Se revoca el pronunciamiento apelado y se reconoce la acreencia insinuada por el Fisco en los términos del artículo 240 de la Ley de Concursos y Quiebras, al concluirse que el tenor de las genéricas objeciones formuladas por el funcionario sindical no tenían envergadura suficiente para contrarrestar la fuerza convictiva que emanaba del certificado de deuda agregado y demás documental acompañada. Asimismo, se aclaró que el mero celo formalista del síndico tendiente a la revisión de los libros y documentos de la deudora chocaba con el allanamiento formulado por la propia contribuyente quien había solicitado el inmediato pago de la suma reclamada en tanto pretendía la obtención de la pertinente conformidad a los fines de la conclusión de la quiebra por avenimiento.
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