicia provincial, «barrabravas» del Club Atlético Boca Juniors y que los teléfonos móviles que usaban registraban contactos con la empresa Federal Aviation, de G. J., condenado en el Reino de España por tráfico de drogas, y con M. M., vinculado al tráfico de efedrina y al homicidio en General Rodríguez de S. F., D. F. y L. B.
Con base en esas determinaciones, se puso en marcha una investigación federal que incluyó el requerimiento a varios organismos oficiales nacionales y extranjeros de la información que poseyeran sobre la existencia de ramificaciones en el país de la organización criminal colombiana antes mencionada y sus vínculos locales, pero ningún dato de interés pudo obtenerse, razón por la cual la causa se archivó.
El expediente permaneció en esa situación hasta el 10 de marzo de 2014, fecha en que se dispuso el desarchivo de conformidad con lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. En su relato, la jueza federal afirma que ellos fundaron su pedido en dos circunstancias, a saber: los comprobados vínculos entre los imputados por el homicidio de Unicenter y G. J. y su socio C. I.; y en segundo lugar, la denuncia que el fiscal provincial a cargo de la investigación de esos hechos promovió contra el titular y otros altos funcionarios de la Fiscalía General de San Isidro, a quienes acuso de conspirar contra el desarrollo regular de esos procesos, mediante el ejercicio abusivo de sus funciones de control y superintendencia, con el propósito final de dar cobertura institucional al narcotráfico, fenómeno que en última instancia constituye presuntamente el contexto y móvil de esos crímenes. Cabe señalar que la referida denuncia dio lugar, por su parte, a la instrucción del sumario n° 3468/13, caratulado «N., J. A. y otros s/ encubrimiento», que tramita ante el mismo juzgado federal de San Isidro.
Para la jueza federal, la causa que lleva adelante relativa a la presunta existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes se encuentra estrechamente vinculada tanto a los homicidios de Q. G., D. C. y G. R., como al presunto encubrimiento organizado desde la fiscalía general provincial, y esa interrelación le permite afirmar que «lo actuado en cada uno de los procesos repercutirá sobre el trámite de los restantes» (ver fs. 10 vta.).
A modo de explicación sobre el contenido de tales relaciones, se afirma que existe la razonable presunción de que tanto las víctimas del homicidio como sus ejecutores se encontraban implicados en una red de narcotráfico, que ése es el motivo de las muertes, y que la existencia y composición de esa red es lo que se pretende ocultar a través de las acciones desplegadas por los funcionarios de la fiscalía general denunciados. La jueza federal entendió que, dadas las circunstancias, las múltiples aristas y los diversos planos que presenta esta trama compleja debían ser abordados por un único tribunal (conf. fs. 12 vta.).
En definitiva, sobre la base de tales consideraciones, la titular del tribunal nacional solicitó al Juzgado de Garantías n° 4 que se inhibiera de conocer en las IPP 14-03-023594-08 (homicidio de J. Q. G. y H. D. C.) y 15-05-1346-09 (homicidio de J. G. R.) y, asimismo, dispuso la acumulación de la causa n° 3498/13, caratulada «N., J. A. y otros s/ encubrimiento» (fs. 2/13).
El Juzgado de Garantías n° 4 de San Isidro rechazó la inhibitoria. En primer lugar, el magistrado provincial aclaró que ante el tribunal a su cargo sólo tramita la IPP 14-03-023594-08, por lo que la cuestión planteada con respecto a la 15-05-1346-09, seguida por el homicidio de J. G. R., la que desde su origen quedó radicada ante el Juzgado de Garantías n°3 del mismo departamento judicial, sin que hubiera hasta el momento planteos tendientes a la acumulación de ambos expedientes por razones de conexidad, las cuales, por lo demás, el juez provincial dijo no advertir. Tampoco apreció el juez local que se presentara entre la causa por homicidio y la posible infracción a la ley 23.737, el tipo de relación que pudiera justificar que el juzgado federal a cargo de ésta ejerciera el fuero de atracción respecto de la primera. En tal sentido, apuntó que los elementos que citó la jueza federal en apoyo de su posición constan desde antiguo en el expediente y eran conocidos por ella desde el año 2010, cuando el fiscal a cargo de la investigación preparatoria le remitió testimonios de la IPP 14-03-023594-08 Y no advertía que existan nuevos datos que fundamenten un cambio de criterio respecto a la competencia de la provincia para conocer del delito de homicidio (fs. 33/39).
El tribunal de origen insistió en su criterio, esta vez con referencia únicamente a la IPP 14-03-023594-08 seguida por los homicidios de H. D. C. y J. Q. G., y así quedo trabada la contienda (fs. 49/59).
-II-
Entiendo, que asiste razón a la jueza federal, en cuanto, a la existencia de una estrecha e inequívoca vinculación entre el objeto procesal en trámite ante el fuero de excepción y aquel que resulta objeto de investigación en la provincia.
En igual sentido, se pronunció el fiscal provincial, quien al momento de pronunciarse sobre la inhibitoria planteada sostuvo que «La investigación iniciada por la justicia federal (…) resulta a esta altura disasociable precisamente del contexto generador de los crímenes de marras, y corresponde a aquella jurisdicción de excepción, en consideración al núcleo de la materia tratada donde confluyen en definitiva la totalidad de los hechos sometidos a juzgamiento, asumir la competencia y, de ese modo, no solo evitar el riesgo de que existan pronunciamientos contradictorios, sino porque a mi criterio ese ámbito nacional parece estar en condiciones objetivas de completar y dar operatividad a aquellos actos adjetivos relacionados con el objeto procesal». También agregó que «Con el avance de la investigación se fue reafirmando la tesis inicial que aseveraba que la muerte de los nombrados había sido ocasionada con motivo y en un contexto de crimen organizado ligado al narcotráfico, constituyendo uno de los primeros antecedentes de esa trascendencia que preludiaban una situación agravada por aparentes niveles de connivencia, en distintos grados, de agencias estatales» (fs.19/20).
Por lo tanto, en base a los argumentos brindados por la jueza de excepción y ya mencionados a lo largo del presente dictamen, no puede descartarse por el momento, la existencia de una o más organizaciones narco-criminales detrás de los homicidios de los ciudadanos colombianos y la determinación de ilícitos propios que están siendo investigados por el fuero de excepción -narcotráfico y lavado de activos-.
En definitiva, considero que estos hechos podrían haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo, por lo que deben ser juzgados por un único magistrado en favor de una mayor, más efectiva y eficaz administración de justicia (Fallos: 330:202), de acuerdo con los fundamentos brindados por la señora Procuradora General de la Nación, en el dictamen Comp. 1019, L. XLIX, «N.N s/ infracción ley 23.737», que hizo suyos la Corte Suprema el 20 de mayo de 2014, y a los que me remito en lo pertinente.
Por lo tanto, corresponde declarar la competencia de la justicia federal (Fallos: 331:1224) sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior (Fallos: 323:3867 y sus citas).
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2015.
Es Copia
Irma Adriana García Netto
ADRIANA N. MARCHISIO
Subsecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación
Ley 23737 – BO: 11/10/1989
005772E
