Se revoca la sentencia condenatoria y se absuelve al imputado (cajero de un supermercado) en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta, al no probarse la existencia de un perjuicio patrimonial constatado a partir de una rendición de cuentas. En este sentido, cobró relevancia el hecho de no haberse realizado un conteo ni un inventario de la mercadería existente en la tienda, ni ningún otro procedimiento que permita determinarlo. Por lo tanto, no pudo establecerse si efectivamente se causó un perjuicio patrimonial al hipermercado.
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