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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Accidente de tránsito. Cosa inerte. Ruta en mal estado. Caída del motociclista reclamante
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños deducida, pues surge probado que las condiciones del tramo de la ruta en reparación por la cual circulaba el motociclista reclamante -asfalto húmedo y descalce entre carriles- produjeron el desequilibrio y caída de este.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los … días del mes de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer el recurso interpuesto en los autos caratulados: “Álvarez, Hernán Pablo c/ Petersen, Thiele y Cruz S.A.C.M. s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)” (Expte. 81.833/2007) respecto de la sentencia de fs. 555/565 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.- ROBERTO PARRILLI.-
A la cuestión planteada el Dr. Mauricio Luis Mizrahi, dijo:
I. Antecedentes
La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 555/565, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Hernán Pablo Álvarez y, en consecuencia, condenó a “Petersen, Thiele y Cruz S.A. de C. y M.” al pago de una suma de $ 74.553, sin intereses.
Asimismo, el a quo dispuso extender la condena a “La Mercantil Andina Cía de Segs. S.A.” en la medida del seguro.
Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce glosada a fs. 124/131, promovida el 09 de junio de 2007. En esa oportunidad, el accionante relató que con fecha 7 de marzo de 2007 se encontraba transitando a bordo de su motocicleta por la Ruta Nacional N° 3, con dirección a Río Gallegos, cuando al acercarse al km. 2193 observó a la distancia un cambio de tonalidad en el asfalto. Sostuvo que no había señal que indicase a qué se debía dicha circunstancia ni cómo debía proceder, por lo que optó por continuar por su mismo carril, toda vez que en ese tramo de la ruta hay escasa visibilidad de los vehículos que circulan en dirección opuesta. Siguió explicando que al avanzar por el referido sector de color negro y aspecto húmedo, percibió que la superficie de la ruta estaba llena de brea, y entonces sí decidió cambiarse de carril, descartando la posibilidad de dirigirse hacia la banquina, en donde había piedras sueltas que podían resultar peligrosas.
Finalmente, expresó que al cruzarse de vía a velocidad prudencial y considerando el descalce entre carriles, el vehículo -cuyas ruedas seguían impregnadas del material asfáltico- perdió estabilidad, lo que provocó su caída y derrape a lo ancho del carril con dirección al norte. Tal evento, precisamente, fue el que le habría generado los diversos daños y perjuicios que requiere en estos actuados.
II. Los agravios
Contra el susodicho pronunciamiento se alzó “Petersen, Thiele y Cruz S.A. de C. y M.”, expresando sus agravios a fs. 598/603, los que fueron contestados a fs. 606/608. A su vez, el actor presentó los suyos a fs. 604/605, los que no recibieron respuesta. Por último, la citada en garantía formuló los propios a fs. 609/610, que tuvieron su respuesta a fs. 612/614.
Las condenadas cuestionaron la atribución de responsabilidad decidida en el fallo de primera instancia y también objetaron -en forma genérica- todos los rubros indemnizatorios. Particularmente, la citada en garantía se opuso a la partida determinada en concepto de daño moral. Por su parte, el Sr. Álvarez criticó que el Sr. Juez de grado no haya fijado intereses.
III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis
El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar: a) la atribución de responsabilidad por el hecho acontecido; b) eventualmente, la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios impugnados; y c) si correspondieren, los intereses aplicables al monto de la condena.
Con relación a las partidas indemnizatorias, he de señalar en forma preliminar que los agravios incoados por las emplazadas respecto de todos y cada uno de los rubros acogidos por el a quo no cumplen con los requisitos exigidos por el art. 265 del ritual, que exige una “crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas”. Véase que las accionadas se han limitado, de una manera impropia, a observar escuetamente el conjunto de las partidas indemnizatorias.
Por dicho motivo, entiendo que los mentados recursos resultan ineficaces para cuestionar la totalidad de los montos indemnizatorios fijados en la sentencia. Sin embargo, y en lo que respecta exclusivamente a la impugnación impetrada por “La Mercantil Andina Cía. de Segs. S.A.” en relación al rubro “Daño Moral”, no he de proponer su deserción. Para así decidir, me apoyo en el principio de defensa en juicio (art. 18 de la CN) y considero que la oposición a dicha partida fue el único aspecto desarrollado por la citada en garantía en su expresión de agravios, al margen de la responsabilidad.
En igual sentido, este Tribunal viene declarando que en la sustanciación del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia, mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aun ante la precariedad de la crítica al fallo apelado. En otras palabras, si la fundamentación cumple en cierta medida con las exigencias del art. 265 del CPCCN, según un criterio de amplia flexibilidad, cabe estimar que se ha satisfecho la mentada carga procesal (ver al respecto mis votos in re «Hinckelmann c/ Gutiérrez Guido Spano s/ liq. de soc. conyugal» del 28/10/2005, ED 217-327, JA 2006-I-845, LA LEY, 2006-A, 679; íd., en autos «Menéndez c/ Alberto Sargo S.R.L. s/ ds. y ps.» del 23/11/2005; íd., in re «Berguer y otro c/ Periodismo Universitario S.A. s/ ds. y ps.», del 31/3/2006, RcyS 2007-II-109. Ver, también, CNCiv sala E, del 24/9/74, LA LEY, 1975-A, 573; íd., Sala G, del 10/4/85, LA LEY, 1985-C, 267; íd., Sala H, del 15/6/2005, JA 2005, III, Fascículo 12, del 21- 9-2005, p.58; entre muchos otros).
En consecuencia, estimo que los recursos de las condenadas deben ser declarados desiertos en lo atinente a la protesta genérica de los rubros indemnizatorios, con excepción del agravio vinculado con el daño moral, impetrado por la aseguradora.
Adicionalmente, es menester efectuar la siguiente advertencia: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620). En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador valorar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).
En este marco, pues, ahondaremos en dichas cuestiones.
IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto del año 2015 por lo que, dada la temática relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.
Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.
De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidosy también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.
Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquel que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.
En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo con el sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).
Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley online, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de esta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a la acción del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su evaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).
Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo concerniente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.
De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya sólo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.
En suma, son las previsiones del Código Civil derogado las que han de regir en la especie.
V. La atribución de responsabilidad
Para comenzar, diré que en el sub judice estamos en presencia de un accidente ocurrido con la intervención de una cosa inerte -la ruta-, es decir, de aquella que por su naturaleza está destinada a permanecer quieta.
Las cosas inactivas pueden ocasionar un daño cuando por su circunstancial ubicación o su situación anormal provocan una contingencia lesiva. En tal supuesto, habremos ingresado en la órbita de la responsabilidad objetiva atribuida al riesgo o vicio de la cosa, por lo que se prescindirá del análisis de la culpa, siendo responsable el dueño o guardián (art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil hoy derogado).
En punto al daño atribuido al riesgo o vicio de la cosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que aquel no puede presumirse sin más (cfr. Conf. CSJN, «O’Mill, Alan E. c. Provincia de Neuquén», Fallos: 314:1505). Esta directiva se aplica particularmente a las cosas inmóviles, pues la posibilidad de su intervención causal es mucho menor que si se tratase de objetos en marcha (cfr. Mayo, Jorge A., «Responsabilidad Civil por los daños causados por cosas inertes», en «Código Civil…» Bueres – Highton, 3A, pág. 626/633; mismo autor, «La responsabilidad civil por los daños causados por las cosas inertes», ED, 170-997).
Así, cuando la víctima ha sufrido un perjuicio que imputa a la posición o cualidades de un ente inmóvil, a ella le incumbe demostrar tales circunstancias y que la cosa jugó además un papel causal, pues en el contexto del 2do. párrafo, última parte, del art. 1113 del citado Código Civil, son ambos presupuestos los que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián.
Por ello, le correspondía al Sr. Álvarez demostrar que la vía por la cual circulaba se había tornado peligrosa, y que medió una relación de causalidad adecuada entre dicho riesgo y los menoscabos que en autos se reclaman. Desde ya, adelanto que coincidiré con el Sr. Juez de grado, en tener por confirmadas ambas condiciones. Veamos.
En primer lugar, diré que la propia demandada reconoció haber estado a cargo de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional N° 3 a la altura del km. 2193, sin negar concretamente que hubiese existido pavimento húmedo esparcido sobre la vía norte-sur, a la fecha del accidente. Huelga decir que dicha circunstancia representa una amenaza importante para la seguridad del tránsito. La nombrada demandada también admitió el descalce entre los dos carriles del tramo de la ruta refaccionada, aunque afirmó que dicho desnivel no tenía “una altura considerable” (ver fs. 211/215).
En segundo lugar, tendré por comprobada la relación causal que intervino entre la contingencia aludida y el resultado lesivo. Nótese que el mismo día del siniestro el damnificado hizo la correspondiente denuncia policial manifestando que al llegar a la zona en cuestión “las ruedas de la moto se llenan de pintura asfáltica por lo que realicé una maniobra para cruzar a la calzada izquierda y como el nivel de calzada era alto de ese lado, pierdo el equilibrio de la moto” (ver f. 15).
Concordantemente, el motociclista que conducía por detrás del accidentado manifestó en autos que “el pavimento estaba rastrillado” y que al cambiarse de carril, “había como un escalón de diferencia en cuanto a la altura, mi moto pega en el escalón y se empieza a sacudir, logro controlarla, se me mueve mucho la moto y cuando levanto la vista, veo la moto de Hernán y a Hernán patinando por el asfalto.” Finalmente, la pareja del aludido testigo, que viajaba con él como acompañante, dijo que “se movió la moto de mi novio y yo levanto la cabeza, miro y veo que el actor se mueve, resbala y se cae” (ver fs. 340/343).
Repárese que los testimonios son conformes en afirmar que la motocicleta que iba por detrás del accidentado también perdió estabilidad, factor que permite deducir que las condiciones del tramo de la ruta por la cual circulaban -asfalto húmedo y descalce entre carriles produjeron el desequilibrio y caída del Sr. Álvarez.
No ignoro que las apelantes, en oportunidad de expresar agravios, intentaron desacreditar los dichos de los mencionados testigos, por considerarlos contradictorios entre sí y en comparación con la mencionada exposición policial efectuada por el pretensor en ocasión del siniestro. Sin embargo, debe resaltarse que las condenadas no han impugnado la idoneidad de los testimonios dentro del plazo probatorio, al margen de compartir el criterio del a quo cuando sostuvo que no emergen de tales deposiciones señales que permitan presumir una eventual mendacidad o favoritismo (ver f. 558). Pero además, apreciando las probanzas arriba descriptas, no es cierto que sean contrapuestas, sino más bien armónicas con la versión de los hechos narrada en la demanda. Para arribar a tal conclusión, acudo a las reglas de la sana crítica (arts. 163, inc. 5 y 386 del CPCCN) que están fundadas en patrones jurídicos y máximas de experiencia.
Lo desarrollado hasta aquí nos permite confirmar la causalidad material entre el defectuoso estado de la ruta y el hecho dañoso. Resulta claro, entonces, que los emplazados tenían la carga de demostrar la ruptura del nexo causal, sin haberlo logrado, ni siquiera parcialmente. Lo explico.
Repasemos, en primer lugar, la defensa de “Petersen, Thiele y Cruz S.A. de C. y M.”. En su contestación de demanda -a la que adhirió la citada en garantía-, la demandada aseveró que la ruta estaba perfectamente señalizada con conos y carteles que alertaban sobre la proximidad de la obra, e indicaban una velocidad máxima de 20 km. Sobre esa base, alegó que el actor había conducido a una velocidad imprudente, mayor a la permitida. En esta instancia, las quejosas insistieron en dicha postura, haciendo hincapié en la exposición policial n° 78 que el Sr. Álvarez labró el día del siniestro, en la cual manifestó haber manejado a una velocidad no mayor a los 120 km por hora.
Ahora bien, descarto que las imágenes incorporadas por la demandada sean un elemento fehaciente para demostrar que los carteles de precaución que en ellas se observan -pero que no se ven en las respectivas fotografías acompañadas por el actor-, habían sido colocados con anterioridad a la época del incidente. Repárese que la víctima y los dos testigos declarantes apuntaron que luego de lo ocurrido se agregaron señales y conos (ver fs. 340/343). Tampoco la experticia mecánica puede echar luz sobre el punto, toda vez que dicho informe pericial fue realizado con posterioridad al hecho que se trata.
En ese contexto, poco importa discernir si el Sr. Álvarez había o no sobrepasado los 20 km por hora, toda vez que no se evidenció en el expediente que hubiese habido algún cartel indicando tal velocidad máxima, al momento del accidente. Sabido es que quien omite probar, pese a la regla que pone tal actividad a su cargo (tal el caso de autos), se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos que se evalúen y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399).
Esta conclusión, sin hesitación, se aplica a la letra al supuesto en examen.
Ello no quita, por supuesto, que el reclamante debía actuar diligentemente en función de las circunstancias de tiempo y lugar, a saber el cambio de tonalidad que había observado en la ruta. No obstante lo cual, tampoco los emplazados han podido demostrar una conducta imprudente de su parte. En sentido contrario, repárese que si bien el actor reconoció en su denuncia policial haber estado conduciendo a una velocidad que no sobrepasaba los 120 km por hora, también apuntó haberla reducido al percibir el sector de diferente coloración. Coincidentemente, el otro motociclista que iba por detrás destacó que tanto él como el damnificado mermaron considerablemente la velocidad al advertir la zona brillosa, estimando que la suya era de 60 km por hora.
En cuanto a la velocidad exacta del pretensor, el perito mecánico explicó que no existen en la causa elementos objetivos (huellas de frenada o derrape) que permitan determinarla de forma científica. Dicha conclusión que habrá de aceptarse, no obstante haber sido cuestionada (ver fs. 329/323, y f. 509 vta). Repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con conocimientos técnicos, en el que se apoya el juez para resolver (cfr. esta Sala, 12/02/2016, en autos “De Falco, Hugo Claudio y De Falco, Claudia c. Supermercados Mayoristas Makro S.A y otro s./ daños y perjuicios”, AR/JUR/4387/2016; entre otros).
En función de lo desarrollado, resulta claro que eran los accionados quienes tenían la carga de demostrar la ruptura del nexo causal, sin haberlo logrado, ni siquiera parcialmente. Véase que no han producido prueba relevante alguna que permita evidenciar el relato presentado en el responde; aclarándose que en la especie, ha sido decretada la caducidad de la prueba testimonial oportunamente ofrecida por “Petersen, Thiele y Cruz S.A. de C. y M.” (ver f. 478). Consecuentemente, no tengo ninguna duda que la orfandad probatoria en tal sentido afectará a la parte demandada, y no a la actora.
En suma, habida cuenta el marco fáctico y jurídico del asunto de marras, como así también ponderando que los condenados no lograron desvirtuar la presunción de responsabilidad en su contra, es que habré de proponer al Acuerdo que se confirme el pronunciamiento de grado, en lo que a la atribución de responsabilidad refiere.
VI. Daño Moral
A continuación trataré las quejas promovidas por la aseguradora con relación al importe de $ 10.000 otorgado en concepto de daño moral. Sobre la cuestión, he de subrayar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se hallaba antes del infortunio.
Es que el daño moral -en tanto configura un detrimento a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, «Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL”, LL, online; íd., Sala E, 26- 5-2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros”).
No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que “no contiene más que lo subjetivo puro” (ver Principios metafísicos del Derecho”, p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).
Sin perjuicio de ello, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, p. 247, 9° edición, Abeledo-Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto “previsto de antemano por la norma” (ver Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, p. 86, Ed. Orbir, 2° edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2b, p. 593 y ss.).
A los fines indemnizatorios, no sólo se deben tener en cuenta las condiciones personales de la víctima a la fecha del suceso dañoso -joven de 31 años, soltero, estudiante desempleado, de situación económica modesta-, sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudo haber sufrido el damnificado (ver Beneficio de Litigar sin gastos y fs. 340/343).
Para ello, habré de valorar asimismo la angustia que previsiblemente provocó en un joven aficionado a las motos tener que interrumpir su viaje; los múltiples traumatismos que sufrió -heridas contusas y cortantes, escoriaciones, fractura de hombro y clavícula derecha-; la incapacidad laboral temporaria que soportó durante 7 meses y la permanente que sobrelleva al día de la fecha, estimada en un 10% por el perito interviniente (ver fs. 340/343 y 459/62). Con relación a este último aspecto, no desconozco que la citada en garantía objetó la experticia médica (ver f. 467). Pese a ello, el profesional oficialmente designado respondió debidamente la impugnación, justificando razonablemente sus fundamentos (ver f. 468).
En efecto, vale la pena reiterar que los dictámenes de expertos deviene relevante a la hora de decidir; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a estas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (cfr. esta Sala, 09/11/2015, in re “Cisterna, Mónica Cristina c. Lara, Raúl Alberto s/ daños y perjuicios” AR/JUR/61311/2015; íd.CNCiv., Sala D, en autos «Quirós de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios», expte. libre n° 25.403/93 del 27/12/96, entre otros).
En virtud de lo desarrollado, considerando las particulares circunstancias del caso antes descriptas, estimo que la suma establecida por el magistrado que me precede resulta ajustada a Derecho. En consecuencia, propondré al Acuerdo su confirmación.
VII. Intereses
La parte actora se agravió de que el magistrado de la anterior instancia no haya fijado intereses al monto de la condena. Sobre el punto, no puede soslayarse que el Sr. Álvarez omitió solicitarlos en su escrito inaugural; motivo por el cual el Sr. Juez de grado resolvió aplicar el principio de congruencia.
Ahora bien. Deberá tenerse presente que en el caso se trata de un juicio por indemnización de los daños ocasionados por un acto ilícito; un ámbito en el cual rige el principio de la reparación integral, lo que implica que se encuentre involucrado el pago de los intereses que compensen la demora en la satisfacción de la reparación respectiva. En este sentido, es terminante el art. 1069 del Código Civil cuando dispone que “el daño comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito, y que en este Código se designa por las palabras «pérdidas e intereses”.
En definitiva, tratándose de una acción indemnizatoria, considerando aquella pauta de reparación integral, cabe entender que los intereses están implícitos en la pretensión; de manera que no puede negarse al damnificado el derecho de obtener la indemnización de las pérdidas e intereses que les reconocen los arts. 1069 y 1078 del Cód. Civil velezano. Obrar en contrario comportaría hacer prevalecer un rigorismo formal a todas luces injustificado (ver, mi voto in re “Mussa, Carla Zaida c/ De Quiroga, Lucía Rosa Elli s/ nulidad de acto jurídico”, del 08/10/2010, Expte. Libre N° 543.666).
Corresponde acotar que la buena jurisprudencia y doctrina se inclina en el sentido que se acaba de expresar (ver CN Civ., Sala M, 25- 11-2006, “Matuk, Alicia Susana c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. y otro”, La Ley online, AR/JUR/11472/2006; Wayar, E., “Tratado de la Mora”, pág. 550 y 572, Ed. Abaco, Buenos Aires, 1981; Iribarne, H..P., “De los daños a la persona”, pág. 71 y sigtes., ed. Ediar, Buenos Aires, 1995; Fassi-Yañez, “Código Procesal …”, 3° edición, t. 1, pág. 804, Buenos Aires, 1988; Morello, A.M., “Indemnización del daño contractual”. 2° edición, pág. 188, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1974; Peyrano, J.W., “El reclamo implícito del rubro intereses en materia de responsabilidad aquiliana”, J.S., pág. 179 y sigtes).
Por lo demás, en el particular han transcurrido más de diez años desde que se produjo el hecho que originó las presentes actuaciones; de lo que se sigue la gravedad que significaría denegar el cómputo de intereses por la merma considerable que se ha de generar en la percepción de la indemnización correspondiente. Por lo tanto, estimo que debe revocarse la sentencia de grado en este aspecto.
En esa inteligencia, se impone aquí la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Pérez Horacio Luis c/ Banco Sáez S.A s/ ejecución de honorarios”, LL, online, AR/JUR/55224/2013). A tenor de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios”, dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros” (del 2-8-1993) y “Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.” (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, desde el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
Es verdad que el mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.
En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de la mencionada doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se le adicionen a los capitales de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el momento del hecho y hasta la oportunidad del efectivo pago.
Finalmente, he de aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la aquí establecida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado (ver. art. 1740 del mismo código).
VII. Conclusión
A mérito de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo: I) Modificar el pronunciamiento de grado en lo que se refiere a los intereses, que deberán adicionarse desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago a la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y II) Confirmar la sentencia de grado, en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas a la demandada y citada en garantía en su calidad de vencidas (conf. art. 68 CPCC).
Ramos Feijóo y Roberto Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.- ROBERTO PARRILLI.-
Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° 1172 a n° 1178 del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, mayo … de 2017.
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I) Modificar el pronunciamiento de grado en lo que se refiere a los intereses, que deberán adicionarse desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago a la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina y II) Confirmar la sentencia de grado, en todo lo demás que fuera materia de agravios. Las costas de Alzada serán impuestas a la demandada y citada en garantía en su calidad de vencidas (conf. art. 68 CPCC).
Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 565/vta., así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.
Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.
Fecha de firma: 01/06/2017
Firmado por: TRIBUNAL , JUECES DE CÁMARA
017822E
