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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIAActualización de honorarios. Artículo 8° de la ley 24.432
En el marco de una ejecución, son apelados los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa.
Buenos Aires, 12 de abril de 2017.-
AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:
I.- Llegan estos autos a fin de entender respecto de los recursos de apelación interpuestos a fs.109 y 117 contra la regulación de honorarios de fs. 108.-
II.- En primer término, corresponde destacar que esta Sala, desde antaño, entiende que, en trámites como el presente, corresponde aplicar los principios contenidos en el art. 40 de la ley 21.839, considerándose únicamente la segunda de las etapas que allí se enuncian, pues abarca los trabajos realizados desde que el crédito se tornó exigible, hasta su total y efectivo cobro. Por ende, resultan de aplicación las directivas arancelarias contempladas en los arts. 6, 7, 37, 40 y ccs. ley 21.839 -t.o. ley 24.432-, sobre la base regulatoria que se encuentra conformada por el monto de la ejecución.
Sin embargo, este Tribunal ha ya prescindido en algunos supuestos de los porcentuales establecidos por el art. 7° y de los mínimos del artículo 8° de la ley 24.432, siempre a fin de arribar a una retribución justa y adecuada que valore la dignidad de la labor del abogado -sin la cual el servicio de justicia no podría funcionar-, resguardando a su vez el carácter alimentario del estipendio que, desde antiguo, le reconocen tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestros tribunales.
El sustento principal de aquella postura radicó en el prolongado lapso de tiempo transcurrido desde la última reforma arancelaria significativa (a principios del año 1995, con la sanción de la ley 24.432) y que, pese a los diversos proyectos de reforma de la ley arancelaria, transcurridos más de veintiún años desde aquella modificación, los mínimos contemplados en el artículo 8° no han sido modificados, lo cual no se compadece con la realidad económica del país (cfr. esta Sala, 23/02/2016, “Rómbola, Claudio Gabriel c/Gral. Tomás Guido S.A.C.I.F. s/daños y perjuicios” Expte. 39.898/2004, a cuya lectura se remite en homenaje a la brevedad).
Un simple cálculo matemático permite advertir que los montos indicados en el artículo 8° han quedado descontextualizados frente al resto de las variables económicas. Si se parte del mínimo contemplado para los procesos de ejecución ($ 300), desde la fecha en que se promulgó la ley 24.432 (05-01-1995) hasta el 01-02-2017, actualizado aún a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (que contempla el art. 61 del Arancel), se arriba a una cifra de $ 2387,75.
En síntesis y por todo lo expuesto, si se valora el monto de la ejecución, la naturaleza del proceso, su resultado y los trabajos efectivamente realizados, así como el mérito, calidad y extensión de la tarea profesional, se advierte que, de aplicarse en forma estricta las normativas arancelarias pertinentes resultaría una suma reducida, por lo que corresponde apartarse de aquéllas a los efectos de guardar la ya reseñada dignidad del honorario profesional y practicar una regulación que no afecte el derecho a una justa retribución, siempre en concordancia con todos los elementos reseñados, ponderándose especialmente que intimado de pago a fs. 81 el ejecutado depositó el crédito reclamado.-
Por ello, al resultar reducido, se elevan a la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500) -en conjunto-, los honorarios de los Dres. Rosa Isabel Laguna Fonseca y Guillermo Vargas, todo lo cual así SE RESUELVE.
Regístrese y notifíquese por Secretaría a los beneficiarios a sus domicilios electrónicos (en caso de encontrarse registrados en el SAU) (Ac. N° 31/2011 y 38/2013 de la CSJN). Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. N° 15/2013 y 24/2013 de la CSJN) y devuélvase, enco mendándose al Juez “a-quo” las restantes notificaciones que pudieran corresponder.
Fdo. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.
017066E
