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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Comunicación. Telegrama de despido. Requisitos. Incumplimiento
Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por la trabajadora, atento a que las causales invocadas por la empleadora en la comunicación extintiva no reunían los recaudos exigidos por el art. 243 de la LCT, por lo que, teniendo en cuenta que tal omisión no podía ser subsanada con posterioridad, se determinó que el despido fue injustificado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2.017, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:
I.- La Sra. Jueza de Primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas, y los antecedentes del caso, concluyó que el despido dispuesto por la demandada no fue justificado, por lo que correspondía que ésta abonara a la trabajadora los conceptos indemnizatorios reclamados en el inicio.
II.- Contra tal decisión se alzan en apelación ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs. 215/216 y fs. 219/220.
III.- Trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada.
Recuerdo que la Sra. Giménez trabajó para la demandada -empresa que gira en plazo con el nombre de “Rodo” o “Hiper Rodo” como supervisora de caja, desde el 22.10.2005. Fue despedida el 11.01.2014 imputándosele incumplimientos en sus labores, los cuales rechazó, por lo que inició el presente reclamo a fin de obtener el reconocimiento de los distintos conceptos indemnizatorios y salariales que enumeró en el inicio. La Magistrada de origen, consideró que las causales invocadas por la empleadora en la comunicación extintiva, no reunían los recaudos exigidos por el art. 243 LCT, por lo que, teniendo en cuenta que tal omisión no podía ser subsanada con posterioridad, determinó que el despido fue injustificado.
En primer lugar, resulta forzoso señalar que la expresión de agravios formulada por la accionada no constituye una crítica concreta y razonada del decisorio apelado (art 116 Ley 18.345) en tanto no reúne los recaudos que hacen a la debida fundamentación de un recurso. En este sentido, cabe señalar que, el planteo debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida. Allí el recurrente debe expresar los argumentos en los que funda la descalificación de los fundamentos en los que se sustenta la solución cuestionada, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia.
En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten.
Ninguno de tales principios han sido respetados en el escrito recursivo de la parte demandada puesto que el apelante se limita a expresar su disconformidad sin lograr una exposición argumentativa que permita considerar equivocado lo resuelto. Decir que las pruebas no fueron valoradas correctamente, no constituye una crítica concreta y razonada del aspecto del fallo que estima equivocado, ni tampoco lo son, las meras discrepancias acerca del resultado del litigio. Asimismo, manifiesta sus objeciones con la decisión de grado sin fundamentarlas en ninguna probanza en contrario como para justificar su postura o rebatir los argumentos de origen. Nótese que el quejoso se limita a manifestar que los testigos dieron cuenta de los incumplimientos de la trabajadora sin hacerse cargo de que la Magistrada de origen determinó que las causales invocadas en la comunicación extintiva resultaban ambiguas y de carácter genérico, incumpliendo los recaudos previstos por el art. 243 LCT. Resulta indiferente que los testigos hubieran aportado algún indicio acerca de cuáles eran los incumplimientos endilgados a la trabajadora pues los mismos debieron ser detallados en el telegrama de despido como bien lo prevé la norma en cuestión, todo lo cual no aconteció. Sobre este punto, nada manifestó el apelante en el escrito bajo examen para rebatir la decisión, carencia argumentativa que sella la suerte adversa del planeo en los términos del art. 116 L.O.
IV.- Distinta suerte correrá el planteo efectuado por la parte actora quien se queja porque se tomó una base salarial incorrecta para el cálculo del rubro antigüedad y su incidencia sobre el recargo previsto por el art. 2° de la Ley 25323. En efecto, tiene razón el apelante al sostener que el tope salarial previsto por el CCT 130/75 era de $19.265,49.- y no de $6421,83.- determinado por la perito contadora a fs.106vta, en tanto dicho valor se refería únicamente al promedio de las remuneraciones de las categorías previstas en el convenio 130/75, el cual debía ser multiplicado por 3 para determinar el tope indemnizatorio, como lo prevé el art. 245 de la LCT. De esta manera, dado que la mejor remuneración normal y habitual de la trabajadora ($10.896,91.-) no superaba el tope convencional mencionado más arriba, correspondía tomar dicha suma para el cálculo de los conceptos antigüedad y la indemnización prevista por el art. 2° de la Ley 25323 que resultaron procedentes.
En consecuencia, sugiero modificar este aspecto de la decisión de origen y fijar el capital de condena en $266.193,11.-, (el rubro antigüedad: $87.172,08 y el rubro indemn. art. 2° Ley 25323: $58.553,60.-), suma a la que accederán los intereses establecidos en origen, que llegan firmes a esta instancia.
V.- No obstante la modificación parcial que se sugiere, elevando el capital de condena, propongo mantener la imposición de las costas en ambas instancias a cargo de la demandada, en su carácter de objetivamente vencida en el reclamo fundado por la Sra. Giménez en su contra (conf. art. 68 CPCCN).
VI.- Habida cuenta de las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839 y dec. 16.638/57, propongo regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contadora en el …%, …%, y …% sobre el monto de condena, incluido capital más intereses.
VII.- Finalmente, en atención al mérito y extensión de las labores desarrolladas en esta instancia, propongo que se regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara el …% (parte actora) y …% (parte demandada) respectivamente, de la suma que les corresponda percibir a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior (art. 14 ley 21.839).
VIII.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $266.193,11.-, suma a la que accederán intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa de interés establecida por la Resolución 2601 y 2630 de la CNAT; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68 CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contadora en el …%, …% y …% respectivamente sobre el monto de condena, incluido capital más intereses; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …%, (parte actora) y …% (parte demandada) de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6° y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57).
La Doctora Graciela A. González dijo:
Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $266.193,11.-, suma a la que accederán intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago conforme la tasa de interés establecida por la Resolución 2601 y 2630 de la CNAT; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 68 CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, demandada y perito contadora en el …%, …% y …% respectivamente sobre el monto de condena, incluido capital más intereses; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el …% (parte actora), y …% (parte demandada) de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6° y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57), 5) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4°, Acordada CSJN N° 15/13) y devuélvase.
Gloria M. Pasten de Ishihara
Jueza de Cámara
Graciela A. González
Jueza de Cámara
Ante mí:
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
En … de … de …, se dispone el libramiento de
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
En … de … de …, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
Giménez, Nicolás Adrián c/Robert Bosch Argentina Industrial SA s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala IX – 06/12/2016
018828E
