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JURISPRUDENCIADerechos aduaneros. Nacionalización de mercadería. Automóvil. Remate. Ilegitimidad. Subasta. Responsabilidad del Estado
Se hace lugar parcialmente a la demanda iniciada por la actora y se ordena a la Administración Nacional de Aduanas que la indemnice por los daños sufridos al subastar ilegítimamente su vehículo automotor. Para decidir así se explicó que, si bien la actora no podía nacionalizar el vehículo traído del extranjero dado que lo había solicitado vencido el plazo del decreto 1568/1992, la demandada procedió al remate del mismo con anterioridad al vencimiento del plazo de veinte días fijado por la nota 4613/1997 del “Departamento Técnica de Importación” de la ANA para que la actora procediera a reexportar el automóvil. Por dicha razón, la subasta fue ilegítima y configuró una falta de servicio con entidad suficiente como para imputarle responsabilidad al Estado Nacional por actividad ilegítima en los términos del artículo 1112 del Código Civil.
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2018, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “Teresa Meccia de Palmas c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Administración Nacional de Aduanas”;
El señor juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. La señora Teresa Meccia de Palmas demandó a la Administración Nacional de Aduanas (ANA) con el objeto de que se le ordene autorizar la nacionalización de su automóvil marca “Mercedez Benz”, modelo E-320.
Contó que durante el ejercicio de funciones como embajadora de nuestro país ante la República Dominicana adquirió ese vehículo.
Añadió que durante el año 1996 se le requirió que en 96 horas entregara la embajada y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana la libre importación y exportación de su vehículo.
Señaló que llegó a la Argentina el 16 de agosto de 1996 y que su vehículo llegó el 12 de agosto de 1997.
El 26 de agosto de 1997 solicitó la nacionalización del automotor, solicitud que fue rechazada por la ANA por haberse cumplido el plazo de la resolución 1568/92; en el mismo acto, se la intimó a retornar la unidad al exterior bajo apercibimiento de iniciar el trámite previsto en el artículo 417 y concordantes del Código Aduanero.
Afirmó que el arribo del vehículo fuera del plazo legalmente establecido no puede serle imputado ya que se debió a cuestiones de fuerza mayor.
En ese contexto, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspenda el remate del vehículo, solicitud que fue rechazada a fs. 154.
Más adelante, señaló que, por cuenta y orden de la ANA, el 1º de septiembre de 1998 se efectuó dicho remate en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, amplió su demanda contra ese acto.
Por último, pidió la reparación de los daños y perjuicios sufridos por: (i) “pérdida del automóvil”, (ii) “la no utilización del automóvil desde el 12/08/97 al 1/10/98”, (iii) “lucro cesante”, (iv) “desvalorización del vehículo en un 30%”, y (v) “daño moral”.
II. La señora jueza de primera instancia admitió parcialmente la demanda y condenó al Estado Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas) a pagar a la actora la suma de $ 33.400 en concepto de “pérdida del vehículo”, que deberá ser cancelada en los términos y en las condiciones que dispone la ley 25.344 y sus normas complementarias, y devengará intereses a la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, en los términos del decreto 941/91, desde la fecha en que se produjo la subasta del vehículo (1/4/98) y hasta la fecha de corte establecida por la citada ley (1/1/00); de allí en más la tasa de interés aplicable será la que corresponda al título según la opción de cobro que formule el acreedor.
Por último, distribuyó las costas en el orden causado.
Para decidir de esa manera sostuvo:
(a) mediante la nota ANA 4613/97 se denegó la nacionalización del automóvil “Mercedez Benz” por haber arribado fuera del plazo previsto por la resolución 1568/92 y se intimó a la actora “a que en el término de 20 días, contados a partir de la notificación, proceda al retorno al exterior de la unidad, bajo apercibimiento de iniciarse el trámite previsto en el artículo 417 y concordantes del Código Aduanero” (fs. 84 del expediente administrativo PAAA 9980/97);
(b) no se encuentra controvertido que el automotor llegó al país después de que había vencido holgadamente el plazo establecido en la resolución (ANA) 1568/92;
(c) en el marco de la causa “Luis Palmas c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Administración Nacional de Aduanas”, el marido de la actora promovió un reclamo semejante al presente respecto de otro vehículo y la señora jueza titular del juzgado nº 7, donde tramitó ese expediente, “estableció la legitimidad del acto denegatorio de la nacionalización del mismo y, en consecuencia, la licitud de la orden de reexportación que por él se cursara”. En esa oportunidad dicha magistrada argumentó que “no se acreditó la concreta razón por la que la salida del automotor de la República Dominicana se demoró por un lapso que impidió su embarque […] y ulterior arribo a nuestro país no se verificase dentro del plazo establecido en la resolución 1568/92, poniendo de relieve que no se probó que ello hubiese obedecido a ilegítimos actos de las autoridades extranjeras o a omisiones de obligaciones de las autoridades nacionales por las que éstas tuviesen que responder”;
(d) la prueba producida en esa causa resulta análoga a la que se produjo en la presente y no existen elementos que justifiquen apartarse de la decisión allí adoptada;
(e) de las actuaciones administrativas surge que la actora presentó diversas notas ante las respectivas autoridades a efectos de instar el regreso del vehículo, “pero no se probó que la cancillería argentina hubiese asumido dicha tarea”;
(f) de las declaraciones testimoniales de los señores Vignolo y Mirson no surge que el trámite de liberación del auto se encuentre a cargo de la Embajada Argentina (fs. 457/461 y 498/502), y que “si bien el mencionado testigo Mirson señaló que los inconvenientes estaban referidos a la demora en la tramitación de la franquicia de salida del automóvil por parte de la Cancillería Dominicana, lo cierto es que ello nada aporta en cuanto a la concreta razón de la demora y eventual responsabilidad que por ella pudiese corresponderle a las autoridades dominicanas”;
(g) no probó -en los términos del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- que el inoportuno embarco y arribo del automóvil al país dentro del plazo establecido por la resolución 1568/92 obedeció a una razón de fuerza mayor imprevista y/o inevitable;
(h) la subasta del vehículo se efectuó con anterioridad al vencimiento del plazo de veinte (20) días fijado por la nota 4613/97 del “Departamento Técnica de Importación” de la ANA para que la actora procediera a reexportar el automóvil (fs. 97, 99 vta. y 118 del expediente administrativo);
(i) en orden a la ilegitimidad de la subasta, se encuentra acreditado que a través del cumplimiento irregular de sus funciones la Dirección General de Aduanas causó un daño; configurándose una falta de servicio con entidad suficiente como para imputarle responsabilidad al Estado Nacional por actividad ilegítima en los términos del artículo 1112 del Código Civil;
(j) a efectos de la valoración del perjuicio sufrido por la pérdida del bien con motivo del anticipado remate, corresponde considerar el precio de venta en el remate que surge de las actuaciones administrativas (fs. 118), que se fijó en la suma de $ 33.400;
(k) no corresponde el resarcimiento pretendido en carácter de “privación de uso”, “lucro cesante” y “daño moral”, en tanto si bien es cierto que “la privación de la posibilidad de reexportar el auto resultante del anticipado remate de él en sede aduanera privó también a la actora de la posibilidad de usar el bien en el exterior, más no puede válidamente pretenderse el resarcimiento de tal daño si simultáneamente se reclama y obtiene la indemnización sustitutiva por la privación del bien con sus correspondientes intereses”;
(l) resulta improcedente la pretensión de cobro de una posterior “desvalorización del vehículo”, habida cuenta de que “considerando legitima la denegatoria de su nacionalización, no puede responsabilizarse a la demandada por la desvalorización que hubiese tenido lugar con anterioridad a la subasta”.
III. Contra dicho pronunciamiento, la representación de la parte actora (fs. 562) y el Fisco Nacional (DGA) apelaron y expresaron agravios (fs. 570/579 y fs. 580/583) que fueron contestados (fs. 585/587 y fs. 588/590).
La parte actora señaló: (i) fue rechazada la acumulación a la causa “Luis Palmas” citada, por ser distintos los actores y automotores; sin embargo, la jueza citó argumentos de ese expediente; (ii) no se valoraron adecuadamente las declaraciones testimoniales de los señores Mirson y Vignolo. Los testigos manifestaron que la Cancillería Argentina instruyó a que se realicen las gestiones en la República Dominicana a efectos de “liberar” o “destrabar” el automóvil de la actora; no obstante, la jueza dice que no se probó que la cancillería hubiese asumido esa tarea; (iii) la demora en el embarco del vehículo no se produjo por causas imputables a su parte, sino por cuestiones estrictamente políticas; (iv) no se tuvo en cuenta el exiguo plazo de 96 horas que se otorgó para regresar al país ni que según la ley del servicio exterior era aplicable un plazo de 45 días; (v) debe elevarse el monto otorgado en concepto de pérdida del automotor, toda vez que se informó que el valor del rodado al 4/12/97 era de U$S 52.000 y esa prueba no fue impugnada; sin embargo, la jueza la descartó sin ninguna argumentación; (vi) “al momento del perjuicio se encontraba vigente la ley 23.928 ‘Convertibilidad’ con lo cual el valor de pesos argentinos ($ 33.400) con el que pretende sustituir el perjuicio no cumple con la pauta de cuantificación del valor que el mismo Magistrado fijó”; (vii) se confunde la indemnización por pérdida del automóvil con el rubro indemnizatorio por privación de uso del automotor. El primero se refiere a la realización ilegítima de la subasta de aquél bien y el segundo provocó la afectación de ciertos gastos para recurrir a otros medios de transporte; (viii) para fijar la procedencia del daño moral es necesario evaluar las condiciones personales de la actora, quien en esa oportunidad era embajadora en la República Dominicana; y (ix) corresponde aplicar el principio objetivo de la derrota contenido en el artículo 68 del Código Procesal.
El Fisco Nacional se queja de que se haya determinado la ilegitimidad de la subasta, de que no se hayan deducido los derechos de importación de la suma obtenida en el remate, de los intereses aplicados y de la imposición de costas en el orden causado.
IV. Las críticas del Fisco Nacional -referentes a la falta de deducción de los impuestos de importación sobre la suma reconocida y a la distribución de las costas del proceso- y los agravios de la parte actora fueron adecuadamente examinados por esta sala -con una composición distinta- en la causa “Luis Palmas c/ Administración Nacional de Aduanas s/ Administración Nacional de Aduanas”, promovida por el marido de la actora, pronunciamiento del 28 de septiembre de 2006 (que adquirió firmeza, toda vez que este tribunal con fecha 1 de febrero del 2007 rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el demandado y no surge del sistema informático que se haya presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación), a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.
V. La objeción ofrecida por el Fisco Nacional en lo que atañe a que “no es cierto […] que la subasta [del automóvil] se realizó con anterioridad al vencimiento del plazo de 20 (veinte) días fijados para que la actora procediera a reexportalo”, debe ser desestimada, toda vez que -tal como lo puso de relieve la señora jueza- del expediente administrativo surge que el 17 de abril de 1998 la actora quedó notificada de las notas 4613/97(1) y 1391/98(2) (fs. 97) y el remate se produjo el 1 de abril de 1998 (fs. 118).
VI. Tampoco puede ser atendida la crítica exhibida por el demandado sobre el cálculo de los intereses. Sostiene en ese sentido que “los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, que es el 1/01/2002 y no un año antes como se expresara en la sentencia” y alega que “el resolutorio que fija los honorarios no realizó ninguna observación sobre la fecha a la que se encuentra expresado el mismo”.
Dichas afirmaciones hacen referencia a cuestiones que no surgen de la sentencia apelada ni de las constancias de la causa.
VII. Las costas de esta alzada deben ser distribuidas en el orden causado, dada la existencia de vencimientos parciales y mutuos (artículo 71 del Código Procesal).
Por las razones expuestas, propongo al acuerdo desestimar los agravios de ambas partes, confirmar la sentencia apelada y distribuir las costas de esta instancia en el orden causado, dada la existencia de vencimientos parciales y mutuos (artículo 71 del Código Procesal).
La señora jueza Clara María do Pico y el señor juez Carlos Manuel Grecco adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios de ambas partes, confirmar la sentencia apelada y distribuir las costas de esta instancia en el orden causado.
El señor juez Carlos Manuel Grecco suscribe en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Clara María do Pico
Rodolfo Eduardo Facio
Carlos Manuel Grecco
Coninsa SA c/CPC SA Ingeniería y Construcciones s/ordinario – Cám. Nac. Com. – Sala B – 12/09/2008
Notas:
(1) “Visto el pedido de nacionalización formulado a fs. 1 por la Señora Embajador Dña. Teresa Meccia de Palmas de retorno del exterior al término de su misión, con relación al vehículo de su propiedad, cuyas características y demás especificaciones obran en el documento de transporte de fs. 2 y, considerando que el rodado en cuestión arribó fuera del plazo previsto en el Punto 7 del Anexo III ‘A’ de la Resolución Nº 1.568/92 (ANA), como asimismo, que el Servicio Jurídico de esta Dirección General se ha expedido sobre el particular a través del Dictamen Nº 2.931/97 (fs.81), que en mérito a la brevedad aquí se da por reproducido; corresponde no hacer lugar a lo peticionado y subsidiariamente intimar a la recurrente para que en el plazo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de su notificación, proceda al retorno al exterior de la referida unidad, sirviendo la presente de documento habilitante a tal efecto y bajo apercibimiento que el no cumplimiento de lo dispuesto dará lugar al inicio del trámite previsto en el Art. 417 y concordantes del Código Aduanero”.
(2) “Atento los términos del Dictamen Nº 129/98 (fs.90) emanado del Servicio Jurídico de esta Dirección General, que en mérito a la brevedad aquí se da por reproducido, se remite a los fines previstos en la Nota Nº 4613/97 (DV TECI) de fs. 84, para su intervención”.
025379E
