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JURISPRUDENCIAFalso testimonio. Requisitos del tipo penal. Violencia de género. Implicancias de la declaración falsa en el resultado del proceso
Se dicta veredicto absolutorio respecto del delito de falso testimonio, en virtud de que las declaraciones mendaces no constituyeron una amenaza ni condicionaron el resultado del juicio en el que se las vertió.
San Isidro, 15 de junio de 2015.
AUTOS Y VISTOS:
Los presentes, de trámite por ante el Tribunal en lo Criminal Nro. 6 del Departamento Judicial San Isidro, integrado en su forma unipersonal (art. 398 in fine del C.P.P.) por la Dra. Débora Jorgelina Ramírez y con la asistencia de la Sra. Secretaria, Dra. Yamila Anabela Androsiuk, con el objeto de dictar pronunciamiento de conformidad con lo dispuesto por los artículos 398 y, en su caso, 371 y concordantes del Código de Procesal Penal, en la causa registrada en esta dependencia bajo el número 3365/00, sorteo nº 986/14, seguida a A. A. F., de nacionalidad argentina, de 25 años de edad, nacida el día 28 de enero de 1980 en Palomar, titular del DNI …, de estado civil soltera, hija de M. A. y de J. R., con último domicilio en la calle Dr. Palacios nº … del Barrio San Alejo, localidad y partido de Pilar, pcia. de Buenos Aires, instruida, empleada, con prontuario nº 1051600 de la Sección A.P. del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires, y prontuario registrado como trámite U2933467 de fecha 20/04/2014 en el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a quien se le imputa la comisión del delito de falso testimonio.
RESULTA:
Que de conformidad a las actuaciones agregadas a fs. 143 y 145, las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado a través del cual la acusada A. A. F. junto al Sr. Defensor Oficial, Dr. Gonzalo Paredes Abba, prestaron conformidad en los términos del art. 396 in fine del C.P.P. respecto de la calificación legal y la sanción esgrimidas por el Sr. Fiscal de la causa, Dr. Leandro Orduna, quien por el delito de falso testimonio agravado, solicitó se imponga a la causante la pena de UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN EN SUSPENSO, INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL DOBLE TÉRMINO DE LA CONDENA Y COSTAS DEL PROCESO.
Que celebrada con la acusada la audiencia prevista por los arts. 398 del Ceremonial y 41 del Digesto Sustantivo, A. A. F. refirió haber comprendido las consecuencias de la vía adoptada y haberlas aceptado libremente, ratificando de esa manera frente a quien esto escribe, la presentación que originó esta tramitación.
Y CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo precedentemente reseñado, corresponde llevar a cabo el tratamiento de las siguientes CUESTIONES:
PRIMERA: ¿Es admisible para el caso el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes? (arts. 395, 397, y 398 incs. lero. y 2do. y siguientes. del C.P.P.).
SEGUNDA: ¿Está probada la existencia de los hechos en su exteriorización material? (Art. 371 inc. lro. del C.P.P.).
TERCERA: ¿Está acreditada la participación del acusado en los mismos? (Arts. 371 inc. 2do. del C.P.P.).
CUARTA: ¿Existen eximentes? (Art. 371 inc. 3ro. del C.P.P.).
QUINTA: ¿Se advierten atenuantes? (Art. 371 inc. 4to. del C.P.P.).
SEXTA: ¿Concurren agravantes? (Art. 371 inc. 5to. del C.P.P.).
A la primera de las cuestiones planteadas, la Dra. Débora Jorgelina Ramírez, dijo:
Que conforme fuera precedentemente expuesto, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado en el cual consensuaron imponer a la acusada, la pena de un año y dos meses de prisión en suspenso, inhabilitación absoluta por el doble término del de la condena y costas del proceso con más su declaración de reincidente, previo haber calificado las conductas desplegadas por el causante como constitutiva del delito de falso testimonio agravado.
Que ante ello, habiendo descartado que la voluntad de la procesada se hubiese encontrado viciada al momento de consensuar la aplicación del instituto en trato y teniendo en cuenta, a la luz de la intimación que oportunamente se le cursó a fs. 44/45vta. que no existen discrepancias insalvables con la calificación legal aplicada en el acuerdo que vulneren el principio de congruencia en la medida en que no se pierda de vista lo decidido de manera unánime por este Tribunal a fs. 125/128, temperamento llevado a cabo a los fines de respetar el principio de congruencia, pues la propuesta Fiscal de acusar por el delito más gravoso, resulta inviable por la vía del art. 359 del Ceremonial desde el momento en que no puede concebirse la mayor gravedad sin modificar el acontecimiento histórico, lo que podría haber efectuado exclusivamente en el debate mediante el mecanismo contemplado por el art. 374 del C.P.P., siempre que así lo hubiera requerido a los fines de garantizar la constitucionalidad del instituto, conforme el desarrollo efectuado por la Suscripta en «El Hecho Diverso: ¿inconstitucionalidad en el proceso?» (Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, nº 22, impreso en la imprenta del Colegio de Abogados de San Isidro, mayo de 2008, p. 153 y ssgtes.) artículo al que me remito en honor a la brevedad- corresponde declararlo admisible, votando en consecuencia por la AFIRMATIVA, al ser ello producto de mi razonada y sincera convicción (arts. 168 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, 106, 396, 397, 398 inc. 2do. y concordantes del C.P.P.).
A la segunda de las cuestiones planteadas, la Dra. Débora Jorgelina Ramírez, dijo:
Atento el modo en que ha sido resuelta la cuestión anterior, de conformidad a lo previsto por el art. 398 inc. 2) del C.P.P., se impone ahora con los límites consensuados por las partes, desentrañar si se encuentra probada la existencia del hecho por el cual la acusada fue oportunamente intimada, en su exteriorización material, el cual consiste en que «El día 16 de abril de 2014 la aquí imputada identificada como A. A. F., en horas de la tarde y ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 del Departamento Judicial de San Isidro, sito en el piso 11º del edificio sito en calle Ituzaino 340 de la ciudad y partido de San Isidro, prestó declaración testimonial bajo juramento de ley e impuesta de las penas con que se reprime el delito de falso testimonio en el debate dispuesto en el marco de la causa 3557 seguida contra su ex pareja R. A. B. por el delito de homicidio en grado de tentativa por el cual el mismo se hallaba privado de su libertad. Así se pronunció faltando a la verdad ingresando en contradicciones severas con lo manifestado por ella misma en la instrucción, dichos éstos que motivaron la detención del nombrado B. hasta el día de la audiencia. Concretamente al atestiguar el día 6 de marzo de 2013 ante el oficial sub ayudante Ernesto Dostal del numerario del Destacamento Agustoni de la localidad de Pilar mientras la aquí compareciente se hallaba internada en el Hospital Municipal de Pilar, Dr. Sanguinetti e impuesta también con las penas con que se reprime el delito de falso testimonio y la obligación de pronunciarse con la verdad expuso que B. en la misma fecha a las 14,30 hs en el domicilio de la calle Palacios … de Agustoni de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, la había amenazado refiriéndole `VOS ME LAS VAS A PAGAR` para momentos luego ingresar al baño donde estaba la aquí compareciente y arrojarle un colchón prendido fuego con intención de darle muerte provocándole quemaduras varias. Sin embargo, al atestiguar en los mismos términos en el día de ayer en la sala del Tribunal mencionado ante sus jueces integrantes expuso que en rigor no había sido amenazada ni existió discusión previa como a la vez que Billordo no había ingresado con un colchón encendido al baño y que por el contrario había entrado a rescatarla. A la par, en la misma audiencia pronunciándose con falsedad afirmó desconocer al tiempo de los hechos la resolución de exclusión adoptada respecto del imputado por el Tribunal de Familia de Pilar cuando, en rigor, de cotejar el expediente aludido surge que la misma había sido notificada en forma personal de ello el día 15 de Enero de 2013».
Es decir -y en síntesis-, se le imputa a B. haber mentido mientras declaraba testimonialmente en el Tribunal en lo Criminal nº 5 Dptal, en horas de la tarde del día 16 de abril de 2014 para beneficiar al imputado R. A. B., modificando entonces su juramentada de marzo de 2013 y sosteniendo además que desconocía la resolución de exclusión adoptada por el Tribunal de Familia de Pilar respecto del antes nombrado, pese a que estaba notificada de ello.
Sabiendo entonces, a partir de la limitación antes fijada, cuál es el objeto procesal, debo ahora examinar la prueba incorporada a la causa a los fines de dar respuesta a la cuestión que me convoca.
a) En tal sentido, advierto que el legajo se origina con el oficio que el Sr. Secretario del Tribunal en lo Criminal nº 5 Dptal. remitió a la Fiscalía en turno con motivo de la detención que de F. se había ordenado ese mismo día (16 de abril de 2014) durante la audiencia de debate que estaba siendo celebrada en la causa nº 3557 del mentado organismo.
Efectivamente, según lo previsto por el art. 350 del C.P.P., sabido es que si durante la audiencia se cometiere un delito, el tribunal ordenará levantar acta y si correspondiere, dispondrá la inmediata detención del presunto responsable, quien será puesto a disposición del juez competente, comunicándose el hecho al agente fiscal en turno, a quien se le remitirán los antecedentes necesarios para la investigación.
El delito cometido en flagrancia en una audiencia, permite al juez que lo advierte disponer una medida de coerción respecto del presunto imputado pese a que él no es su juez natural, y a que la investigación aún se encuentra pendiente. Mas para colaborar con quien luego será el Juez de la causa y con el encargado de investigar lo que hasta entonces no es más que una denuncia, debe remitir las actuaciones que fundamentan dicho proceder. b) Y así ocurrió con las copias certificadas agregadas a fs. 2/42, correspondientes al acta de la audiencia de debate.
Ahora bien, en lo que a A. F. interesa, de las mismas surge que luego de su interrogatorio de identificación, se la indagó sobre su interés en la causa y la vinculación con las partes, pues expresamente surge del acta «y respecto de las generales de la ley que se le hicieron saber manifiesta no encontrarse comprendido, siendo interrogado inmediatamente por las partes» (textual).
Si bien en la ocasión no se hizo referencia expresa al juramento de decir verdad exigido bajo sanción de nulidad por los arts. 360 y 369 del C.P.P., la advertencia genérica se hallaba asentada en la pieza que examino a fs. 4/vta., al consignarse «Acto seguido comparecen sucesivamente, en el siguiente orden los testigos que a continuación se detallan, a quienes se les hizo saber que se les recibirá declaración testimonial, poniéndolos en conocimiento -en los términos de los artículos cien y trescientos sesenta del ritual-, que deben prestar juramento de decir verdad de acuerdo con sus creencias o convicciones cívicas, como así también de las penas correspondientes al falso testimonio (art. 275 del Código Penal), prometiendo los comparecientes decir la verdad de todo cuanto supieren y les fuera preguntado» (textual).
Sabiendo ello entonces, en el marco de la declaración de F., se hizo constar en el acta aquello que a continuación transcribiré de manera textual (aclaración necesaria a la luz de los errores de tipeo que serán advertidos a continuación): «Acto seguido toma la palabra la Sra. Fiscal y refiere que: respecto de la DENUNCIA DE FS. 31; Denuncia no incorporada por su lectura a la fecha. Solicito esto en los términos art. 363 del CPP esta Fiscalía, respecto de la veracidad de los dichos de la tetsigo resultando un medio de prueba que si o nuevo aunque fuere conocido 363 in fine en virtud de las contradicciones entre los dichos de la testigo como surge de la declaración y por ello solicito la incorporación por lectura de dicha pieza. Así las cosas previo resolver el Tribunal resolvió correr vista al Sr. Defensor Oficial Dr. Carlos A. Aguirre refiere que me opongo a la incoporación instada en virtud de que entiendo que no existe contradicción ya que si dicha pieza no està incoporada al debate y si estuviera no es vàlida por sobre la versión oral; y si lo estuviera si estuviera incoporada y se verificara una contradicción sería otra cosa ya que lo cierto es que no existe en el expediente y si no existe en el expediente por ello no puede existir contradicción alguna por ello me opongo a lo solicitado. Acto seguido y siendo las 13:58 se dispone la realización de un cuarto intermedio. Siendo las 14:36 hs. del día se reanuda la audiencia de Debate que fuera suspendida con fecha a las , en la presente causa Nº del libro de registro de la Secretaría de intervención. siendo las 14:36 horas se dispone la realización de un cuarto intermedio. Acto seguido y siendo las 15:10 horas se reanuda el debate oral y el Tribunal adopta la siguiente resolución: por mayoría el Tribunal resuelve: al planteo o petición instado por la Sra. Fiscal respecto de la incorporación por lectura de la denuncia de fs. 32 Dra. Laura Zyseskind por mayoría y haciendo propios los fundamentos brindandos por el Sr. Defensor de intervención Dr. Aguirre no se hace lugar a la incorporación instada por entender que la petición se encuentra fuera de los extremos contenidos en el art. 363 del C.P.P. A su turno el Dr. Introzzi en su voto en minoría; y haciendo propios los argumentos de la fiscalía; los que repito hago propios, me refiero a esos argumentos no existiendo punto a tratar por cuanto ha quedado en minoría ya que he quedado en dicidencia. Acto seguido continúa el interrogatorio. La Sra. Fiacla toma la palabra y refiere que ante la flagrante contradicción verificada respecto de los dichos de la testigo vertidos en el curso de este debate, en este curso de acción voy a tener que por parte de la fiscalía por parte de los dichos de la sra. respecto de lo siucedido por el señor B. de fs. 4/5 y contraiamente a lo que viene diciendo la señoraen este momento no me queda otroo remedio que artuicular de otro modo el delito de falso testimonio sino por parte de la señora F.; ya que tras corroborar los dichos y manifetsaciones vertidas en esa oportunidad voy a solicitar se de lectura a dicha pieza a sus efectos. Acto seguido el tribunal ordena dar lectura íntegra de la piza mencionada. La Sra. Secretaria procede a dar lectura íntegra. Acto seguido en los términos que la peticion formulada en aterior término la Sra. Fiscal toma la apalabra y refiere que en virtuis de las lfagrantes contradicicoens existentes entre las delaraciones vertidas en esta audiencia de debate y la que constan respecto de la pericia que esta incorporada por su lectura voy a solicitar que de ahora ne mas se deje constancia de las declaraciones d ela testigo asi las cosas apreguntas que relaiza la sr.a Fislca respecto de si la testigo le dijo o no a la pilicía, que el señor B. la había prendido fuego; la testigos refiere que: `le dije que yo me había prendiddo fuego; que él estaba en la casa; que yo y el señor B. estabamos en la casa`. A continuación y preguntad aque fue respecto de ¿si hubo alguna alguna discucion previa, antes del hecho? la testigo rspondio: no solamente me fui a bañar; le dije a mi hija F. que la había ido a ver; pero no peleamo`. A continuación y pregutnad aque fue respecto de si alguien le había dicho o referido `ME LAS VAS A PAGAR`; si alguien le había dicho esa frase antes del incendio la testigo refirió: `no, no ocurrio asi`. Preguntada que fue por la sr.a Fiscal respecto de si ¿ingresó al baño el señor B. al momento del incendio? y donde estaba el señor B.? o su ¿ingresó al baño?? la testigo refirió que: `si a lo ultimo`: Preguntada que fue respecot de si ¿llevaba algo en sus manos? la tesitgo refierió: `no se no sabe`. Preguntada que fue respecot a es lo ultimo que significa refierió que `que cuando ingreso el incendio ya estaba apagado`.`Que ingresó cuando fue a rescatarla; que se le prende toda la parte de la ropa -refiere cara- y que por ello se arrancó lo que tenía puesto que estaba en pantalón corto para ir a bañarme. Me arranco un pedazo que tenia pegado porque quise apagar el calefon electrico y agarre dos cables que no tenian foco; no tenia foco y ahi fui para desenchufar el calefon mio y para cevitar que se prenda fuego todo para que no se slate la termia. Griataba para que bajen la termica. La casa no es toda de material es la mitad material; y hay un claefin electrico en el baño`. preguntada que fue por la sra. Fiscal respecto de si ¿el Sr. B. ingresó al baño con un colchón prendido fuego al baño? la testigo refiere que `no`. Preguntada que fue respecto de si al momento de los hechos conocía la exclusión del hogar familiar o si estaba acordado o no larestricción del hogar la testigo refiere que: `no aun no, todavia no`. Acto seguido la Sra. fiscal toma la apalbra y refiere que resulta ser que la exclusion fue concedida el dia 15/1/2013 y los hechos fueron el día 6/3/2013 y la Sra. F. fue notificada el día 15/1/2013 de la resolución por la cual la Sra. Jueza dispuso la exclusión y le dieron a ella en perosna el oficio para que lo lleve a la comisaría para notificar al Sr. B.; aca en esta audiencia refiere que mientras refiere que si sabia pero ahora pregutnada que fue dice que no. Repreguntnad asobre el tem ala testigo refiere qye si sabia pero que no tiene nada que decir. Tenía la restirccion si la tenía pero penseé que se habia terminado. Por ello la Sr.a Fiscla toma la apalabra y refiere que en este acto va a solicitar la detención en esta audiencia en virtud a las contradicciones y mentiras en las que incurrriera la testigo F.; ya que conforme luce del expediente de Familia la Sra. fue notificada d ela resolución de mención de fs. 21/vta con fecha 15/12013 reitro opbra su firma en el oficio. Se dispone la realización de un curto intermedio. El Tribunal tras haber escuchado a las partes: Asi las cosas en atención a la declaracion de la testigo en el debate que ha sido extractada por la Sra. fiscla; mejor dicho a petición de la Sra. fiscal en el acta de debate y emergiendo de su contenido prima facie la comisión del delito de falso testimonio en el curso de la audiencia corresponde hacer lugar a la peticion de la Sra. Fiscal ordenando la inmediata detencion de la testigo F. quien sera colocada a disposicón del seño agente fiscal en turno con copia de las piezas pertienentes y del acta de debate. Rigen al respecto las previsiones del art. 275 del cP y 350 del CPP. Se efectiviza la detención en la sala siendo las 15:20. Acto seguido no quedando más testigos la Sra. fiscal refiere que desiste de los restantes testigos que no han comparecido además se ha curso fuerza publica dando resultado negativo por lo que los desisto. Así las cosas y toda vez que el pedido de la incoporación por lectura de la declaración solicitada oportunamente por esta parte la que ha sido rechazada por el Tribunal respecto de la Sra. A. F. brindada en oportunidad encontrarse glosada a fs. 4/5 y arrojando dicha diligencia resultado negativo la fiscalía por el Tribunal conforme la manda del art. 366 primer párrafo en tnato a sitiauciones obrantes en la investigación penal no cuento con elemntos suficientes para fundar la condena del imputado habia cuenta que de los testimonios oidos en esta audiencia no me permite acreditar la materialidad infraccionaria, no se pueden contar con elementos para sostener la autoría en cabeza del imputado. Puesto que los dichos de victima estaba en el interior del domicilio reulltaba vacio de contenido y ante las serias y flagrante cotntraicciones de su testimonio esta Fisclaia no cuenta con otro elementos de prueba que permitan sosotener la autoria del imputado e intencionalidad y de aquello que dieraorigen al incendio dentro de la vivienda y reitero por no contar con otros elemento de prueba en una u otra versión en los terminos del art. 368 ultimo parrafo me veo en la obligacion de desistir de la acusaacion formulada en contra de R. A. V. o B.; entirdcno que el Esyado no cuenta con los elementos necesarios para acusar y lo cierto es que la víctima no brindo los smedios o todos medios que tuvo a su despocion, d etodos los medios posibles, para que tratar de evitar estas situaicion y acompañarla pero que evidentemente no ha sido sufciiente y que la víctima obviamente ha negado los hechos impuitados a B. y no contamos con elementos de prueba para fundar una acusación al Tribunal. El Dr. Aguirre refiere que visto el desistimiento formulado respecto del ejercicio de la acción penal exteriorizad apor la Sra. titular de la accion penal me resta solamente instar la absolucion de mi asistido y asi queda peticionado. El tribunal resuelvo: por imperativo procesal en atencion al desistimiento de la acusación fiscla formulado por la Sra. Fiscal a tenor de lo normado en el art. 368 in fine del CPP correpsonde el dictado de un veredicto absolutorio por los hechos que fueran materia de acusación y en consecuencia disponer le inmediata libertad de R. A. V. de las demás circunstabncias perosnales obrantes en autos la que se hara efecitva desde su actual lugar e alojamiento PREVIA CERTIFICACION DE QUE EL NOMBRADO NO REGISTRE ORDEN DE DETENCION Y/O CAPTURAS PENDIENTES POR OTRAS CAUSAS O ANOTACION A DISPOSICION DE OTROS ESTRADOS, EN CUYO CASO DEBERA QUEDAR ANOTADO A EXCLUSIVA DISPOSICION DE LOS SRES. MAGISTRADOS REQUIRENTES, con notificación inmediata a los mismos como a este Tribunal. Por su parte en atencion presencia de menores en la antesada del Tribunal, prima facie, en situación de vulnerabilidad y a fin de proender al debido regsuardo del interes superior del niño previsto tanto en los Tratados Internacionales de Derechos Humano con Jerarquia Constitucional y las normas tanto de orden Nacionales y Provinciales deben librarse oficio al Servicio de promoción y protección del niño de la ciudad de Pilar; a sus efectos. es todo; dándose por concluído el debate siendo las 15:55 hs. y previa lectura de la presente, firmaron los Sres. Jueces del Tribunal y las partes intervinientes, por ante mí de lo que doy fe» (textual).
c) Como se aprecia con claridad -más allá de las dificultades evidenciadas por los ya prevenidos errores de tipeo que fueron reeditados para mantener indemne la pieza a cotejar-, el motivo por el cual la Fiscalía retiró la acusación en los términos del art. 368 del Rito, fue producto de la imposibilidad de contar con más testigos por haber fallado el auxilio de la fuerza pública requerida, y de las contradicciones de A. A. F., todo lo cual impidió al Ministerio Público Fiscal muñirse de otros elementos de prueba que permitieran sostener la materialidad infraccionaria y la autoría del imputado en el evento que se le endilgaba.
La aludida materialidad -que no pudo ser acreditada en el debate-, surgía del procedimiento labrado el día 6 de marzo de 2013 y que fue plasmado a fs. 9/11, ocasión en la que evidentemente se había asentado un relato de F. notoriamente distinto de aquel que los extremos consignados en el acta de debate han permitido apreciar.
Véase que los funcionarios que tomaron intervención en el hecho, expusieron en lo que supieron denominar «acta de constatación», que F. les había hecho saber que «se encontraba durmiendo en su domicilio en su habitación en la parte de arriba, siente un fuerte calor, a lo que se despierta y se dirige hacia el baño ya que notó que tenía quemado el brazo. Cuando estaba en el baño, siente que su concubino R. A. B., abre la puerta y le arroja un colchón encendido fuego dentro del baño. A ello esta señora abre la ducha y se coloca debajo, y sobre la ventanita para no quemarse, pidiendo auxilio por la ventana hasta que llegaron al lugar los bomberos de pilar quienes apagaron el fuego y se retiraron del lugar» (textual).
Sin embargo, las manifestaciones de entonces de F., no fueron precedidas del juramento de decir verdad, ni tampoco de advertencia alguna en los términos del art. 275 del C.P., pues en puridad, no se trataba de una juramentada.
d) Tras ello, F. sí rindió testimonio en el hospital de Pilar. En dicha oportunidad, tal como permiten apreciarlo las actuaciones adunadas a fs. 12/15, tras ser anoticiada de los extremos previsto por el art. 275 del C.P., hizo saber, en lo que aquí interesa: «que la dicente refiere que entre dormida escuchó una voz que le dice `vos me las vas a pagar` (sic.) para luego sentir un intenso calor por lo que la dicente se despierta y observa que la habitación y las escaleras las cuales eran de madera, ingresa fuego es por ello que la dicente ingresa corriendo al baño en el cual se halla del lado … donde estaba durmiendo la hablante. Que al ingresar inmediatamente observa a su esposo B. que ingresa al baño un colchón prendido fuego y cierra la puerta es por eso que …(ilegible)… al no encontrar otra salida …(ilegible)… que la vivienda es muy pequeña…(ilegible)… a llenar…(ilegible)… con agua, y comenzar a gritar a viva voz con el fin de que algún …(ilegible)… la salvara. Que pasados unos segundos escucha una voz que le dice A. tenés que salir, por lo que la dicente trata de correr el colchón y sale del baño donde los vecinos tratan de apagar el fuego, es que luego de varios intentos se hacen presentes los bomberos. Que en virtud de este episodio el juzgado de familia n° 2 de Pilar dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio de la dicente mencionado más arriba, por el lapso de 60 días de corrido, siendo que dicho oficio fue librado el día 15 de enero de 2013. Que a pesar de esa resolución el Sr. B. A. nunca la respetó ya que en varias ocasiones se hizo presente en el domicilio de la dicente a referirle amenazas de muerte. Que en el día de la fecha siendo las 14:00 la dicente se hallaba en su finca conjuntamente con sus hijos M. M. de 03 años y M. N. F. de 10 años. Que pasados unos instantes la dicente escucha que golpeaban las manos, es que al observar hacia la vereda se hallaba su esposo B. A. el cual le refiere ´vine a buscar los útiles N.´(sic.), haciendo alusión a la hija que poseen ambos, siendo ésta la única de los hijos de la dicente, por lo que la hablante le refiere ´vos no tenés que estar acá , y los útiles los compré yo así que no te los voy a dar y otra cosa traeme a N., porque tiene que empezar las clases en el colegio … ´(sic.). Que en virtud de la negativa de la hablante, B. se retira del lugar que pasados unos 15 minutos se hace presente en el domicilio de la dicente su sobrina N. … F. de 15 años de edad la cual le refiere que vino a buscar a la hijas de la dicente, M. a las cuales sofocan del incendio ya que B. había colocado en la ventana como en toda la finca varios colchones como así también ropa. Que la dicente … que sufrió varias quemaduras en ambos brazos, rostro y cabeza. Que asimismo su hijo no sufrió ningún tipo de lesión en virtud de que fue socorrido por los vecinos. Que luego la dicente fue sacada de su finca por los bomberos, para luego ser trasladada al hospital de Pilar en ambulancia” (textual).
e) Ahora bien, diez días después A. A. F. volvió a pronunciarse juramentadamente, haciendo saber, según surge de lo actuado a fs. 16/17, que el día del hecho, cuando regresó a su casa a las 01:00, en su vivienda se encontraban su hijo M. F. y R. B., agregando “tengo un calefón eléctrico y lo enchufé y como estaba muy cansada me recosté y olvidé que lo había conectado. Me recosté un rato. Que a la media hora me levanto e intento desconectar el calefón cuando hizo un chispazo y se empezó a prender fuego la toalla y la ropa. Entonces grito y lo llamo a R. que estaba en la planta baja cocinando y le grito que había fuego. Que R. sube por la escalera con un tacho de agua y le digo que baje y corte la llave térmica y le pedí que llame a los bomberos. Que con otro vecino que se llama C. que vive a unas tres casas de la nuestra, intentaban apagar el fuego y ayudarme. Que ingresa R. al baño y me ve debajo de la dicha mojándome porque me quemé en la nariz y en una mano. Que R. me pone un trapo mojado porque me ardía y llega una ambulancia y me trasladar al Hospital de Pilar y me atendió un médico de guardia Marcos Rubira, me curó la nariz, que compre una crema y me dijo que me podía ir. Que cuando regreso a mi casa, los vecinos me dicen que a R. se lo llevó la policía. Que los bomberos fueron después de tres horas y me dijeron que no levante la llave térmica hasta que venga Edenor y se fueron. Que me dirigí a Agustoni a ver a R. y lo habían trasladado a Villa Rosa. Cuando llego a Villa Rosa el Jefe me dice que tenía que pedir un permiso en la Fiscalía para poder visitar a B., porque él la quiso prender fuego. Que le dije que yo nunca estuve internada y lo único que pasó es que me quemé un poco la nariz y un poco mi mano derecha. Pero me encuentro bien y compré la crema y me curo sola. Que el día que me trasladaron al Hospital me curó el médico y me dijo que regrese a mi domicilio, pero nunca estuve internada y no me quemé el pelo o alguna otra parte de mi cuerpo” (textual).
Como se advierte, la versión que dio F. diez días después del suceso que motivó la formación de la causa en cuyo debate fue detenida, resultaba conteste con la versión brindada de manera oral, mas las contradicciones surgieron a la hora de seleccionar el cotejo con una sola de sus declaraciones (es decir, con la primera y no con la segunda).
Llegada a este punto, no puedo soslayar que evidentemente una de las dos versiones se aparta de la verdad, y que la situación de violencia padecida por F., permitiría suponer que probablemente lo era aquella que beneficiaba al sujeto cuya violencia venía denunciando.
Mas como dicha suposición no es la única conclusión a la que el examen de las probanzas adunadas al legajo me permite arribar, la certeza de afirmar lo que ocurrió (es decir, en qué momento fue perpetrado el delito), brilla por su asuencia.
Y digo ello, justamente porque la insistencia del Fiscal en acusar a F. por el delito de falso testimonio agravado, invita a suponer -sin perjuicio de que toda suposición choca con la certeza apodíctica que a esta altura me es exigida-, que mintió cuando incriminó a quien había sido su pareja (es decir, el imputado del juicio del Tribunal n° 5, mas no cuando oralmente sostuvo lo contrario pese a que sólo fue intimada por esta última acción).
En efecto, más allá de las irregularidades advertidas al declinar la competencia en cuanto a los “remiendos” que perseguían sin más una mayor punición pese a que la clara intimación que se le había cursado impedía a todas luces proceder de conformidad a las previsiones del art. 359 -por los motivos explicados en la cuestión precedente-, lo cierto es que la única forma de considerar que el falso testimonio de F. resultaba agravado por ser en contra del imputado en una causa criminal, es sostener que la acusada había mentido al hacer saber que B., en definitiva, había atentado contra su vida.
Entonces, más allá de que dicho suceso no sería más que un claro caso de hecho diverso (previsto por el art. 374 del Ceremonial y no por el art. 359 del C.P.P. como sostuvo la Excma. Alzada Dptal. a fs. 18/19 de la incidencia que corre por cuerda), el propio representante del Ministerio Público Fiscal ha sido quien sembró una duda insuperable que a esta altura no puede más que cosechar el fracaso de un veredicto condenatorio.
Y a costa de ser reiterativa insisto: si F. fue detenida en un juicio cuando por sus dichos beneficiaba a quien había sido su pareja, y se la intimó por ello (lo que ocurrió en la sala de juicio del Excmo. Tribunal nº 5 Dptal.), pero ahora el Fiscal plasma su pretensión en la rúbrica de un acuerdo de juicio abreviado en el que considera agravada la conducta de la nombrada por haber mentido en perjuicio del imputado, más allá de la violación de la congruencia (lo que fue superado en honor al alcance brindado en la admisibilidad del instituto), evidencia con claridad que ello sólo pudo haber ocurrido cuando se pronunció el día del hecho en el hospital: ni diez días después al cambiar su versión, y menos aún, más de un año después, en la sustanciación del contradictorio (es decir, cuando por la presunta comisión de un delito flagrante, fue detenida e investigada por la Fiscalía temática).
De esa forma, no puedo más que advertir que si la propia Fiscalía especializada en cuestiones de flagrancia que asumió su intervención en la causa, ha entendido que F. mintió en perjuicio de su pareja -lo que de ser así, invariablemente había ocurrido más de un año antes de la formación de esta causa, descartando por tanto cualquier posibilidad de que el delito resultara flagrante-, es porque la confusión imperante originada en las contradicciones evidenciadas no ya durante el juicio del día 16/04/2014 sino diez días después de las lesiones padecidas y por las que había decidido no instar la acción (ver fs. 22/23) le ha impedido al Sr. representante del Ministerio Público Fiscal hacerse eco de la denuncia formulada por los Sres. Jueces del Tribunal nº 5 Dptal.
Tal confusión -producto de dos hipótesis que no pueden coexistir por resultar contradictorias entre sí-, que mal puede ser superada a esta altura, sella sin más la suerte de este análisis, en el cual resulta notorio que la certeza, cimiento y presupuesto de un pronunciamiento sancionatorio, desaparece en la medida en que no lo han hecho las distintas posibilidades que vienen siendo examinadas.
f) Frente a ello sólo puedo adunar que evidentemente existía una resolución de prohibición de acercamiento que en el juicio oral F. dijo desconocer, mas ello tampoco alcanza para dar por configurada, parcialmente la materialidad infraccionaría.
Así lo entiendo porque aun ante la falta de sustento probatorio -ya que al tiempo en que en la intimación expresamente se aseveró que “afirmó desconocer al tiempo de los hechos la resolución de exclusión adoptada respecto del imputado por el Tribunal de Familia de Pilar cuando, en rigor, de cotejar el expediente aludido surge que la misma había sido notificada en forma personal de ello el día 15 de Enero de 2013”, sin perjuicio de que en autos no fue adunada la notificación aludida que permita corroborar la afirmación antes transcripta, pues sólo existe la copia de tal decisorio, adunado a fs. 34/36, sabido es que “desde la óptica del bien jurídico administración pública, la infracción al art. 275 del Cód. Penal debe apreciarse por la divergencia entre lo dicho u omitido y lo realmente conocido por el imputado, y no una proposición entre los aseverado y lo objetivamente verdadero…” (CNCrim. y Corr., Sala V, 15/3/11, “Vergara, Darío D. y otros”, c. 40.773, PJN Intranet)-, ello en modo alguno ponía en riesgo el normal desarrollo del juicio en que se ventilaba el conato de homicidio, objeto procesal ante el cual resulta notoriamente irrelevante que la victima conociera o no, que el agresor podía acercársele, desde el momento en que ello en modo alguno podía influir en el pronunciamiento del juez que consistía en determinar si Billordo había intentado.
Véase que mientras en el debate celebrado ante el colega Tribunal, F. fue interrogada sobre su conocimiento, al momento de los hechos, de la exclusión del hogar de B., primero refirió que no lo sabía, pero cuando se le hizo saber que se encontraba notificada de tal decisión, aclaró «sí tenía la restricción pero pensé que se había terminado» (ver fs. 7vta.), lo que se corresponde además con lo declarado a fs. 12/15 al reproducir que le había dicho a B. «vos no tenés que estar acá» -textual- (ver fs.14), previo haber aclarado «que en virtud de este episodio el Juzgado de Familia nº 2 de Pilar dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio de la dicente mencionado más arriba, por el lapso de 60 días de corrido, siendo que dicho oficio fue librado el día 15 de enero de 2013, que a pesar de esta resolución el Sr. B. A. nunca la respetó ya que en varias oportunidades se hizo presente en el domicilio de la dicente a referirle amenazas de muerte» -textual- (ver fs. 14).
Entonces, frente a la acción típica que consiste en afirmar una falsedad o callar la verdad, no puede perderse de vista que no toda mendacidad reviste el carácter que el tipo penal exige, ya que «la falsedad implica siempre una amenaza para la certeza del juicio que se va a formular… por ello, poco importa que la falsedad recaiga sobre una circunstancia principal o accidental relativa al hecho que es objeto del testimonio -aunque en el caso, claramente es accidental-; la importancia reside insistimos, en la implicancia que la falsedad tenga para el resultado de la causa. Quedan, por tanto, fuera de la incriminación aquellas falsedades que ninguna relación tienen con el hecho objeto de la litis. El delito se concreta sólo si la declaración mendaz puede influir en el pronmunciamiento del juez, con prescidencia de las consecuencias ulteriores del juicio» (p. 71)
Sin perder de vista en el caso lo precedentemente expuesto, resulta evidente que la suerte de la acusación y de la eventual decisión del Tribunal, en modo alguno venía dada por la circunstancia de que F. dijera que conocía o no la existencia de una prohibición de acercamiento respecto de B., pues insisto, ello resultaba abiertamente inocuo frente a la imputación que al último se le dirigía y que consistía sin más, en su intención (frustrada), de darle muerte a la ahora imputada.
Frente a ello, sólo puedo añadir que la imputación residual a la que vengo refiriéndome, se encuentra abarcada por el unánime criterio jurisprudencial que sostiene que «no existe falso testimonio, si la falsedad no tiene ninguna relación directa o indirecta que haga a la existencia o inexistencia del hecho investigado» (CNCrim. y Corr., 23/5/50, Fallos, 4-78), ya que las declaraciones mendaces que sí tienen trascendencia a los fines de la acción punible perseguida, no pueden dar lugar al delito desde el momento en que no alcanzan para acreditar la falsedad que la figura exige, pues ellas resultan inidóneas para alterar el bien jurídico consagrado en la norma desde que el conocimiento de F. sobre la existencia de la orden del Juzgado de Familia en modo alguno resultaba de utilidad para descubrir la verdad y, en consecuencia, tampoco para obstruirla.
Para más abundamiento y en el mismo sentido, no es ocioso recordar que incluso por ante el Tribunal en lo Criminal nº 5 Dptal., no se debatía si B. conocía o no que no podía concurrir al domicilio de F., ni tampoco si F. tenía conocimiento de la misma circunstancia: se debatía si B. había querido o no cometer un homicidio en perjuicio de la ahora imputada, circunstancia que efectivamente evidencia que «no se configura el delito de falso tetsimonio (art. 275 Cód. Penal), si las falsedades descansan sobre circunstancias que carecen de aptitud para influir en la resolución de la causa; y en el caso de autos, por no tratarse de un hecho controvertido aquel sobre el que se expidió el imputado, sus manifestaciones, aunque mendaces, resultan plenamente indiferentes, que no pueden apuntar a demostrar o desvirtuar lo que no era objeto de controversia» (CNCrim y Corr., Sala V, 27/5/82, «Franco, C.P.A.», BCNCyC, 1982-III-104).
Ante lo expuesto y teniendo en cuenta que en la cuestión en tratamiento invariablemente se analizaron extremos que en puridad resultaban reservados a la segunda porque así lo impone el análisis de un delito de propia mano -el que sólo podía ser cometido por la propia acusada-, y que ni aún así la totalidad de las piezas que han sido valoradas me han permitido reconstruir con certeza el hecho por el cual fue denunciada -el primer tramo en virtud al estado de duda que se ha visto aumentado con la pretensión Fiscal al intentar modificar el objeto procesal al abrazar la posibilidad de que la conducta disvaliosa de F. hubiera podido ser otra que la intimada y, el segundo, porque teniendo en cuenta que sus dichos resultaban inocuos a los fines de configurar la entidad que a la mendacidad debe exigírsele para configurar la falsedad típica y así idónea para afectar el bien jurídico en juego-, me veo impedida de brindar una respuesta positiva al tópico en trato.
Por todo ello, no correspondiendo dispensar tratamiento a la demás cuestiones planteadas en honor a lo ordenado por el art. 371 cuarto párrafo del C.P., a aquella que vengo analizando, VOTO POR LA NEGATIVA. La expuesta es mi sincera y razonada convicción (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Const. de la pcia. de Bs. As., 1, 3, 106, 210, 367 a contrario, 371 inc. 1º a contrario en inc. 4 del C.P.P.)
Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo pertinente destacar que no he pasado por alto que el proceso en el que F. rindió testimonio, tuvo por objeto protegerla de la violencia de género que la victimizaba.
Sabedores de tal conflictividad, fue que en aquella causa se arbitraron todos los mecanismos conducentes a enjuiciar a quien se presentaba como el victimario de A. Fl., habiendo para ello incluso desatendido la propia voluntad de la última cuando hizo saber que no era su intención instar la acción penal por el delito de lesiones leves, es decir, el mismo día en que ocurrió el suceso que la damnificó (fs. 22/23).
Ello no ya por obstinación de los operadores judiciales, sino porque claramente advirtieron que el suceso ameritaba extremar los esfuerzos para seguir adelante con la persecución penal, convencidos de que esa era la forma de proteger a quien había padecido episodios violentos previos (fs. 24 y 29), que ameritaron la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento de quien había sido su pareja (fs. 26/27), porque en las entrevistas llevadas a cabo se habían evidenciado indicadores de violencia tales como su naturalización, su indefensión aprehendida, ausencia del registro del riesgo, escasos recursos psíquicos para hacer frente a dicha problemática, e incluso que F. era víctima de violencia física, emocional y económica que advertía la necesidad de realizar un «tratamiento psicoterapéutico para fortalecer sus recursos psíquicos y herramientas psíquicas para poder sostener la medida» (fs. 27/29), desde que se encontraba inmersa en un «estado de tensión considerable, desbordada emocionalmente y temerosa» aunque con un discurso coherente, lógico y verosímil, siendo incluso por todo ello hasta intimada (como si fuera útil o suficiente) a efectuar «la consulta terapéutica pertinente» (fs. 41).
Incluso el cuadro descripto no pareció haber desaparecido ni siquiera el día de la detención de F., pues mientras era coercionada por haber verificado la posible comisión de un delito en flagrancia por el Tribunal en lo Criminal nº 5 Dptal., el mismo organismo, advirtiendo la situación de vulnerabilidad de los hijos de la aquí procesada, dio intervención al sistema de promoción y protección del Niño de Pilar.
Frente al cuadro de situación expuesto, resulta necesario tomar conciencia que no basta con asegurar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, sino posibilitar un abordaje multidisciplinario que le brinde las herramientas necesarias para que, mediante su contención y fortaleza, puedan enfrentar un proceso despojada del temor que en muchos casos -como el de autos-, atenta por la propia naturaleza de su padecimiento, contra la persecución penal de quien la somete.
La letra de la ley, no puede desentenderse de tales particularidades. Prueba de ello es la Convención Belém Do Pará, al establecer en su art. 8 inc. 2, la necesidad de que los Estados Partes se comprometan a «suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados».
Las tareas de las profesionales del Juzgado de Familia que precedieron el desarrollo del juicio oral, parecieron brindar a F. los recursos necesarios que en definitiva, coadyuvaron para que la misma acceda a la justicia, mas dicho abordaje pareció brillar por su ausencia durante la sustanciación del juicio oral, al punto tal que su conducta fue merecedora de la detención con que se inició este legajo.
En pocas palabras: mas allá de la imposibilidad de dictar un veredicto condenatorio por los motivos sobradamente detallados supra, y sin descuidar que situaciones como las padecidas por F. han llevado a sostener que «en razón de que los sucesos investigados constituyen hechos de violencia especialmente dirigidos contra la mujer, que se conectan directamente con los bienes tutelados por la Convención de Belém do Pará, ratificada por ley 24.632, la visión del derecho penal, en el sub examine, no debe ser desplegada bajo la fría mirada de la dogmática penal tradicional, sino bajo los nuevos paradigmas supranacionales de los Tratados que nuestro país ha ratificado y, por tanto, se ha obligado a cumplir y hacer cumplir, lo cual trae ínsito que el examen de los sucesos se realice por esa óptica» (cfr. STJ Entre Ríos, Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal, 05/02/2014, «A., V.J. y Z., A.S. s/ homicidio calificado s/ recurso de casación»), lo cierto es que en modo alguno puede pasarse por alto que la decisión de someter a un proceso a la víctima de violencia fue producto de que ella no arremetió en el juicio oral contra quien la habría victimizado (aclaro que la utilización potencial del verbo deviene exigible por la prudencia que impone la circunstancia de que en este legajo no ha podido -ni correspondía, por cierto- examinarse la totalidad de la prueba colectada en la causa nº 3557 del Tribunal nº 5).
Ahora bien, más allá de la duda que me impidió determinar si F. mintió en el debate -según la imputación que se le dirigió-, o antes -como lo pretendió la Fiscalía descuidando las exigencias que el principio de congruencia impone-, resulta claro que el debate oral no corrió la suerte de los actos procesales previamente dictados contra B..
Se advierte así, sin más, que el desistimiento de la acción que condujo a absolver a B., basado en la imposibilidad de contar con otros testimonios o pruebas que lo incriminaran dado el alcance de los dichos de F., fue la contracara del proceso que me ocupa.
Y frente a ello, no puedo dejar de destacar que aunque las versiones (testimonios) contradictorios no resultan ajenos a determinadas situaciones traumáticas padecidas por las víctimas, no se le dispensa el mismo tratamiento, como ocurre por ejemplo, en el caso de los delitos contra la integridad sexual que padecen los niños.
La imputación por el delito de falso testimonio, encuentra analogía con los sucesos de «retractación» en los delitos mencionados en el apartado anterior, en los que el término encomillado delata abiertamente que no hemos alcanzado todavía a internalizar que la violencia física o psíquica es tan perniciosa como la sexual, pues ante la misma situación, mientras la conducta de los niños abusados encuentra una explicación, la acción desplegada por una mujer maltratada, no sólo no la encuentra sino que, reproche mediante, la conduce a un proceso penal: el falso testimonio, como lo demuestra sin más, esta causa.
He tenido la oportunidad de analizar en la causa «Colautti» de este Tribunal, sucesos de abuso sexual padecidos por menores de edad, en los que a partir del testimonio que en la audiencia de debate vertió la Licenciada Oettel, se tomó conocimiento de aquello que desarrolla la teoría de Summit: «Pasa habitualmente o con frecuencia que la víctima de un abuso sexual se retracte, no sólo en las declaraciones sino incluso antes. Esto pasa comúnmente. Tiene una apoyatura teórica, un autor Norteamericano, Roland Summit, que en 1983 postuló el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, de todas las reacciones típicas de los niños, tratando de colaborar con el conocimiento de la victimización sexual. El síndrome tiene cinco estadios: 1) el secreto (para perpetuar el abuso, que el niño calle y no cuente, no necesariamente coercitivo o violento, porque se buscan niños vulnerables, a quienes complacen y se ganan su afecto, es un acercamiento progresivo, paulatino, al no tener un mensaje violento, el mensaje sería que no cuente ésto porque nadie lo entendería, él es especia, está en una situación preferencial, desconocida y de desconocimiento); 2) el desamparo (tiene que ver con la desigualdad, asimetría, subordianción o no paridad entre adulto y niño. No está en condiciones de disentir, o dirimir si el vínculo es consentido, por eso hay asimetría); 3) la acomodación (aprende a convivir con el abuso, en la medida en que no haya una intervención inmediata. La masculina es más proclive al desamparo, porque tienen a aferrarse férreamente al vínculo, por la idealización); 4) la revelación (generalmente es tardía, conflictiva, informa o comunica lo que le pasa, mayormente se conoce a instancias de un tercero y contrariamente al mito popular, los padres están en desconocimiento de que el abuso está en curso, por lo que hay perplejidad, generalmente los abusadores están cerca de sus padres); y 5) el retracto (retractación que se instala cuando el chico empieza a padecer las consecuencias de la revelación, y como hay vergüenza y culpa, padece una falsa traición a la lealtad). Es una dinámica compleja porque hasta que se llega al contacto sexual, pasó un tiempo en el cual debieron acercarse para ganarse el afecto del chico y de la confianza. Esto es justamente lo que le pasaba a B.” (textual).
Lo expuesto, aun cuando se refiere a una temática específica, no sólo demuestra la necesidad de un abordaje interdisciplinario que aun no contenido en la legislación vigente, no puede permanecer indiferente a los operadores judiciales, sino que denuncia las dificultades por las que atraviesa la persona víctima del delito que sufre como consecuencia de la condición que reviste (menor, mujer, etc.) para preservarse, al punto tal que se expone o arriesga a nuevos padecimientos, incluso a afrontar -como en autos- un proceso penal como consecuencia de la imposibilidad de sostener el rol que, en algunos casos, nunca logran adoptar (denunciante).
De esa forma considero que si bien la desjudicialización de las víctimas de violencia requiere de una adecuada transformación cultural, los operadores judiciales no sólo no podemos permanecer indiferentes a la conflictiva sino que debemos procurar echar mano a todos los recursos a nuestro alcance para intentar palear la situación que las afecta procurando evitar nueva formas de revictimización como ha ocurrido ante la problemática que aquí se ventila y que en modo alguno es novedosa.
En tal sentido, entiendo interesante recordar el actual trabajo publicado por Villaverde en LNBA (2006-5-491), ocasión en que la autora reflexionó señalando que «A la ley bonaerense se le ha objetado la falta de efectividad para hacer frente a la erradicación y prevención de la violencia debido a la carencia de programas que focalicen el problema en forma integral -incumpliéndose de este modo los compromisos asumidos al ratificarse la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante, Convención de Belém do Pará), aprobada mediante la ley 24632-, además de las críticas referidas a la escasez de recursos y falta de sensibilización y formación específica en el ámbito del Poder Judicial, siendo ambas variables determinantes para la eficacia de la respuesta judicial», agregando luego, acertadamente y con mención a Modesto Saavedra, una incuestionable referencia a la responsabilidad del juez, por entender que «…Si en el proceso de obtención judicial del derecho intervienen otros elementos, más aún, si esos otros elementos se incrustan en dicho proceso desde su raíz, condicionando el recurso a unos y otros métodos, orientando la búsqueda del significado de las normas y el sentido de los hechos, e incluso dirigiendo las construcciones doctrinales y dogmáticas, entonces al juez le corresponde, como artífice de tal decisión, una responsabilidad que no cabe trasladar exclusivamente a la ley», independientemente de que «el Estado haya no haya destinado los recursos necesarios para una correcta implementación de la ley en cuestión a fin de mejorar el sistem, facilitando el procedimiento, la aplicación de las medidas autosatisfactivas, los tratamientos y la efectividad de las respuestas» (como también menciona la autora, con cita al diagnóstico elaborado por otros operadores judiciales).
No resulta extraño ni excepcional que «La ambivalencia emocional de la mujer respecto del agresor, acentuada por la existencia de períodos de arrepentimiento y ternura, propicia el perdón de la víctima al agresor antes que el sistema judicial sea capaz de actuar» (cfr. «Violencia intrafamiliar. Raíces, factores y formas de la violencia en el hogar», Agustina José R., director, y otros, Edisofer S.R.L., Argentina, noviembre de 2010, p. 137) mas agrego: la judicialización si bien puede coadyuvar cuando aleja al agresor de la víctima, no basta palear los desórdenes emocionales que el padecimiento genera a las víctimas ni tampoco, en ciertos casos, para hacer cesar definitivamente las agresiones (como parece evidenciarlo el caso en análisis).
Véase que no surge de autos, ni de las actuaciones agregadas al legajo ni de las constancias asentadas en la audiencia de debate del Tribunal nº 5 DPtal., que F. se haya encontrado asistida por equipos multidisplinarios, o que haya intervenido al menos, la oficina de Asistencia a la Víctima, pareciendo entonces que la contención que se le brindó, terminó sin más con la restricción que había sido impuesta a su ex pareja en enero de 2013, medida que si bien se presentaba como necesaria, en modo alguno resultaba suficiente para satisfacer las exigencias a las que el Estado se ve obligado a través de la aprobación de la ya citada Convención de Belém Do Pará (la que podría comprometer su responsabilidad internacional).
En sistemas como el common law, el síndrome de la mujer maltratada -el que acepta una condición psicológica de la víctima como justificación de una posterior conducta violenta que la puede eximir de pena o conducir a su atenuación en casos en homicidio- reconoce que una persona maltratada físicamente o emocionalmente puede desarrollar un fuerte cuadro de depresión que la hace incapaz de tomar acciones determinantes para detener el abuso o escapar de él, explicando que el motivo por el cual la víctima no suele buscar ayuda de terceras personas, enfrentar a su agresor y tampoco a abandonarlo, es producto de la combinación de una sensación de su baja autoestima, que puede conducirla incluso a pensar que el maltrato o el abuso son resultado de su propia culpa, lo que la conduce a negarse a denunciar al atacante y rechazar, a veces incluso de manera agresiva, la ayuda que le puedan ofrecer otras personas de su entorno, características éstas que coincidiendo con lo que fue explicado en relación a los niños abusados, bien explican aquello que en estos último se llamó «retractación» y que desde la criminalización, en autos constituyó el «falso testimonio» perseguido, lo que sin rodeos, no es otra cosa más que una nueva forma de revictimización.
Ante la problemática ventilada y dada la evidente imposibilidad de la Judicatura de modificar los textos legales o crear fuente formal de derecho como en otros sistemas judiciales, resulta útil y necesario poner en conocimiento del Sr. Ministro de Justicia de esta Provincia y de la Sra. Procuradora de la Pcia. de Buenos Aires lo aquí analizado, a fin se contemple la necesidad de impartir medidas tendientes a extremar el compromiso y acompañamiento de las oficinas con ingerencia en la materia, a crear programas de capacitación u organismos especializados, o adoptar toda otra medida que pudiera resultar pertinente para que los derechos y postulados de la ley 24632, en cuyo artículo 7 dispone que «Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación…», superando el plano de las utopías, alcancen el escalón de su operatividad.
Ese es mi voto.
VEREDICTO
En mérito al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas conforme al trámite unipersonal previsto por el art. 398 in fine del C.P.P., RESUELVO:
I) ADMITIR el acuerdo alcanzado por las partes a fs. 145 de la presente causa, en el marco del instituto legislado por los arts. 395 y ssgtes. del C.P.P.
II) DICTAR VEREDICTO ABSOLUTORIO en relación a A. A. F., de nacionalidad argentina, de 25 años de edad, nacida el día 28 de enero de 1980 en Palomar, titular del DNI …, de estado civil soltera, hija de M. A. y de J. R., con último domicilio en la calle Dr. Palacios nº … del Barrio San Alejo, localidad y partido de Pilar, pcia. de Buenos Aires, instruida, empleada, con prontuario nº 1051600 de la Sección A.P. del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires, y prontuario registrado como trámite U2933467 de fecha 20/04/2014 en el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, respecto del suceso por el que fuera intimada, acaecido el día 16 de abril de 2014 en la localidad y partido de San Isidro, pcia. de Buenos Aires (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 168 y 171 de la Const. de la pcia. de Bs. As., 275 del C.P., 1, 3, 106, 210, 367 a contrario, 371 inc. 1º a contrario en inc. 4, 359 «a contrario», 374, del C.P.P.).
III) HACER SABER lo aquí decidido al Sr. Ministro de Justicia y a la Sra. Procuradora General del Ministerio Público, ambos de la Pcia. de Buenos Aires, a los fines consignados supra (art. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. y ley 24632).
Con lo que siendo las 09:00 del día de la fecha se dio por finalizado el acto, firmando la Sra. Jueza ante mi, que doy fe.
FDO.: DÉBORA JORGELINA RAMÍREZ
Ante mi: Yamila Anabela Androsiuk
005130E
