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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2020.
AUTOS Y VISTOS:
Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo del recurso de apelación deducido por la fiscalía en contra del auto del pasado 14 de agosto en cuanto sobreseyó a M. Á. B..
Presentados los memoriales por la fiscalía y la defensa de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo pasado, la cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta.
Y CONSIDERANDO:
Las presentes actuaciones se iniciaron con la denuncia efectuada por D. V. G. y C. R. (fs. 2/4 vta.), quienes indicaron que M. Á. B., en su rol de letrado defensor, les habría excluido la posibilidad procesal de defenderse efectivamente en la causa nº 16.742/2018, caratulada “G., D. V. y otros / hurto”, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 6 y en la cual ambos resultaron imputados. En concreto, expusieron que el encausado no presentó sus descargos por escrito, como habían convenido, ni apeló el procesamiento dictado en su contra.
En su recurso, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que tal conducta encuadra en el tipo previsto en el artículo 271 del Código Penal, consistente en perjudicar deliberadamente la causa que como abogado le había sido confiada.
Al analizar el presente caso bajo el prisma de tal figura legal, es posible afirmar que no se ven reflejados en la actuación del encausado los requisitos necesarios para el encuadre típico.
En efecto, la compulsa de los testimonios agregados como “documentos digitales” en el lex-100, refleja que durante la instrucción de la causa n° 16.742/2018, el Dr. B. aceptó el cargo, acompañó a sus asistidos a la indagatoria que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2018 y mantuvo con ellos una entrevista previa, aconsejándolos a que no prestaran declaración. El día 9 de ese mes y año se resolvió la situación procesal de ambos, dictándose el procesamiento, que no fue recurrido.
G. y R. se manifiestan ahora en desacuerdo con la actividad de quien fuera su letrado en ese proceso, remarcando su contrariedad porque aquel no hubiera presentado sus descargos por escrito ni apelado el procesamiento. Pese a ello, no han indicado motivos que pudieran haber impulsado al letrado a actuar de un modo perjudicial. Además, las fechas de los intercambios de mensajes que mantuvieron con el abogado luego de la indagatoria del 1ro de noviembre de 2018, demuestran que el tráfico de comunicaciones telefónicas, de mensajería WhatsApp y correo electrónico – incluyendo el del 15 de noviembre de 2018 por el que le remitieron un relato con su versión de los hechos- fueron posteriores a la fecha en la que el auto de procesamiento adquirió firmeza.
Debe decirse, por otra parte, que el agravio por la supuesta afectación del ejercicio de la defensa material se ha concentrado en la crítica al consejo de no declarar en la indagatoria y en la falta de apelación del procesamiento, sin hacer alusión de la instancia en ciernes del art. 349 del CPPN, en la que bien pudo haber empleado el letrado el relato proporcionado por sus pupilos, como en definitiva tuvo lugar, aunque con otra asistencia técnica.
No puede el análisis de los hechos y sus pruebas prescindir de los elementos del tipo penal invocado en la acusación, que no se puede sustentar en meras torpezas o cuestiones propias del arte de abogar, en tanto requiere intención de perjudicar los derechos e intereses confiados. En habitual ausencia de manifestaciones directas de ese obrar doloso (como los actos prohibidos por el art. 10 de la Ley 23.187), este puede derivarse de manera indiciaria de la evidencia de groseras omisiones en el ejercicio de las defensas asumidas, independientemente del perjuicio que en concreto pudieran causar. Ninguno de estos supuestos se presenta en el caso en estudio; así como no se observan ni se han alegado actos ineludiblemente relacionados con la intención de perjudicar a sus asistidos, tampoco se advierte un desempeño del imputado que supere los márgenes razonables de lo opinable en la prudencia y habilidad en el ejercicio de una defensa penal.
En este último sentido, los mismos denunciantes hicieron saber que el imputado les había hecho saber que analizaba encaminar el asunto a una solución alternativa, concretamente a una posible suspensión del juicio a prueba, accediendo aquellos a seguir el consejo de no declarar en sus indagatorias, celebradas con la participación y en la presencia del letrado. No hay posibilidad de señalar de manera certera a la ausencia de descargo escrito posterior ni a la eventual decisión de dejar firme el procesamiento como conductas objetivamente reñidas con una defensa correcta, menos aún si, como los propios agraviados reconocieron, desde un primer momento el encausado les habría adelantado que pensaba dirigir a un instituto en el que la discusión de la imputación no es sustancial.
La doctrina postula en derredor de la figura en cuestión que “se trata de un delito doloso y reclama que el autor perjudique deliberadamente la causa, esto es que oriente su actuación u omisión a la causación del perjuicio. El término deliberadamente exige la preordenación del hecho, que supone conciencia del medio usado y del perjuicio causable, y la intención de valerse de ese medio para lograr el resultado. No basta la simple posibilidad de causarlo, es indispensable querer lograr un perjuicio. (…) es necesaria la existencia de dolo directo” (D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro Antonio, “Código Penal de la Nación. Comentado y anotado”, Ed. La Ley, 2004, pág. 884).
Por tales motivos, coincidimos con el juez de grado acerca de que los hechos traído a estudio no encuadran en figura legal alguna (artículo 336, inciso 3º del código ritual).
Sin embargo, entendemos que el trato dispensado por el abogado a sus pupilos merece un análisis en sede administrativa. Aún cuando hubiera señalado, manifestando una reserva profesional que aquí no impugnamos, que no habría de abundar en detalles de sus entrevistas con los denunciantes, en los elementos agregados a la causa destacan las contingencias opuestas, es decir la falta de contacto y comunicación del letrado con sus clientes.
Más allá del acierto u error de su estrategia procesal, y de su razonable prioridad sobre los pareceres de un lego, la Ley (artículos 16, 20 inciso “g”, 32 inciso “b” y 44 inciso “g” de la Ley 23.187 y 19, inciso “f” del Código de Etica) exige “proporcionar a su cliente información suficiente acerca del Tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado, su estado y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo”, lo que contrastaría con la falta de respuesta a los mensajes que le fueron envidados por correo electrónico y WhatsApp (fojas 22/31, mensajes del 13/11 -G. le avisa que le enviará el mail, y que tenía testigos- y 20/11 -G. le consulta si recibió el mail, pero el abogado no respondió- y fojas 33/ 35 vta., mail del 15/11/2018 de G. con su descargo y de su marido adjunto). Con más razón cuando en el tiempo intermedio, y desde la declaración indagatoria, habían tenido lugar actos procesales relevantes como el procesamiento y el inicio de la etapa de crítica de la instrucción, que también ameritaban el cumplimiento de los deberes legales señalados.
Es por ello el a quo deberá remitir copias de la presente causa al Colegio Público de Abogados.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución del 14 de agosto del corriente, en todo cuanto fuera materia de recurso, debiendo en la instancia de grado disponer la remisión de testimonios de estos obrados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el sistema Lex-100, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.
Se deja constancia de que el juez Pablo Guillermo Lucero integra esta Sala en razón de la designación efectuada mediante el sorteo del 16 de julio pasado, conforme al artículo 7 de la ley 27.439, mientras que el juez Alberto Seijas también la integra por sorteo del 6 de marzo de este año en los mismos términos, mas no suscribe la presente por verificarse lo dispuesto en el art. 24 bis, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación.
IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA
PABLO GUILLERMO LUCERO
Ante mí:
HUGO SERGIO BARROS
Secretario de Cámara
Código Penal – BO: 03/11/1921
002099F
