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JURISPRUDENCIAPetición de herencia. Fraude. Inoponibilidad de la personería jurídica
Se confirma la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica respecto de la actora, pues surge probado que la sociedad de responsabilidad limitada fue creada con el objeto de perjudicar los derechos hereditarios de la reclamante, los cuales dejaron de ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que tenía una sólida trayectoria en la elaboración y venta de helados, para comenzar a ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que, sin trayectoria alguna, solo se dedicaba a alquilar maquinarias para la elaboración de helados a un único cliente.
En la ciudad de Junín, a los 4 días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa n° JU-1615-2013 caratulada: «M., S. P. C/ SUCESORES DE M., H. Y OTROS S/ PETICIÓN DE HERENCIA», a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I- A fs. 904/934 el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que: a] desestimó el planteo de falta de legitimación pasiva respecto de la acción de petición de herencia, formulado por J. L. L. y “Heladerías B. S.R.L.”; b] tuvo por probada, a la fecha del fallecimiento de E. A., la inclusión en la sociedad conyugal disuelta, de la sociedad de hecho conformada por L. y M., condenando a los sucesores de este último a incorporarla, en la proporción correspondiente, al acervo hereditario; c] desestimó la indemnización pretendida por las ganancias de la sociedad de hecho, durante el período 2006/2010; d] impuso a J. L. L., en su carácter de socio de la sociedad de hecho, el pago de una indemnización a determinarse en un proceso incidental o de ejecución, por la utilización del inmueble sito en la avenida San Martín 292 y de los muebles allí existentes, desde el día 13/9/2013, por la parte proporcional que le corresponde a la actora sobre tales bienes; y en cuanto a la parte correspondiente a H. H. M., dispuso que sus herederos diluciden la cuestión de la administración de los bienes en el marco del proceso sucesorio; e] declaró la inoponibilidad respecto de la actora, de la constitución de “Helados B. S.R.L”, y dispuso que los perjuicios a resarcir a la misma, se determinen por el proceso incidental o de ejecución correspondiente, dejándose establecido como pautas los puntos 8, 9 y 10 (y su respectiva actualización) de la pericia contable; f] dispuso que deberá encauzarse por la vía pertinente, el pedido formulado por la actora encaminado a su inclusión como socia de “Helados B. S.R.L.”; g] Declaró abstracta la pretensión de inoponibilidad del condominio “M. H. H. y otro”; y h] rechazó el rubro daño moral (art. 7 del CC. y CN., art. 1.078, Código Civil de Vélez). Finalmente, impuso las costas a la demandada, a excepción de los rubros rechazados, que le fueron impuestos a la actora.
De tal modo, el magistrado “a quo” se expidió acerca de la pretensión de petición de herencia deducida por la actora contra H. H. M., y de la pretensión de inoponibilidad de la personalidad jurídica deducida por la actora contra el mencionado M., J. L. L. y “Helados B. S.R.L.”.
II- Contra este pronunciamiento, la accionante dedujo apelación a fs. 935, e idéntica impugnación interpuso a fs. 944 el Dr. Fernando Raúl Ojeda, en carácter de gestor procesal de J. L. L., H. H. M. -h-, M. A. (quienes ratificaron tácitamente esta actuación a fs. 975/vta.) y S. C. M. (quien ratificó expresamente la actuación a fs. 977); recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación del expediente a esta Cámara, donde se agregaron las respectivas expresiones de agravios.
III- A fs. 979/989vta. se agregó la expresión de agravios presentada por la accionante, quien se agravió, en primer lugar, por la desestimación de su reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho L. -M. durante el periodo 2006/2010.
En segundo lugar, criticó, por un lado, la recepción parcial del reclamo indemnizatorio por la utilización del inmueble de la avenida San Martín … y de los muebles existentes en el mismo; y por otro lado, que la parte que a H. H. M. le corresponde por la utilización de los aludidos inmueble y muebles, sea dilucidada en la cuestión de la administración de los bienes en la sucesión del mismo. Asimismo, solicitó que el alcance de la condena sea adaptado al hecho sobreviniente del fallecimiento de H. H. M.
En tercer lugar, peticionó que se subsane la omisión incurrida en la parte dispositiva de la sentencia apelada, en la que no se hizo mención a que los sucesores de M. debían incorporar a la sucesión de E. A., en la proporción correspondiente, el inmueble de la avenida San Martín y de los muebles en él existentes.
En cuarto lugar, solicitó que en la sentencia de Alzada, se incluyan determinadas declaraciones de certeza, a raíz del fallecimiento de H. H. M.
Finalmente, en quinto lugar, se agravió por la imposición a su cargo, de las costas correspondientes a los rubros desestimados.
IV- A fs. 991/993 se agregó la expresión de agravios presentada por J. L. L., quien se agravió, en primer lugar, por la condena que le fue impuesta al pago del rubro alquileres del inmueble; y en segundo lugar, por la desestimación de su planteo de falta de legitimación pasiva respecto de la acción por petición de herencia.
V- A fs. 994/996vta. se agregó la expresión de agravios presentada por J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.”; quienes se agraviaron por la declaración de inoponibilidad a la actora, de la personalidad jurídica de la mencionada sociedad.
VI- Corrido traslado de las expresiones de agravios, a fs. 998/1002 y a fs. 1003/1006vta. respectivamente, se agregaron las contestaciones formuladas por la actora, a la expresión de agravios vertida por J. L. L., H. H. M. (h), S. C. M. y M. A., y a la expresión de agravios vertida por J. L. L., solicitando en ambas la desestimación de sendas apelaciones; en tanto que los demandados no lo contestaron; por lo que, luego de darles por perdida la carga de hacerlo, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VII- En tal labor, paso a tratar los distintos agravios.
1- Comienzo por el tratamiento de los agravios dirigidos tanto por J. L. L. como por la accionante, contra la indemnización determinada por el uso del inmueble y de las maquinarias existentes en el mismo.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante «a quo», en primer lugar, recordó que la actora reclama el cobro de alquileres por el periodo que transcurra desde el día del fallecimiento de su madre, hasta el día del efectivo pago.
Seguidamente, mencionó que quedó acreditado que, desde el fallecimiento de E. A. hasta la constitución de «B. SRL», la sociedad de hecho explotaba comercialmente el local y, con posterioridad a ese momento, ese inmueble comenzó a ser alquilado a la sociedad de responsabilidad limitada, por medio de un condominio constituido por M. y L.
Señaló asimismo que, desde la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, ésta le alquila a la sociedad de hecho, las instalaciones existentes en el inmueble.
Haciendo hincapié en tales circunstancias, receptó el reclamo indemnizatorio por la utilización del inmueble y de los muebles en él existentes, a partir del día 13/9/2013 (fecha de la notificación de la demanda, ya que no se demostró ninguna intimación previa), por la cuota parte que le corresponde a la actora, condenando a J. L. L., en su carácter de socio de la sociedad de hecho y como integrante del condominio, a pagar el importe que sea determinado en el proceso incidental o de ejecución que corresponda. Paralelamente, dispuso en relación a la parte correspondiente a M., que los herederos deberán dilucidar la cuestión de la administración de los bienes en el marco del proceso sucesorio del mismo.
ii. Que el demandado L. impugnó esta decisión, considerando erróneo que el «a quo» le haya impuesto exclusivamente el deber de responder por los alquileres del inmueble.
Expuso que, tal como quedó acreditado en autos, la sociedad de hecho nunca desapareció, sino que, por el contrario, sigue funcionando y cobra mensualmente los cánones por la locación del inmueble donde funciona el local de venta de helados, y por la locación de las máquinas existentes en dicho inmueble.
Mencionó L. que, tal como surge de la pericia contable, «Helados B. S.R.L.» ha abonado a la sociedad de hecho, hasta la fecha, un alquiler que se distribuía en un 50% para él y en el otro 50% para M., y luego, para los herederos del mismo; motivo por el cual, la condena impuesta no tiene razón de ser, ya que él no se quedó con dinero de la actora.
Dijo que de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP, surge una participación del 50% en las ganancias para él, un 25% para M., y un 25% para los herederos de E. A.; por lo que no se entiende por qué debe responder en forma exclusiva por el porcentaje de los alquileres que supuestamente no recibió la actora, en su carácter de heredera del padre.
Agregó que, a todo evento, hubiese correspondido que «B. S.R.L.» rindiera cuentas de los pagos efectuados, y que los herederos de E. A. y de H. M., rindan cuentas de los montos percibidos por los alquileres; liberándoselo a él de rendirlas, que sólo cobró mensualmente el porcentaje que le pertenece, por ser el dueño del 50% del inmueble y de las máquinas.
Culminó solicitando que se deje sin efecto la condena que le fue impuesta, ya que carece de todo sustento, porque no fue él quien efectuó los pagos, ni tampoco quien cobró la supuesta parte proporcional de la actora.
iii. Que la actora se agravió, en primer lugar, de que la indemnización haya sido dispuesta solamente a partir del 13/9/2013, argumentando que la fundamentación vertida en sustento de tal decisión, resulta inaplicable en este caso.
Expuso que se está en presencia de dos contratos de locación celebrados por los comuneros con «Helados B. S.R.L.», sin el consentimiento de una condómina; a lo que agregó que tal plafón fáctico es subsumible en el artículo 2709 del Código Civil, según el cual, cuando uno de los condóminos, sin mandato de los otros, administra la cosa común, será juzgado como gestor oficioso.
Sostuvo la actora que L. puede ser considerado gestor oficioso, porque conociendo, por la relación familiar los une, el derecho que ella tiene sobre el inmueble y los muebles, celebró los contratos de locación, sin su mandato ni consentimiento. Y agregó que M. también puede ser considerado gestor oficioso, porque arrendó un bien perteneciente a la indivisión postcomunitaria de la sociedad conyugal disuelta por el fallecimiento de E. A., sin el asentimiento de una de las herederas.
Hizo hincapié en que debe hacerse la distinción entre los inmuebles ocupados por los coherederos, de aquellos que fueron dados en locación a terceros; ya que en este último caso, se trata de actos de administración de hecho realizados por uno de los coherederos, correspondiendo aplicar las normas de la gestión de negocios, si los restantes coherederos ignoraban esa administración.
Remarcó la actora que quedó claro que M. y L. contrataron la locación sin su consentimiento; por lo que deben rendirle cuentas y responder en la proporción que a ella le corresponde, por los frutos civiles percibidos y, en su caso, por la diferencia de los que le hubiese correspondido percibir, según valores de mercado, desde la fecha de constitución de «B. S.R.L.», procediéndose a la tarifación en la etapa de ejecución de sentencia.
En segundo lugar, la actora se agravió de que, con respecto a la parte correspondiente a H. H. M., se haya ordenado dilucidar la cuestión de la administración de los bienes en el proceso sucesorio de aquel.
Manifestó que en autos, ante el juez del sucesorio, y frente a H. H. M. y, sucesión procesal mediante, frente al resto de sus herederos, ya se debatió la administración ejercida por el causante, de bienes pertenecientes a la indivisión postcomunitaria de la sociedad disuelta por la muerte de E. A., habiéndose dilucidado que de hecho los arrendó sin su consentimiento y, por ello, debe responder como gestor oficioso por los frutos civiles percibidos.
Agregó que la postergación de la solución del conflicto, remitiéndolo, sin fundamento jurídico, a la sucesión, para renovar la controversia en torno de la administración ejercida por el causante, viola el artículo 163 inciso 6° del Código Procesal.
En tercer lugar, la actora afirmó que es indispensable replantear el alcance de la condena, a la luz del fallecimiento sobreviniente de H. H. M., ocurrido el 21/10/2015.
Expuso que la responsabilidad de M. cesó con su muerte, y que durante todo el periodo iniciado el 8/4/2010, en que estuvo en vigencia el Código Civil, la obligación de los gestores M. y L., era simplemente mancomunada. En cambio, siguió diciendo, desde la vigencia del Código Civil y Comercial, la obligación de los gestores es solidaria; motivo por el cual, con posterioridad al fallecimiento de M., L., hubiera o no compartido los frutos civiles con los herederos de aquel, debe responder por el todo, sin perjuicio del derecho de exigir a los sucesores la contribución correspondiente.
Finalmente, adujo que en lo atinente a la cuantía de su crédito, debe declararse que hasta el fallecimiento de M., la porción de los alquileres a abonarle ascendía al 8,33%, y por el lapso posterior a dicho deceso, trepó hasta el 16,66%.
B) A fin de resolver estos agravios, resulta útil recordar que la transmisión de los derechos hereditarios tiene lugar en forma instantánea, en el mismo momento de la muerte del causante.
Como corolario de ello, lógico es concluir en que la accionante, al momento del fallecimiento de su madre, adquirió derechos hereditarios sobre el inmueble ganancial en el que estaba instalada la heladería y sobre los muebles existentes en el mismo; bienes que, en un 50%, pertenecían a su padre (ver fs. 441/443; arts. 3410 y 3415 CC, aplicables al presente caso por estar vigentes al momento del fallecimiento de M. A. -art. 7 CCyC-).
Entonces, a partir del 22/6/2006, la accionante adquirió, conjuntamente con sus dos hermanos, derechos hereditarios sobre la parte ganancial (25%) que correspondía a su madre en el mencionado inmueble y en los muebles instalados en el mismo (ver partida de matrimonio agregada a fs. 4 del expte. 3866); correspondiéndole una cuota parte ideal del 8,33% (art. 3565 y 3576 CC).
Esta transmisión de derechos hereditarios, convirtió a la actora en coheredera de su padre y en condómina de L.
Al respecto, creo relevante recordar que ninguno de los herederos, ni de los condóminos puede, sin el consentimiento de los demás comuneros, alquilar los bienes comunes (arts. 1512, 2682 y 3451 CC).
Si un heredero asume de hecho la administración de la herencia, sin haber sido designado formalmente al efecto, la actuación que realice será considerada como una gestión de negocios ajenos, si es ignorada por los otros coherederos (conf. Jorge O. Azpiri, «Derecho Sucesorio», cuarta edición, pág. 373).
Lo mismo ocurre con cualquiera de los condóminos que, sin mandato de los otros, realice actos de administración de la cosa común (art. 2709 CC).
En consecuencia, al haber L. y M., alquilado esos bienes, sobre los que a la actora le correspondía una porción ideal, sin que ésta tuviera conocimiento de tales locaciones; debe considerarse a aquellos como gestores de negocios parcialmente ajenos; por lo que están obligados a rendirle cuentas a la actora, de la gestión por ellos realizada a partir del 8/4/2010, fecha en la que comenzaron tales locaciones (art. 2296 CC). Con anterioridad, esos bienes eran aportados a la sociedad de hecho, para ser aplicados a la elaboración y comercialización de helados con la finalidad de obtener ganancias. Enlazado con este punto, viene al caso recordar que ha sido objeto de un reclamo indemnizatorio autónomo, la privación de las ganancias no distribuidas a la actora, por la actividad comercial desplegada por dicha sociedad, durante el lapso comprendido entre los años 2006 y 2010.
Por tal razón, corresponde condenar a J. L. L., a rendirle cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir del 8/4/2010, teniendo presente que, luego del fallecimiento de H. H. M., se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes.
La obligación de pagar un eventual saldo acreedor para la actora es simplemente mancomunada por los periodos anteriores al 1/8/2015, porque hasta entonces estuvo en vigencia el Código Civil, cuyo artículo 2293 establecía que no era solidaria la responsabilidad de los gestores que asumían conjuntamente un negocio ajeno. En tanto que, una vez en vigencia el Código Civil y Comercial, que resulta aplicable inmediatamente a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas existentes, la mencionada obligación es solidaria, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1788 inciso c].
En lo atinente a H. H. M., corresponde la rendición de cuentas hasta el momento de su fallecimiento, debiendo considerarse un eventual saldo acreedor para la actora, como una deuda de la sucesión. En tanto que la administración posterior de los aludidos inmueble e instalaciones, deberá dilucidarse en el proceso sucesorio del mismo (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC; y 163 inc. 6° CPCC).
La rendición de cuentas deberá llevarse a cabo por el trámite incidental (art. 650 inc. 1° CPCC).
Como lógico corolario de lo expuesto precedentemente, emerge que corresponde receptar, con el alcance referido, el agravio de la actora, y paralelamente, desestimar el agravio del demandado L.
2- Sigo por el tratamiento del agravio vertido por la actora contra la desestimación de su reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho, durante el periodo 2006/2010.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante «a quo» basó la desestimación de este reclamo indemnizatorio, en que ningún elemento probatorio permite determinar las ganancias obtenidas por la sociedad de hecho en el periodo 2006/2010, sin que la actora hubiera realizado algún despliegue probatorio, a fin de cumplir la carga que sobre ella pesaba.
ii. Que la apelante impugnó esta decisión, argumentando que el «a quo» aplicó a ultranza el artículo 375 del Código Procesal, pese a que, por la naturaleza y las particulares circunstancias del conflicto, correspondía flexibilizar dicho precepto, acudiendo al principio general de colaboración y a la teoría de las cargas dinámicas de la prueba.
Recordó que el principio de colaboración conlleva la posibilidad de extraer indicios derivados de la omisión de aportar elementos de prueba razonablemente disponibles para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos; en tanto que la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, implica poner en cabeza de quien está en mejores condiciones de probar determinados hechos, la carga de hacerlo.
Expuso que los supuestos más frecuentes de aplicación de estas premisas, se presentan en los casos en que una de las partes posee información agravada respecto de la otra; supuestos en los que, ante la falta de claridad del modo en que sucedieron los acontecimientos, cabe acudir a ellas para culminar el juicio de hecho.
Agregó que el principio de colaboración y la teoría de las cargas dinámicas, han sido receptados en códigos procesales modernos y en el Código Civil y Comercial, pero la laguna del ordenamiento procesal local no impide la aplicación de los mismos, cada vez que una de las partes se encuentre en mejores condiciones que la otra, para esclarecer los hechos y aportar fuentes de prueba; encontrando tal aplicación sustento en el deber de buena fe y en la potestad del órgano judicial para formar su convicción en base a la conducta de las partes.
Afirmó la actora que el caso de autos amerita la actuación conjunta del principio de colaboración y de la teoría de las cargas probatorias dinámicas; ya que su pretensión persigue el reconocimiento del carácter ganancial de la sociedad de hecho y, por ende, de su participación social del 8,33%.
Continuó diciendo que hasta que ella no integre la sociedad, no va estar en condiciones de conocer la operatoria de la misma, ni el resultado positivo o negativo de los ejercicios de 2006 en adelante; razón por la cual, en la demanda dejó el rubro indeterminado hasta la producción de la pericia contable y expuso que no estaba en condiciones de insinuar suma alguna en concepto de las ganancias dejadas de percibir.
Añadió que de las contestaciones de demanda surge que, pese a que la contraparte estaba en inmejorables condiciones de explicar si la sociedad de hecho había obtenido utilidades y, en tal caso, su cuantía, se limitó a una mera negativa genérica del derecho a la indemnización reclamada; y posteriormente, no le proporcionó al perito contador la información acerca del resultado económico del fondo de comercio, a partir del año 2006, pese a que era la única que estaba en condiciones de hacerlo.
Aseveró que tal omisión de la contraparte, evidencia la quiebra del principio de colaboración; conducta que permite, conforme a la sana crítica, presumir que las utilidades existieron, resultando entonces disvaliosa la aplicación mecánica del artículo 375 del Código Procesal.
Concluyó solicitando que se revoque esta parcela de la sentencia y se condene a J. L. L. y a los sucesores de H. H. M., a pagar las ganancias que se determinen en el proceso incidental o de ejecución correspondiente.
B) A fin de resolver este agravio, comienzo por señalar que, en autos han quedado debidamente probadas las siguientes circunstancias:
a] Que H. H. M. y E. M. A. contrajeron matrimonio el 11 de marzo de 1961 (ver fs. 4 del expte. 3866).
b] Que M. y L. reconocieron en sus respectivas contestaciones de demanda, que ambos conformaron una sociedad de hecho que, a partir del 7/7/1989 se dedicó inicialmente a la fabricación y venta de helados (ver fs. 225 y fs. 232 “relato de los hechos ciertos”).
c] Que cada socio tenía una participación societaria del 50%; porcentaje que queda revelado porque en la declaración jurada de ganancias del año 2010 (cuando ya había fallecido E. A.), se declaró que L. tenía una participación del 50%, M., del 25%, y los tres hijos de éste, del restante 25% (ver fs. 592, pericia contable, resp. al punto 2).
De todas estas circunstancias debidamente acreditadas, emerge que la participación de M. en la sociedad de hecho era de naturaleza ganancial; razón por la cual, el fallecimiento de M. A. operó instantáneamente la disolución de la sociedad conyugal y la transmisión hereditaria, coexistiendo a partir de entonces la indivisión post comunitaria con la comunidad hereditaria, produciéndose consiguientemente la modificación en la titularidad de esa participación societaria, con la adquisición de derechos hereditarios sobre la misma, por parte de la actora (arts. 7 CCyC; 1291, 3281 y 3282 CC).
Forzoso corolario de ello, es que, a partir del fallecimiento de su madre, a la actora le correspondía participar, en la medida de su porción hereditaria, en las ganancias generadas por la sociedad de hecho.
Por supuesto, que esas eventuales ganancias debían ser acreditadas.
Y en principio, era carga de la actora, la prueba de los beneficios económicos obtenidos por la sociedad de hecho que había sido conformada por su padre (art. 375 CPCC).
A fin de dar cumplimiento a tal carga, la actora ofreció la prueba pericial contable, y específicamente, como punto 10 de la misma, requirió que el perito informe la ganancia neta producida por el fondo de comercio «Heladería B.», a partir del 22/6/2006.
El perito contador expuso que no podía determinar las ganancias correspondientes a los periodos anteriores al año 2011 (ver fs. 592vta., resp. al punto 10); aclarando luego, al contestar las impugnaciones formuladas por la parte actora, que el actual contador de los demandados le dijo que no tenía a su disposición, ni tampoco sabía donde se encontraba, la documentación anterior al año 2009, dado que, por entonces, no era contador de aquellos (ver fs. 627 respuesta al punto A).
Es fácil advertir que la actora no tenía ninguna intervención en el manejo del fondo de comercio explotado por la sociedad de hecho; razón por la cual, es indiscutible que le resultaba muy difícil muñirse de la documentación que necesitaba el perito para dictaminar acerca de los beneficios económicos de la sociedad.
En situaciones como ésta, en la que por cuestiones objetivas, a una de las partes se le hace extremadamente difícil aportar la prueba del hecho controvertido, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba; en virtud del cual, con sustento en el principio de colaboración para el arribo a la verdad real, se impone la carga de la prueba a la parte que, por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de producirla, sin que interese el rol procesal que desempeña (conf. Gabriel Hernán Quadri, «La prueba en el proceso civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires», pág. 89; SCBA, sent. del 21/03/2018, recaída en la causa 121010 «García, Rodolfo Ricardo y ot. c/ Vasallo, Gabriela y ots. s/ Daños y perjuicios»).
A la luz de estas pautas, resulta evidente que J. L. L., como integrante supérstite de la sociedad de hecho, se encontraba en mejores condiciones que la actora, para aportar la documentación que requería el perito para poder expedirse sobre las ganancias de la sociedad; razón por la cual, considero procedente la aplicación al presente caso, de la teoría de las cargas probatorias dinámicas; en cuya virtud, la falta de determinación sobre el punto, perjudica a los demandados.
Por tal razón, considero que, haciendo lugar al agravio en tratamiento, cabe acceder a este reclamo indemnizatorio, y consiguientemente, condenar a J. L. L. y H. H. M. (ahora sus sucesores), a pagar en forma solidaria a la actora, en la proporción que a ésta le corresponde (8,33%), la indemnización por la privación en la participación en las ganancias que hubiera obtenido la sociedad de hecho por ellos integrada, durante el periodo 2006/2010; cuya existencia y cuantía, deberán ser determinadas por medio del proceso incidental correspondiente (art. 23 ley 19.550 texto original, vigente al momento de la operatoria societaria en revisión -art. 7 CCyC-).
Con respecto a H. H. M., el crédito que resulte del proceso incidental, debe considerarse como una deuda de la sucesión.
3- Seguidamente, me ocuparé del tratamiento de los agravios vertidos por S. C. M., H. H. M. -h- (ambos en carácter de herederos de H. H. M.), J. L. L., y “B. Helados SRL” (representada por M. A.), contra la declaración de la inoponibilidad a la actora, de la personalidad jurídica de la sociedad mencionada en último término.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante “a quo”, inicialmente, tuvo por acreditado: a] que la aquí actora se presentó en el expediente “A., E. M. s/ Sucesión”, solicitando la ampliación del cuerpo de bienes, petición a la que sus hermanos y padre se opusieron, desconociendo la existencia de la sociedad de hecho conformada entre este último y L.; b] que hasta junio de 2010 existió la sociedad de hecho conformada por M. y L., dedicada al expendio de helados, con un plantel de seis empleados, y domicilio en la avenida San Martín …; c] que en la declaración de ganancias del año 2010, se informó la siguiente participación en la mencionada sociedad de hecho: el 50% para L., el 25% para M., y el 25% para los hijos de éste, S., S. y H.; d] que, con posterioridad al 2010, la actividad declarada por esta sociedad de hecho, es la de alquiler de maquinarias y equipos, facturándole mensualmente a “Helados B. SRL”, por el alquiler de tales implementos; e] que “Helados B. SRL” se constituyó el 8/4/2010, siendo sus socios H. H. M. y M. Á. L., con una participación del 50% del capital social para cada uno, con idéntico domicilio y los mismos empleados que la sociedad de hecho, siendo sus gerentes S. M. y M. A., hermana y tía de la aquí accionante; f] que, a partir de agosto de 2010, se creó el condominio integrado por H. H. M. y J. L. L., con el 50% de participación para cada uno, dedicado a servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios arrendados, denunciando el mismo domicilio.
Seguidamente, apoyándose en todas esta circunstancias, consideró evidente que, con posterioridad al fallecimiento de E. A. ocurrido en el año 2006, los señores M. y L. continuaron explotando la sociedad de hecho, y luego, constituyeron “B. SRL”, utilizando el nombre de fantasía como razón social, manteniendo el mismo plantel de empleados, y con el mismo domicilio.
Siguió diciendo que ese mismo domicilio fue denunciado para un condominio que le alquilaba el inmueble a “B. SRL”.
Agregó que en este entramado, se obvió el fallecimiento de E. A., deceso que produjo la disolución de la sociedad conyugal que la misma conformaba con M.; motivo por el cual, la constitución de “B. SRL” afectó los derechos hereditarios de la accionante.
Expuso que no constituye un requisito de la declaración de inoponibilidad, que la sociedad se hubiera constituido con un fin ilícito, ni con el propósito de privar a la actora de su cuota de legítima, sino que al efecto, es suficiente que se produzca una afectación de los derechos hereditarios de la misma.
Sostuvo que a fin de evitar que la estructura societaria se erija en un instrumento apto para violar derechos, debe declararse la inoponibilidad jurídica “B. SRL”, respecto de la accionante.
Concluyó decidiendo que la magnitud de los perjuicios causados a la actora con la constitución de la aludida sociedad de responsabilidad limitada, debe determinarse en el proceso incidental o de ejecución correspondiente, dejándose establecidas como pautas a tal efecto, los puntos 8, 9 y 10, y su respectiva actualización, de la pericia contable.
ii. Que los apelantes impugnaron esta decisión, solicitando su revocación.
Argumentaron que “B. SRL” fue creada por M. y L. en el año 2010, con aportes genuinos, sin que la misma tuviera ninguna relación con la sociedad de hecho conformada con anterioridad por los mismos socios, la que aún sigue vigente y tiene ingresos económicos independientes.
Agregaron que con la sociedad de responsabilidad limitada no se afectaron derechos de terceros; por lo que la declaración de inoponibilidad carece de fundamento legal, dado que no están presentes ninguno de los presupuestos previstos al efecto en el artículo 54 de la ley 19550, que se configuran cuando se utiliza la sociedad para perseguir fines ajenos a su constitución, para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros.
Siguieron diciendo que el planteo de la actora receptado por el “a quo”, es contradictorio, ya que, por un lado, declara la inoponibilidad de la persona jurídica, y por otro lado, manda la incorporación de la actora a la misma; con lo cual, la actora será parte de una sociedad que le es inoponible.
Sostuvieron que la sociedad de responsabilidad limitada fue creada legítimamente por M. y L., con aportes propios, sin utilizar bienes materiales o inmateriales que hubieran formado parte de la sociedad de hecho anterior, la cual sigue existiendo y tiene ingresos mensuales, derivados del alquiler de sus bienes a aquella.
Añadieron que no han desaparecido bienes, ni se le han ocultado a la actora, y tan es así, que el “a quo” dispuso que se le abone un porcentaje por el alquiler de dichos bienes.
Enfatizaron que no existe una sociedad de hecho anterior, sustituida por la sociedad de responsabilidad limitada, ya que quedó acreditado que ambas sociedades coexisten, sin bienes transferidos de una a la otra en detrimento de terceros, sino que lo único que se aportó a la sociedad de responsabilidad limitada en el conocimiento, que no está en el mercado.
B) A fin de resolver este agravio, es dable mencionar que cuando la sociedad es utilizada para la consecución de finalidades distintas de aquellas para las que fue creada, provocando perjuicios a terceros; es posible penetrar en su sustrato material e imputar esa actuación irregular directamente a los socios que se escudaron en la sociedad, como si ésta no existiera respecto de los perjudicados. Además, tales socios responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
La sanción de inoponibilidad desplaza un principio consustancial de la personalidad jurídica, como lo es el de la separación de patrimonios entre la sociedad y los socios; ya que el perjudicado que está en condiciones de alegar la inoponibilidad, queda facultado a ejercer una pretensión, ignorando la existencia de la sociedad.
Con este mecanismo se intenta superar las consecuencias inicuas derivadas de comportamientos abusivos o fraudulentos de los socios (art. 54 ley 19.550; conf. Alberto A. Romano, “Código Comercial comentado y anotado. Adolfo A. N. Rouillón, director, Daniel E. Alonso, coordinador”, Tomo III, págs. 115/118).
A la luz de estas pautas, coincido con el “a quo”, en que los demandados crearon la sociedad de responsabilidad limitada, con el deliberado propósito de perjudicar a la accionante.
Llego a esta conclusión, valorando que han quedado debidamente probadas las siguientes circunstancias:
a] Que, como antes quedó sentado, era de naturaleza ganancial, la participación del 50% que a H. H. M. le correspondía en la sociedad de hecho conformada con J. L. L.
b] Que el establecimiento comercial explotado por esa sociedad de hecho, estaba ubicado en la avenida San Martín 292 (ver fs. 592, pericia contable, resp. al punto 2).
c] Que en el año 2006 se produjo el fallecimiento de la cónyuge de M., E. M. A..
d] Que, a partir del año 2010, se constituyó “B. S.R.L.”, con domicilio en la avenida San Martín 292, cuyo objeto social prevé, entre otras actividades, la elaboración y venta de productos de heladería, conformada únicamente por M. y L., quienes tenían, hasta el fallecimiento del primero, una participación societaria del 50% cada uno (ver contrato constitutivo de fs. 538/541; y pericia contable, fs. 592, resp. al punto 3).
e] Que a “B. S.R.L.” se le transfirieron los empleados de la sociedad de hecho (ver fs. 592vta., pericia contable, resp. al punto 5).
f] Que, a partir de la constitución de “B. S.R.L.”, la sociedad de hecho conformada por M. y L. cambió de actividad económica, ya que pasó del expendio de helados al alquiler de equipos y maquinarias para la fabricación de helados (ver fs. 592vta., pericia contable, resp. al punto 6).
g] Que la sociedad de hecho (cuyos únicos socios eran M. y L.) le alquilaba solamente a “B. S.R.L.” (cuyos únicos socios eran M. y L.), las maquinarias para la fabricación de helados (ver fs. 729vta., declaración testimonial del contador Bergamini, que brinda asesoramiento contable e impositivo a “B. S.R.L.”, resps. a las pregs. 8 y 15).
h] Que ambos socios le alquilaban a “B. S.R.L.”, el inmueble ubicado en la avenida San Martín …, del que eran condóminos (ver fs. 729vta., resp. del testigo Bergamini a la 14 preg., que brinda asesoramiento contable e impositivo a “B. S.R.L.”, resp. a la preg. 14).
De todas estas circunstancias, emerge, como antes quedó dicho, que a raíz del fallecimiento de su madre, la accionante adquirió derechos hereditarios sobre el 8,33% de la participación de su padre en la sociedad de hecho, cuya actividad, por entonces, era la fabricación y expendio de helados.
Paradójicamente, a partir de la constitución de “B. S.R.L.”, la sociedad de hecho cambió de actividad económica, dedicándose al alquiler de equipos y maquinarias para la elaboración de helados, siendo su única locataria la mencionada sociedad de responsabilidad limitada.
Por otra parte, no es posible pasar por alto que “B. S.R.L.” se dedicó a la misma actividad comercial e industrial que, hasta su creación, llevaba a cabo la sociedad de hecho M.-L.; y tampoco puede soslayarse que, además, desarrolló la misma actividad en el mismo local, con las mismas instalaciones, con el mismo nombre de fantasía, con el mismo plantel de empleados, y conservando la clientela.
En conclusión, tengo por probado en autos un cúmulo de hechos que por su número, precisión, concordancia e importancia, se erigen en indicios, cuya valoración conjunta permite tener por probado que la sociedad de responsabilidad limitada fue creada con el objeto de perjudicar los derechos hereditarios de la actora, los cuales dejaron de ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que tenía una sólida trayectoria en la elaboración y venta de helados, para comenzar a ejercerse sobre la participación de su padre en una sociedad de hecho que, sin trayectoria alguna, sólo se dedicaba a alquilar maquinarias para la elaboración de helados, a un único cliente (art. 163 inc. 5° CPCC).
Por tal motivo, es que el rechazo del agravio en tratamiento se impone, manteniéndose la declaración de inoponibilidad a la actora, de la constitución de “B. S.R.L.”.
Finalmente, resta acotar que tal declaración de inoponibilidad no encierra ninguna contradicción con el pedido formulado por la actora tendiente a su inclusión como socia de “Helados B. S.R.L.”; dado que la declaración de inoponibilidad no implica el retiro de la personalidad de dicha sociedad, sino que solamente faculta a la actora a desconocer la constitución de la misma, para permitirle mantener intactos sus derechos hereditarios.
4. Paso ahora al tratamiento del agravio vertido por J. L. L., referido a la desestimación de su planteo de falta de legitimación respecto de la acción de petición de herencia.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante «a quo» basó la desestimación de dicho planteo, en que la actora aclaró a fs. 896 que, por un lado, impetró contra su padre, la acción de petición de herencia, y por otro, dedujo contra su padre y J. L. L., la acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica.
Explicó que, a pesar de alguna dispersión en el escrito de demanda, surge la delimitación de las personas demandadas y, por ende, su legitimación.
ii. Que el apelante impugnó esta decisión, aseverando que en la demanda, la actora no hizo ninguna mención a los diferentes tipos de las acciones entabladas.
Expuso que si la compensación económica no fue solicitada por la actora al suscripto, sino a su padre y hermanos, no se entiende por qué el «a quo» lo condenó a pagar los cánones locativos, tornando a la sentencia en incongruente e impidiéndole ejercer el derecho de defensa.
B) Adelanto que este agravio no puede prosperar, puesto que en el capítulo 2 de la demanda, la actora aclaró que deducía en forma conjunta las pretensiones por petición de herencia y por inoponibilidad de la personalidad jurídica, en virtud de la inescidibilidad de las mismas, debido a que el objeto de la primera de ellas es un fondo de comercio integrante del acervo hereditario, que fue traspasado por su padre y L. a una sociedad de responsabilidad limitada, con el fin de perjudicarla (ver fs. 135).
Además, en el capítulo 3 se hizo una detallada fundamentación fáctica y jurídica de la pretensión de petición de herencia, de la que surge que el legitimado pasivo de la misma es H. H. M. En tanto que en el capítulo 4, aunque no se aclara expresamente, puede deducirse nítidamente que los legitimados pasivos de la acción de inoponibilidad, son el mencionado M., J. L. L. y «B. S.R.L.».
Asimismo, en la aclaración formulada a fs. 896/898vta., la actora precisó claramente quienes eran los legitimados pasivos de cada pretensión acumulada.
Por esta razón, atendiendo a la acumulación subjetiva de pretensiones, cabe concluir, tal como lo anticipé, que ha sido correctamente rechazado el planteo de falta de legitimación pasiva respecto de la pretensión de petición de herencia, opuesto por el apelante (art. 188 CPCC).
Además la condena a rendir cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, reconocen su fundamento en el carácter de gestor de negocios atribuido al apelante.
5. Abordaré a continuación el pedido de la actora encaminado a que se subsane la omisión incurrida en la parte dispositiva de la sentencia, en la que no se incluyó la manda impuesta a los sucesores de M., en el considerando VII.4, para que incorporen en la sucesión de E. A., en la porción correspondiente, el inmueble de la avenida San Martín y los bienes mueble allí existentes.
Al respecto, cabe señalar que asiste razón a la parte actora, puesto que en el considerando VII.4, el sentenciante «a quo» dispuso expresamente que «…en base a los elementos reseñados, tengo por probada la existencia en el patrimonio de la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento de E. M. A., el día 22/6/2006, del inmueble y los bienes muebles del bien identificado catastralmente como Nom. Cat.: Circ. …, Sección …, Manzana …, Parcela …, Sub Parcela …, Partida …, Matrícula …, Partido … de Junín, con domicilio en calle Avda. San Martín …, por lo que el demandado- hoy sus sucesores- deberían incorporarlo en la proporción correspondiente al acervo hereditario…» (ver fs. 925/vta., el entrecomillado encierra copia textual).
Sin embargo, dicho mandato no fue incluido en la parte dispositiva; razón por la cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 273 del Código Procesal, corresponde suplir dicha omisión, completándose de tal modo, la sentencia impugnada.
6. Paso al tratamiento del pedido de la actora, encaminado a que, en la sentencia a dictarse, se emitan las siguientes declaraciones de certeza, sustentadas en el fallecimiento de M., que constituye un hecho sobreviniente, que autoriza la ampliación del objeto de la pretensión.
A) Sostuvo la actora que el fallecimiento de M. produjo la apertura de su sucesión y, como derivación, que los bienes involucrados en este proceso, deban incorporarse a la misma, habiéndose incrementado la participación que ella tiene en tales bienes al 16,66%.
Siguió diciendo que, por tal motivo, deben incorporarse a la sucesión de H. H. M., el inmueble de la avenida San Martín, los muebles en él existentes y la sociedad de hecho, en los cuales su participación es del 16,66%.
Añadió que, asimismo, debe precisarse que su participación en «Helados B. S.R.L.» es del 16,66%, de las cuotas sociales correspondientes a M., ya sea para su incorporación a la sociedad o para la adquisición de las referidas cuotas sociales.
Finalmente, la actora solicitó que se deje sentado, en relación a las ganancias de «Helados B. S.R.L.», que a partir del fallecimiento de M., a ella le corresponde el 16,66% de las que oportunamente se determinen.
B) Esta petición no resulta admisible, dado que no existe un estado de incertidumbre que habilite a las declaraciones de certeza requeridas.
Llego a tal conclusión, puesto que no existe ninguna incertidumbre acerca del incremento, como consecuencia del fallecimiento de su padre, de la porción correspondiente a la actora sobre los bienes hereditarios objeto de las pretensiones resueltas en autos; y tampoco se advierte la existencia de algún riesgo que justifique la declaración solicitada (art. 322 CPC).
7. Por último, me ocuparé del agravio vertido por la actora, referido a la imposición a su cargo, de las costas correspondientes a los rubros rechazados.
A) A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante «a quo» impuso las costas a la parte demandada, a excepción de las correspondientes a los desestimados rubros «ganancias obtenidas en el periodo 2006/2010» y «daño moral», que fueron impuestas a la actora.
ii. Que la actora impugnó esta distribución de las costas.
Inicialmente, sostuvo que la circunstancia de que la demanda no prospere en su totalidad, no le quita a los demandados la calidad de vencidos, a los efectos de la costas.
Y seguidamente, expuso que, aun cuando no se compartiera tal criterio, la eximición de las costas por los rubros desestimados, encuentra fundamento en el segundo párrafo del artículo 68 del Código Procesal, ya que existían razones fundadas para litigar, por haber actuado sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho reclamado.
Agregó la actora que, aunque se confirmara la improcedencia de la pretensión resarcitoria de las ganancias obtenidas durante los años 2006/2010, es evidente que ella se encontraba en un estado de incertidumbre en torno a la obtención de utilidades por parte de la sociedad de hecho, porque no la integraba, ni tampoco le fue suministrada información en tal sentido.
Expuso que, en lo tocante al daño moral, el «a quo» no negó la existencia de padecimientos de esa índole; sino que, en base a su potestad discrecional, consideró que superaron el piso mínimo de molestias que autoriza la reparación; con lo que se patentiza que ella pudo razonablemente pensar que el sufrimiento espiritual que soportaba, era de una entidad susceptible de sustentar el reclamo.
B) En primer lugar, cabe mencionar que se ha tornado abstracto el agravio referido a la imposición de las costas por la desestimación del reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010; dado que precedentemente se ha revocado dicha desestimación, accediéndose al reclamo; motivo por el cual, las costas correspondientes al mismo, también deben imponerse a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
En cuanto al agravio referido a la imposición de las costas por el reclamo indemnizatorio del daño moral, adelanto que cabe receptarlo, y consiguientemente, imponer en el orden causado, las costas correspondientes al aludido reclamo, pese al rechazo del mismo.
Creo pertinente adoptar tal decisión, considerando la especial situación padecida por la actora; quien, si bien litigó en procura de la protección de intereses patrimoniales, lo hizo en un marco de un contexto de desencuentros familiares, que pudo razonablemente brindarle el convencimiento de la justicia de su reclamo.
Esta especial situación, aconseja la flexibilización de la regla general en materia de costas establecida en el primer párrafo del artículo 68 del Código Procesal, basada en el principio objetivo de la derrota; tornando aplicable la excepción contemplada en el segundo párrafo del mismo artículo, que autoriza la eximición de la condena en costas al litigante vencido, cuando exista mérito para ello.
VIII- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I)- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos:
a] Condenar a J. L. L., a rendir cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir del 8/4/2010, teniendo presente que, luego del fallecimiento de H. H. M., se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes. En lo atinente a H. H. M., corresponde la rendición de cuentas hasta el momento de su fallecimiento, debiendo considerarse un eventual saldo acreedor para la actora, como una deuda de la sucesión. En tanto que la administración posterior de los aludidos inmueble e instalaciones, deberá dilucidarse en el proceso sucesorio del mismo. La rendición de cuentas deberá llevarse a cabo por el trámite incidental (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC y 163 inc. 6° y 650 inc. 1° CPCC).
b] Receptar el reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010, y consiguientemente, condenar a J. L. L. y H. H. M. (ahora sus sucesores), a pagar en forma solidaria a la actora, en la proporción que a ésta le corresponde (8,33%), la indemnización por la privación en la participación en las ganancias que hubiera obtenido la sociedad de hecho por ellos integrada, durante el periodo 2006/2010, cuya existencia y cuantía, deberán ser determinadas por medio del proceso incidental correspondiente. Con respecto a H. H. M., el crédito que resulte del proceso incidental, debe considerarse como una deuda de la sucesión (arts. 7 CCyC; 1291, 3281, 3282 CC; y 23 ley 19.550 texto original).
c] Completar la parte dispositiva de la sentencia impugnada, supliendo la omisión en ella incurrida, dejando sentado que, conforme a lo dispuesto en el considerando VII.4, los sucesores de H. H. M. deben incorporar a la sucesión del mismo, en la proporción correspondiente, el inmueble identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Circunscripción …, Sección …, Manzana …, Parcela …, Sub Parcela …, Partida …, Matrícula …, Partido … de Junín, y los muebles existentes en el mismo (art. 273 CPCC).
d] Imponer a los demandados las costas correspondientes al reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010 (arts. 68 y 274 CPCC); e imponer en el orden causado, las costas por el reclamo indemnizatorio del daño moral (art. 68 CPCC).
II)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L. (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC; 163 inc. 6°, 188 y 650 inc. 1° CPCC)
III)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.” (arts. 54 ley 19550 y 163 inc. 5° CPCC)
IV)- Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo: Por el recurso de la parte actora, a los demandados; por el recurso del demandado J. L. L., al apelante; y por el recurso de J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.”, a los apelantes (art. 68 CPCC).
V)- Se difiere la regulación de los honorarios de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
I)- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos:
a] Condenar a J. L. L., a rendir cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir del 8/4/2010, teniendo presente que, luego del fallecimiento de H. H. M., se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes. En lo atinente a H. H. M., corresponde la rendición de cuentas hasta el momento de su fallecimiento, debiendo considerarse un eventual saldo acreedor para la actora, como una deuda de la sucesión. En tanto que la administración posterior de los aludidos inmueble e instalaciones, deberá dilucidarse en el proceso sucesorio del mismo. La rendición de cuentas deberá llevarse a cabo por el trámite incidental (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC y 163 inc. 6° y 650 inc. 1° CPCC).
b] Receptar el reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010, y consiguientemente, condenar a J. L. L. y H. H. M. (ahora sus sucesores), a pagar en forma solidaria a la actora, en la proporción que a ésta le corresponde (8,33%), la indemnización por la privación en la participación en las ganancias que hubiera obtenido la sociedad de hecho por ellos integrada, durante el periodo 2006/2010, cuya existencia y cuantía, deberán ser determinadas por medio del proceso incidental correspondiente. Con respecto a H. H. M., el crédito que resulte del proceso incidental, debe considerarse como una deuda de la sucesión (arts. 7 CCyC; 1291, 3281, 3282 CC; y 23 ley 19.550 texto original).
c] Completar la parte dispositiva de la sentencia impugnada, supliendo la omisión en ella incurrida, dejando sentado que, conforme a lo dispuesto en el considerando VII.4, los sucesores de H. H. M. deben incorporar a la sucesión del mismo, en la proporción correspondiente, el inmueble identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Circunscripción …, Sección …, Manzana …, Parcela …, Sub Parcela …, Partida …, Matrícula …, Partido … de Junín, y los muebles existentes en el mismo (art. 273 CPCC).
d] Imponer a los demandados las costas correspondientes al reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010 (arts. 68 y 274 CPCC); e imponer en el orden causado, las costas por el reclamo indemnizatorio del daño moral (art. 68 CPCC).
II)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L. (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC; 163 inc. 6°, 188 y 650 inc. 1° CPCC)
III)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.” (arts. 54 ley 19550 y 163 inc. 5° CPCC)
IV)- Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo: Por el recurso de la parte actora, a los demandados; por el recurso del demandado J. L. L., al apelante; y por el recurso de J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.”, a los apelantes (art. 68 CPCC).
V)- Se difiere la regulación de los honorarios de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí:
FDO. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CAROLINA JOSEFA CLAVERA (Auxiliar Letrada).-
JUNIN, (Bs. As.), 4 de Junio de 2019.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:
I)- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada en los siguientes puntos:
a] Condenar a J. L. L., a rendir cuentas a la actora, por las locaciones del inmueble en el que estaba instalada la heladería y de las maquinarias allí existentes, a partir del 8/4/2010, teniendo presente que, luego del fallecimiento de H. H. M., se incrementó la porción ideal que le corresponde a la actora sobre tales bienes. En lo atinente a H. H. M., corresponde la rendición de cuentas hasta el momento de su fallecimiento, debiendo considerarse un eventual saldo acreedor para la actora, como una deuda de la sucesión. En tanto que la administración posterior de los aludidos inmueble e instalaciones, deberá dilucidarse en el proceso sucesorio del mismo. La rendición de cuentas deberá llevarse a cabo por el trámite incidental (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC y 163 inc. 6° y 650 inc. 1° CPCC).
b] Receptar el reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010, y consiguientemente, condenar a J. L. L. y H. H. M. (ahora sus sucesores), a pagar en forma solidaria a la actora, en la proporción que a ésta le corresponde (8,33%), la indemnización por la privación en la participación en las ganancias que hubiera obtenido la sociedad de hecho por ellos integrada, durante el periodo 2006/2010, cuya existencia y cuantía, deberán ser determinadas por medio del proceso incidental correspondiente. Con respecto a H. H. M., el crédito que resulte del proceso incidental, debe considerarse como una deuda de la sucesión (arts. 7 CCyC; 1291, 3281, 3282 CC; y 23 ley 19.550 texto original).
c] Completar la parte dispositiva de la sentencia impugnada, supliendo la omisión en ella incurrida, dejando sentado que, conforme a lo dispuesto en el considerando VII.4, los sucesores de H. H. M. deben incorporar a la sucesión del mismo, en la proporción correspondiente, el inmueble identificado con la siguiente Nomenclatura Catastral: Circunscripción …, Sección …, Manzana …, Parcela …, Sub Parcela …, Partida …, Matrícula …, Partido … de Junín, y los muebles existentes en el mismo (art. 273 CPCC).
d] Imponer a los demandados las costas correspondientes al reclamo indemnizatorio por las ganancias percibidas por la sociedad de hecho durante el periodo 2006/2010 (arts. 68 y 274 CPCC); e imponer en el orden causado, las costas por el reclamo indemnizatorio del daño moral (art. 68 CPCC).
II)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L. (arts. 7 CCyC; 1512, 2296, 2686, 2709 y 3410, 3415, 3451, 3565, 3576 CC; 163 inc. 6°, 188 y 650 inc. 1° CPCC)
III)- Desestimar el recurso de apelación deducido por J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.” (arts. 54 ley 19550 y 163 inc. 5° CPCC)
IV)- Las costas de Alzada se imponen del siguiente modo: Por el recurso de la parte actora, a los demandados; por el recurso del demandado J. L. L., al apelante; y por el recurso de J. L. L., H. H. M. (h) y S. C. M., como herederos de H. H. M., y M. A., en representación de “B. S.R.L.”, a los apelantes (art. 68 CPCC).
V)- Se difiere la regulación de los honorarios de Alzada, para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art. 31 LH).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.-
FDO. RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. CAROLINA JOSEFA CLAVERA (Auxiliar Letrada).-
O. P. A. s/sucesión ab-intestato – Cám. Nac. Civ. – Sala G – 08/03/2017
040499E
