Se hace lugar a la medida cautelar de embargo interpuesta por la entidad bancaria ejecutante y se ordena proceder al embargo del 10% del sueldo del empleado público ejecutado, en los términos del artículo 11, inciso b), del decreto 6754/1943. El tribunal interviniente destacó la existencia de controversia respecto de la posibilidad de embargar sueldos de empleados públicos, sin embargo, al existir sentencia firme condenatoria, no se trata de un embargo preventivo sino ejecutorio y, por ende, configura la hipótesis normativa del artículo señalado.
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