Se modifica la providencia apelada en cuanto imprimió a las actuaciones el trámite ordinario y acotó el beneficio previsto por el artículo 53 de la ley 24240 a la eximición del pago de la tasa de justicia, al valorarse que, en el caso, la actora inequívocamente había requerido el juicio sumarísimo, mientras que la inexistencia de petición expresa tendiente a procurar la ordinarización del proceso justifica sobradamente la revocación del criterio adoptado. Además, se aclaró que, si bien la irrestricta gratuidad de los procesos que se inician en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores debía entendérsela integrativa tanto del pago de impuestos y sellados de actuación como de los demás gastos que genere la tramitación del proceso (tales las costas causídicas), ello no implicaba eximir ni relevar al órgano jurisdiccional para expedirse respecto a quien resultó perdidoso o ganador en el pleito.
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