Se modifica el pronunciamiento apelado y se impone a la ejecutada una multa del 20% del importe de la liquidación definitiva a aprobarse en la ejecución, al comprobarse la cantidad de dilaciones en que incurrió y lo improcedente de las mismas, para que a 14 años de dictada la sentencia aún no haya podido ser instrumentada, sea con la cancelación de la deuda, por dación en pago o la realización del bien hipotecado, que debía ser motivo de una nueva subasta.
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