Se declara la validez de la decisión del juez del Registro Público de Comercio que ordenó, previo a la inscripción de una sociedad anónima simplificada (SAS), que esta acredite la autorización de la Inspección General de Justicia Provincial a tal efecto. El tribunal destacó que el control de legalidad administrativo era una facultad no delegada de la provincia y tenía respaldo en la ley 22315 y en el artículo 38 de la ley 27349.
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