Tiempo estimado de lectura 57 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIATrata de personas. Explotación laboral. Vulnerabilidad de las víctimas
Se confirma el procesamiento con prisión preventiva de los encartados por considerarlos coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en dos supermercados, agravado por la situación de vulnerabilidad, por la cantidad de participantes, por la cantidad de víctimas y por haberse logrado consumar su explotación.
La Plata, 28 de diciembre de 2017.-
VISTA: esta causa registrada bajo el N° FLP 1431/2013/CA1 (Reg. int. 9185) caratulada: “Z, J-Z, D- L, W S/ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
Y CONSIDERANDO:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1710/1717 por el Dr. Sebastián Maceda, en representación de W L, contra la resolución glosada a fs. 1644/1663 por la cual se dispuso el procesamiento con prisión preventiva del último nombrado por considerarlo prima facie coautor penalmente responsable de los delitos previstos y reprimidos en el art. 145 ter incisos 1°, 4° y 5° y anteúltimo párrafo, y arts. 116, 117 agravado por el art. 120 inc. a) de la ley 25.871, en concurso ideal, los que concurren en forma real con el art. 210 del C.P. todos del C.P..Asimismo, mandó a trabar embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de X X pesos ($X000).
El recurso fue concedido a fs. 1720 y no contó con la adhesión del Sr. Fiscal de Cámara a fs. 1763.
Cabe mencionar que, mediante la decisión atacada el a quo también dictó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados J Z y D Z por considerarlos coautores de los delitos investigados, y pese a que fueron debidamente notificados en forma personal del auto citado -conforme surge de las constancias de fs. 1679 y 1680-, así como su abogado defensor, Dr. Pao Hsing Kuo – de acuerdo a lo informado mediante la certificación actuarial obrante a fs. 1834-, no dedujeron recurso de apelación.
No obstante ello, el Dr. Britos presentó el memorial a fs. 1818/1826, en representación de ambos imputados, ante esta Alzada en la oportunidad prevista en el art. 454 del C.P.P.N..
Corrida la vista al Sr. Fiscal de Cámara, éste no adhirió al recurso deducido (fs.1905).
En consecuencia, si bien en principio, respecto de J Z y D Z, el auto apelado ha quedado firme, en virtud de lo dispuesto por las normas procesales, particularmente el artículo 450 C.P.P.N. corresponde que, por aplicación del efecto extensivo que cabe asignar a los recursos de apelación (art. 441 CPPN) y de la garantía constitucional de la defensa en juicio, se analice en esta instancia la situación procesal de los referidos imputados.
II. Los agravios del Dr. Maceda se centran, en lo sustancial, en que la resolución apelada se apoya en hipótesis no probadas de cómo sucedieron los hechos, y se limita a realizar afirmaciones dogmáticas acerca del reproche efectuado a L, lo que torna la misma al menos prematura y arbitraria desde el punto de vista técnico ya que ninguna de dichas circunstancias se hallan corroboradas en la causa.
Sostiene que, contrariamente a lo resuelto en autos, L no tiene relación alguna con los otros dos imputados en autos y menos aún con C.Y, y por ende, no tiene ninguna vinculación con el comercio ubicado en la Avenida Argentina X de la localidad de T Suárez, Provincia de Buenos Aires.
Además, niega ser el dueño del local citado, aclarando que su esposa Z H alquiló dicho inmueble al Sr. He S hasta el año 2020, a quien solicita se cite a prestar declaración testimonial a fin de corroborar tal extremo.
Asimismo, indica que su asistido reconoció ser el encargado del supermercado ubicado en la calle Santander … desde el año 2015 y tener vínculo familiar con las demás personas que se encontraban en dicho domicilio en el momento del allanamiento, siendo su sobrino Y L -X-, su X e X.
Agrega que su sobrino, al ser entrevistado por personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas damnificadas por el Delito de Trata manifestó su intención de regularizar su situación administrativa ante la Dirección Nacional de Migraciones.
Señala que no esta acreditada en modo alguno la situación de vulnerabilidad de W K y, por otro lado, destaca que las condiciones de la vivienda donde residen son buenas y que todos sus familiares tienen llaves de la puerta de salida de la misma.
La defensa explica que no se debe soslayar que estamos ante una cultura oriental totalmente diferente a la que existe en nuestro país y esa idiosincrasia no puede ser prejuzgada en contra de un extranjero, de ciudadanía china, quien reside hace más de una década en la Argentina y desempeña su actividad en el comercio citado junto a su familia.
En conclusión, considera que no se verifican en autos los extremos típicos del injusto en reproche.
Por todo ello, solicita se revoque la decisión apelada y se dicte el sobreseimiento de su asistido.
III. Cabe recordar que, esta causa se inició en virtud del procedimiento llevado a cabo el día 4 de octubre de 2013 por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las Oficinas de la Guardia de prevención de dicho organismo, de la Terminal “A” del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza.
En dicha oportunidad, al realizarse un control preventivo sobre los envíos del Correo Oficial de la República Argentina, se advirtió al traspasar por la máquina de rayos “X” una caja con el N° de seguimiento X la presencia de una sustancia orgánica que no se pudo identificar.
En virtud de ello, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 dispuso la requisa de la caja en cuestión, la que contenía cuarenta y un (41) pasaportes, veintiséis (26) de los cuales habrían sido emitidos por las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China y quince (15) por las autoridades de la República de Malasia.
Asimismo, se estableció que los datos del remitente que figuraban en la caja que contenían los pasaportes eran los siguientes: “C. Y- Dirección Av. Argentina nro. …-Localidad: Buenos Aires- Pcia.: pape -País 1806/Destinatario: teléfono … -Localidad: China-pcia.: Pape-país : X. acta de procedimiento de fs. 1/6-.
Por otra parte, de la declaración aduanera de contenido del paquete también surgía como remitente “C. Y”, con igual domicilio al que consta en la caja del envío, y DNI N° … (fs. 132).
Posteriormente, el 1° de enero de 2013 se presentó en la SX TX SX del Correo Argentino la misma persona que había despachado la primera de las encomiendas, con el objeto de cursar una nueva registrada bajo el N° … con idéntico domicilio.
Al practicarse la requisa de esta nueva encomienda, se constató la existencia de treinta y tres (33) pasaportes -treinta y dos (32) de origen chino y uno (1) de origen malayo- (fs. 187/188 y 197/199).
En consecuencia, el juez a quo dispuso la realización de una serie de medidas investigativas, de las cuales se pudo establecer que en el domicilio de la Avenida Argentina n° … de la localidad de TrX SuX, partido de Ezeiza, funcionaba un supermercado chino cuyo nombre de fantasía sería “Suerte”. Asimismo, se determinó que el titular del DNI N° … era un ciudadano chino de nombre X C., con domicilio en la calle X N° … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que en esa dirección también funcionaba un supermercado chino con igual denominación.
En relación a los primeros pasaportes incautados se precisó que pertenecían a personas que registraban como último movimiento migratorio el ingreso a nuestro país, en su mayoría, en el mes de octubre del 2013.
En consecuencia, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 declaró su incompetencia para continuar a cargo de la investigación por considerar que los hechos ventilados en la causa superarían una simple hipótesis de una posible maniobra de contrabando o infracción aduanera de envíos postales, pudiendo encuadrar en las previsiones de las leyes 25.871 y/o 26.842, dando intervención al fuero federal (fs. 770/773).
Recibida la causa en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N° 6, su titular resolvió que dado que el procedimiento en que se conoció la presunta comisión de delito y se produjo el secuestro de los pasaportes de referencia tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires y el segundo procedimiento también tuvo lugar en la misma localidad, correspondía remitir la presente causa a conocimiento de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Lomas de Zamora (fs. 776/777).
El día 26 de febrero de 2014 las actuaciones arribaron a la sede del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, cuyo titular corrió vista al Sr. Fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P.N. quien formuló el requerimiento de instrucción mediante el cual instó la acción penal en relación a la presunta infracción a los arts. 116 y 117 de la Ley de Migraciones N° 25.871, sin descartar que el posible objetivo de las maniobras descriptas fuera la trata de personas. Por último, propuso la realización de una serie de medidas investigativas (fs. 779 y 823/826).
Como consecuencia de las mismas se estableció, por intermedio de la División Científica Pericial de Prefectura Naval, que la totalidad de los pasaportes secuestrados de la República de China y de Malasia era ejemplares apócrifos. Además, se determinó que los sellos migratorios insertos en los referidos pasaportes chinos y malayos, en su gran mayoría, resultaban originales, excepto el sello E62 inserto en el pasaporte … a nombre de X X C.; así como también aquellos sellos estaban incompletos, los que no fue posible establecer su originalidad (fs.902/921).
Por otra parte, la Dirección Nacional de Migraciones informó que los sellos migratorios identificados como originales insertos en los pasaportes secuestrados fueron otorgados a los pasos fronterizos ubicados en la delegación Iguazú, Paso de los Libres y Posadas (fs. 949/950).
En base a lo expuesto, se encomendó al personal de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, practique tareas investigativas encubiertas respecto de los supermercados ubicados en la Avenida Argentina N° … y en la calle X N° …, a fin de establecer si en dichos comercios se observaban conductas compatibles en infracción a la ley 26.872 y 25.871.
Del resultado de dicha diligencia se indicó que en los comercios investigados se encontrarían personas de nacionalidad extranjera- presuntamente china- quienes podrían hallarse de manera irregular y a la vez podrían ser víctimas del delito de trata de personas -con fines de explotación laboral-.
Asimismo, se informó que los personas de nacionalidad oriental que trabajaban en dichos supermercados residían en la viviendas ubicadas en la planta alta de los mismos, junto a los responsables de éstos.
El personal preventor también destacó que a lo largo de la investigación se pudo observar el arribo de nuevos ciudadanos orientales, aumentando la cantidad de los que trabajaban en ambos supermercados.
A su vez, el personal policial refirió que intentó tener contacto con los trabajadores de los supermercados, los que se mostraron reticentes y evasivos a responder las preguntas que se les formularon.
De las tareas realizadas también se pudo identificar que el encargado del comercio de la calle Santander N° … era W L y su mujer Z H, conforme el ticket de compra aportado (fs. 99/1000 y fs. 1108/1117).
En relación al nombrado C., se pudo averiguar que era conocido por los empleados del comercio, toda vez que había sido el anterior dueño.
También se advirtió que, entre las personas que se hallaban trabajando en el supermercado, había un menor de edad quien fue identificado como X L, de 13 años de edad y era hijo del encargado L W.
Por último, identificaron al responsable del supermercado de T Suárez, resultando ser una persona de nombre Z J.
Atento la gravedad del hecho denunciado, el a quo dispuso el registro de los domicilios ubicados: a) en la calle Santander N° … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y b) en la Avenida Argentina N° … de la localidad de T S, Provincia de Buenos Aires, cuya realización fue encomendada a personal de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (fs. 1269/1277).
Cabe señalar que, ambos procedimientos fueron llevados cabo el día 29 de agosto de 2017, y en presencia de dos testigos de actuación, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 138 y 139 del C.P.P.N.. Asimismo, participaron en ellos profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata, y personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Como resultado del allanamiento efectuado en el local comercial de la Avenida Argentina … de T Suárez se obtuvo el secuestro de varios pasaportes de la República Popular de China y DNI correspondientes a personas de nacionalidad oriental que no se hallaban presentes en el domicilio, entre los cuales, fueron hallados dos DNI a nombre del sindicado C.J, como así también documentación relacionada a este último.
También fue hallada de la requisa practicada una pistola semiautomática, marca Pietro B modelo X, de numeración X, la cual poseía una credencial de C.TJ, con dos (2) cargadores y veintiocho (28) cartuchos a bala de 9mm, elementos éstos que fueron colocados en una caja de plástico color negra la cual fue franjada y firmada.
Además, se constató la existencia de once (11) personas, algunas de las cuales prestaban funciones de repositor y cajeros; siendo cinco de nacionalidad extranjera, dos de las cuales se encontraban en situación migratoria irregular, siendo identificadas como P Z y D Z.
Por último, del acta labrada surge que J Z y D Z se identificaron como encargado y dueño del lugar, respectivamente. Cabe destacar que, el segundo de los nombrados, en el momento del procedimiento, acreditó su identidad mediante la exhibición del DNI N° … a nombre de J. Z (fs. 1314/1319).
Del procedimiento llevado a cabo en la vivienda de la calle Santander N° … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pudo establecer que la responsable del comercio resultaba ser Z H, quien no estaba presente en el momento de la diligencia, y su esposo, L W quien fue hallado en el lugar; también fue encontrado el menor L Y, de 12 años de edad; y once (11) personas, de las cuales cuatro (4) presentaron una situación migratoria irregular, siendo dos de ellas de nacionalidad peruana y las otras dos de nacionalidad china (fs. 1372/1375)
Como consecuencia de tales diligencias, fueron detenidos J Z, D Z y L W.
Luego, los citados imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N..
En su descargo efectuado a fs. 1442/1444, L W manifestó que en el año 2015 compró el comercio ubicado en la calle Santander … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en relación a las personas que le nombraron al momento de notificarlo del hecho que se le imputó, dijo que sólo conocía a su esposa, que resulta ser Hg Z.
Por otro lado, aclaró que respecto a la gente que el personal policial identificó en el momento del allanamiento, son sus familiares, entre quienes se encontraba Y L -su hijo menor de edad-, su sobrino Yi F L y la esposa de éste último de nombre J J H quien a su vez tenía a su hija recién nacida, de nombre N. Z; indicando que todos ellos residen junto a él.
Agregó que el lugar donde vive se encuentra en buenas condiciones y que todas las habitaciones tienen aire acondicionado.
Asimismo, indicó que todos sus familiares se mueven libremente, salvo su hijo menor de edad; y que poseen llaves de su domicilio, el cual tiene salida independiente al supermercado.
Por su parte,J Z y D Z hicieron uso de su derecho a negarse a declarar a fs. 1445/1446 y fs. 1447/1448vta., respectivamente.
El informe de la Dirección Nacional de Migraciones (fs. 1448/1539 y 1562/1563) determinó que cinco de las personas de nacionalidad oriental tenían una situación migratoria irregular, pues no registran movimientos de ingreso y egreso al territorio nacional.
La agente Sabrina Pajón, de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, encargada del procedimiento practicado en la calle Santander N° … de Capital Federal, prestó declaración testimonial a fs. 1557/1558 en sede judicial.
En lo sustancial, manifestó que al momento de entrar en el domicilio se encontraba el responsable del lugar allanado L W, en la planta baja del mismo; a su vez, estaba la gente que alquilaba el sector de la carnicería y verdulería. Luego, se encontraban atendiendo la caja registradora del supermercado una persona de origen oriental de sexo femenino y más alejada de ella, del otro lado de la caja, estaba una persona de sexo mascuLo de nacionalidad oriental, quien es la pareja de la citada mujer que estaba en la caja y quien sería según dichos, L su sobrino. Refirió que esta pareja, al momento de identificarse, le exhibieron dos DNI para extranjeros que no les correspondían. Ante ello, el personal de Migraciones determinó que ambas se encontraban en situación migratoria irregular, como así también dos personas más de nacionalidad peruana. Luego, en el momento de la requisa se encontraron los pasaportes chinos que correspondían a esta pareja. Además, recordó que en la planta alta se encontraba un hijo menor de edad del responsable, otra mujer de nacionalidad oriental con un bebé que le dijo que es la mujer de otro sobrino de L, que no se encontraba presente al momento del procedimiento. A su vez, se secuestraron dos actas notariales otorgadas por dos mujeres de origen oriental, de las cuales se desprendía que le cedían poderes a L, de otros comercios.
Destacó que durante el procedimiento estuvo presente el personal del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, quienes manifestaron que entre las presuntas víctimas, había indicadores de trata. Que las personas de nacionalidad extranjera residían arriba del supermercado, en una de las habitaciones vivía el hijo del responsable, en otra L con la mujer, y dos habitaciones más en las cuales vivían dos parejas y un bebé. A su vez, recordó que había un solo baño y una cocina.
Por último, recordó que el supermercado se llamaba “Suerte”, nombre que resulta conteste con el del otro supermercado allanado en el marco de la presente investigación.
El informe de la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 1563/1564 dio cuenta de la situación migratoria irregular de P. Z, D Z, L Y, W K y Ed J Ma R quienes prestan diversas funciones en los supermercados allanados.
El informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata glosado a fs. 1565/1569, indicó que de las entrevistas individuales realizadas a los ocho (8) presuntos trabajadores que se encontraban en el domicilio de la calle Santander N° …, surgieron los siguientes puntos relevantes: “Todas las personas entrevistadas eran mayores de edad; tres (3) de las personas entrevistadas eran de nacionalidad peruana, tres (3) de nacionalidad china, y dos (2) de nacionalidad argentina. Las personas migrantes residirían en la República Argentina desde hace once (11) meses a dos (2) años. Todos se habrían trasladado desde su país de origen con el fin de trabajar en el supermercado allanado, mencionando que habrían costeado sus propios pasajes de traslado desde sus países de origen a la República Argentina. En el caso del joven Y L, refirió que la propuesta laboral se la habría hecho su tío, dueño del supermercado; su pareja la joven W K manifestó que viajó con el objetivo de acompañar a su pareja y no pudo precisar quien le habría hecho la propuesta laboral.
Tres de las personas entrevistadas refirieron residir en la vivienda emplazada en la plata alta del inmueble allanado, el resto de los entrevistados aportó los datos de sus domicilios particulares.
Respecto de las funciones que cumplían en el lugar las personas entrevistadas, tres (3) se reconocieron como empleados del supermercado (cumpliendo tareas de reposición, tareas generales, uso de máquina registradora y atención del sector de fiambrería). De las otras cinco (5) personas: una (1) alquilaba el espacio de la verdulería, otro trabajaba para su primo quien alquilaba el espacio de carnicería, otra limpiaba por hora el espacio de la carnicería y respondía al carnicero exclusivamente.
En relación a la jornada laboral, se precisó que tanto los que trabajan en el supermercado allanado, tanto los que realizaban trabajo independiente alquilando espacios como los empleados del lugar cumplían el mismo horario; de lunes a viernes de 9:00hrs. a 14:00hrs y de 17:00hrs a 21;:30hrs., mientras que los sábados y domingos de 09.30/10:00hrs. a 14:00hrs.
Una de las víctimas, el Sr. M R E J refirió que trabajaba en el referido supermercado desde hacía trece años como repositor. Aclaró que comenzó a trabajando para los dueños anteriores quienes habrían regresado a China hacía tres años y quienes les alquilarían el lugar a los actuales propietarios. Señaló que el continuó trabajando bajo las mismas condiciones a pesar del cambio de dueños porque ese fue un acuerdo entre los dueños anteriores y los actuales. Que por su trabajo cobraba un sueldo de $7.500 (pesos siete mil quinientos) más un sueldo extra al año en concepto de aguinaldo. Que trabajaba de modo informal o en “negro”, es decir, sin encontrarse registrado formalmente, no gozando de los beneficios y derechos que brinda la legislación argentina en materia laboral. En cuanto a los alimentos, señaló que al mediodía se retiraba a comer a su casa y volvía cuando el supermercado abría nuevamente. Aclaró que en caso que se enfermara y tuviera que faltar al trabajo no sufría de descuento alguno.
En cuanto a la pareja de trabajadores chinos, el Sr. L Y y Sra. W K manifestó que el dueño del lugar y tío del joven, el Sr. L W B realizaba giros a cuentas bancarias de origen chino, a cada una de sus madres. El joven manifestó que su sueldo era de $15.000 (pesos quince mil) por mes. Su pareja manifestó desconocer la suma exacta de lo que percibía, que creía que eran $10.000 (pesos diez mil) por mes.
Todas las personas entrevistadas manifestaron no tener restricciones para el ingreso y/o egreso del supermercado allanado.
Sentado ello, los profesionales arribaron a las siguientes consideraciones:
Con respecto al Sr. L Y, la Sra. W K y la Sra. H JJ, se presentaron dificultades idiomáticas para llevar adelante las entrevistas, y debido a ello se contó con la colaboración autorizada por el magistrado interviniente, de un trabajador de Dirección Nacional de Migraciones que poseía conocimientos del idioma chino, quien ofició como traductor para poder llevar adelante las entrevistas.
El inmueble allanado se trataba de un supermercado, las tres (3) personas entrevistadas oriundas de República Popular China serían familiares directos del dueño del lugar o parejas de familiares. El Sr. L W a quien todos los trabajadores señalaron como dueño del inmueble allanado, sería tío materno del joven L Y y el tío del esposo de la Sra. H JJ.
Cabe mencionar que ninguno de los trabajadores expresó encontrarse registrados en relación de dependencia, sino en “negro”; es decir, que se encontrarían desempeñando sus tareas sin contar con un contrato de trabajo que regulara la actividad que realizaban y en consecuencia, sin contar con un contrato de trabajo que regulara la actividad que realizaban y en consecuencia, sin gozar de derechos tales como Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios, obra social; por lo que se encuentran por fuera de los derechos a básicos establecidos por la legislación laboral vigente en nuestro país, las cuales son aún más acuciantes para los trabajadores en condición de migrantes. Este contexto de informalidad que situaría a los trabajadores en desventaja al momento de reclamar cuestiones vinculadas a mejorar sus condiciones salariales y/o contractuales.
Respecto de los dos trabajadores inmigrantes, cabe destacar que de los relatos de sus respectivas entrevistas, se desprende que las dificultades de acceder en su país de origen a trabajos que les permitiesen obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades -y en algunos casos las de su familia- y la expectativa de encontrarse en la República Argentina con un mejor porvenir, actuaron como factores determinantes para su migración. Es así como el joven L Y expresó que la inserción laboral era muy complicada en su país y que los sueldos que se abonaban eran muy escasos, manifestando que sueldo que ganaba en el supermercado allanado era el triple de un sueldo promedio en su lugar de origen. Afirmó que lo que les abonaba su tío paterno en Argentina allá -haciendo referencia a su lugar de origen- no lo podrían cobrar, y manifestó en reiteradas oportunidades su conformidad respecto de su situación laboral y salarial en el inmueble allanado.
Asimismo, enfatizaron que “Es importante destacar la vulnerabilidad en el que se encontraban varias de las personas de nacionalidad china entrevistas, una vez arribadas a la república Argentina debido primordialmente a la falta de dominio del idioma castellano. La imposibilidad de comunicarse no sólo los mantiene en una posición marginal respecto de la cultura y la sociedad, sino que los deja merced a la voluntad y las intenciones de terceras personas. En este sentido, las consecuencias de la migración -encontrarse alejados de sus redes socio-afectivas, dificultades para adaptarse a otra cultura, vivencias de discriminación, desconocimiento de las zonas aledañas de sus lugares de residencia actuales -se encuentran agravadas por la situación de aislamiento que genera una barrera idiomática. Esta situación impacta de manera directa en la capacidad de autonomía y desplazamiento de las personas, lo que se reflejó en las diferentes relatos de las mismas. Asimismo, es importante señalar las dificultades con las que se encontraban en caso de necesitar algún tipo de ayuda o asistencia por parte de los organismos o instituciones estatales.
Asimismo, las personas entrevistadas refirieron desconocer los montos de los pasajes hacia nuestro país, lo cual podría hacer suponer la presencia de “ gestores” , que mediante modalidades organizadas facilitarían el traslado de personas de nacionalidad china hacia nuestro país, tal como lo mencionó uno de los entrevistados, quien expresó viajar en grupo y realizar el ingreso a la república Argentina desde el Estado plurinacional de Bolivia.
Por otra parte, también resulta necesario destacar que las personas entrevistadas de nacionalidad china residirían en el supermercado allanado, junto a los responsables del lugar. Dichas situaciones facilitan que los trabajadores sean “controlados” no sólo durante sus jornadas laborales, sino también en todas sus actividades. La construcción de relaciones asimétricas basadas en vínculos de confianza y familiaridad facilitarían la dificultad de visualizar las condiciones desfavorables en las que se encuentran los/as trabajadores /as. Principalmente respecto a la utilización del dinero, puesto que ninguna de las personas tendría en su poder e incluso los mencionados giros o transferencias serían realizadas por el Sr. L W B cuando él así lo dispusiera a las madres de los trabajadores, sin que aquellos tuvieran ningún control ni garantía sobre ello. Al respecto, L Y refirió que no contaba con dinero. Que no necesitaba porque comía en el lugar y si le falta algo podía obtenerlo del mismo supermercado; al respecto mencionó que no solía salir del lugar y en caso de necesitar dinero podía solicitárselo a su tío, dueño del negocio.
De tal forma, la autonomía para la utilización del dinero producto del trabajo de las personas entrevistadas estaría mediada por el responsable del supermercado, lo que configuraría una relación de extrema dependencia. De este modo, el responsable del supermercado tendría de esta forma asegurada la permanencia de los trabajadores en sus respectivas actividades dándole continuidad a la actividad comercial.
Al respecto, es importante destacar que tal vínculo familiar con el dueño del supermercado, no parecería mejorar las condiciones laborales y habitacionales las cuales se evidenciaron desfavorables. A tal respecto el hecho que los responsables de los supermercados puedan utilizar las situaciones de vulnerabilidad antes mencionadas y los vínculos familiar y la confianza para su provecho económico, produciendo y reproduciendo condiciones perjudiciales para los/las trabajadores.
En virtud de las situaciones advertidas durante la intervención y teniendo en consideración el contexto particular en el que se encuentran los/las trabajadores, los profesionales actuantes ofrecimos la asistencia de este Programa Nacional de Rescate a las personas entrevistadas de nacionalidad china, siendo rechazada por la totalidad de las mismas. Asimismo, todas las personas entrevistadas fueron informadas de los derechos que las asisten.
Del informe elaborado por las especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, respecto de las entrevistas realizadas a los trabajadores hallados en la vivienda de la calle Av. Argentina N° …, agregado a fs.1897/1902vta. resultan los siguientes elementos de interés: “Todas las personas entrevistadas eran mayores de edad, a excepción de una de ellas que era menor de edad y contaba con 17 años de edad. Dos (2) de nacionalidad china, una (1) boliviana y el resto de nacionalidad argentina. De las ocho (8) personas entrevistadas, tres (3) de ellas indicaron que trabajaban directamente para el Sr. J Z, a quien conocían con el apodo de “J”, siendo dos (2) repositores y una (1) empleada de fiambrería. Por otro lado, el joven de 17 años de edad dijo ser el hijo del dueño de la carnicería y que se encontraba allí reemplazando “por un rato” a su padre y un (1) empleado de la carnicería quien indicó que su jefe directo era el Sr. C., dueño de la carnicería y que no se encontraba presente al momento del allanamiento. Luego, había una (1) mujer que atendía la verdulería, quien indicó que su jefa era la Sra. P, dueña de la verdulería -quien no se hallaba presente al momento del allanamiento- y por último dos 8) personas de nacionalidad china que mencionaron que se encontraban allí por tener un vínculo con el Sr. Z D, siendo éste el ex cuñado de uno de ellos, pero indicaron no realizar ninguna tarea laboral dentro del supermercado.
Respecto de las personas que indicaron trabajar para el Sr. “J” mencionaron que se encontraban trabajando en el lugar con una permanencia que iría de un mes a nueva años. La persona que dijo que trabajaba hacía nueve años indicó que percibía un salario de $X (X mil trescientos pesos) mientras que los otros indicaron en un caso cobrar un sueldo de $X (X mil pesos) y en el otro $X (X mil quinientos pesos) mensuales.
En el caso de las personas que trabajaban en el sector de carnicería y verdulería tendrían un acuerdo directo con quienes fueran los responsables de dichos sectores los cuales funcionaban independientes del supermercado y abonarían en cada caso un monto de dinero mensual por el alquiler de los mismos. No obstante al no encontrarse presente ninguno de ambos responsables no se pudo indagar respecto de cuál sería el monto de dinero entregado al dueño del supermercado por el alquiler del espacio destinado a la verdulería y a la carnicería respectivamente
En el caso del empleado que dijo trabajar en la carnicería indicó que percibía un salario correspondiente a $ (X mil quinientos pesos) semanal, mientras que la persona entrevistada que trabajaba en la V indicó que no sabía aún cuanto iba a cobra debido a que se encontraba reemplazando a la dueña de dicho puesto, la Sra. Patricia.
El horario de trabajo de los empleados del supermercado sería de lunes a lunes de 9:00hs a 13:00hs y de 17:00hs a21:30hs, poseyendo medio franco semanal.
De las ocho (8) personas entrevistadas solo dos (2) indicaron residir en el mismo inmueble, mientras que el resto indicó poseer una vivienda particular.
Respecto de las personas de nacionalidad china, quienes indicaron residir en el mismo supermercado, refirieron que no realizaban tareas laborales dentro del supermercado, que en uno de los casos, a veces “ayudaba” en lo que era necesario, tal como acomodar la mercadería o colocar precios, pero que no tenía un horario de trabajo ni un acuerdo laboral con el dueño del supermercado. Ambos indicaron que solamente se encontraban residiendo en el lugar, hasta bien tuvieran su respectiva documentación argentina, la cual indicaron se encontraban en trámite. Agregaron que dicha diligencia la estaba llevando adelante un abogado que habrían contratado “por internet” y de quien mencionaron que se apedillaba “L.”. Indicaron, a su vez, que residían en dicho lugar porque el encargado del supermercado, el Sr. Z D era el ex cuñado de uno de ellos.
Las personas de nacionalidad china que residían en el supermercado allanado indicaron que no debían abonar dinero en concepto de pago de alquiler y agregaron que podían utilizar la mercadería del mismo para elaborar sus propios alimentos.
Ambos manifestaron que no poseían llave de ingreso/egreso del inmueble pero que no presentaban restricciones de movilidad. No obstante, indicaron que no salían mucho por que “todo lo que necesitaban estaba en el supermercado.”
De las consideraciones efectuadas por las profesionales se desprende, en lo sustancial, que “…los relatos sostenidos por las personas de nacionalidad china fueron vagos y poco precisos respecto del modo en que estas personas ingresaron a nuestro país, el trayecto específico desde la República Popular de China hasta la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Se pudo precisar que habrían viajado en avión desde su lugar de residencia hasta Ecuador y de allí habrían continuado el viaje hasta el Estado Plurinacional de Bolivia para luego ingresar a nuestro país.
Del mismo modo no se pudo saber si el viaje lo habrían realizado con alguna otra persona o si al llegar a cada uno de los países mencionados los habría recibido alguna persona para indicarles como seguir el recorrido, tal como es frecuente. En ambos casos mencionaron que el viaje lo habían realizado solos, abonando los pasajes con dinero que le habría prestado un “amigo” y que ese dinero -el cual no pudieron precisar el monto- debían devolverlo una vez instalados en nuestro país. Ahora bien, consultado respecto de a quien debía devolver el dinero o el nombre de la persona que les habría facilitado el dinero, ninguno pudo indicar el nombre ni de donde conocían a esta persona, solo dijeron que pertenecía a la comunidad china.
Esta falta de información podría deberse, como se mencionó anteriormente, a la dificultad que provocó no contar con un traductor oficial, entrenado en la traducción del idioma chino, o bien a que las personas desconocían la información solicitada, o que no quisieran brindarla debido a sentirse con temor a explicar el modo en que ingresaron a nuestro país por sentirse responsables de un posible ingreso irregular (o la creencia inculcada en ello), o bien a que hayan sido aleccionados por quienes se ocuparon de su traslado para que no brindasen información respecto del mismo.
Ambos mencionaron que una vez arribados a nuestro país se instalaron en el supermercado propiedad de la Sra. Z P. Z., hermana del Sr. Z P, donde permanecieron durante dos meses aproximadamente. Ambos indicaron que no realizaron tareas laborales dentro de dicho supermercado ni tampoco dentro del supermercado allanado. El Sr. Z P indicó que se encontraba a la espera de tramitar su documentación argentina y que hasta que dicho trámite no finalice no iba a realizar ninguna tarea laboral. En relación a ello expresó que el trámite se lo estaba gestionando un abogado que contactó a través de Internet. Por dicha razón es que indicó que se encontraba “ayudando“ en el supermercado allanado cuando “era necesario” pero no contaba con horario de trabajo ni convenio respecto de su situación laboral.
El motivo por el cual ambos se trasladaron al supermercado, allanado no quedó claro, no obstante, el Sr. P indicó que desde el nacimiento de su hijo necesitaban residir en un lugar con mayor espacio. En cualquier caso, la situación de vulnerabilidad presentada, la dificultad para vincularse en un país extranjero por no manejar completamente el idioma español habría ubicado a esta pareja en una situación de desventaja creando serias dificultades para insertarse en el ámbito laboral y/o decidir respecto de su futuro en el país extranjero.
Respecto de las personas entrevistadas, se desprende de los relatos que la mayoría de las personas se encontrarían en situación de vulnerabilidad previa a su ingreso a trabajar al supermercado allanado, en la mayoría de los casos las personas provendrían de contextos familiares atravesados por el difícil acceso al mercado laboral y por deficiencias económicas que en algunos casos habrían impulsado a las personas a tener que ingresar dentro del mercado laboral a temprana edad y también migrar hacia otros país en busca de oportunidades. Por ello algunas personas no habrían podido finalizar con sus estudios escolares básicos debiendo priorizar y garantizarse el sustento económico de ellos y sus respectivos grupos familiares.
Respecto de las otras personas entrevistadas, indicaron que trabajaban en relación de dependencia con el dueño del supermercado, el Sr. J Z conocidos por éstos como “X” se encontrarían trabajando sin contar con contrato laboral, lo que significa que no gozarían de los derechos laborales asociados a su condición de trabajadores registrados.
Asimismo, trabajarían largas jornadas de trabajo percibiendo un salario muy por debajo de los establecido por la legislación laboral vigente y contarían únicamente con medio franco semanal. Todas las personas habrían llegado al supermercado por residir en la zona y por haber sido clientes previamente del mismo o bien por conocer el local debido a que, según indicaron, hacía mucho tiempo que se encontraba funcionando.
La pericia efectuada por el Departamento Científico Pericial de Prefectura Naval Argentina respecto de la documentación secuestrada en autos a fin de determinar su autenticidad y en tal caso, especifique sus anomalías, informó -en lo que aquí interesa- “…….En relación al documento identificado en la grilla con el número “17” (DNI para extranjeros N° … a nombre de H. Q.), se destaca que la fotografía del mismo carece de la estampación sobre la misma del sello del Registro y de la impresión del dígito pulgar derecho….”
“Del estudio de las estampaciones de sello correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones insertas en los pasaportes cuestionados, se constataron apócrifas, a saber:
“Pasaporte … a nombre de Z A. (página 11: Entrada V 21 fechado en 16/07/2017). “Pasaporte … a nombre de Z D (página 13: Entrada V 21 fechado en 16/07/2017)
“Pasaporte … a nombre de L Q (página 10: Entrada N 30 fechado en 23/12/2016).
“Pasaporte … a nombre de Z D (página 12: Entrada N 30 fechado en 23/12/2016).” (fs.1792/1808).
IV. Tratamiento de los agravios
Luego de un estudio de las probanzas reunidas en autos hasta el momento y atento el grado de provisoriedad propia de esta instancia procesal, entendemos que la resolución apelada se deberá confirmar.
Esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse con sobrados fundamentos sobre el delito de trata de personas, sus requisitos, condiciones y modalidad de sus acciones (“C.C.S. y T.C.A. s/pta. Inf. 145 bis del C.P., expte. Nro. 5710, del voto del Dr. Álvarez).
“No quedan dudas de que el objeto de la norma bajo análisis es la protección integral de la libertad. Pues bien esta libertad aquí protegida no se agota en la mera libertad física o ambulatoria (objeto de tutela no menor en el ordenamiento jurídico), sino también debe ampliarse necesariamente a la libertad entendida como capacidad de autodirección de la persona. Cuando a partir de la identificación de ciertas condiciones de vulnerabilidad de la víctima ésta es reducida a un nivel de imposibilidad de resistencia a la explotación, aunque no se de en el caso una visible situación de violencia física, estaremos de todos modos en presencia de la acción típica propia de este delito”
“No se trata sólo de reducir la libertad física o ambulatoria de la persona, lo que de hecho podría constituir otro tipo penal más genérico. Se trata de someter a una persona a situaciones de explotación de las que no puede librarse por sus propios medios aunque no exista violencia física o de intimidación ostensible”.
“Debe ponderarse especialmente la existencia de circunstancias de vulnerabilidad que son, de algún modo, condición necesaria para este tipo de delitos. Este no sería posible sin la presencia de profundas desigualdades que aparecen como inmodificables y que terminan siendo legitimadas por la aceptación más o menos generalizada de quienes, sin ser autores del tipo penal, se benefician de su existencia”.
“En este orden de ideas y a partir de lo expresado en los párrafos anteriores es notable la perversión de este tipo de delitos, que pueden ser presentados, incluso, como el mejoramiento de la calidad de vida de quien resulta explotado.”
“…A mayor abundamiento considero necesario resaltar que el proceso de trata involucra situaciones de extrema violencia y abuso. En general, las víctimas de la trata sufren un cuadro traumático que afecta su calidad de vida y su salud psíquica. Con frecuencia, el efecto traumático de la trata impide que las víctimas procesen la experiencia que han vivido, produciéndose un efecto de disociación en razón del cual algunas víctimas no recuerdan lo ocurrido o poseen dificultades para recordarlo o relatarlo. En ocasiones, algunas víctimas sufren un proceso de despersonalización como consecuencia del cual pueden parecer indiferentes o apáticas frente a la experiencia que atravesaron”.
“Debo recordar, además, que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquéllas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” (Regla de Brasilia n° 3, Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, la CSJN adhirió a ellas mediante Acordada n° 5/2009, del 24/02/2009).
“Sin pretender reducir la problemática, es menester resaltar que “el fenómeno de la trata de personas es complejo, multidimensional y está relacionado con cuestiones socio-económicas de cuño migratorio y esencialmente con la búsqueda de trabajo” (Tazza, Alejandro O. “La trata de personas. Su influencia en los delitos sexuales, ley de migraciones y la ley de profilaxis antivenérea”, Hammurabi. J. Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 2014, pág. 54)”. (conf. mi voto en causa Nº FLP 49316/2014/CA2 (Reg. Int. N° 8569), caratulado: “J.C.L. s/ infracción art. 125 bis del Código Penal según ley 26842”, del 11/07/17).
En el caso bajo estudio, la prueba acumulada hasta el momento resulta suficiente para la que etapa que se transita y en ese sentido, los agravios formulados por la defensa en relación a la materialidad del delito en reproche y la responsabilidad de los encartados en él, no logran conmover el grado de convicción existente acerca de la vinculación de los imputados con los hechos denunciados.
En efecto, la plataforma fáctica anteriormente descripta se tuvo por acreditada en base a los testimonios sustancialmente concordantes de las víctimas, los cuales fueron corroborados por múltiples pruebas.
De esta forma, cabe recordar que las presentes actuaciones se originaron en virtud del procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini con el secuestro de dos encomiendas despachadas por T. C., con destino a la República Popular de China, las que contenían cuarenta y un pasaportes (41) apócrifos de la República Popular de China y de Malasia.
Al poco tiempo, se detectó que la misma persona que había despachado la primer encomienda se había presentado en la sucursal del Correo Argentino de T Suárez con el fin de enviar una nueva, la que al ser examinada se constató que contenía treinta y tres (33) pasaportes emitidos por la República Popular de China.
Asimismo, de los datos consignados en el remitente de las encomiendas secuestradas se estableció que C. J. se domiciliaba en la Avenida Argentina N° … de la localidad de T Suarez, lugar donde funcionaba un supermercado.
A partir de dicha noticia, el juez de grado dispuso la realización de tareas investigativas encubiertas en el local mencionado con el objeto de verificar si se desarrollaban conductas en infracción a las leyes 26.872 y 25.871.
Esa sospecha inicial se vio robustecida por los allanamientos practicados en los supermercados ubicados en la Avenida Argentina N° … de la localidad de T Suárez y en la calle Santander N° … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los cuales se pudo constatar la existencia de trabajadores, en su mayoría de origen chino, quienes se encontraban en nuestro país en situación migratoria irregular así como gran cantidad de pasaportes y DNI de nacionalidad china correspondientes a personas que no se encontraban en dichos lugares.
Por otra parte, de los testimonios de las víctimas prestados en Cámara Gesell, surgen datos acerca de la maniobra ilícita desplegada por los encartados.
Cabe destacar, que las grabaciones de dichas audiencias se encuentran contenidas en los DVD reservados como efectos N° 23 y 24, los que fueron requeridos, como medida para mejor proveer, al juzgado por esta Sala afs. 1832.
Así, C. J. N. refirió en la audiencia citada que era oriundo de Bolivia y trabajaba en el supermercado de la Avenida Argentina N° … desde hacía nueve años, y que durante ese lapso pudo observar el arribo al lugar de ciudadanos chinos a fin de trabajar, donde aprendían el oficio y luego de un tiempo, se iban a otros comercios en búsqueda de una mejora salarial o de condiciones laborales más favorables.
El citado testigo también aportó datos acerca de la identidad del dueño del supermercado apodado “J” (quien resultó ser el coimputado J Z) y del encargado llamado “C.” (tío de J). Relató que actualmente cumplía funciones como repositor y que la jornada laboral se extendía desde las 9 hasta las 13,30 y de 17 a 21,30 hrs. de lunes a domingo, contando con medio franco semanal, generalmente los domingos; y percibía un sueldo de $7.000. Resaltó que todos los trabajadores del local se encontraban “en negro” y que nunca habían gozado de vacaciones ni aguinaldo.
Asimismo, destacó que J Z era primo del dueño del otro supermercado, quien a su vez, le pidió el DNI.
Por su parte, C D V identificó a los X del supermercado donde trabajaba, como “J” (J), “C.” y “M”.”Declaró que trabaja hacía nueve (9) años en el local, cobraba un sueldo de $X y cumplía funciones de repositor. Resaltó que estaba “en negro”, que si faltaba se le descontaba el día y el resto de las condiciones laborales referidas eran iguales que el testigo anterior. Recordó que en la planta alta del supermercado vivían C. con su esposa y bebé, y J. Agregó que había un cuaderno donde se anotaba la información relativa al sueldo de los trabajadores y demás que lo llevaba el dueño (J Z). Afirmó que observó como el dueño traía trabajadores de China, quienes eran parientes o amigos y estaban cierto tiempo y después se iban a otra sucursal del negocio o a otro mercado.
Otro de los testimonios brindados en Sala Gesell es el de Z P, quien refirió que había llegado a la Argentina desde hacíaX(X) u oXX (X) meses aproximadamente para pasear y luego se quedó a vivir, instalándose en la vivienda situada en la Avenida Argentina N° …, que pertenece a su “pariente” (Xde la hermana mayor) quien a su vez, es el dueño del supermercado. Refirió que no pagaba alquiler y tampoco trabajaba en el mercado.
También prestó declaración JJ H, quien manifestó que su marido era sobrino de L W, dueño del supermercado ubicado en la calle Santander …. Explicó que residía en la planta alta de dicho domicilio junto con su marido y su hija, y que no trabajaba. Declaró que una tía la había ayudado a pagar el pasaje y que viajó con un grupo de gente, destacando que no hizo trámites migratorios cuando cruzó desde Bolivia hacia Argentina. Refirió que su marido trabajaba en otro supermercado, sin dar mayores detalles.
Por último, se destaca el testimonio brindado por W K, quien es pareja de L Y, sobrino de L W. La nombrada manifestó que había llegado a la Argentina junto con su marido un año atrás y que residían en la vivienda emplazada en la planta alta del supermercado de la calle Santander …. Destacó que prestaba funciones de cajera en el local, sólo cuando le era requerida su ayuda, lo que sólo ocurrió una o dos veces. Refirió que una pariente la ayudó a comprar el pasaje.
De lo reseñado surge que las víctimas identificaron a los responsables de los comercios, resultando ser J Z, D Z, W L, C.TJ y Z H. Cabe resaltar que, respecto de los dos últimos nombrados, el a quo libró orden de detención pero no fueron ubicados hasta el momento.
Asimismo, conforme surge de los testimonios de las víctimas, las personas de nacionalidad oriental eran trasladadas desde su país de origen al territorio argentino con el fin de trabajar en los supermercados allanados y los pasajes de viaje eran abonados con dinero prestado por una persona, que en algunos casos refirieron que debían devolver una vez instalados en el territorio nacional, desconociendo el importe correspondiente.
Del relato efectuado por las víctimas también se evidencia como denominador común la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban en su país de origen en virtud de sus condiciones socio-económicas y culturales precarias y la falta de dominio del idioma castellano que les impide desarrollar una adecuada vida en sociedad.
Otro dato revelador es que la mayoría de las víctimas manifestaron que nunca trabajaron en el supermercado o no quisieron precisar que funciones cumplían, desconociendo o no asumiendo su calidad de víctima.
Dicha conducta asumida es indicadora de la problemática que sufren las personas víctimas de trata de personas debido al temor a represalias o bien el temor a perder su fuente de ingresos.
Por otra parte, otro elemento de prueba que concurre a corroborar las declaraciones de las víctimas son los informes del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, glosados a fs. 1565/1569 y 1900/1902vta..
En efecto, del primer informe citado surgen elementos acerca del modus operandi desplegado por los imputados para captar personas para ser explotadas en sus supermercados.
En ese sentido, se indicó que “Las personas migrantes residirían en la República Argentina desde hace once (11) meses a dos (2) años. Todos se habrían trasladado desde su país de origen con el fin de trabajar en el supermercado allanado, mencionando que habrían costeado sus propios pasajes de traslado desde sus países de origen a la República Argentina”.
Asimismo, se destaca la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban la mayoría de los trabajadores por su condición de migrantes, la falta de dominio del idioma castellano y su precaria situación socio-económica.
En ese sentido, las licenciadas Renata Rolón y Leila Duer precisaron “Es importante destacar la vulnerabilidad en el que se encontraban varias de las personas de nacionalidad china entrevistadas, una vez arribadas a la República Argentina debido primordialmente a la falta de dominio del idioma castellano. La imposibilidad de comunicarse no sólo los mantiene en una posición marginal respecto de la cultura y la sociedad, sino que los deja merced a la voluntad y las intensiones de terceras personas. En este sentido, las consecuencias de la migración -encontrarse alejados de sus redes socio-afectivas, dificultades para adaptarse a otra cultura, vivencias de discriminación, desconocimiento de las zonas aledañas de sus lugares de residencia actuales -se encuentran agravadas por la situación de aislamiento que genera una barrera idiomática. Esta situación impacta de manera directa en la capacidad de autonomía y desplazamiento de las personas, lo que se reflejó en las diferentes relatos de las mismas. Asimismo, es importante señalar las dificultades con las que se encontraban en caso de necesitar algún tipo de ayuda o asistencia por parte de los organismos o instituciones estatales.
Además, se hizo hincapié en que el contexto socio -económico de las víctimas en su país de origen fue un factor concluyente para posibilitar su traslado y captación, al expresarse que “…las dificultades de acceder en su país de origen a trabajos que les permitiesen obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades -y en algunos casos las de su familia- y la expectativa de encontrarse en la República Argentina con un mejor porvenir, actuaron como factores determinantes para su migración. Es así como el joven L Y expresó que la inserción laboral era muy complicada en su país y que los sueldos que se abonaban eran muy escasos, manifestando que el sueldo que ganaba en el supermercado allanado era el triple de un sueldo promedio en su lugar de origen. Afirmó que lo que les abonaba su tío paterno en Argentina allá -haciendo referencia a su lugar de origen- no lo podrían cobrar, y manifestó en reiteradas oportunidades su conformidad respecto de su situación laboral y salarial en el inmueble allanado.”
Asimismo, el segundo de los informes realizados por las especialistas hace referencia a la situación de vulnerabilidad que presentaban particularmente las víctimas Z P y W. P.Z. mediante las siguientes apreciaciones “…la situación de vulnerabilidad presentada, la dificultad para vincularse en un país extranjero por no manejar completamente el idioma español habría ubicado a esta pareja en una situación de desventaja creando serias dificultades para insertarse en el ámbito laboral y/o decidir respecto de su futuro en el país extranjero.
En relación a las entrevistas efectuadas a los trabajadores hallados en el momento del allanamiento del supermercado ubicado en la calle Av. Argentina N° …, explicaron que “..se desprende de los relatos que la mayoría de las personas se encontrarían en situación de vulnerabilidad previa a su ingreso a trabajar al supermercado allanado, en la mayoría de los casos las personas provendrían de contextos familiares atravesados por el difícil acceso al mercado laboral y por deficiencias económicas que en algunos casos habrían impulsado a las personas a tener que ingresar dentro del mercado laboral a temprana edad y también migrar hacia otros país en busca de oportunidades. Por ello algunas personas no habrían podido finalizar con sus estudios escolares básicos debiendo priorizar y garantizarse el sustento económico de ellos y sus respectivos grupos familiares.”
De tal forma surge evidenciada que la maniobra ilícita desarrollada por los imputados consistió en captar y trasladar a las víctimas a nuestro país, mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación laboral en los supermercados allanados.
En ese sentido, nuestra jurisprudencia ha entendido como situación de vulnerabilidad a una situación en la que la persona es más propensa a brindar su conformidad para ser explotada, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa intencionadamente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la propia víctima para captarla, transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su intensión (C.N.C.P., causa Nro. 13780 “A.L., R. s/rec. de casación”, Reg. Nro. 1447/12, entre otros).
Respecto a la finalidad de explotación laboral se encuentra acreditada por la actividad comercial que realizaban los encartados, conforme las tareas investigativas realizadas por el personal preventor las que identificaron a D Z y J Z como encargado y dueño respectivamente, del supermercado sito en la Avenida Argentina N° … y a W L, como el responsable del supermercado de la calle Santander N° ….
Asimismo, por el relato efectuado por las víctimas quienes refirieron que prestaban diversas tareas que les fueron encomendadas por los imputados, tales como de reposición, el uso de máquina registradora, de atención al público y limpieza.
Por otra parte, en las conclusiones del citado informe también se pusieron de relieve las particulares características de la forma de explotación llevada a cabo por los imputados W L, J Z y D Z.
Al respecto se advirtió que “…es importante mencionar que tal vínculo familiar con el dueño del supermercado, no parecería mejorar las condiciones laborales y habitacionales las cuales se evidenciaron desfavorables. A tal respecto el hecho que los responsables de los supermercados pueden utilizar las situaciones de vulnerabilidad antes mencionadas y los vínculos familiar y la confianza para su provecho económico, produciendo y reproduciendo condiciones perjudiciales para los/las trabajadores. “
En ese sentido, se ha sostenido que “…las prestaciones realizadas de vivienda, comida y traslado (en forma precaria e insuficiente) es una forma de asegurarse el éxito de esa explotación, no sólo porque crea un vínculo de dependencia con la víctima, coartando la libertad de autodeterminación y permitiendo el control de los movimientos de la víctima, sino porque también se asegura los medios indispensables (mínima alimentación) para que el trabajo pueda llevarse a cabo” (CFCP, Sala IV, causa FLP 5977/2013/CFC4, “Delgado Huilcahuaman, Raúl Francisco s/infracción art. 145 ter -en circunst. Inciso 1° (ley 26.842)”, resuelta el 23/08/2016).
En otro orden de ideas, las especialistas se expidieron acerca de las irregulares condiciones laborales en que se encontraban los trabajadores al mencionar que “ninguno de los trabajadores expresó encontrarse registrados en relación de dependencia, sino “en negro”; es decir, se encontrarían ”; es decir, que se encontrarían desempeñando sus tareas sin contar con un contrato de trabajo que regulara la actividad que realizaban y en consecuencia, sin gozar de derechos tales como Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios, obra social; por lo que se encuentran por fuera de los derechos a básicos establecidos por la legislación laboral vigente en nuestro país, las cuales son aún más acuciantes para los trabajadores en condición de migrantes. Este contexto de informalidad que situaría a los trabajadores en desventaja al momento de reclamar cuestiones vinculadas a mejorar sus condiciones salariales y/o contractuales”.
Respecto de las otras personas entrevistadas que indicaron que trabajabar en relación de dependencia con el dueño del supermercado, el Sr. J Z conocido por éstos como “J” se encontrarían trabajando sin contar con contrato laboral, lo que significa que no gozarían de los derechos laborales asociados a su condición de trabajadores registrados.
Asimismo, trabajarían largas jornadas de trabajo percibiendo un salario muy por debajo de los establecido por la legislación laboral vigente y contarían únicamente con medio franco semanal. Todas las personas habrían llegado al supermercado por residir en la zona y por haber sido clientes previamente del mismo o bien por conocer el local debido a que, según indicaron, hacía mucho tiempo que se encontraba funcionando..”
De lo expuesto se concluye que las consideraciones de los referidos exámenes resultan contestes con los hechos relatados por las víctimas.
A todo ello debe agregarse que, mediante los informes confeccionados por la Dirección Nacional de Migraciones, se pudo confirmar los ingresos y egresos de las víctimas al país, además de su condición migratoria irregular.
En definitiva, todas las conductas acreditadas tenían como única finalidad que las víctimas trabajaran por extensas jornadas pagando el menor costo posible por fuera del marco legal, para lo cual se valieron de los medios anteriormente señalados y así obtener un mayor lucro económico (en igual sentido, CFCP, Sala IV, en causa FLP 5977/2013/CFC4 “Delgado Huilcahuaman, Raúl Francisco s/infracción art. 145 ter -en circunst. Inciso 1° (ley 26.842) resuelta el 23/08/2016).
En conclusión, estimamos que la plataforma fáctica así acreditada fue correctamente subsumida en la figura prevista en el art. 145 ter del Código Penal.
De esta forma, y conforme fuera desarrollado anteriormente, las conductas descriptas encuadran en las figuras de captación, traslado y acogida de las víctimas con fines de explotación (artículo 145 bis del Código Penal).
A su vez, todo este proceso fue agravado por el medio comisivo empleado para llevar adelante ese propósito cual es el abuso de una situación de vulnerabilidad (art. 145 ter inc. 1° del C.P.), que es de origen (condiciones económico-sociales) y se vio agravada por las consecuencias de la migración (barrera idiomática por falta de dominio del idioma español, impedimento de contacto con sus familiares, discriminación, marginalidad y situación de aislamiento).
Finalmente, no caben dudas que durante todo este proceso de trata (captación, traslado y acogida) fue reducida la capacidad de autodeterminación de las víctimas.
Por lo expuesto, dichos agravios referidos a la calificación legal deben ser rechazados.
Respecto a las manifestaciones exculpatorias vertidas por el imputado W L en su indagatoria, acerca de su desconocimiento de los otros dos imputados en autos y por ende, su falta de vinculación con el comercio ubicado en la Avenida Argentina X de la localidad de T Suárez, estimamos que han quedado desvirtuadas por los dichos de las víctimas quienes fueron contestes en afirmar que el dueño del local era W L, quien a su vez era primo de J Z, identificado como dueño del otro supermercado.
En consecuencia, esta relación comprobada entre los imputados es indicativa de la participación en el hecho ilícito de tres o más personas, por lo cual resulta aplicable la agravante prevista en el inc. 5° del art. 145 ter del C.P..
No obstante ello, consideramos que la actuación conjunta de los imputados no basta para tener por configurada, prima facie, la existencia de la figura penal de la asociación ilícita, tal como sostiene el a quo.
Ello por cuanto no se encuentran reunidas las características exigidas por el art. 210 del C.P..
Resta agregar que, la comisión de los delitos migratorios han sido verificados en autos a través de los testimonios de las víctimas y por su condición migratoria irregular en el país, conforme los informes adunados.
Todo esto nos lleva a otro tema no menos importante, que es cuando la trata de personas tiene como víctima a la mujer, niña y adolescente se traduce en violencia de género, conforme la Convención de Eliminación de todo forma de discriminación contra la mujer, que integra el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional al otorgarle jerarquía constitucional, la Convención Belem do Pará, la ley 26.364 por medio de la cual el Estado Argentino dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Especialmente Mujeres y Niños (“Protocolo de Palermo”) anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la DeLcuencia Organizada Transnacional (aprobada por la república Argentina mediante la ley Nro. 25632) y nuestra Ley de Protección integral de niños, niñas y adolescentes , ley 26061).
En punto a las críticas formuladas por la defensa en relación al monto del embargo impuesto a su asistido por considerarlo desproporcionado, corresponde su rechazo.
Al respecto, entendemos que la suma fijada por el a quo ($X) resulta adecuada a la luz de lo establecido por el art. 518 del C.P.P.N. en tanto dicha norma establece que “…el Juez ordenará el embargo de bienes del imputado,…en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las especiales características de la maniobra perpetrada y la necesidad de garantizar una posible indemnización civil y las costas del proceso, corresponde confirmar la decisión en este punto.
En orden a las consideraciones que anteceden, corresponde confirmar parcialmente la decisión de fs. 1644/1663, en cuanto dispone el procesamiento con prisión preventiva de W L, J Z y D Z por considerarlos coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la situación de vulnerabilidad, la cantidad de participantes, la cantidad de víctimas y por haberse logrado consumar su explotación (art. 145 bis y ter, incisos 1, 4° y 5° y anteúltimo párrafo del C.P.) de los que resultaron víctimas Z P, W. P.Z., L Y, W K, N. Z y H J J.
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR parcialmente la decisión de fs. 1644/1663, en cuanto dispone el procesamiento con prisión preventiva de W L, J Z y D Z por considerarlos coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la situación de vulnerabilidad, la cantidad de participantes, la cantidad de víctimas y por haberse logrado consumar su explotación (art. 145 bis y ter, incisos 1, 4° y 5° y anteúltimo párrafo del C.P.) de los que resultaron víctimas Z P, W. P.Z., L Y, W K, N. Z y H J J.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
César Álvarez
Roberto A. Lemos Arias
Ante mi: Andrés Salazar Lea Plaza- Secretario de Cámara.
Se deja constancia que el Dra. Olga Angela Calitri no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art 109 RJN)
Andrés Salazar Lea Plaza- Secretario de Cámara.
Correlaciones:
Burgos, Humberto Pedro, ¿SOMOS LIBRES?, Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, PÁGINA 355, Octubre 2017 – Cita digital IUSDC285483A
L. P. y otros s/procesamiento sin prisión preventiva – Cám. Nac. Crim. y Correc. Fed. – SALA I -23/09/2014 – Cita digital IUSJU222719D
C. M., J. R. s/infracción art. 145 CP – Trib. Oral Crim. Fed. Mendoza – Nº 1 – 14/04/2014 – Cita digital IUSJU216534D
C. N., J. C.; H. C., S. s/trata de personas – Cám. Fed. Casación Penal – SALA I – 30/12/2016 – Cita digital IUSJU012936E
025596E
