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JURISPRUDENCIAPlenario. Concursos y quiebras. Verificación de créditos. Créditos laborales. Privilegios. Privilegio general. Indemnización agravada. Multas
Corresponde conceder privilegio general a los créditos del trabajador originados en multas impuestas por la ley laboral al empleador y a los cuales esa normativa les otorga carácter indemnizatorio.
En Buenos Aires, el 28 de diciembre de dos mil quince, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en Acuerdo Extraordinario para conocer en la causa caratulada “Sociedad Alemana de Socorro a Enfermos Asociación Mutual s/Incidente de verificación de crédito de los Santos Aníbal” (Expte. N° 38.386/10), donde se concedió recurso de inaplicabilidad de la ley con el objeto de resolver la siguiente cuestión:
“¿Corresponde conceder privilegio general a los créditos del trabajador originados en multas impuestas por la ley laboral al empleador y a los cuales esa normativa les otorga carácter indemnizatorio?”
I.- Planteado el interrogante y habida cuenta la derogación del recurso de inaplicabilidad de la ley que produjo la sanción de la ley 26.853 (art. 11), la Cámara estima necesario dilucidar con carácter previo a abocarse a dar respuesta a la cuestión propuesta, si el Tribunal conserva potestad jurisdiccional para expedirse acerca de dicho recurso en el particular supuesto que se presenta en autos desde la perspectiva del derecho temporal.
A ese respecto lo primero que debe señalarse es que el recurso de inaplicabilidad de ley de que trata este Acuerdo Plenario fue concedido el 18.12.08, encontrándose en vigencia los arts. 288 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que entonces lo regulaban. Son esas normas procesales las que, por consiguiente, deben gobernar el trámite del recurso.
Ello es así, porque si bien las nuevas leyes procesales son, como regla, de aplicación inmediata a las causas pendientes, tal regla es aplicable siempre que no priven de validez a los actos procesales cumplidos con arreglo a la legislación anterior, cuyo respeto se vincula a las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 95:201; 181:288; 193:197; 226:651; 233:62; 234:233; 241: 123; 258:237; 288:407; 298:82; 302:263; 303:330; 306:2101; 321:532; 326:2095 y 327:3984, entre otros). Y a la luz de esta regla genérica, se ha interpretado que la supresión de un recurso por una ley nueva es aplicable al proceso pendiente; en el cual el recurso, si bien interpuesto, no cuenta todavía con providencia judicial que lo hubiera concedido (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 246:183 y 249:256).
Dicho con otras palabras, si una ley nueva suprime un recurso (lo que ha ocurrido con el recurso! de inaplicabilidad de ley), ella puede aplicarse solamente a los procesos pendientes en los cuales no exista providencia judicial firme que haya concedido el recurso suprimido (conf. Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, t. I, p. 51, texto y jurisp. cit. en nota n° 76; Morello, A. y otros, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Librería Editora Platense S.A. y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, t. I, p. 722). Por el contrario, si el recurso ya se encuentra concedido al tiempo en que se sanciona la ley que lo suprime, debe ser examinado por el tribunal ante el cual se lo articuló aplicándose la ley anterior que lo regulaba (véase, en este sentido: Devis Echandía, H., Compendio de Derecho Procesal Civil – Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 1963, p. 18, n° 15).
Lo expuesto está de acuerdo, con la idea más general de la debida tutela del derecho adquirido al amparo de la ley procesal anterior (doctr. art. 3 CCiv.).
Por tales razones, y observando que la decisión por adoptar conserva eficacia para el caso concreto (art. 12 de la ley 26.853), el tribunal considera, por unapimidad, encontrarse habilitado para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y concedido en autos por lo que corresponde ingresar a continuación en el tratamiento de dicho recurso.
II. En esa inteligencia, formulado nuevamente el interrogante a que se hace referencia en el encabezamiento, los Señores Jueces de Cámara, Doctores Julia M. Villanueva, Ana I. Piaggi, María L. Gómez A. de Díaz Cordero, Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Pablo D. Heredia, Gerardo G. Vassallo, Juan J. Dieuzeide, Ángel O. Sala, Hernán Monclá, Miguel F. Bargalló, Alejandra N. Tevez, Juan Manuel Ojea Quintana y Rafael F. Barreiro dicen:
Que la cuestión a decidir en este Acuerdo Plenario se vincula a la contradicción existente entre dos sentencias de distintas Salas de esta alzada mercantil, una de las cuales otorgó al crédito verificado en concepto de multas de origen laboral el carácter de privilegiado general (Sala B, 17/4/2012, “Sociedad Alemana de Socorro Mutuo A Enfermos Asociación Mutual s/Concurso Preventivo s/Incidente de Verificación de Crédito (De los Santos Aníbal)”, mientras que la otra consideró que tenían carácter quirografario.
Derívase de ello que la controversia que motiva la convocatoria a este pleno nace como consecuencia de los distintos criterios adoptados en relación al alcance o graduación que corresponde dar al incumplimiento de la obligación que la ley laboral en su artículo 80 coloca en cabeza del empleador -entre otras disposiciones-imponiéndole a este último la carga de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención.
Liminarmente entendemos que no debe perderse de vista que el thema decidendum, si bien analizado desde el punto de vista del derecho mercantil, tiene su marco fundamental en el derecho laboral, lo cual impone conjugar muy especialmente no solo las normas específicas del derecho comercial y particulares del derecho concursal con el ordenamiento jurídico laboral, sino que debe enfocarse muy especialmente en el contenido de nuestra Ley Suprema, dado que el derecho social ha sido preocupación permanente de los constituyentes y así lo han plasmado en nuestra ley orgánica (CN: 14, 14 bis, 16, 28, 41). Es que el objetivo preeminente reflejado en el Preámbulo de la Constitución Nacional es lograr el bienestar general y ese bienestar supone aplicar la justicia en su máxima expresión como es la justicia social. En concordancia, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que “…es principio básico de la hermenéutica atender a la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan… ”, agregando que “…la hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto…” (Fallos 289:430).
Analizada la cuestión desde tal perspectiva, cabe introducirnos entonces en el texto de la norma. Y es allí donde adquiere relevancia el carácter contractual al que alude la LCT: 80. En efecto, esa particularidad refleja la relevancia de esa obligación ya que se vincula íntimamente con el concepto indemnizatorio puesto que ello determina la directa relación con el contrato de trabajo que vincula a las partes; desde allí no cabe sino conferirle grado preferencia! en razón de la interpretación armónica que el juzgador debe efectuar tomando en consideración -entre otras pautas – el tenor del texto legal y el porqué del mismo; cuáles fueron las motivaciones o que es aquello que el legislador quiso preservar o proteger con el dictado de una ley.
El juzgador debe interrelacionar el alcance, la finalidad del plexo normativo con el fin perseguido por el legislador al sancionar la ley. Esta tarea de interpretar conlleva buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa y apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, que aparentemente se encuentran comprendidas en el ámbito de su vigencia.
Y así debe actuar no sólo cuando esta es oscura e incierta, sino también de la norma legal clara y de la norma consuetudinaria como de la proveniente de la jurisprudencia, de la doctrina y que surge de la equidad (Llambías, Jorge Joaquín “Tratado de Derecho Civil, Parte General, Lexis Nexis, T° 1, Año 2003, pág. 87/88).
Llegados a este punto, adentrándonos a la cuestión central que nos convoca, entendemos que a fin de analizar el texto legal es necesario recurrir al método de interpretación hermenéutica de la norma; es decir al conjunto de principios que debe tomar en cuenta el intérprete para una adecuada interpretación de la norma jurídica. Para ello debemos recurrir (a) al elemento gramatical -las palabras de la ley- pues de ellas deben deducirse el pensamiento y la voluntad legislativa; (b) al elemento lógico, esto es la investigación de la norma que intenta la reconstrucción del pensamiento y de la voluntad del legislador mediante la indagación de los motivos que la determinaron, o sea los fines a que tiende y la ocasión en que se dictó, con lo cual se alcanza el espíritu de la norma que se interpreta. El motivo de la norma o la vatio legis es la razón que la justifica, la que se identifica con la necesidad humana cuya satisfacción la norma busca y, por consiguiente, se erige en fin de su institución; (c) el elemento histórico pues es importante acudir a la historia de las instituciones y (d) el elemento sociológico de la interpretación es decir aquel que atiende a los datos sociales (op.cit, págs.95 y sgtes.).
Pues bien: queda claro que las diferencias de interpretación nacen a partir de que ese rubro es identificado bajo el concepto de “multa”, generando de ese modo una distinta visión sobre esta última, dada su naturaleza; mientras para una parte de la jurisprudencia debe ser considerada como integrante del privilegio del que goza la indemnización; otra parte sostiene que por definición y en razón del carácter restrictivo que impera en la interpretación de aquello que obedece a la aplicación de un privilegio, no se encuentra comprendido dentro de tal concepción.
Sin embargo entendemos que no resulta posible no contemplar que la interpretación que corresponde eleva a la categoría de deber contractual a la obligación del empleador de cumplir con los aportes legales; aportes que por otra parte serán imperiosos a futuro en tanto destinados a ingresar a las arcas del Estado para satisfacer las necesidades básicas de aquellos que cumplen con los requisitos jubilatorios. Corolario de ello es que estando en presencia de “una relación entre las partes en el proceso de programación de intercambios en el futuro” (Ricardo Luis Lorenzetti, “Tratado de ¡os Contratos”, T° I, Rubinzal Culzoni Editores, Año 2003, pág. 19 citando a Mc.Neil, The New Social Contract, 1980, citado por Calamari y Perilló, Contracts, West Pub, 3ª. Ed. Minn, 1987, pág. 2), y que de esa interrelación laboral de dependencia nacida de ese contrato de trabajo se impone a uno de los contratantes llevar a cabo la tarea encomendada y al otro pagar un precio (salario) por ese trabajo, lo cual conlleva a su vez, como obligación contractual e inescindible de aquella principal, la integración ante los organismos correspondientes de los aportes pertinentes. Esos aportes integran el salario y, por ende, si no son efectivizados por el empleador producen una merma en el ingreso del trabajador si bien no palpable durante la relación; ese proceder impropio genera la aplicación de la sanción que, al tener su razón de ser en el incumplimiento de una obligación legal y que además es parte integrante del salario, debe seguir la suerte del crédito principal.
Recordemos que la ley da a algunos créditos ventajas sobre los demás. Ventajas que pueden o no ser excluyentes. En esta segunda categoría se sitúan los privilegios, los créditos contra el concurso y los provistos de garantías reales. A los efectos de los créditos laborales sólo interesan los privilegios y los créditos contra el concurso.
En cualquier supuesto esa ventaja se traduce en el quantum, esto es, que si los bienes liquidados no bastan para cubrir todos los créditos, quien cuenta con ese privilegio cobra más que los meramente quirografarios. Por otro lado la ventaja no excluyente puede ser, no solo cuantitativa, sino también temporal, permitiendo a un acreedor cobrar antes que otro. Sentado ello el tema de los privilegios presenta particularidades interpretativas que en lo que nos interesa habremos de limitar al marco concursal. Tales particularidades se configuran debido, en parte, a diferentes disposiciones normativas que aluden a los mismos y que en algún caso pueden colisionar o simplemente generar dudas sobre la preeminencia de una norma sobre otra y ello no solo respecto de la ley falimentaria, con relación a la Ley de Contrato de Trabajo, sino también con aquellas contenidas en el Código Aeronáutico, Ley de Navegación; estatuto de los viajantes de comercio, estatuto de periodista profesional, estatuto del encargado de casa de rentas, estatuto de chofer particular, del trabajador agrario, etcétera. Es así entonces que se impone en el juzgador un mayor esfuerzo interpretativo siguiendo las pautas antes aludidas.
Con ello no significamos desconocer, claro está, que la interpretación de la aplicación de los privilegios debe ser restringida, característica que debe procurar ser preservada en tanto entraña una cualidad de una acreencia de causa fuente necesariamente legal que establece una situación de superioridad frente al resto de los acreedores y que lo antepone al resto, ya sea para satisfacer su crédito en mayor cuantía económica o con determinada prelación cuando el activo es insuficiente.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta esa premisa y aunque la pena sea de carácter sancionatorio, corresponde hacer abstracción de que se trata de una multa y tomarla como parte integrativa de la indemnización y por ende del privilegio desde que como consecuencia de aquel análisis de interpretación referido precedentemente (hermenéutico), no corresponde obviar que el espíritu de la ley es la protección amplia del derecho del trabajador, protección que se manifiesta en distintas situaciones, pero que encuentra su mayor expresión en el principio del derecho laboral “in dubio pro operario”.
Por otro lado es de destacar que la ley concursal no sólo le reconoce ese privilegio indemnizatorio como consecuencia de la pérdida de su fuente de trabajo sino también por derivación del accionar impropio o irregular de una de las partes contratantes. Refrenda esta conclusión que, a modo de ejemplo, otras normas del cuerpo legal falencial regulan de modo especial los derechos de los trabajadores -vgr. Pronto pago contemplado en el artículo 16; la constitución de cooperativas de trabajo, entre otras-. Desde tal perspectiva pues, la interpretación armónica del plexo normativo conlleva a la ampliación de los rubros que conforman el privilegio correspondiente a la indemnización ya que el crédito se origina contemporáneamente al nacimiento de la obligación, y no al momento en que la prestación deba ser cumplida.
La solución que se propone también encuentra apoyatura desde otra arista: al establecer la LCQ: 246 inc. 1 que “… ostentan privilegio general los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por 6 (seis) meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta del preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral,”, redacción que ciertamente nos habilita a colegir que el objetivo del legislador fue el de otorgar una amplia protección pues, en consonancia con las pautas expuestas precedentemente, innegablemente no fue ajeno en su decisión el contemplar el contexto social en que queda sumido el trabajador como consecuencia de la pérdida de su fuente de ingresos. Interpretación esta que se condice con el análisis de las normas laborales que establecen dichos créditos a favor del trabajador cuando el empleador incumple con las obligaciones a su cargo. Así, tanto el art. 8, como el art. 15 de la ley 24.013 consagran una “indemnización” a favor del trabajador. En el mismo sentido en el art. 2 de la ley 25.323 y el art. 80 de la L.C.T. utilizan dicho vocablo. Lo expuesto no puede dejar lugar a dudas de que estamos ante indemnizaciones establecidas por la ley a favor del trabajador perjudicado por las omisiones del empleador. Conforme lo expuesto podemos señalar que las denominadas “multas” deben ser incluidas dentro del concepto indemnizatorio y como parte integrante de aquellas.
Súmase a ello que si además se profundiza sobre el alcance o significado de la frase final contenida en la norma concursal, art. 246:1 tal conclusión adquiere más fuerza de convicción aún.
En efecto. Dicha norma establece que se encuentra incluido en el privilegio general “cualquier otro (crédito) derivado de la relación laboral. El diccionario de la Real Academia Española señala que el término “cualquiera” en su tercera acepción significa “uno u otro, sea el que sea” (adj. Indef.) y en la segunda expresa la totalidad del conjunto… por el nombre al que modificó (adj. Indef.).
Del análisis expuesto “cualquier” indica que no distingue, que incluye a todos los otros créditos derivados de la relación laboral que no se encuentran enumerados en la disposición.
Es evidente que, desde esta visión el objetivo de la ley concursal debe entenderse concordante con el de la ley laboral en el sentido de conceder el mayor beneficio al trabajador; en razón de ello debe considerarse incluido dentro del artículo 246:1 a “cualquier” otro crédito derivado de la relación laboral aunque no se encuentre enumerado taxativamente en el mismo. Solo exige que sean “derivados de la relación laboral”
En definitiva, entonces, no pareciera caber duda que, las denominadas “multas” son consecuencia mediata de una mal ejecutada relación laboral por parte del empleador y, por ende, se encuentran comprendidas en la norma en la medida que constituyen una “derivación de la relación laboral”, lo cual, como ya expresáramos, es refrendado por los principios generales que conforman el ordenamiento del trabajo, principalmente el principio protector que establece que, tanto en la aplicación como en la interpretación de la norma, debe prevalecer la posición más favorable al trabajador (art. 9 L.C.T.).
Finalmente, consideramos oportuno reiterar que el art. 80 LCT incorporado por el art. 45 de la ley 25.345 y vigente a partir del 26 de noviembre de 2000, crea un plus adicional al despido, no como una “multa” en el sentido de sanción, sino como una indemnización a favor del trabajador y a cargo del empleador equivalente al triple de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida. No obsta a ello el hecho de que para su procedencia se deba presentar un presupuesto de hecho como es cumplir con la carga de intimar a su empleador respetando los plazos que surgen del texto legal y del Dec. 146/2001. Y tan es así, es decir de que se trata de un concepto indemnizatorio que el mismo texto legal surge que la indemnización prevista por el art. 45 de la ley 25.345 (art. 80 LCT) no excluye la imposición de sanciones conminatorias tendientes a hacer cesar la conducta omisiva del empleador; supuesto este que si bien no aplicable en el caso en tanto proceso universal donde el fallido ya ha roto la relación contractual que lo unía con aquel, refuerza el carácter indemnizatorio de aquella denominada multa. (Jorge Rodríguez Mancini, “Ley de Contrato de Trabajo”, Comentada, Anotada y Concordada, Ed. La Ley, págs. 1067 y sgtes-).
Por todo ello, votamos por la afirmativa a la cuestión propuesta al presente Acuerdo Pilenario.
III. Los Doctores Alfredo A. Kölliker Frers, Isabel Míguez, y María Elsa Uzal, dicen:
Planteado el thema decidendum, cabe señalar en primer lugar que el privilegio es definido por el Código Civil en su artículo 3875 y por el actual art. 2573 CCCN como «el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro. Es decir que se trata de garantías de cobro que confiere la ley a ciertos créditos en virtud de su causa, calidad o naturaleza a fin de otorgar mayor probabilidad de que el crédito se haga efectivo. En tal sentido se dice que los privilegios son una calidad del crédito destinada a darle una determinada seguridad en su percepción. No se trata de una seguridad absoluta sino relativa, consistente en conferirle un cobro preferente respecto de otros créditos del deudor. Ello, a partir de que el patrimonio del obligado es garantía igualitaria y relativamente eficaz de sus acreedores. Es decir que, desde el punto de vista jurídico, los privilegios pueden ser definidos como la “prioridad o preferencia que determinados acreedores tienen con respecto a otros, en la liquidación concursal del patrimonio del deudor común (Couture, Eduardo J. en Vocabulario jurídico, Julio, César Faira, 2004, pág. 590).
A partir de tal concepción, cabe analizar la materia de este plenarío, mas tomando como indicadores las regulaciones con las cuales, la ley laboral y la concursal, han definido el régimen de los privilegios.
Conforme las disposiciones propias del derecho del trabajo, el trabajador recibe una serie de prestaciones con motivo del contrato de trabajo, mas no todas ellas revisten carácter remuneratorio. Es que, la prestación remuneratoria es aquella contraprestación debida al obrero como consecuencia de su servicio, que constituye una ganancia efectiva que ingresa a su patrimonio. Es decir, que hay que diferenciar los ingresos percibidos como consecuencia de las tareas ejecutadas, de aquellos que, si bien son también percibidos por aquél, reconocen su origen en una causa ajena al contrato que lo vincula. Tal es el esquema fijado por el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que diferencia, enumerándolos taxativamente, los conceptos remuneratorios de aquellos que no lo son. (Franciso Junyent Bas – Fernando M. Flores “Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, pág. 280 y sgtes.).
A esta altura debe prestarse especial atención a que un análisis íntegro de la normativa legal que en materia laboral, permite inferir que la télesis de esas soluciones se halla en el carácter alimentario de tal tipo de acreencias remuneratorias, con base en los principios protectorios típicos del derecho del trabajo y es por ello, que esa normativa protege con privilegio los créditos que resulten de los contratos de esta índole (art. 261, ley 20.744) y por ende, los créditos de los “dependientes” o los emergentes de “relación de dependencia”, en los que cabe considerar incluidos a todos los que arriendan sus servicios y a todos los asalariados, cualesquiera que sean las actividades específicas que desempeñen, mas no se encuentran comprendidos en ese rango, los servicios que excluyen la “dependencia” (cfr. Rivera Julio César, “Cuestiones laborales en la ley de concursos”, pág. 170).
En esta línea, por su lado, la ley concursal expresamente establece en esta materia, que sólo gozarán de privilegio los créditos enumerados en el capítulo I del Título IV de esa norma (art. 239 LCQ). Es así que, la interpretación de los privilegios allí reconocidos resulta restrictiva, tal como sucede ñon el principio general, máxime considerando que constituyen, como lo señaláramos, una excepción a la regla general de igualdad de los acreedores (esta CNCom., Sala A, 24.09.97, «Castelar SA s. quiebra s. inc. de verificación por Icely Guillermo O»; id., 28.09.07, «Centro Integral de Carrocerías Blindadas SRL s. Quiebra s. inc. de verificación por Superintendencia de Riesgos del Trabajo»; id. Sala B, 22.02.02, «Expreso Cañuelas SA s. concurso preventivo s. inc. de verificación por Superintendencia de Riesgos del Trabajo”).-
Derívase de ello que los privilegios, en este especialísimo ámbito, son excepciones a los principios de universalidad e igualdad o paridad de trato rectores en materia concursal. Más si bien se configuran por esta vía, excepciones al principio general de derecho privado que asigna al patrimonio la significación de ser garantía común de los acreedores, también se resguarda y mantiene el principio de igualdad dentro de cada categoría de acreedores. En consecuencia, es claro que no pueden reconocerse privilegios por extensión ni por analogía y que debe asignarse carácter quirografario al crédito cuyo encuadre privilegiado fuere razonablemente dudoso. (Rouillón, Adolfo A. N. “Régimen de Concursos y Quiebras” Ley 24,522, Bs.As. Astrea, 2006, 15ª edición, pág. 343).
Específicamente y de modo concordante con la ley de contrato de trabajo, la ley concursal ampara los créditos de origen laboral disponiendo en el art. 246 LCQ que revestirán privilegio general: 1) «…los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones de accidentes de trabajo, por antigüedad o despido por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario, ¡os importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de dos (2) años contados a partir de la mora, y las costas judiciales…» (inc. 1°).-
En lo que aquí interesa, se observa por una parte que la normativa específica, del art. 2 de la ley 25.323 dispone que «… cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no … abonare (al empleado) las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20744 (t.o. en 1976) y los artículos 6 y 7 de la ley 25013, las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%…». –
Por otro lado, el art. 80 último párrafo de la LCT., agregado por el art. 45 de la ley 25.345 establece “la obligación por parte del empleador de dar al trabajador certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social” y dispone que, “en caso contrario, aquél es susceptible de ser sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres (3) veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor.”.
Y también, el art 16 de la ley 25.561 establece la suspensión de los despidos sin causa justificada, al tiempo que indica que en caso de producirse despidos en contravención a lo que dicha norma ordena, los empleadores “deberán abonar a los trabajadores el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad con la legislación laboral vigente”, si bien aparece claro que esta norma resulta inmersa dentro de una declaración de emergencia social del Estado Nacional, cuyo objetivo ha sido preservar el empleo como una política de Estado, por lo que, si el empleador adopta una decisión en contrario, ”será castigado con la duplicación de la indemnización correspondiente” (esta CNCom., Sala A, 16.11.06, «Alfamaq Venturi SA s. concurso preventivo s. inc. de pronto pago por Gómez Corazón de Jesús»).-
En este marco, una lectura armónica de aquellas normas concursales y de las normas laborales señaladas nos advierte, claramente, que en los casos de excepción previstos en estas últimas se contemplan, además de las retribuciones e indemnizaciones pecuniarias a favor del trabajador, de carácter alimentario que son propias de sus créditos en origen, la imposición de cargas adicionales por inconductas del deudor que no involucran estrictamente una retribución por una prestación a cargo del empleado, ni una indemnización por la indebida privación de retribuciones incumplidas sino que su esencia están constituidas por una suerte de multa o sanción por faltas de atención de ciertas obligaciones por parte del empleador, las que habrán de adicionarse a las indemnizaciones legalmente establecidas, incrementándolas, pero que obedecen a una ratio legis distinta.
En efecto, estos ítem responden en su télesis a una sanción contra los empleadores, cuya finalidad es disuadirlos de continuar con el incumplimiento que se les imputa y no constituyen un derecho propio del acreedor laboral, inherente o derivado de su fuerza de trabajo. Es por ello que no corresponde reconocer a esta porción agravada de las acreencias, por extensión, el rango privilegiado general pretendido (arg. esta CNCom., esta Sala A, 19.09.06, «Jardín de Infantes y Escuela de la Aldea SRL s. concurso preventivo s. inc. de verificación por Cervi Jimena María y Otro”).-
Es claro, que tanto la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) son regulaciones especiales respecto del derecho común. La primera se aplica a casos en los que el crédito proviene de una relación de dependencia y la segunda, opera respecto de situaciones en las que el deudor está en estado de insuficiencia patrimonial, si bien cada una es conforme a sus finalidades propias. Así pues, cuando se dan los supuestos para abrir algún proceso concursal, la LCQ resulta ser la normativa que pasa a regular el modo de liquidación del patrimonio, incluyendo las deudas laborales, a las que respeta y reserva el rango privilegiado que les es propio dentro del plexo total de las acreencias del deudor, articulando ese privilegio con otros privilegios del sistema frente a los créditos quirografarios. De ahí, que el primer párrafo del art. 239 diga que “existiendo concurso, sólo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo, y conforme a sus disposiciones”. O sea que desde el instante en que se entra en la órbita concursal en cuanto a privilegios, no hay más ley especial que la LCQ. Y para el caso de que existiera alguna laguna, esa Laguna no puede ser integrada por la LCT ya que, los privilegios sólo pueden surgir de la ley, y si el crédito no está entre ese número cerrado de créditos prioritarios, resulta ser quirografario, aún si en otra normativa no lo fueren. Es decir, se reitera, que bajo la situación concursal los únicos privilegios son los que surgen de la ley, incluyendo sus reenvíos, perjo no pudiendo ser suplida o integrada (Jorge Rodríguez Mancini, “Ley de Contrato de Trabajo”, 2da. Edic. Actualizada, La Ley, 2013, Ricardo Foglia, “De los Privilegios”, págs. 867 y sgtes., con cita de Alegría Héctor: “Los Privilegios en la Ley Concursal. Aspectos Generales”; Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni, 2011-2, págs. 17 y 18).
Desde tal perspectiva, siendo la naturaleza y finalidad de los tramos de acreencias que nos ocupan, la de ser sanciones que tienen por objetivo disuadir a los empleadores de continuar con el incumplimiento en que incurrieran, carecen del carácter de haber adeudado o retribución que constituya un crédito con origen en el contrato de trabajo, por lo cual la naturaleza restrictiva de toda atribución de privilegio impide reconocer a estas acreencias por extensión, carácter privilegiado. Lo único que la ley ha protegido con esa calidad son los salarios, sueldos o indemnizaciones de los trabajadores inherentes al contrato de trabajo; por ende, en el caso que el trabajador debiere demandar por daños y perjuicios, motivados en el incumplimiento del contrato de parte de su patrón necesariamente debe hacerse la distinción entre la parte de indemnización que represente los sueldos o salarios que debió gozar el demandante (y por el período que fije la ley) que forzosamente deberá quedar amparada por el privilegio y las otras indemnizaciones accesorias a que pueda tener derecho, serían extrañas al mismo (Ernesto Cordeiro Alvarez, “Tratado de los Privilegios”, Compañía Argentina de Editores SRL, 1941, pág. 181 con cita de Martou M. “Des Privilèges et Hypothèques”, Bruxeles, París, 1856). Estimamos que concluir de otra forma importaría desdeñar no solo el sentido o la télesis del privilegio que reconoce el régimen laboral basado en el carácter alimentario del crédito sino que, fundamentalmente, se alzaría contra el principio esencial de la pars conditio creditorum que rige el régimen concursal. En efecto, reiterase que al tratarse de un proceso falencial, el fallido se encuentra desapoderado de sus bienes (art. 107 LCQ) lo que conlleva a que cualquier suma que se abone por una acreencia reclamada será pagada con el producido del patrimonio en liquidación y, si se admitiese exigible un pago laboral privilegiado de parte de un patrimonio falente y en liquidación sin una contraprestación de parte del acreedor, se quebraría el sustento causal que justifica ese rango con perjuicio para la porción de los créditos que podrían ver cancelados los restantes acreedores que sufrirán, necesariamente una disminución de sus dividendos, en un renovado sacrificio.
Por ello, juzgamos que al rubro en cuestión sólo cabe reconocerle carácter quirografario en los términos del art. 248 LC (conf. esta CNCom, Sala A, 19/9/06, «Jardin de infantes y Escuela de la Aldea SRL s/ conc. prev s/ incidente de verificación (por Cervi Jimena Maria y otro)».
En atención a los argumentos expuestos, damos respuesta negativa al interrogatorio objeto de la presente convocatoria.
IV.- Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve que:
(1) Corresponde conceder privilegio general a los créditos del trabajador originados en multas impuestas por la ley laboral al empleador y a los cuales esa normativa les otorga carácter indemnizatorio.
(2) En atención a que el pronunciamiento dictado a fs. 96 se adecua al criterio fijado por este Tribunal en pleno en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley concedido en autos, se lo confirma.
Notifíquese y vuelva la causa a la Sala de origen, a sus efectos.
La doctora Matilde E. Ballerini no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Alfredo A. Kölliker Frers
Presidente
Julia M. Villanueva
Isabel Míguez
María Elsa Uzal
Ana I. Piaggi
María L. Gómez A. de Díaz Cordero
Eduardo R. Machin
Juan R. Garibotto
Pablo D. Heredia
Gerardo G. Vassallo
Juan José Dieuzeide
Ángel O. Sala
Hernán Monclá
Miguel F. Bargalló
Alejandra N. Tevez
Juan Manuel Ojea Quintana
Rafael F. Barreiro
Silvina D. M. Vanoli
Secretaria de Coordinación General
Ley 24522 – BO: 09/08/1995
006410E
