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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Despido incausado. Comunicación. Indemnización agravada. Protección de la maternidad
Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por la actora, pues la empleadora no cumplió con lo establecido en el artículo 243 LCT, en virtud de las deficiencias en la comunicación rescisoria que fundamentó el despido. Asimismo, dado que la rescisión del contrato de trabajo sin causa se configuró durante el período de protección de la maternidad, corresponde abonar la indemnización agravada (art. 182 LCT).
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2015, para dictar sentencia en los autos: “AGUIRRE JENNIFER BEATRIZ C/ ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo sustancial del reclamo, llega apelada por la demandada a tenor del memorial presentado a fs. 246/258, que obtuvo réplica de la contraria a fs. 261/262.
II.- Afirma la recurrente que la sentencia le causa agravio por cuanto consideró que el despido de la actora resultó injustificado. Sostiene que la magistrada a quo habría realizado una incorrecta interpretación de los hechos y la prueba producida, para concluir que no acreditó la inconducta que le endilgó a la actora en la comunicación rescisoria. Señala que el despido habría resultado contemporáneo y proporcional a la falta cometida y con base en ello, pretende revertir la conclusión de primera instancia.
Analizadas las constancias de la causa, adelanto que, en mi opinión el recurso no puede prosperar en este aspecto.
En efecto, la recurrente no se hace cargo de las graves inconsistencias que rodean la causal invocada para producir el despido, vinculada con las diferencias existentes entre el informe de pedidos de la empresa Atento y el registro de caja de Mc. Entrega de fecha 11/12/11 que manejaba la actora y pretende que las mismas sean soslayadas invocando planteos inconducentes a ese fin.
En primer lugar no puedo dejar de advertir las deficiencias de la comunicación rescisoria en este aspecto ya que se limita a señalar que “…se constataron diferencias…”, afirmación que, claramente incumple con lo dispuesto por el art. 243 LCT puesto que en la comunicación se deben expresar de manera suficientemente clara de los motivos por los cuales se decide la desvinculación; y en este caso ni siquiera se menciona a cuantas diferencias se refiere.
Por otra parte, tampoco puedo dejar de mencionar las incongruencias que surgen del cotejo de la documentación aportada por la accionada, los dichos de la contestación de demanda y lo efectivamente constatado por el perito contador.
A fs. 46 obra en copia un instrumento titulado “ANEXO VI” del cual se desprende la siguiente descripción de los hechos acontecidos el 11/12/11 “…En el día de la fecha se detecta una diferencia en la caja de Mc Entrega entre los pedidos que se reciben por Atento (call center) y la caja registradora con un importe de $ … Esto equivale a 5 pedidos…”.
Ahora bien, en la narración de fs. 67 -contestación de demanda-, la accionada sostiene que esa diferencia ascendió 8 pedidos, en tanto habrían sido envidados 54 y la actora sólo facturó 46, dando lugar a una diferencias de $ …
Esta afirmación contradice lo que alega más adelante, cuando señala que debieron registrarse $…, y sólo se facturaron $…, lo que, evidentemente, no se traduce en la diferencia señalada sino en la suma de $ …
Por otro lado, todo ello entra en contradicción con lo informado por el perito contador que sostiene que las “comandas” emitidas ascendieron a 55, pero sólo 52 debieron imputarse a pedidos, en tanto existieron dos reclamos y una devolución.
También informó el experto que los 5 pedidos, cuya omisión le fue endilgada a la actora en el mencionado ANEXO IV, ascendían a $ …, y que fueron efectivamente rendidos y facturados por ésta (fs. 186).
Por otro lado informó que de la compulsa de las comandas se advirtió una diferencia de $ … equivalente a 10 pedidos.
En este contexto, comparto la opinión de la sentenciante, en el sentido que las desinteligencias y contradicciones restan seriedad a la sanción aplicada por la accionada y afectan la verosimilitud de los controles de caja y posterior arqueo efectuado por la empresa, de los que surgirían las supuestas diferencias que le imputan.
Todo ello, impide considerar a las diferencias invocadas, como una causal válida para producir el despido por pérdida de confianza de conformidad con el art. 242 LCT.
En consecuencia, atendiendo a los términos en que fue planteado el recurso, propongo confirmar la resolución adoptada en primera instancia sin que sea necesario abocarse al resto de sus críticas habida cuenta que el art. 386 del Cód. Procesal otorga al juez la facultad de apreciar los elementos de prueba según su sana crítica, sin serle exigible la expresión en la sentencia de la valoración de aquellos medios que no resulten esenciales y decisivos para el fallo de la causa (esta Sala in re “Moreno C/ Carosi S.A.” S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, “Gallardo, Ángel Rodolfo C/ Lavadero One Way S.R.L. y otros S/ Despido” S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001).
III.- El agravio dirigido a cuestionar la procedencia de la indemnización prevista en el art. 2° de la ley 25.323 no tendrá favorable recepción, puesto que se reúnen los supuestos detallados en la norma: 1) la demandada fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnización por despido; y 2) la trabajadora se vio obligada a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones referidas debido a la conducta de reticencia a abonar dichos conceptos asumida por la accionada (en igual sentido, esta Sala en autos: “Parra, María Gabriela c/ Siembra AFJP SA s/ Despido», S.D. 37.090 del 29.10.03).
A ello cabe agregar que no encuentro en el presente caso motivos que justifiquen la aplicación de la morigeración que establece en segundo párrafo de la norma, por lo que propongo confirmar lo resuelto.
IV.- La parte demandada también cuestiona la procedencia de la condena a abonar la indemnización prevista por el art. 182 LCT en los términos de lo establecido por el art. 178 LCT.
Sin embargo, no encuentro motivos que me justifiquen apartarme de la resolución alcanzada en primera instancia, pues el despido se produjo dentro del periodo de protección que dispone la norma, y tal como señalé en el considerando precedente, la accionada no probó que el mismo obedeciera a una justa causa.
En atención a lo expuesto y en tanto el resto de los planteos en este punto resultan inconducentes para modificar lo resuelto en primera instancia, propongo su confirmación.
Seguidamente la accionada cuestiona la multa impuesta con fundamente en el art. 80 LCT.
En lo que interesa y en síntesis sostiene que las certificaciones laborales habrían sido puestas a disposición de la actora sin que éste fuera a retirarlas, por lo que sería la accionante quien se encontraría en mora.
A mi juicio, el recurso no puede prosperar en este punto.
En efecto, tal como he señalado reiteradamente en casos sometidos a mi consideración, la manifestación del empleador en el sentido de que tenía en su poder las certificaciones que ordena el artículo 80 de la L.C.T. y el trabajador habría sido renuente en ir a buscarlas no es suficiente para eximirlo de las multas establecidas en la ley.
La normativa legal es bien clara: pone en cabeza del empleador la obligación de entregar al trabajador las certificaciones, y nada autoriza a desplazar esa carga hacia la persona del trabajador, exigiendo de éste la demostración de que concurrió a buscarlas y le fueron negadas, como condición para que opere la multa al empleador dispuesta por la ley.
V.- A continuación la accionada se queja por la tasa de interés aplicada en primera instancias de conformidad con el Acta CNAT 2601.
Adelanto que tampoco en este aspecto el recurso podrá prosperar.
En efecto, considero que los intereses moratorios tienen por función reparar los perjuicios ocasionados por el no uso del capital adeudado desde la fecha en que fuera exigible (arts. 509 y 622 del Código Civil).
El acreedor (en este caso el trabajador) no es un inversor financiero que puede optar entre prestar el dinero a una entidad privada o prestárselo al empleador demandado. Por el contrario, es una víctima del incumplimiento de éste último; ha sido privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido en tiempo oportuno, y el mecanismo de aplicación de intereses no debe generarle perjuicio ni menoscabo patrimonial sino justamente evitar el deterioro del crédito reconocido cumpliendo de esa forma con la manda Constitucional que garantiza la integridad del crédito laboral.
En el contexto descripto, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2.601 de la CNAT de fecha 21/05/2014, en la que se resolvió establecer que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; y que dicha tasa fuera aplicable desde que cada suma fuera debida respecto de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de la resolución- sin sentencia, lo que me lleva a confirmar sin más la tasa dispuesta en origen.
VI.- Las regulaciones de honorarios cuestionadas a fs. 256vta/257. resultan en mi opinión adecuadas a la extensión de las tareas desarrolladas y demás pautas arancelarias aplicables, por lo que propongo confirmarlas (cfr. art. 38 L.O.).
VII.- En virtud del principio rector en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, sugeriré que las costas de Alzada sean impuestas a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN).
A tal fin propondré regular los honorarios de los letrados intervinientes en el …% de lo regulado por su labor en la anterior instancia.
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: no vota (art. 125 L.O.)
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que decide y fue materia de recurso. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios de Alzada de los letrados intervinientes en el …% (… por ciento) de los regulados en la anterior instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.15/2013.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fecha de firma: 23/12/2015
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
Strada, Martina c/Wells Fargo Advisors Argentina LLC s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala V – 11/11/2013
005134E
